Auto 2014-00875 de agosto 11 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Expediente: 110010325000201400875 00

Nº interno: 2691-2014

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Ivonne Posada Ulloa y otros

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., agosto once de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Considera

Como el presente caso es de aquellos en los que se demandan actos administrativos proferidos por autoridades del orden nacional en ejercicio del control disciplinario, que implican retiro del servicio, en el que se pretende como restablecimiento del derecho la revocatoria de los actos administrativos, levantar la sanción impuesta y la reparación de los perjuicios generados; procede el despacho al estudio de la normatividad aplicable para efectos de determinar la competencia.

Normas que regulan la competencia

La competencia en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho se determina, en principio, por la cuantía del asunto, entendida como “la autoestimación económica que hace el demandante de lo que es el valor de su derecho (…)”(2).

Sin embargo, en asuntos como el presente en los que se pretende la nulidad de actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias que implican el retiro parcial o definitivo del servicio, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, impone reglas de competencia que no se rigen por la cuantía del asunto.

En relación con estos asuntos, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece la competencia del Consejo de Estado en única instancia, únicamente en el siguiente caso:

“ART. 149.—Competencia del Consejo de Estado en única instancia.

(...).

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional.

También conocerá de las demandas que en ejercicio de la indicada acción, y sin atención a la cuantía se promuevan en contra de los actos expedidos por el Procurador General de la Nación en ejercicio del poder disciplinario y las demás decisiones que profiera como supremo director del Ministerio Público.

(...)”.

Ahora bien, la nulidad de los actos administrativos proferidos por autoridad diferente al Procurador General de la Nación en ejercicio del control disciplinario, se regirá por las siguientes reglas:

“ART. 151.—Competencia de los tribunales administrativos en única instancia.

(...).

2. de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en que se controviertan sanciones disciplinarias administrativas distintas a las que originen retiro temporal o definitivo del servicio, impuestas por autoridades departamentales.

(...).

ART. 152.—Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...).

3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y, sin atención a la cuantía, de los actos que se expidan en ejercicio del poder disciplinario asignado a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación (resalta la Sala).

(...)”.

A su vez, el artículo 154 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece la competencia de los jueces administrativos en asuntos en los que se demanden actos administrativos que impliquen el ejercicio del control disciplinario que impongan sanciones distintas al retiro temporal o definitivo, de la siguiente manera:

“Competencia de los jueces administrativos en única instancia. Los jueces administrativos conocerán en única instancia:

(…).

2. De la nulidad y restablecimiento del derecho que carezca de cuantía, en que se controviertan sanciones disciplinarias administrativas distintas a las que originen retiro temporal o definitivo del servicio, impuestas por las autoridades municipales.

(…).

Teniendo en cuenta las reglas de competencia dispuestas en asuntos en los que se controvierten actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias se concluye lo siguiente:

El espíritu del legislador en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, fue establecer reglas específicas de competencia en los asuntos en que se controvierten actos administrativos expedidos en ejercicio del control disciplinario.

Por lo anterior, la regla de competencia que se impone no es la cuantía del asunto sino la naturaleza especial del mismo como lo es el ejercicio del control disciplinario del que es titular preferente la Procuraduría General de la Nación, razón por la cual, los actos administrativos que impongan sanciones proferidos por el Procurador General en ejercicio de dicha potestad serán competencia, en única instancia, del Consejo de Estado y, los proferidos por funcionarios diferentes de esa entidad, serán conocidos por el tribunal administrativo en primera instancia sin importar la cuantía ni la clase de sanción disciplinaria(3).

Como en el presente caso los actos demandados fueron expedidos por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación distintos al Procurador General, en la ciudad de Bogotá, la competencia(4) para conocer del asunto es del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Unitaria de Decisión,

RESUELVE:

Declárase que la competencia para conocer de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por los señores Ivonne Posada Ulloa, Carlos Eliecer Benitorevollo Ulloa, Theresita de Jesús Ulloa Blanco, Martha Inés Benitorevollo Ulloa, Paola Patricia Benitorevollo, Ramón Antonio Benitorevollo Ulloa, contra la Procuraduría General de la Nación, es del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia, por las razones expuestas en la parte considerativa.

Remítase el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(2) López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Parte General. Dupré Editores Ltda. Bogotá - Colombia. 2002, pág. 191.

(3) El artículo 44 de la Ley 734 de 2002, establece las siguientes clases de sanciones: 1) Destitución e inhabilidad general, 2) Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, 3) Suspensión, 4) Multa y 5) Amonestación escrita.

(4) “Artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Competencia por razón del territorio. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:

(...).

2. En los de nulidad y restablecimiento se determinará por el lugar donde se expidió el acto, o por el del domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga oficina en dicho lugar.

(...)”.