Auto 2014-00116/60048 de noviembre 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 41001233000201400116 01

Exp.: 60048

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Maximiliano Duque Rengifo y otros

Demandado: municipio de Neiva

Referencia: Medio de control de reparación directa

Bogotá, D. C., veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra las decisiones adoptadas el 24 de agosto de 2017, en el desarrollo de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante las cuales se declararon probadas las excepciones propuestas de inepta demanda, caducidad y cosa juzgada.

Antecedentes

1. El 18 de marzo de 2014, los señores María Pía Duque Rengifo, María Mercedes Rengifo de Duque y Maximiliano Duque Rengifo, mediante apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el municipio de Neiva, para que se declararan y reconocieran las siguientes pretensiones (fls. 1-13, c. 1):

PRIMERA. Que se declare la existencia de una falla en el servicio atribuible al municipio de Neiva - Secretaría de Hacienda, consistente en el desconocimiento del debido proceso administrativo.

SEGUNDA. Que se declare que la falla en el servicio en que incurrió el municipio de Neiva, causó un daño antijurídico, consistente en un detrimento en el patrimonio de la parte convocante equivalente al valor pecuniario por el que fue recibido en pago el bien inmueble LOTE LA LADRILLERA ubicado en la carrera 5 o. 18 - 23 Sur de la ciudad de Neiva, identificada con matrícula inmobiliaria Nº 200-14461 y Cédula Catastral Nº 0106-0001-0046-000, es decir tres mil novecientos treinta y seis millones setecientos cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta pesos ($3.936.743.640,00) moneda corriente.

TERCERA. Que se declare que el detrimento causado en el patrimonio de los convocantes por la falla del servicio en que incurrió el municipio de Neiva, comportó un enriquecimiento sin justa causa de la administración.

CUARTA. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene al municipio de Neiva, a reparar integralmente el perjuicio causado, mediante la restitución in natura del bien inmueble LOTE LA LADRILLERA ubicado en la carrera 5 o. 18-23 Sur de la ciudad de Neiva, identificado con matrícula inmobiliaria Nº 200-14461 y Cédula Catastral Nº 0106-0001-0046-000, previo Avalúo del inmueble a efectos de actualizar su valor.

(…)

2. Como fundamento fáctico de las pretensiones elevadas, la parte actora expuso que los demandantes eran propietarios de un inmueble denominado La Ladrillera, ubicado en la carrera 5 o. 18-23 Sur de la ciudad de Neiva. El 19 de noviembre de 2004, se causó a cargo de los propietarios del citado inmueble una contribución por valorización de $ 2 458 924 437.

3. A pesar de estar prescrita la obligación atrás señalada, la Secretaría de Hacienda del municipio de Neiva inició en contra de los actores un proceso administrativo de cobro coactivo que nunca les fue notificado, de suerte que no pudieron proponer la excepción de prescripción.

4. En junio de 2011, el señor Maximiliano Duque Rengifo se acercó a la Secretaría de Hacienda, donde se le informó que por concepto de valorización y de mora adeudaba un total de $ 5 158 674 838 y que se podía acoger a una resolución que autorizaba un descuento del 50% de la deuda.

5. Ante tal circunstancia, e inducido a error, al no habérsele notificado el proceso de cobro coactivo en el que se configuró la prescripción del derecho, los demandantes se vieron compelidos a cancelar la obligación mediante la dación en pago del predio La Ladrillera, avaluado en $ 3 936 743 640, la cual fue admitida mediante la Resolución 1339 de 24 de junio de 2013 expedida por la Secretaría de Hacienda del municipio de Neiva y protocolizada mediante escritura pública 2 237 de 29 de junio de 2011, inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente el 28 de diciembre del mismo año.

6. En opinión de la parte actora, “(…) los convocantes pagaron a la Secretaría de Hacienda del municipio de Neiva un valor que no adeudaban toda vez que la obligación pagada por concepto de valorización del año fiscal 2004 ya había expirado para la fecha de la celebración y protocolización de la dación en pago, en tanto ya habían transcurrido los 3 años contenidos en el artículo 817 del estatuto tributario, configurándose no sólo el pago de lo no debido, sino también un enriquecimiento sin causa a favor de la administración y en detrimento de mis poderdantes”.

7. Agregó que “(…) La no alegación de la excepción de prescripción en su debido momento se debió a la ausencia de notificación formal a los deudores al fisco, de modo que dicha falla en el servicio, consistente en una abierta violación del debido proceso administrativo, comportó una lesión evidente en los patrimonios de los deudores, porque se los privó de una oportunidad procesal y se los indujo a error”.

8. Notificado el auto admisorio, la parte demandada municipio de Neiva, en el escrito por medio del cual contestó la demanda, propuso la excepción previa de caducidad y las excepciones de mérito de inepta demanda –por indebida escogencia de la acción– y de inexistencia de falla de servicio (fls. 143-178, c. 1).

9. En cuanto a la primera excepción, adujo que fue por medio de la Resolución 1339 de 24 de julio de 2013, que se admitió la solicitud de dación en pago. Aseguró que a partir de esa fecha debió haberse presentado la demanda dentro del término de 4 meses, periodo previsto por la ley procesal para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En ese sentido, añadió: “[n]o es procedente modificar la acción ante el paso del tiempo, es decir al haber caducado la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, decidir interponer una acción de reparación directa, las acciones no están dadas a la escogencia de los demandantes, están consagradas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011”.

10. Respecto de la excepción de mérito de inepta demanda, aseguró que dado que el daño antijurídico demandado se concretó en la Resolución 1339 de 2013, esto es, en un acto administrativo, debió haberse interpuesto el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el agravante de que en contra del referido acto administrativo no se interpusieron los recursos de ley.

11. Además reiteró en este punto que los demandantes ya habían acudido a la jurisdicción por esta vía, pidiendo que se declarara la nulidad de la resolución referida en el párrafo que antecede, así como del oficio de 20 de septiembre de 2006 –a través del cual se negaron las excepciones propuestas por la demandada–, la Resolución 21 de 13 de julio de 2000 –por la cual se impuso la contribución por valorización–, el título ejecutivo de 10 de noviembre de 2003, el auto de 4 de diciembre de 2005 –por el que se decretó mandamiento de pago–, la Resolución 878 del 14 de diciembre de 2005 –por la cual se denegó la solicitud de decaimiento del acto administrativo–, la Resolución 879 de la misma fecha –que denegó un recurso de reconsideración–, la Resolución 0856 de 13 de julio de 2006 –que negaron excepciones propuestas–, el oficio de 23 de octubre de 2006 –por la que se contestó la petición del 4 de octubre de 2006–. Esa demanda se tramitó dentro del proceso 2006-01128, que culminó por desistimiento de la parte demandante, aceptado mediante auto de 11 de junio de 2011.

12. Finalmente, aseguró que la entidad no había incurrido en una falla de servicio, pues si bien las autoridades públicas tienen el propósito de proteger la vida, la honra y los bienes de los residentes en Colombia, sus obligaciones “(…) han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo”.

13. Mediante escrito del 6 de agosto de 2014, la parte demandante adicionó el escrito anteriormente referido para agregar la excepción de cosa juzgada, fundada en los argumentos ya esbozados en los párrafos precedentes (fls. 343-353, c. 2).

14. A través de memorial allegado el 14 de octubre, los actores descorrieron el traslado de las excepciones propuestas por el municipio de Neiva. En primer término, cuestionó que las excepciones no se hubieran presentado en escrito separado, como lo ordena el artículo 100 del C.G.P. Adicionalmente, adujo que en la referida disposición no se incluyeron la caducidad de la acción y la cosa juzgada como excepciones previas. En ese entendido, consideró que debía dársele el trámite de excepciones de mérito y resolverlas en la sentencia (fls. 405-413, c. 3).

15. En cuanto a la caducidad de la acción, indicó que el daño que el hecho generador del daño acaeció el 28 de diciembre de 2011 y la demanda se presentó el 24 de julio de 2013, esto es, dentro del término de 2 años previsto por la ley para el medio de control de reparación directa. Respecto de la cosa juzgada, agregó que no tiene ninguna relación el presente proceso con el que se adelantó dentro del Radicado 2006-01128, en la medida en que ambos se refieren a hechos dañosos completamente diferentes y acaecidos en distinto tiempo. En ese sentido aseguró:

Así mismo desconoce la demandada que en el presente caso no se está objetando acto administrativo alguno relacionado con el título de la obligación indebidamente pagada por mis poderdantes, sino la falla del servicio que generó un perjuicio patrimonial a mi poderdante, al pagar una obligación prescrita con un inmueble que superaba por bastante el monto presuntamente adeudado a la administración, y cuya dación se generó como resultado de una injustificada violación al debido proceso de mis poderdantes y un injustificado desconocimiento de las disposiciones contempladas en el manual de cobro coactivo emanado del Ministerio de Hacienda y la política Estatal de Prevención del Daño Antijurídico, informó a los demandantes que con el ánimo de evitar la práctica de embargos y demás medidas cautelares, se acogiera a lo dispuesto por una resolución que autorizaba un descuento el 50% de la deuda, pudiendo pagar el 50% restante como bien le pareciera, esto es, indujo error a los aquí demandantes, en tanto presionó el pago de una obligación que legalmente ya no podía hacerse exigible por cuanto ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad, contemplado en el artículo 817 del estatuto tributario.

Hecho que ocasionaron un daño patrimonial a mis poderdantes y que se concretaron el 28 de diciembre de 2011, hechos que no guardan relación alguna con la nulidad y restablecimiento del derecho que se discutió cinco años atrás al interior del Expediente 2006-01128, de donde se desprende que no es cierto que los hechos objeto de la presente Litis o que el resarcimiento del daño causado en el año 2011, haya sido debatido al interior de un proceso judicial que curso en el año 2006, por tanto la presente Litis no ha sido objeto de cosa juzgada.

16. Realizado el trámite procesal respectivo, el 11 de julio de 2017 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. No obstante, ella fue suspendida hasta tanto se recaudaran unas pruebas determinantes para resolver las excepciones propuestas (fls. 447-449, c. 3). La audiencia continuó el 24 de agosto del mismo año, en la que el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila declaró probadas las excepciones de inepta demanda, caducidad y cosa juzgada (fls. 1197-1205, c. ppl.).

17. Para el efecto, adujo que de conformidad con los hechos expuestos en la presente demanda, lo que se cuestionaba no era la dación en pago de un bien, sino la indebida notificación del mandamiento de pago, lo cual indujo a error a los señores Maximiliano Duque Rengifo. Pues bien, en la demanda presentada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho también se sustentó el petitum con base en los siguientes hechos: (i) los actos administrativos expedidos con el fin de realizar el proceso de cobro coactivo no se notificaron en debida forma, a pesar de haberse presentado recursos de reconsideración y diversas excepciones y pedimentos; y (iii) la contribución se encontraba prescrita. En ese sentido, adujo:

Si bien es cierto que las pretensiones de los dos procesos no son formalmente las mismas, sustancialmente pretenden el resarcimiento económico derivado del pago de una obligación que los accionantes consideran prescrita. Sin embargo, no existe duda de que la fuente en que se sustenta la nulidad y la el (sic) restablecimiento del derecho (en el primero) y la indemnización de perjuicios (en el segundo), sí es la misma. Siendo del caso resaltar, que en las dos demandas se reprocha idéntica conducta; es decir, que la administración local no notificó en debida forma el título ejecutivo ni el mandamiento de pago, y porqué la constitución estaba prescrita; por lo tanto, no se podía realizar el cobro.

(…)

Teniendo en cuenta que en el primer proceso los accionantes desistieron expresamente de la demanda (con el fin de formalizar una dación en pago con el municipio, y de paso, acogerse a la Ley 1430 de 2010, cuyo artículo 48, les permitía obtener un descuento del 50% de los intereses de mora); y en la medida en que el desistimiento fue aceptado por el Magistrado Ponente el 11 de julio de 2011; en armonía con las preceptivas consagradas en el artículo 342 del entonces vigente Código de Procedimiento Civil, ello implicó “la renuncia de las pretensiones de la demanda…”, y el auto que lo aceptó tiene el mismo efecto de la sentencia que dirime la controversia.

En ese orden de ideas, considera la Sala que dicho asunto fue debidamente resuelto y que el mismo hizo tránsito a cosa juzgada. En tal virtud, el mismo asunto no podía discutirse en un nuevo debate judicial (así se tramite por conducto de otro medio control y se matice con otra argumentación). Pues no cabe duda que en los dos procesos se presenta identidad de objeto, identidad de causa e identidad de partes.

18. En lo que atañe a la caducidad de la acción, adujo que la fecha en la que se protocolizó la dación en pago –el 28 de diciembre de 2011– no es la fuente del daño que se demanda, porque de acuerdo a lo afirmado en los hechos del libelo, este corresponde al trámite del proceso de jurisdicción coactiva indebidamente notificado, hecho que acaeció casi un lustro antes de la presentación de la demanda.

19. En contra de dicha decisión, la parte actora incoó el recurso de apelación. En primer lugar, advirtió que era evidente que no existía una identidad de objeto entre un proceso y otro, revisadas las pretensiones y los hechos de cada uno de ello. En ese sentido, aseguró que en la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho se hizo referencia a un vicio que recaía concretamente sobre varias actuaciones de la administración pública, constituyentes de un acto administrativo, asunto ajeno al que se estudia en la acción de reparación directa. Asimismo, adujo que las pretensiones en ningún momento pretenden la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, aseguró que: “(…) lo que estamos atacando es una operación administrativa de la administración pública, en particular de la Secretaría de Hacienda Municipal, basada en hechos muchos más amplios que no tienen nada que ver o que no se refieren en particular a un acto administrativo (…) esta operación es un acto violatorio a la moralidad administrativa (…) que no fue alegada en la presente demanda”. En cuanto al contenido de la operación, indicó lo siguiente:

(…) Con todas luces resulta bastante grave para la administración pública y me explico: este proceso ataca una operación que concluye con una dación (…) que es absolutamente contraria a la ley y, al parecer, ni la administración ni la misma Notaria se dio cuenta y, por su puesto, mi cliente tampoco, pues porque mi cliente es un desconocedor de la ley y por una legítima confianza hacia las autoridades administrativas pensó que estaba firmando o estaba tomando unas decisiones que eran legales, cuando a todas luces eran absolutamente ilegales. Y es que acá no estamos únicamente frente a un problema de una expedición de un acto sin el lleno de requisitos o, inclusive, no estamos frente a una simple violación al debido proceso, sino, y he ahí la diferencia, entre la primera demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y nuestra demanda, nosotros aquí estamos atacando cosas que son muchas más profundas y que van mucho más allá de la nulidad y restablecimiento del derecho de un solo acto. Por poner un simple ejemplo, resulta que el acto que da lugar a la suscripción de la dación en pago, del instrumento a través del cual se instrumentaliza la dación en pago es la resolución por medio de la cual se resuelve una solicitud de dación en pago (…), pero resulta que en la parte motiva de esa resolución se habla o se dice que la razón o la causa para la suscripción de una dación en pago es la compensación total del valor del avalúo, nada más ilegal que eso, porque (…), si bien como de manera bastante fácil la administración alega que si se permite el pago de obligaciones tributarias prescritas, porque el estatuto tributario así lo permite, no es cierto que se pueda compensar (…) obligaciones que se encuentran prescritas. Esa es una gran diferencia entre la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho, en donde lo único que se atacaban eran unos actos administrativos, dentro del cual por su puesto no estaba éste porque no se estaba tacando la operación administrativa y precisamente ahí está la inducción en error: la administración pública le dijo a mi cliente que la ley permitía –y se lo dice porque lo incluyó en un acto administrativo–, (…) que se incluye la compensación como forma de extinguir obligaciones tributarias que se encuentran prescritas. Sin embargo, (…) es el mismo Código Civil el que nos aclara que bajo ninguna circunstancia se permita que exista compensación de obligaciones. Ahora, como podemos decir que existe cosa juzgada sobre un tema que no había sido tocado en la demanda inicial y fue tocado en la acción de reparación directa.

20. Aseguró que otra diferencia entre ambas acciones radicaba en los distintos argumentos de derecho exhibidos en una u otra demanda. En la nulidad y restablecimiento de derecho el argumento central es la falsa motivación del acto, argumento que no existe en la reparación directa, precisamente porque no se está buscando la nulidad de un acto administrativo. Agregó que no les interesaba que se declarara la nulidad del acto que admitió la dación, por el sencillo hecho de que esa circunstancia no era suficiente para dejar sin efectos la escritura pública realizada para enajenar el inmueble.

21. En cuanto a la caducidad, adujo que esta debe contarse desde que finalizó la actividad de la administración que generó el daño. En ese entendido, adujo que la última actuación de la operación administrativa no es otra que la escritura y el registro de la dación en pago, mediante los cuales el municipio de Neiva se hizo propietario del inmueble.

22. En cuanto a la inepta demanda, consideró que esta no se configuraba, en la medida en que en el escrito se presentaron debidamente unas pretensiones, unos hechos y un nexo de causalidad, con el fin de obtener la reparación de un daño causado a los demandantes por cuenta de una operación administrativa del municipio de Neiva.

23. Tanto la parte demandada, como la agente del Ministerio Público, compartieron la decisión del tribunal y se opusieron a la argumentación vertida por la parte demandante, en el recurso de apelación.

Consideraciones

I. Competencia.

24. Esta corporación es competente para conocer del presente proceso comoquiera que supera la cuantía exigida por el numeral 6º del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De igual forma, se advierte que la Sala es competente para decidir el presente asunto de acuerdo con lo señalado por el artículo 125 y 243, numeral 3 del CPACA, por tratarse del auto a través del cual el Tribunal Administrativo del Huila declaró prósperas la excepciones de cosa juzgada, caducidad e inepta demanda, providencia que objetivamente comprende una decisión sobre la terminación del proceso.

II. Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala determinar si en el sub judice se configuró la excepción de cosa juzgada, para lo cual es preciso establecer si la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo el Radicado 2006-01128, tiene identidad de causa con la presentada dentro del proceso sub lite.

26. De encontrarse una respuesta negativa a ese interrogante, habrá que dilucidar si la acción incoada por la parte actora se encuentra caducada, para lo que deberá señalarse cuál es el origen del daño que se demanda, con el propósito de establecer si el medio de control de reparación directa incoado fue el adecuado o si debió hacerse uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y determinar desde qué momento debe ser contabilizado el término previsto por la ley.

III. Análisis de la Sala

27. La cosa juzgada “(…) es una cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual aquéllas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto”(1).

28. Excepcionalmente, la cosa juzgada también es predicable de otras providencias definitivas proferidas dentro del proceso contencioso administrativo, entre las que se encuentran el auto que aprueba la conciliación judicial(2) y el auto que admite el desistimiento de la demanda(3).

29. La importancia jurídica y social de dicha institución se explica por su propia finalidad: conferir estabilidad, firmeza y certeza a las decisiones judiciales, y procurar que el proceso cumpla un papel eficaz en la solución de los conflictos, evitando que el mismo asunto pueda ser debatido una y otra vez en los estrados judiciales. De esta manera, se tiene que la cosa juzgada cumple dos funciones: una positiva que reside en ofrecer seguridad jurídica a los asociados y otra negativa que consiste en prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar asuntos que ya han sido resueltos(4).

30. Para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere que concurran los siguientes tres requisitos: (i) identidad de objeto, (ii) identidad de causa e (iii) identidad de partes. Las llamadas “identidades procesales” constituyen, entonces, los límites a la existencia de la cosa juzgada. Así lo dispone el propio artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, al señalar que “[l]a sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes (…)”.

31. En relación con la identidad del objeto, el Consejo de Estado ha señalado que esta radica en la semejanza en cuanto las pretensiones, la causa petendi y la orden adopte finalmente el juzgador: “[l]a identidad jurídica de objeto involucra realizar un análisis que conduzca a concluir que la nueva demanda impetrada ante la jurisdicción contiene las mismas pretensiones o declaraciones(5). Por consiguiente, para identificar si existe identidad de objeto se deben estudiar los hechos, las pretensiones y la sentencia anterior para confrontarlas con los hechos y pretensiones planteadas en el nuevo proceso a fin de poder determinar si existe identidad de objeto(6). En otras palabras, la identidad de objeto exige que la petición en ambos procesos sea la misma”(7).

32. La identidad de causa, por su parte, se concreta en las razones o motivos que invoca el demandante al formular las pretensiones de la demanda. De acuerdo con la doctrina, estas razones “(…) surgen de los hechos de la demanda, por cuanto del análisis de ellos es como se puede saber si en verdad existe o no identidad de causa”(8).

33. Finalmente, la identidad jurídica de partes implica que quienes actúan como demandante y demandado en el proceso anterior deben actuar de la misma forma en el nuevo proceso, lo cual no significa que deba tratarse exactamente de las mismas personas, pues la identidad es jurídica y no física. Al respecto dice el profesor López Blanco(9):

No se debe confundir la identidad de partes con la identidad de personas; si bien es cierto que el requisito se configura claramente cuando los integrantes de las partes en el nuevo proceso son las mismas personas que intervinieron en el anterior, puede ser que haya cambio físico de personas mas no alteración de la parte, como sucede cuando en el nuevo proceso intervienen los sucesores mortis causa o los causahabientes de las personas que figuraron en el primer proceso, que derivan su derecho de un acto entre vivos “celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro en los demás casos” (art. 332, num. 2°).

34. En el caso concreto, consideró el Tribunal que existía identidad de objeto, causa y personas entre el proceso adelantado con el radicado 2006-01128 –el cual terminó con auto del 11 de julio de 2011 que aprobó el desistimiento de la demanda e hizo tránsito a cosa juzgada (fls. 651-652, c. 4)– y el sub lite.

35. En cuanto a la identidad de personas, de conformidad con la demanda incoada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (fls. 467-496, c. 3), no hay duda alguna de que, como en el presente proceso, allí fungieron como demandantes los señores Maximiliano Duque Rengifo, María Mercedes Rengifo de Duque y María Pía Duque Rengifo; también allí obró como demandado el municipio de Neiva.

36. En cuanto a la identidad de objeto, es preciso señalar que en la demanda presentada el 19 de diciembre de 2006 se presentaron las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Se decrete la nulidad de los siguientes Actos Administrativos contenidos en el proceso de cobro coactivo que el municipio de Neiva cursa en contra de: Maximiliano Duque Rengifo, María Mercedes Rengifo de Duque, María Pía Duque Rengifo y Juan Pablo Duque Rengifo por concepto de la contribución de valorización, dichos actos son:

1. Oficio de fecha 20 de Septiembre de 2006, expedido por la Secretaría de Hacienda - oficina de ejecuciones fiscales del municipio de Neiva, a través del cual se denegaron las excepciones propuestas por la parte demandada.

2. Resolución 021 del 13 de julio de 2000, expedido por el Instituto Municipal de Valorización - Alcaldía Municipal de Neiva, la cual contiene la contribución de valorización.

3. Título ejecutivo Nº de fecha 10 de noviembre de 2003, expedido por la Secretaría de Hacienda del municipio de Neiva en donde se constituye una obligación pendiente de pago por concepto de pago del contribución de la valorización a favor del municipio de Neiva y en contra de mis poderdantes.

4. AUTO DE MANDAMIEO (sic) DE PAGO DE FECHA 4 de diciembre de 2005.

5. Resolución Nº 878 Del 14 De Diciembre De 2005, expedida por la Secretaría de Hacienda del municipio de Neiva, por medio del cual se denegó la solicitud de decaimiento del acto administrativo Nº 021 del 13 de julio de 2000.

6. Resolución 879 del 14 de diciembre de 2005, expedida por la Secretaría de Hacienda del municipio de Neiva, por medio del cual se denegaron las excepciones propuestas por mi poderdante.

7. Resolución 0856 del 13 de julio de 2006, expedida por la Secretaría de Hacienda del municipio de Neiva, a través de la cual se denegó el Recurso de Reconsideración interpuesto contra las resoluciones 878 y 879 del 14 de diciembre de 2005.

8. Oficio de fecha 23 de octubre de 2006, expedido por la Secretaría de Hacienda – oficina de ejecuciones fiscales del municipio de Neiva, a través del cual se contesta la petición fechada el 4 de octubre de 2006, según la cual quedan resultas las excepciones conforme lo indicado en las resoluciones 879 y 878 del 14 de diciembre de 2005.

9. Demás actuaciones surtidas en el proceso de cobro coactivo seguido por el municipio de Neiva en contra de mis poderdantes.

Pretensiones subsidiarias

Sírvase honorables magistrados, ordenar en sentencia definitiva las siguientes pretensiones subsidiarias, las cuales afectan todos los actos administrativos proferidos en el cobro coactivo por violación al debido proceso y al derecho de la defensa como se expondrá en el curso de esta demanda:

PRIMERA: Sírvase decretar la nulidad del título ejecutivo sin número de fecha 10 de noviembre de 2003, expedido por la Secretaría de Hacienda del municipio de Neiva en donde se constituye una obligación pendiente de pago por concepto de pago de la contribución de la valorización a favor del municipio de Neiva y en contra de mis poderdantes, por no haber sido notificado en debida forma conforme lo preceptúa el estatuto tributario Nacional.

SEGUNDA: Sírvase decretar la nulidad del auto de mandamiento de pago de fecha 3 de diciembre de 2005, proferido en el proceso de cobro coactivo en contra de mis poderdantes, por encontrarse indebidamente notificado como lo preceptúa el estatuto tributario nacional y prescrita la acción de cobro.

TERCERA: Sírvase honorables magistrados ordenar la prescripción de la acción de cobro por parte del municipio de Neiva de la contribución de valorización, en razón a que la misma se encuentra prescrita ya que el auto de mandamiento de pago fue proferido posteriormente de haber transcurrido 5 años después de haberse proferido el gravamen de valorización.

CUARTA: Como consecuencia del punto anterior, se orden al municipio de Neiva, dejar sin efectos el cobro coactivo de la contribución que recae sobre el inmueble ubicado en la Carrera 5 Nº 18-23 Sur de la ciudad de Neiva, por concepto de contribución de valorización por la ineficacia del cobro de la contribución en contra de mis poderdantes, ya que a través del fenómeno de la prescripción se extingue la obligación.

QUINTA: Que como consecuencia se ordene el levantamiento de las medidas cautelares que existen registradas en contra de mis poderdantes por parte del municipio de Neiva.

SEXTA: Se ordene por su despacho la reparación de los perjuicios causados a mis poderdantes, a través del incidente respectivo.

37. Tras comparar las pretensiones propuestas en uno y en otro proceso, advierte la Sala que es cierto que en el proceso iniciado en 2006 se pretendió la nulidad de diversos actos administrativos, peticiones que no se realizaron en sede del medio de control de reparación directa. Sin embargo, contrario a lo que entendió el recurrente, eso no significa que automáticamente se incumpla el requisito de la identidad de objeto.

38. Efectivamente, bien puede suceder que a pesar de que la acción de reaparición directa se haya presentado con el fin aparente de que se declare que una acción u omisión de la administración causó un daño antijurídico, un análisis más profundo revele que lo que verdaderamente se pretende es desconocer la presunción de legalidad del acto administrativo y pedir la reparación de los perjuicios que éste produjo. Así pues, más que realizar un estudio formal del asunto, al juez contencioso le corresponde establecer el propósito material o el petitum del libelo incoado por los usuarios de la administración de justicia.

39. En el presente caso, una lectura atenta de las pretensiones revela que la intención de los señores Maximiliano Duque Rengifo y otros al presentar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no era otra que la de enervar la solicitud de cobro coactivo que adelantaba la administración municipal de Neiva, ante el no pago de la contribución de valorización correspondiente al predio ubicado en la Carrera 5 # 18-23 Sur de Neiva.

40. Las pretensiones de la acción de reparación directa incoada, por su parte, tienen la finalidad de que el municipio de Neiva responda por el daño antijurídico que le fue causado al realizar la dación del predio señalado en el párrafo anterior, puesto que, en su opinión, los actores fueron inducidos a error para acceder a realizar tal pago.

41. Así, en cuanto a la causa que se demanda, es evidente que existe una diferencia fundamental entre uno y otro, que, para la Sala, da pie a considerar que no se configuró el fenómeno de la cosa juzgada alegada por el municipio de Neiva: mientras que el propósito del primero proceso es estudiar la legalidad del cobro coactivo, en el sub lite se pretende obtener una reparación por la dación en pago realizada, que se juzga ilegal. Ciertamente, este hecho que no podía ser el objeto del proceso anterior, por cuanto no había sucedido aún para cuando se presentó la demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

42. En cuanto a la identidad de causa, no hay duda de que varias de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se fundan ambos procesos son similares, específicamente se encuentra el mismo antecedente de la existencia de una obligación tributaria y de un proceso administrativo de cobro coactivo para hacerla valer. Asimismo, son idénticos algunos de los argumentos de los que se hace uso en ambos casos, en especial en lo relativo a la no notificación del proceso de cobro coactivo y la prescripción de la acción.

43. Sin embargo, la coincidencia no es total sino parcial: ciertamente, como ya se dijo, en el proceso de reparación directa se discuten múltiples hechos acaecidos con posterioridad a la presentación de la demanda del 2006, especialmente aquellos relativos a la dación en pago del inmueble; en el mismo sentido, en el proceso de nulidad y restablecimiento de derecho se anuncian múltiples hechos relativos al trámite detallado del proceso de cobro coactivo, a los que no se hace referencia en la demanda que ahora ocupa a la Sala.

44. Así, la comprobada ausencia de identidad de causa y objeto es motivo suficiente para concluir que no le asiste razón al Tribunal Administrativo del Huila cuando señala que se configura en este caso el fenómeno jurídico de la cosa juzgada. Por tal motivo, se modificará la decisión en lo que a este punto atañe.

45. Tampoco se avizora acertada la declaratoria de probada de la excepción de inepta demanda. En efecto, de conformidad con el escrito incoado por el municipio de Neiva, la inepta demanda fue alegada como una excepción de mérito y aunque el magistrado bien podía de forma oficiosa estudiar su configuración, lo cierto es que debía cumplir con cierta carga argumentativa para explicar cuáles son los motivos que fundamentan la decisión adoptada, labor que omitió en el caso concreto.

46. Adicionalmente, debe advertirse que la indebida escogencia de la acción –que es en lo que fundó el municipio de Neiva su alegato– no constituye un asunto que pueda dar pie a terminar el proceso, como lo entendió el a quo. Efectivamente, en el sistema de oralidad implementado por la Ley 1437 de 2011, al verificarse la escogencia errónea del medio de control empleado, le corresponde al juez proceder a adecuar la demanda a la vía de acceso a la administración de justicia correspondiente, al admitirla: En ese sentido, ha dicho esta corporación lo siguiente(10):

Ahora, si bien las referidas normas señalan los casos en que cada medio es admisible para la consecución de los fines perseguidos por el sujeto activo de un proceso judicial, el artículo 171 de la Ley 1437 de 2011 dispuso que:

El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada (…).

De lo anterior se concluye que es deber del operador judicial instruir todos los procesos en que la demanda reúna los requisitos previstos en la ley, sin que le sea permitido rechazar de plano o abstenerse de tramitar el asunto cuando el demandante lo inicie en uso de una vía procesal errada, caso en el cual le corresponde inadmitir con el fin de se ajuste a las exigencias procesales del mecanismo idóneo, salvo que esta haya caducado(11).

47. Por esa causa, también se modificará la decisión del auto adoptado en la audiencia previa, en cuanto a que declaró probada la excepción antedicha.

48. De otra parte, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

49. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial. La caducidad ha sido entendida como la extinción de la posibilidad de formular una pretensión por el transcurso del tiempo previamente fijado por la ley en forma objetiva.

50. Para la caducidad de las demandas incoadas en ejercicio del medio de control de reparación directa, de conformidad con el literal (i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, se estableció un término de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

51. De otra parte, para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el literal (d) de la norma ibídem, se previó un término de cuatro meses, que originalmente deben contabilizarse a partir del día siguiente de la notificación, ejecución, comunicación o publicación del acto administrativo definitivo atacado.

52. Así pues, dado que para estas vía de acceso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el legislador previó términos diferentes, resulta preciso establecer cuál fue el que debió ejercerse en el caso concreto, para así saber cuál de los dos periodos es el que debe ser aplicado a fin de determinar la caducidad de la acción.

53. En este punto, debe advertirse que comoquiera que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo reguló de forma íntegra lo relativo a cada uno de los medios de control, se debe deducir que la escogencia de estos no resulta discrecional al actor, sino que depende del origen del daño y la finalidad pretendida. Respecto de la procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el artículo 138 ibídem estableció que:

Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.

54. Por su parte, en relación al medio de reparación directa, el artículo 140 señaló:

En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño.

55. Así las cosas, el medio de control de nulidad y restablecimiento se encuentra instituido para los eventos en que se discuta la legalidad del acto administrativo y se pretenda el restablecimiento de los derechos afectados con su expedición. A su paso, la reparación directa procede para el resarcimiento de los daños causados por hechos, omisiones, operaciones administrativas y ocupaciones temporales o permanentes. Al respecto, en la sentencia del 7 de junio de 2007, se dijo(12):

Por otra parte, como reiteradamente lo ha sostenido la Sala, es necesario establecer cuál es el origen del daño que se alega, para determinar así mismo, cuál es la acción correcta; puesto que si aquel procede o se deriva directamente de un acto administrativo que se considera ilegal, éste deberá demandarse en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A.; pero si el daño proviene del incumplimiento de una obligación contractual, o del proferimiento de actos administrativos contractuales, o, en fin, de una relación contractual existente entre el afectado y la entidad estatal, las reclamaciones que pretendan efectuarse con fundamento en la misma, deberán encauzarse por la vía de la acción relativa a controversias contractuales, contemplada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo.

Pero si el daño proviene, como dice el artículo 86, de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa, la acción procedente será la de reparación directa.

56. Pese a lo anterior, la jurisprudencia ha admitido de manera excepcional la procedencia de la acción de reparación directa cuando el hecho generador del daño es un acto administrativo, pero respecto del cual no se enjuicia su legalidad(13).

57. En el caso concreto, considera la Sala que, en realidad, la fuente del daño que alegan los señores Maximiliano Duque Rengifo y otros, como ya se ha dicho, no es otro que la dación en pago de un bien inmueble denominado La Ladrillera, de su propiedad, a la administración municipal, que consideran ilegal por haberse producido bajo la inducción en error y por no contar con los requisitos legales establecidos para el efecto.

58. Pues bien, ese daño está contenido en un acto administrativo, la Resolución 1339 de 24 de junio de 2011, “[p]or medio de la cual se resuelve una solicitud de Dación en Pago”, cuyo numeral primero resolvió: “[r]ecibir en DACIÓN EN PAGO compensando el valor total del avalúo mencinado con el valor que registra en mora el predio identificado con cédula catastral Nº 01060010046000 por concepto de contribución a valorización por la vigencia fiscal 2004 predios que se registran de propiedad de los señores Maximiliano Duque Rengifo (…), María Mercedes Rengifo Duque (…) y María Pía Duque Rengifo (…) decisión fundamentada conforme a la parte considerativa de esta resolución, artículo 607, del estatuto tributario municipal”.

59. Ciertamente, fue allí que culminó el trámite administrativo adelantado por cuenta de la solicitud incoada el 29 de abril de 2011 por los demandantes, con el fin de que se aceptara el pago de la contribución debida, mediante la figura de la dación en pago (fls. 65, c. 1). La falla que se le imputan a la administración en la sentencia, correspondiente a la inducción en error a los demandantes para que pagaran la obligación, a pesar de encontrarse prescrita, allí se concretó.

60. Efectivamente, nótese como la expedición de la factura de valorización se expidió el 14 de junio de 2011, cuando ya se había incoado la solicitud de dación en pago, de forma que constituye un acto administrativo preparatorio proferido en el marco del procedimiento administrativo adelantado precisamente para ese fin. De modo que la presunta información brindada al actor en junio de 2011, que fue la que lo indujo error, no constituye una acción aislada de la administración, sino que se adoptó en el marco del procedimiento que concluyó con la expedición de la referida resolución.

61. Igualmente, se tiene que la presunta indebida notificación del acto que ordenó el cobro coactivo constituye, en últimas, una vulneración al debido proceso de los actores que, como se aduce en la demanda, debió ser tenida en cuenta por la administración a la hora de aceptar la dación en pago. De esta suerte, es evidente que se traduce en un defecto del acto administrativo que debió ser demandado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

62. Los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación son, si se quiere, más dicientes en cuanto a que se está atacando el acto administrativo propiamente dicho. En efecto, el yerro que allí se aduce respecto de la imposibilidad de compensar una obligación natural, como el cobro de la contribución, evidentemente está contenido en la resolución adoptada por el municipio de Neiva, como lo está también la presunta vulneración del principio de moralidad administrativa que se alega(14).

63. Ahora bien, para efectos de sostener la escogencia del medio de control de reparación directa, la parte actora insiste en señalar que el daño deriva de una operación administrativa compleja, que en los términos del artículo 140 ya citado, constituye uno de los casos que deben ser tramitados por esa vía.

64. Sin embargo, la Sala advierte que se equivoca el actor al confundir, por un lado, las actuaciones administrativas adoptadas durante el trámite del proceso administrativo y que culminan con la expedición del mismo, con la operación administrativa propiamente dicha, que corresponde a la ejecución del acto administrativo definitivo, y que solo puede ser demandada en eventos excepcionales por la vía del medio de control de reparación directa, cuando allí se excede el mandato contenido en la manifestación de voluntad de la administración pública. Al respecto, se ha dicho(15):

En cuanto a la operación administrativa, debe advertirse que, por regla general, esta no es susceptible de ser controlada por vía judicial a través de la acción de reparación directa cuando se limita al recto y llano cumplimiento del acto administrativo; en tal caso, es éste el que debe ser objeto de cuestionamiento a través de la acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho. Sobre el particular, el Consejo de Estado se ha pronunciado así:

La operación administrativa es comprensiva de las medidas de ejecución de una o varias decisiones administrativas, sin que aquellas puedan considerarse desligadas de éstas, ni en su legalidad ni en sus alcances o contenidos. Pero es claro, se repite, que cuando el perjuicio nace de la ilegalidad de la decisión administrativa (acto administrativo) y su ejecución no hace sino acatarla, la acción deberá ser de restablecimiento; cuando el daño proviene de la irregular ejecución de un acto que no se cuestiona en su legalidad, la acción será de reparación directa y deberá centrarse su cuestionamiento en los actos materiales de ejecución de la decisión administrativa, pero sin omitir en esa evaluación el alcance de dicha decisión, por ser, en definitiva, la que delimita los poderes de ejecución de la administración; como será de reparación directa también cuando el acto, en sí, no es ilegal pero es la fuente del perjuicio por implicar rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas. La responsabilidad por la operación administrativa, concebida ésta como el conjunto de actuaciones cumplida dentro de un procedimiento administrativo dado que culmina irregularmente o no culmina, no es nueva en la jurisprudencia de la Sala(16).

En ese entendido, puede establecerse que tratándose de operaciones administrativas, la acción de reparación directa solo es procedente en los casos en los que esta, en sí misma considerada, es la fuente del daño, lo que ocurre cuando (i) excede el contenido del acto administrativo; (ii) causa de forma culposa o dolosa un daño no relacionado con éste; (iii) da cumplimiento al acto administrativo cuando este aún no ha cobrado firmeza; o (iv) cuando éste no es oponible a su destinatario, por no haber sido debidamente notificado.

65. Por su parte, todas las demás actuaciones desempeñadas durante y con ocasión del procedimiento administrativo sólo pueden ser demandados cuestionando el acto administrativo definitivo que contribuyeron a formar, a través del medio de control de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho.

66. En el presente asunto, es evidente que la parte actora no ataca la operación administrativa por virtud del cual se dio cumplimiento al a resolución que admitió la dación en pago del inmueble que antaño era de su propiedad, esto es, el acto físico de la escritura pública y el registro del inmueble. Por el contrario, los yerros que plantea como constitutivos de una falla de servicio, son todos ellos asuntos que competen a la resolución misma o al trámite administrativo que culminó con su expedición, de suerte que deben ser exhibidos ante la administración por la vía prevista en el artículo 138 del CPACA.

67. Así las cosas, debe concluirse que el término de caducidad exigible es el de cuatro meses que deben contarse a partir de la notificación, comunicación o ejecución del acto administrativo respectivo. Pues bien, la Resolución 1339 de 24 de junio de 2011 fue notificada el mismo día al señor Maximiliano Duque Rengifo, según constancia que obra a folio 69 del cuaderno 1, sin que haya ninguna evidencia de que en contra de la misma se hayan ejercido los recursos de ley.

68. En este orden de ideas, se tiene que el término de caducidad del medio de control transcurrió entre el 25 de junio de 2011 y el 25 de octubre de esa anualidad; no obstante, la demanda se presentó el 21 de febrero de 2014, cuando ya se encontraba caducado el medio de control.

69. De acuerdo con lo anterior, se modificará el auto adoptado en audiencia del 24 de agosto de 2017 por el Tribunal Administrativo del Huila, en el sentido de declarar no probadas las excepciones de cosa juzgada e ineptitud sustantiva de la demanda y confirmar la orden de declarar probada la excepción de caducidad propuesta por el municipio de Neiva, pero por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

MODIFICAR el auto adoptado en la audiencia inicial del auto adoptado en audiencia inicial del 24 de agosto de 2017, por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, que quedará así:

1. DECLARAR no probadas las excepciones de inepta demanda y cosa juzgada propuestas por el municipio de Neiva.

2. DECLARAR probada la excepción de caducidad propuesta por el municipio de Neiva. En consecuencia, ORDENAR la terminación del proceso.

3. En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente de la Sala—Stella Conto Díaz Del CastilloDanilo Rojas Betancourth.

1 Corte Constitucional, Sentencia C-522 de 4 de agosto de 2009, Exp. D-7580, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.

2 Artículo 66 de la Ley 446 de 1998: “El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo”.

3 Artículo 342 del Código de Procedimiento Civil: “(…) El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada. El auto que acepte el desistimiento producirá los mismos efectos de aquella sentencia. (…)”.

4 Corte Constitucional, Sentencia C-622 de 14 de agosto de 2007, Exp. D-6668, M. P. Rodrigo Escobar Gil.

5 [7] “Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 9 de mayo de 1952. Gaceta Judicial, t. LXXII, pág. 86”.

6 [8] “López Blanco Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Tomo I, Bogotá. Dupré, 2005. Pág. 644”.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 12 de diciembre de 2005, Exp. 2004-02148-01(AP), C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

8 López Blanco, Hernán Fabio, “Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Tomo I”, Bogotá. Dupré, 2005, p. 648.

9 López Blanco, Op. Cit., p. 646.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 7 de junio de 2017, Exp. 2016-00395 (57540), C. P. Danilo Rojas Betancourth.

11 [5] “Artículo 169 CPACA: ‘Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos: 1. Cuando hubiere operado la caducidad. 2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida. 3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial’”.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de junio de 2007, Exp. 1996-06022.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp. 1997-03613, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2016, exp. 2003-01466-01(42300), C. P. Ramiro Pazos Guerrero. (16474), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

14 Yerros que, por lo demás, no fueron puestos de presente en el escrito introductorio y que, por ende, no pueden agregarse en otras instancias procesales.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 12 de octubre de 2017, Exp. 1998-00844 (26837), C. P. Danilo Rojas Betancourth.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de agosto de 1995, Exp. 7095, C. P. Carlos Betancur Jaramillo.