Auto 2014-00088/54067 de junio 8 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 68001-23-33-000-2014-00088-01(54067)

Consejero Ponente (E):

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Insurcol Ltda.

Demandado: Ecopetrol S.A.

Referencia: Apelación auto declara no probadas excepciones previas dentro de la audiencia inicial

Tema: Naturaleza jurídica del contrato celebrado por Ecopetrol y normas procesales y términos aplicables a estos en materia de caducidad

Bogotá, D.C., ocho de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones:

2.1. De acuerdo con lo expresado en los hechos de la demanda y al material probatorio existente en el expediente, aparece demostrados los siguientes hechos relevantes:

• El 2 de junio de 2010, Ecopetrol S.A., e Insurcol Ltda., suscribieron el contrato(12) 4027428, pactándose como valor del costo directo del contrato la suma de $ 11.880.329.584,00 moneda legal colombiana.

• Que Ecopetrol S.A., planeó el contrato con un término de vigencia de 90 días, así 30 días de planeación y 60 días de ejecución de labores; sin embargo a través de los otrosíes 2 y 3 y el contrato adicional 2, se terminó por ampliar el plazo en 87 días adicionales a los 60 días inicialmente planificados para la ejecución. En conclusión se requirieron 144 días para la ejecución total del contrato.

• Las partes del contrato, como prueba del cumplimiento, suscribieron el acta de finalización de trabajos el día 4 de enero de 2011. Y el 28 de octubre de 2011, Ecopetrol S.A., liquidó unilateralmente el contrato, acta de liquidación que le fue comunicada y remitida por Ecopetrol S.A. a Insurcol Ltda., el 11 de noviembre de 2011, como consta en la misiva ING/INS- 4027428-006-C.

5. Caso concreto.

5.1. Régimen jurídico aplicable al contrato 4027428.

El contrato 4027428, sobre el cual versa la presente controversia jurídica, fue suscrito el 2 de junio de 2010 entre Ecopetrol y la sociedad Ingeniería; Suministros y Representaciones de Colombia Ltda., Insurcol Ltda., cuyo objeto consistía en “la construcción y mantenimiento técnico de los equipos de proceso de refinación pertenecientes al área criogénica de la unidad etileno II, incluyendo la elaboración de ingeniería de detalle, compras e inspección, pertenecientes a la gerencia refinería Barrancabermeja de Ecopetrol S.A., ubicada en Barrancabermeja, Santander”(13).

Como es bien sabido, Ecopetrol es una sociedad de economía mixta , de carácter comercial , organizada bajo la forma de sociedad anónima(14), del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía; y a los contratos celebrados por Ecopetrol, no se les aplican las regulaciones de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1150 de 2007 ni de sus decretos reglamentarios, toda vez que, de conformidad con las prescripciones del artículo 6º de la Ley 1118 de 2006(15), estos contratos se rigen por las reglas del derecho privado.

En consecuencia, en los contratos celebrados por Ecopetrol, los asuntos relacionados con: i) la selección del contratista; ii) los elementos de existencia del contrato; iii) los requisitos de validez del contrato; iv) las cláusulas contractuales y v) la ejecución y liquidación de los contratos, se rigen por las normas de derecho privado, ya sean las del Código Civil o las del Código de Comercio(16).

3.2. La naturaleza jurídica de la acción ejercida y el término de caducidad aplicable.

La controversia planteadas por las partes en este caso, se circunscribe a lo siguiente: el recurrente afirma que la caducidad de la acción contractual en este caso “(...) de ninguna manera este caso puede definirse mediante la aplicación de las normas de la Ley 1437, contentiva del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sino que dicha definición debe realizarse a la luz de las disposiciones contenidas en el artículo 136 del CCA.

Sin embargo el actor, contra argumenta diciendo que si en este evento el contrato está regido por normas de derecho privado; lo lógico es que no se aplique el término de caducidad previsto en el artículo 136 del CCA —D. 1/84—, sino el término de prescripción contenido en las reglas de derecho privado.

Sobre este particular es oportuno reiterar lo que ha dicho la jurisprudencia de la corporación que con la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, el término oportuno para interponer la acción contractual es de dos (2) años, toda vez que el artículo 44(17) del mismo cuerpo normativo unificó el término de caducidad de las acciones contractuales.

De otra parte ha señalado que la naturaleza del contrato no depende de su régimen jurídico, por tanto, al adoptar un criterio orgánico, se ha expuesto que serán considerados contratos estatales aquellos que celebren las entidades de igual naturaleza.

En este sentido se ha dicho que, son contratos estatales “todos los contratos que celebren las entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el estatuto general de contratación administrativa o que estén sujetos a regímenes especiales”, y estos últimos, donde ajustan los que celebra Ecopetrol, son objeto de control por parte del juez administrativo, caso en el cual las normas procesales aplicables a los trámites que ante este se surtan no podrán ser otras que las del derecho administrativo y las que en particular existan para este tipo de procedimientos, sin que incida la normatividad sustantiva que se le aplique a los contratos.

Esta afirmación encuentra soporte legal en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, disposición que al tratar de definir los contratos estatales adoptó un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, apartándose así de cualquier juicio funcional o referido al régimen jurídico aplicable a la parte sustantiva del contrato (...). La norma legal transcrita permite concluir que todos los contratos celebrados por las entidades estatales deben considerarse como contratos de naturaleza estatal, atendiendo al criterio orgánico, a la luz del cual es posible afirmar que en tanto Ecopetrol tenía el carácter de entidad estatal, el contrato distinguido con el número ... participa de la naturaleza estatal y de sus conflictos conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Adicionalmente, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, que a su vez fue modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, prescribe que la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas(18).

De tal manera, que el contrato 4027428, objeto de controversia es estatal y que, por tal razón, las disputas que surjan con ocasión de él son de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y por ende en vía contenciosa o judicial las normas procesales que le son aplicables son las previstas en el Código Contencioso Administrativo —D. 1/84— normativa que prevé de manera expresa un término de caducidad para presentar la acción de controversias contractuales.

De otra parte el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, debe concatenarse con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, vigentes para la época en que se presentó la demanda, o para el 2 de junio de 2010; 30 de diciembre de 2010 o 4 de enero de 2011 que son las fechas en que se firmó, terminó y se suscribió el “acta de finalización del contrato”; norma que dispone que “la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del CCA.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del CCA.

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo”.

En consecuencia, el término de dos (2) años para la caducidad de las acciones derivadas de los contratos que requirieran de liquidación empezaba a correr a partir del momento en que la liquidación se realizara o, si ella no se hubiere hecho, a partir de la conclusión del término que tenía la administración para hacerlo unilateralmente.

Lo anterior no es más que la aplicación del principio consagrado en el artículo 624 del CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual dispone que, “las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieran comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.

El Consejo de Estado en auto de 8 de junio de 1995(19) dijo lo siguiente:

“En materia contractual habrá que distinguir los negocios que requieren de una etapa posterior a su vigencia para liquidarlos, de aquellos otros que no necesitan de la misma. En estos, vale decir, para los cuales no hay etapa posterior a su extinción, cualquier reclamación judicial deberá llevarse a cabo dentro de los dos años siguientes a su fenecimiento. Para los contratos, respecto a los cuales se impone el trámite adicional de liquidación, dicho bienio para accionar judicialmente comenzará a contarse desde cuando se concluya el trabajo de liquidación, o desde cuando se agotó el término para liquidarlo sin que se hubiere efectuado, bien sea de manera conjunta por las partes o unilateralmente por la administración”.

Posteriormente esta misma corporación en providencia del 22 de junio de 2000(20) rememoró las posiciones que ella había asumido en punto del plazo que tenía la administración para liquidar unilateralmente un contrato:

“En sentencia dictada en el proceso 5.334, proferida el día 11 de diciembre de 1989, la Sala expresó, haciendo referencia a otros fallos, que cuando termina un contrato, normal o anormalmente, y no existe acuerdo entre las partes, la administración debe liquidarlo unilateralmente; que si bien la ley no fija plazos para efectuarla de mutuo acuerdo, encuentra que el “término plausible” debe ser el de cuatro meses contados a partir de aquella terminación.

En cuanto a la liquidación unilateral dicha sentencia expresó que si no se logra acuerdo entre los contratantes, después de vencidos los cuatro meses, la administración debía liquidar unilateralmente el contrato dentro de los dos meses siguientes; se afirmó que:

“Para efecto de determinar la fecha de liquidación del contrato, la Sala ha venido aceptando como término plausible el de cuatro meses: dos, a partir del vencimiento del contrato para que el contratista aporte la documentación adecuada y dos para que el trabajo se haga de común acuerdo (sent. enero 29/88, Exp. 3615. Actor: Darío Vargas). A falta de acuerdo, estima la Sala que la entidad contratante debe proceder a la liquidación unilateral dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del término para hacer la liquidación de común acuerdo. Aunque este nuevo plazo no está previsto por la ley de manera específica, coincide con el consagrado legalmente para que se produzca el fenómeno del silencio administrativo negativo (D.L. 2304/89, arts. 1º y 7º) y, por esta razón, lo adopta la Sala para eventos como el que aquí se presenta” (sent. nov. 9/89, expedientes 3265 y 3461. Actor: Consorcio Cimelec Ltda. - ICOL Ltda.). Destacado con negrilla por fuera del texto original”.

Así que de antaño, de acuerdo con lo citado y transcrito, se tiene que antes de la vigencia del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ya tenía establecido que los contratos que requirieran de liquidación debían ser liquidados dentro de los cuatro (4) meses que seguían a su terminación y que si esta no se hacía en esa oportunidad, la entidad estatal debía liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término anterior.

Este criterio jurisprudencial fue el que finalmente se convirtió en disposición legal al consagrar, que los contratos debían liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación y al prever, el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 que si la administración no lo liquida dentro de los dos (2) meses que siguen al plazo establecido legal o convencionalmente para ello, el interesado puede acudir ante la jurisdicción dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar.

Pues bien, en este caso, las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pactaron en la cláusula 34(21) del contrato 4027428, que, “las partes realizarán la liquidación de mutuo acuerdo del contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de suscripción del acta de terminación de la ejecución. En caso de que el contratista no concurra a la liquidación, o no haya acuerdo sobre el contenido de la misma dentro del término antes citado, aquel faculta expresamente a Ecopetrol, para que proceda a realizar la liquidación de manera unilateral en el término de dos (2) meses contados desde el vencimiento del plazo previsto para la liquidación de mutuo acuerdo”.

Para la Sala es claro, que las partes para efectuar la liquidación del contrato de manera bilateral o conjunta acordaron 4 meses a partir de la suscripción del “acta de finalización del contrato”, es decir, a partir del 4 de enero 2011, o sino la liquidación unilateral por parte de Ecopetrol se efectuaría dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento de los referidos 4 meses, esto es hasta el 4 de julio de 2011.

Una vez concluidos estos dos términos, es decir los cuatro (4) meses iniciales y los dos (2) meses que le siguen, empezaban a correr los dos (2) años para acudir ante la jurisdicción, o sea que el plazo para presentar la demanda finalizaba el 4 de julio de 2013.

Como la demanda se presentó el 6 de febrero 2014 —fl. 151, cdno. ppal.—, resulta evidente que el plazo otorgado por la ley para presentar la demanda había vencido en exceso y en consecuencia, debía haber prosperado la excepción de caducidad. Sin que interese para analizar la interrupción del término de caducidad por la presentación de la conciliación prejudicial, porque para la fecha en que se presentó esta —nov. 8/13(22)— ya había operado la caducidad de la acción.

La caducidad de la acción como fenómeno jurídico implica la imposibilidad de formular ante la jurisdicción unas determinadas pretensiones habida cuenta de que ha transcurrido el término que perentoriamente ha señalado la ley para ejercitar la correspondiente acción.

La seguridad jurídica y la paz social son las razones que fundamentalmente justifican el que el legislador limite desde el punto de vista temporal la posibilidad de aducir ante el juez unas concretas pretensiones y por ello se dice que la caducidad protege intereses de orden general.

Los términos para que opere la caducidad están siempre señalados en la ley y las normas que los contienen son de orden público, razones por las cuales son taxativos y las partes no pueden crear término alguno de caducidad.

La caducidad opera de pleno derecho, es decir que se estructura con el solo hecho de transcurrir el tiempo prefijado para ello, y por lo tanto el juez puede y debe decretarla aun de oficio cuando aparezca que ella ha operado.

La caducidad produce sus efectos frente a todas las personas sin que sea admisible ninguna consideración sobre determinada calidad o condición de alguno de los sujetos que interviene en la relación jurídica o que es titular del interés que se persigue proteger mediante la respectiva acción.

Finalmente la caducidad, precisamente por ser de orden público, no puede ser renunciada, no se suspende y no se interrumpe sino en los limitados casos exceptuados en la ley.

Pues bien, de todas estas características que se han mencionado emerge que una vez que se da el supuesto de hecho que el legislador ha señalado como comienzo del término de caducidad, él indefectiblemente empieza a correr y en ningún caso queda en manos de alguna de las partes la posibilidad de variar el término prefijado en la ley.

Por consiguiente si, cuando es menester la liquidación del contrato, hay un plazo legalmente señalado para realizarla, bien sea de común acuerdo o bien sea de manera unilateral, y si la caducidad de la acción contractual empieza a correr a partir de la respectiva liquidación, es conclusión obligada que si el plazo legalmente previsto para realizar la liquidación concluye sin que esta se hubiere hecho, irremediablemente el término de caducidad habrá empezado a correr a partir de la conclusión de este último momento y por ende ninguna incidencia tendrá en el término de caducidad una liquidación posterior.

Sostener lo contrario sería tanto como argumentar que el término de caducidad puede quedar al arbitrio de alguna de las partes.

En efecto, de no ser como se viene afirmando se llegaría a la extraña e ilegal situación de existir un término de caducidad superior al previsto en la ley en virtud de la decisión de alguna de las partes, tal como ocurriría por ejemplo en la hipótesis en que la liquidación del contrato viene a hacerse después de haber transcurrido trece (13) o más meses desde que concluyeron los plazos legalmente previstos para liquidar el contrato.

Y es que la posición que aquí se critica impondría la obligada pero errada e ilegal conclusión consistente en que el término de caducidad ya no sería de dos años contados a partir del momento en que vencieron los términos legales para liquidar el contrato, sino de treinta y tres o más meses (13 o más desde el vencimiento de los términos legales para liquidar el contrato y 24 más a partir de la liquidación extemporánea), todo por decisión de quien o quienes liquidaron el contrato por fuera de los términos legalmente previstos para ello(23).

Para la Sala no hay duda que al estar en presencia de la acción de controversias contractuales, el examen del término de caducidad en el presente caso debió sujetarse a las reglas del artículo 136 numeral 10, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, norma esta última vigente para la época de la presentación de la demanda —y no por el lit. J num. 2º del art. 164 del CPACA— como lo entendió el a quo, disposición que solo entró a regir hasta el 2 de julio de 2012, y de conformidad con el artículo 308 ibídem todos aquellos procesos iniciados antes de esa fecha se regían por la legislación anterior - según la cual en los contratos que requieren liquidación, si la administración no los liquida dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal establecido para ello, el interesado podía acudir a la jurisdicción para que lo liquide a más tardar dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar.

No es acertado empezar a contabilizar el término de caducidad de la acción contractual, tal como lo entendió el juzgador de instancia, cuando dijo que, “Una vez revisado el expediente que obra acta de liquidación final unilateral del contrato 4027428 de fecha 28 de octubre de 2011, así mismo, obra comunicación enviada a la demandante Insurcol Ltda. del acta de liquidación unilateral realizada por Ecopetrol de fecha 11 de noviembre de 2011. Al respecto, el literal J numeral 2º del artículo 164 del CPACA dispone que la demanda de controversias contractuales deberá ser presentada, so pena de caducidad, dentro del plazo de dos (2) años, los cuales se cuentan a partir del día siguiente de ejecutoriada la liquidación unilateral, su contabilidad debe hacerse conforme al calendario, ello significa entonces que, si el acta de liquidación final unilateral del contrato se comunicó al demandante Insurcol Ltda. el 11 de noviembre de 2011, el término de caducidad comenzó a contabilizarse a partir del 15 de noviembre de 2011, por cuanto el día 14 de noviembre de esa anualidad fue festivo”; porque primeramente se desconoce todo el antecedente jurisprudencial antes expuesto y el principio que consagra que las normas de caducidad en aquellos contratos que requieren de liquidación, son normas de orden público que contienen términos preclusivo, que no pueden ser desconocidos por el juez ni por las partes.

Aun cuando el tema es inocuo para la decisión que aquí se adoptará, la Sala quiere precisar, que el a quo, hace una mala interpretación del artículo 62 del Código Régimen Político y Municipal, cuando dice que “... si el acta de liquidación final unilateral del contrato se comunicó al demandante Insurcol Ltda. el 11 de noviembre de 2011, el término de caducidad comenzó a contabilizarse a partir del 15 de noviembre de 2011, por cuanto el día 14 de noviembre de esa anualidad fue festivo”; porque lo que establece, la disposición en cita es que, “En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”; o sea, que si el acta de liquidación final unilateral del contrato se comunicó al demandante Insurcol Ltda. el 11 de noviembre de 2011, el término de caducidad comenzaría a contabilizarse a partir del día siguiente, es decir, desde el 12 de noviembre de 2011, así fuese festivo, porque los términos corren calendario, incluidos domingos y festivos, y solo, si el día 12 de noviembre de 2013, término en que operaría la caducidad, era festivo, el plazo se extendería hasta el primer día hábil siguiente.

En conclusión, si las partes en este caso, para efectuar la liquidación del contrato de manera bilateral o conjunta acordaron 4 meses a partir de la suscripción del “acta de finalización del contrato”, es decir, a partir del 4 de enero 2011; sino la liquidación unilateral la realizaría Ecopetrol dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento de los referidos 4 meses, esto es hasta el 4 de julio de 2011. Una vez concluidos estos dos términos, es decir los cuatro (4) meses iniciales y los dos (2) meses que le siguen, empezaban a correr los dos (2) años para acudir ante la jurisdicción, o sea que el plazo para presentar la demanda finalizaba el 4 de julio de 2013.

Como la demanda se presentó el 6 de febrero 2014(24), resulta claro que el plazo otorgado por la ley para presentar la demanda había vencido en exceso, por lo que se revocará el auto recurrido y en su lugar se declarará probada la excepción de caducidad; absteniéndose por sustracción de materia de decidir sobre las demás excepciones planteadas.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

RESUELVE:

1. Revocar, la decisión adoptada el 7 de abril de 2015 en la audiencia inicial del artículo 180 del CPACA, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Santander, declaró no probadas las excepciones previas de caducidad, inepta demanda, inobservancia del requisito de procedibilidad consistente en el trámite de conciliación prejudicial y en su lugar se dispone:

a) Declarar probada la excepción de caducidad de la acción de controversias contractuales planteadas y por sustracción de materia se abstiene de decidir sobre las demás excepciones planteadas.

2. Ejecutoriado este auto, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

12 Folios 248 a 286, cdno. 2 anexos de la demanda.

13 Cláusula primera del contrato. Folio 249, cdno. 2 anexos de la demanda.

14 Folios 183 a 189, cdno. 1.

15 “Todos los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de Ecopetrol S.A., una vez constituida como sociedad de economía mixta, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin atender el porcentaje del aporte estatal dentro del capital social de la empresa.
“La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce.
“Se entiende que la autorización para que una entidad pública haga parte de una empresa de servicios públicos organizada como sociedad por acciones, faculta a su representante legal, de acuerdo con los estatutos de la entidad, para realizar respecto de la sociedad, las acciones y los derechos inherentes a ellas todos los actos que la ley y los estatutos permiten a los socios particulares” (subraya la Sala).

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 31 de marzo de 2011, rad. 16246.

17 “ART. 44.—Caducidad de las acciones. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:
“(...) “10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.
“En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:
“a) En los de ejecución instantánea, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato; “b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes, contados desde la terminación del contrato por cualquier causa; “c) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma del acta; “d) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar (...)”.

18 Supra 16.

19 Expediente 10634.

20 Expediente 12723.

21 Folio 284, cdno. 2 de anexos de la demanda.

22 Folio 74, cdno. principal.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 30 de enero de 2013, rad. 23136, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

24 Folio 151, cdno. 1.