Auto 2014-00112 de julio 17 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro (E)

Rad.: 70001-23-33-000-2014-00112-01(IMP)

Actor: Mónica Marlyn Otero Miguel

Demandado: Juez Séptima Administrativa del Circuito de Sincelejo

Bogotá, D.C., diecisiete de julio de dos mil catorce.

La Sala se pronuncia sobre el impedimento manifestado por los magistrados de la Sala Oral del Tribunal Administrativo de Sucre.

I. Antecedentes

1.1. Hechos.

1.1.1. La doctora Mónica Marlyn Otero Miguel en demanda que radicó ante los Juzgados y que le fue repartida al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, ejerció acción de nulidad electoral para que se declarara la nulidad del acto administrativo que encargó a Eudith María Palencia Avila, como Juez Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo.

1.1.2. En providencia de 7 de mayo del 2014 el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, declaró la falta de competencia funcional, remitió el expediente a la oficina de apoyo judicial de Sincelejo para que se repartiera ante los magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre, competente para estudiar la demanda de nulidad electoral interpuesta por la doctora Mónica Marlyn Otero Miguel.

1.2. Manifestación de impedimento.

Mediante escrito de 29 de mayo de 2014, los magistrados de la Sala Oral del Tribunal Administrativo de Sucre Luis Carlos Alzate Ríos, Rufo Arturo Carvajal Argoty y Moisés Rodríguez Pérez manifestaron impedimento para actuar en el proceso de la referencia, por considerar que se encuentran incursos en la causal prevista en el artículo 130 numeral 1º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, relativa a la participación del juez en la expedición del acto enjuiciado, toda vez que intervinieron al elegir y suscribir el acto administrativo de contenido electoral que demanda la actora, de conformidad con el Acta de Reunión Extraordinaria de Sala Plena 16 de ese tribunal.

II. Consideraciones

1. Normatividad aplicable al caso concreto.

La demanda de nulidad electoral fue radicada ante la Oficina Judicial de Sincelejo el pasado 22 de abril de 2014 (fl. 11), esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual su trámite debe regularse íntegramente por las normas del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Competencia.

En razón a que la Sala escritural del Tribunal Administrativo de Sucre está excluida del reparto de las acciones constitucionales y las electorales(2) y de conformidad con las normas de competencia estipuladas por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala de esta Sección del Consejo de Estado es la competente para conocer y decidir sobre el impedimento manifestado por los magistrados de la Sala de oralidad del Tribunal Administrativo de Sucre, en consideración a lo establecido en el numeral 5º del artículo 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone:

“Trámite de los impedimentos. Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:

(...) 5. Si el impedimento comprende a todo el Tribunal Administrativo, el expediente se enviará a la Sección del Consejo de Estado que conoce del tema relacionado con la materia objeto de controversia, para que decida de plano. Si se declara fundado, devolverá el expediente al tribunal de origen para el sorteo de conjueces, quienes deberán conocer del asunto. En caso contrario, devolverá el expediente al referido tribunal para que continúe su trámite”.

3. Fundamento de los impedimentos.

Los impedimentos están instituidos como garantía de la imparcialidad de los funcionarios judiciales en el desempeño de su labor, esto “con el fin de garantizar al conglomerado social que el funcionario judicial llamado a resolver el conflicto jurídico, es ajeno a cualquier interés distinto al de administrar una recta justicia y, en consecuencia, que su imparcialidad y ponderación no están afectadas por circunstancias extraprocesales”(3).

La declaración de impedimento del funcionario judicial es un acto unilateral, voluntario, oficioso y obligatorio ante la presencia de cualquiera de las causales de impedimento taxativamente contempladas por la ley, por esto, no hay lugar a “analogías o a pretendidos afanes protectores de esquemas por encima de las garantías esenciales de carácter constitucional”(4), a lo que se suma que “no todo escrúpulo, incomodidad o inquietud espiritual del juzgador basta para separarlo del conocimiento de un determinado asunto(5).

Es por ello, que la manifestación debe estar acompañada de una debida sustentación, no basta con invocar la causal, además de ello, deben expresarse las razones por la cuales el operador judicial considera que se halla en el supuesto de hecho descrito “con indicación de su alcance y contenido, capaz de alterar su capacidad objetiva y subjetiva para decidir, pues por tratarse de un estado interno de ánimo que otro funcionario habrá de valorar, sólo puede ser conocido a través de lo expresado por el sujeto que lo vivencia(6); sin esto, o con un enunciado genérico o abstracto, se presenta una motivación insuficiente, que puede llevar al rechazo de la declaración de impedimento”(7).

Además de lo anterior, es necesario que la causa del impedimento sea real, es decir, que verdaderamente exista, pues resulta insuficiente la sola afirmación del funcionario que se declara impedido, para apartarse del conocimiento del asunto(8).

4. De la participación del juez en la expedición del acto enjuiciado.

Los magistrados de la Sala Oral del Tribunal Administrativo de Sucre Luis Carlos Alzate Ríos, Rufo Arturo Carvajal Argoty y Moisés Rodríguez Pérez, manifestaron estar impedidos para actuar dentro del trámite de este proceso, para lo cual invocaron la causal establecida en el numeral 1º del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dice:

“...Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, hubieren participado en la expedición del acto enjuiciado, en la formación o celebración del contrato o en la ejecución del hecho u operación administrativa materia de la controversia.

La causal transcrita tiene como finalidad que el juez no actúe como tal frente a su propio acto.

De conformidad con los presupuestos de la norma, para que la situación encaje dentro de la causal de impedimento alegada, se deben configurar los siguientes requisitos: (i) que se haya expedido un acto de carácter administrativo; (ii) que el magistrado haya participado en la expedición del referido acto administrativo; y (iii) que el acto administrativo expedido con la participación del magistrado, en los términos de la demanda presentada, sea el que se enjuicie.

5. Del caso concreto.

Los argumentos del impedimento presentados por los magistrados de la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, se ajustan a los presupuestos de la norma, por lo que se procederá a declararlo fundado, con fundamento en:

1. El acto proferido por los magistrados que manifiestan su impedimento es, en efecto, administrativo y susceptible de ser controlado judicialmente, y

2. El acto administrativo enjuiciado es el mismo en el que la Sala de Oralidad del Tribunal Administrativo de Sucre tuvo participación directa, pues decidió encargar a la doctora Eudith María Palencia Avila como Juez Séptimo Administrativo Oral de Sincelejo.

Así, se declarará fundado el impedimento. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el numeral 5º del artículo 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando el impedimento se declara fundado como en el sub judice, se devolverá el expediente al tribunal de origen para el respectivo sorteo de conjueces.

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado,

III. RESUELVE:

1. DECLÁRASE fundado el impedimento manifestado por los magistrados de la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, por lo que se les acepta y se les separa del conocimiento del presente asunto.

2. ORDÉNASE que mediante la Secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre se proceda al sorteo de tres conjueces para conocer del asunto, uno por cada magistrado al que se le aceptó el impedimento.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Alberto Yepes Barreiro, presidente—Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez—Susana Buitrago Valencia.

(1) Valga aclarar que se pudo constatar que los magistrados del Tribunal Sala Escritural del Tribunal Administrativo de Sucre, también participaron en la adopción de la decisión demandada.

(2) Según lo establecido en el artículo 7º del Acuerdo PSAA12-9559 de 2012, por el cual se adoptaron medidas transitorias para el fortalecimiento de los despachos que ingresaron a la oralidad y se adoptaron medidas complementarias en el Distrito Judicial de Sincelejo.

(3) Corte Suprema de Justicia. Auto de 29 de enero de 2009, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.

(4) Auto de julio 6 de 1999, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.

(5) Auto de noviembre 11 de 1994, M.P. Juan Manuel Torres Fresneda.

(6) Auto de mayo 17 de 1999, M.P. Dídimo Páez Velandia; en sentido similar auto de septiembre 1º de 1994, M.P. Dídimo Páez Velandia.

(7) Auto de mayo 20 de 1997, M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote; en sentido similar auto de diciembre 2 de 1992, M.P. Gustavo Gómez Velásquez y auto de febrero 22 de 1996, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

(8) Corte Constitucional. Auto 022 de julio 22 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.