Auto 2014-00097 de febrero 24 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Expedientes: 2014-00097, 00124, 00098 y 00077

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Bogotá, D.C., veinticuatro de febrero de dos mil quince.

Acción de nulidad electoral - Auto de impulso procesal. Ordena agregar unos procesos a otros ya acumulados para ser resueltos en una misma sentencia. Señala fecha de audiencia inicial y realiza una apreciación.

Demandantes: Fabián Leonardo Reyes Porras; Procuraduría General de la Nación; Heriberto Arrechea B. y Movimiento de Inclusión y Oportunidades MIO; y Diego Alexander Angulo Martínez

Demandada: María del Socorro Bustamante Ibarra

Se agregan unos expedientes a otros acumulados

Atendiendo a la prevalencia del derecho sustancial y con la finalidad de observar con diligencia los términos procesales (C.P., arts. 228 y 264, par.), en concordancia con el acatamiento de los principios constitucionales y los de derecho procesal (CPACA, art. 103), que atañen a la eficacia, celeridad y economía, se dispone que por Secretaría se agreguen para ser decididos en una misma sentencia, junto con el proceso de nulidad electoral acumulado radicado 2014-00099, demandante Heriberto Arrechea B. y otros, los cuatro expedientes identificados en la referencia de este auto.

Porque tanto los acumulados en el radicado mencionado como los que ahora se ordena agregar son procesos dirigidos contra el mismo acto de elección, que declara electos representantes a la Cámara por la circunscripción especial de las comunidades afrodescendientes a los señores Moisés Orozco Vicuña y María del Socorro Bustamante Ibarra para el período constitucional 2014-2018, luego se trata de los mismos demandados, y en todas las demandas básicamente los cargos que se formulan son los mismos.

Se fija fecha para audiencia inicial

Para llevar a cabo la audiencia inicial se fija como fecha y hora el día 18 de marzo de 2015 a partir de las 9:30 a.m. en la sala de audiencias 1 del Consejo de Estado.

Se hace una apreciación y se ordena informarla

De otro lado este despacho, en Sala unitaria, aprecia lo siguiente:

• Según el contenido de las ocho demandas que impetraron los mismos demandantes contra iguales demandados, por cargos que en todas presentan identidad de reproches y del contenido de los autos que las admitieron, obra que en seis (6) de éstas, tres (3) dirigidas contra Moisés Orozco Vicuña y tres (3) contra María del Socorro Bustamante, existe solicitud de suspensión provisional del acto de elección, medida cautelar que al ser resuelta, en ningún caso prosperó.

En cuatro (4) autos admisorios el pronunciamiento denegatorio de la suspensión provisional del acto de elección fue de fondo, y en otros dos (2) ésta se negó por faltar la sustentación que exige el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

• La suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos (la prevé la Carta Política en el artículo 238 a cargo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y la regula el CPACA, art. 231) corresponde a un juicio de valor que en dicha oportunidad procesal el juez lleva a cabo sobre la legalidad del acto a fin de establecer si surge la violación de las disposiciones invocadas en la demanda, ya como resultado del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores que se invocan transgredidas, o ya del estudio de las pruebas que se alleguen para el efecto. Significa por tanto que llevar a cabo el estudio sobre la violación o no de las normas alegadas como transgredidas por el acto, le implica al juez ir al fondo.

• Cuando la medida cautelar no prospera, como ocurrió en el sub examine, el acto de elección continúa cumpliendo sus efectos, amparado en la presunción de legalidad que jurídicamente lo cobija, y los demandados, entonces, no se separan del ejercicio de sus funciones.

• Según formulario E-26 CA del Consejo Nacional Electoral del 3 de julio de 2014 los señores Moisés Orozco Vicuña y María del Socorro Bustamante fueron elegidos fruto de la voluntad popular expresada en las urnas, por un total de 51.773 votos.

• Los actos de inscripción de sus candidaturas se acusaron vía administrativa, y el Consejo Nacional Electoral los mantuvo en las resoluciones 396 del 30 de enero de 2014 y 955 del 4 de marzo de 2014.

• Contra esta decisión administrativa de negar la revocatoria de la inscripción varios ciudadanos instauraron acción de tutela ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y otros se vincularon a la misma a título de interesados en las resultas, tales como: el señor Diego Alexander Angulo Martínez (quien coincide con uno de los demandantes de la nulidad electoral), persona que según se lee a folio 29 del acápite “iii) legitimidad para accionar”, se le aceptó como tal por haber tenido la condición de candidato a la Cámara de Representantes para esta circunscripción especial a nombre de otra organización.

• En segunda instancia, vía impugnación, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en sentencia de 26 de septiembre de 2014, esto es, posteriormente a que la Sección Quinta del Consejo de Estado ya se había pronunciado en providencias de 21 de agosto de 2014 (dictada en el expediente de nulidad electoral 0077) y de 18 de septiembre del mismo año (proferida en el expediente de nulidad electoral 0099) que negaron la medida cautelar de suspensión del acto de elección de los demandados, (y sin que del contenido del fallo de tutela de la Sala Disciplinaria se observe de qué manera más allá de la inscripción de su organización en el Ministerio del Interior los allí accionantes acreditaron su pertenencia a la comunidad afrodescendiente raizal y palenquera, a efectos de legitimarse en la causa por activa en calidad de directamente afectados), determinó amparar transitoriamente el derecho a la igualdad y el de participación en la conformación, ejercicio y control del poder político de esta comunidad, respecto a la escogencia de los candidatos a representarlos en el Congreso de la República.

• En consecuencia, dejó provisionalmente sin valor y efecto —hasta que la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida de fondo— las resoluciones 396 de enero 30 de 2014 y 955 del 4 de marzo de 2014 emitidas por el Consejo Nacional Electoral que mantuvieron en firme la inscripción de los demandados, señores Orozco y Bustamante, y extendió (sin que tal resolución estuviese cuestionada por los tutelantes —pues no se había expedido—), la suspensión de los efectos, también a la Resolución 2528 del 9 de julio de 2014 por la que se adjudicaron las dos curules a la Cámara de Representantes por las comunidades afrodescendientes a los señores Orozco V. y Bustamante I.

• Corolario de las anteriores precisiones a las que llega este despacho en su carácter de conductor del proceso de las demandas acumuladas y más las ahora agregadas, una vez conocidas todas ellas, resulta la siguiente apreciación:

Los señores Moisés Orozco V. y María del Socorro Bustamante deben ocupar sus curules en la Cámara de Representantes, por las razones que a continuación se sintetizan:

1) Por la garantía constitucional a la igualdad de ostentar las mismas condiciones de los demás elegidos popularmente, sujetos pasivos de demandas de nulidad electoral, cuando su acto de elección no fue objeto de suspensión provisional por esta jurisdicción de lo contencioso administrativo, a ejercer la función en la corporación pública donde fueron electos, para el caso, el Congreso de la República - Cámara de Representantes.

2) La eficacia del voto que traduce la voluntad popular expresada en las urnas por un total de 51.773 electores que sufragaron en las elecciones a Congreso de la República celebradas el 9 de marzo de 2014, dirigidos a tener representación de esta circunscripción especial de minorías étnicas, por cuenta de los señores Moisés Orozco V. y María del Socorro Bustamante.

3) Se trata de un total de 8 demandas de nulidad electoral que serán falladas en una misma sentencia. La primera se presentó el 11 de julio del pasado año y por razones estrictamente de trámite legal acorde con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando se instaura más de una contra el mismo acto de elección se deben acumular. Así, desde entonces ya han transcurrido más de 6 meses, luego el término que consideró la decisión de tutela para que haya sentencia en la nulidad electoral en la práctica no se dará.

4) El 26 de septiembre de 2014 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en fallo de tutela de la fecha deja provisionalmente sin valor ni efecto los actos de inscripción y el de elección de los demandados, hasta que esta jurisdicción especial decida de fondo. Entonces tales expresiones permitirán entender que ya ha cumplido la transitoriedad, si se tiene en cuenta que:

a) En relación con los 2 primeros actos, esto es, los de inscripción, se encuentran subsumidos en el acto que declaró la elección, y no constituyen acto administrativo que se acusó en las demandas electorales actualmente en trámite en la Sección Quinta del Consejo de Estado, que se dirigen únicamente contra la Resolución 2528 del 9 de julio de 2014.

b) Respecto del control judicial vía nulidad electoral de este último acto se han producido 4 pronunciamientos de fondo, todos los cuales niegan la suspensión provisional de sus efectos. Son decisiones de fondo pues bajo los parámetros y los alcances que ahora autoriza para esta medida cautelar el artículo 231 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, como antes se explicó, cuando efectúa tal estudio el juez, se pronuncia sobre la legalidad del acto cuyos efectos se pide suspender.

Por secretaría remítase para conocimiento y fines a que haya lugar copia de este auto a la presidencia de la Cámara de Representantes.

Cúmplase.

Magistrada: Susana Buitrago Valencia.