Auto 2014-00117 de agosto 24 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero Ponente:

Oswaldo Giraldo López

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

Rad.: 47001 23 33 000 2014 00117 01

Accionante: José Julián Díaz Durán

Accionados: Nación – Ministerio de Transporte – Dirección Territorial Magdalena.

Ref.: No está legitimado por activa el demandante que actúa en representación de una hipotética empresa, cuya pretensión es la nulidad y el restablecimiento del derecho de unos actos administrativos proferidos en el trámite de licitación y adjudicación de un horario en una ruta de transporte terrestre de pasajeros, si dicha hipotética empresa no fue parte ni intervino en la actuación administrativa que culminó con la adjudicación del horario.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor José Julián Díaz Durán en su calidad de peticionario de la “Autorización Previa de Constitución de la hipotética empresa de TRANSPORTES CIE-SAM S.A.”, en contra del auto proferido el día 12 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio del cual se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta en contra del Ministerio de Transporte – Dirección Territorial Magdalena(1).

I. ANTECEDENTES

1.1. Sostiene el demandante que solicitó concepto previo de constitución de la hipotética empresa de Transportes CIE-SAM S.A ante la Dirección Territorial Magdalena del Ministerio de Transporte, cuyo objeto era participar en la licitación para la adjudicación del horario en la ruta de transporte terrestre de pasajeros Santa Marta – Ciénaga (Departamento del Magdalena)(2).

1.2. Afirmó que, no obstante la solicitud, la Dirección Territorial Magdalena adelantó el concurso sin su participación.

1.3. Por lo anterior, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones números 0025 del 9 de mayo de 2012(3), 0046 del 8 de agosto de 2012(4), 0059 del 1º de octubre de 2012(5), 000115 del 21 de enero de 2013(6), 0046 del 9 de agosto de 2013(7) y 0062 del 16 de octubre de 2013(8).

II. LA DECISIÓN RECURRIDA

1.4. El Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de auto calendado el 12 de mayo de 2014, resolvió:

“1. Rechazar la demanda presentada por el señor JOSE JULIAN DIAZ DURAN contra la DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL MAGDALENA – por la ocurrencia del fenómeno jurídico de la caducidad. 

2. Devuélvanse los anexos sin necesidad de desglose y archívese el expediente”(9).  

1.5. El razonamiento del tribunal frente a los actos administrativos demandados fue el siguiente:

1.5.1. Sostuvo que la Resolución Nº 0025 del 9 de mayo de 2012 es un acto de trámite y, por tanto, no susceptible de control judicial(10); sin embargo, advirtió que “en gracia de discusión”, en todo caso, operó el fenómeno de la caducidad de conformidad con lo establecido en el literal c), numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011(11).

1.5.2. Frente a la Resolución Nº 0046 del 8 de agosto de 2012, mediante la cual se adjudicó la ruta Santa Marta – Ciénaga, señaló que “la Hipotética empresa TRANSPORTES CIE – SAM S.A; representada por el demandante, no tiene calidad de tercero afectado, en razón a que no hizo parte del proceso licitatorio”.

1.5.3. En referencia a las resoluciones Nº 0059 del 1º de octubre de 2012 y Nº 000115 del 21 de enero de 2013, destacó que, al tratarse de actos administrativos de carácter particular, en los que se resolvieron los recursos de reposición y apelación formulados por algunas empresas de transporte que participaron en la licitación, el señor José Julián Díaz Durán también carecía de legitimación en la causa para demandar su nulidad.

1.5.4. En cuanto a la Resolución Nº 0046 del 9 de agosto de 2013, indicó que se trataba de un acto de evaluación (pre-contractual), frente al cual, el demandante carece de legitimación en la causa, toda vez que no hizo parte del proceso licitatorio Nº 2012-247-001. Así mismo, consideró “en gracia de discusión”, que no se agotó el requisito de procedibilidad de acuerdo al artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1.5.5. Finalmente, respecto a la Resolución Nº 0062 del 16 de octubre de 2013, por la cual se negó la revocatoria directa de las resoluciones Nos. 0025 del 09 de mayo de 2012 y 0046 del 8 de agosto de 2012, indicó que, de acuerdo al artículo 96 de la Ley 1437 de 2011, “Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo [...]”.

2.3. De conformidad con lo anterior, concluyó el tribunal(12):

Teniendo en cuenta lo estudiado, concluye la Sala que el extremo activo de la Litis no está legitimado para pretender la nulidad de las resoluciones del petitum demandatorio, (sic) ahora bien en gracia de discusión, igualmente se observa que en el sub- lite ha operado el fenómeno de la caducidad toda vez que las resoluciones Nº 0025 del 9 de mayo de 2012, por la cual se ordena la apertura de la licitación pública Nº 2012-247-001 y Nº 0046 del 8 de agosto de 2012, por la cual se adjudican unos horarios en la ruta Santa Marta a Ciénaga y viceversa, se fija capacidad transportadora, se niegan unas propuestas en la modalidad de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, al ser consideradas actos pre-contractuales o separables debieron ser demandables (sic) dentro del término de 4 meses contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso”. (Negrilla de la Sala)

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

3.1. El demandante formuló recurso de apelación en contra del auto que rechazó la demanda argumentando que el término de caducidad empezó a correr desde el día 5 de septiembre de 2013 (día en que quedó ejecutoriada la Resolución Nº 0046 de 2013), por lo que el cómputo de los cuatro (4) meses venció el día 6 de enero de 2014, pero que, al coincidir dicho término con el periodo de vacancia judicial, aquel se extendió hasta el día 13 de enero del mismo año(13). No obstante lo anterior, indicó que el día 7 de enero de 2014 presentó solicitud de conciliación extrajudicial, por lo que se interrumpió el término de caducidad hasta el día 7 de abril de 2014, cuando fue presentada la demanda(14).

En cuanto a la falta de legitimación por activa, señaló que desde el momento en que solicitó la revocatoria directa de la Resolución Nº 0025 del 9 de mayo de 2012, mediante la cual se ordenó la apertura de la licitación, adquirió la calidad de tercero interviniente, condición que lo legitima para demandar la nulidad de los actos administrativos cuestionados(15).

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. Competencia.

En virtud de lo previsto en el artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el numeral 1º del artículo 243 del mismo estatuto, corresponde a la Sala de la Sección Primera resolver el asunto de la referencia.

4.2. Análisis de la Sala.

En atención a los antecedentes referidos y al contenido del recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si está legitimado por activa el demandante que actúa en representación de una hipotética empresa, cuya pretensión es que se declare la nulidad y el restablecimiento del derecho de unos actos administrativos proferidos en el trámite de licitación y adjudicación de un horario en una ruta de transporte terrestre de pasajeros, si dicha hipotética empresa no fue parte ni intervino en la actuación administrativa que culminó con la adjudicación del horario.

Para resolver el anterior cuestionamiento la Sala considera pertinente, primero, aludir al régimen aplicable a la actuación administrativa y al trámite judicial que nos ocupa, para luego definir la legitimación en la causa por activa respecto de los actos administrativos censurados.

4.2.1. Normativa procesal aplicable.

La Sala observa que la actuación administrativa inició en vigencia del Código Contencioso Administrativo, razón por la cual los reparos en relación con dicho trámite deberán ser controlados a la luz de esa normativa; en tanto que, en lo que hace al trámite de impugnación judicial de los actos administrativos demandados, tendrá que seguirse el procedimiento previsto en la Ley 1437 de 2011, en cumplimiento de lo dispuesto en su artículo 308:

ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.  

Este código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.  

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

4.2.2. Legitimación en la causa por activa.

4.2.2.1. El artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispuso que “toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño [...]”, por lo que de su tenor literal se desprende que la legitimación en la causa por activa deviene de que el demandante se considere lesionado en un derecho subjetivo amparado por el ordenamiento jurídico.

4.2.2.2. En desarrollo de lo anterior, la jurisprudencia ha previsto que debe demostrarse un interés directo por parte de la persona que aduce tal lesión en su derecho subjetivo, así como lo observó esta Sección en providencia dictada el día 7 de diciembre de 2017(16):

“A su turno, el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece con claridad que la legitimación en la causa por activa del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se predica para cualquier persona que se considere lesionada, de manera directa, en sus derechos subjetivos con el acto administrativo demandado; es decir, no solamente está legitimado el destinatario del acto sino también cualquier persona que se considere afectada de manera directa con la decisión. 

En efecto la mencionada norma dispone: 

ART. 138.—Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior [...]’ (Negrillas de la Sala). 

De conformidad con la norma trascrita, la Sala considera que resulta procedente que un sujeto diferente al destinatario del acto administrativo particular demande su legalidad, puesto que, se reitera, la legitimación en la causa por activa está dada para cualquier persona que se crea lesionada de manera directa en un derecho subjetivo por el acto que se acusa de ilegal, sin importar que no haya sido su destinatario; verbigracia, la autoridad administrativa competente otorga una licencia de construcción a una persona, caso en el cual los respectivos vecinos están legitimados en la causa por activa para demandar dicha decisión si consideran que el otorgamiento de esa licencia es contraria al ordenamiento jurídico y les causa un daño, aun cuando estos vecinos no son los destinatarios del acto. 

Esta corporación ha reconocido que está legitimado por activa para demandar por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho(17) cualquier persona que se crea lesionada de manera directa por el acto demandado, en los siguientes términos(18):

(...)  

La ley enseña que “toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente’ (art. 85 ibídem). 

De dicha disposición se deducen varias situaciones: 

Que cualquier persona que se “crea lesionada en un derecho amparado por una norma jurídica” está legitimada, por activa, para pedir la nulidad de un acto particular.  

Que la nulidad de ese acto se obtiene cuando se demuestre violación a alguna de las normas indicadas en la demanda como quebrantadas.  

Que la pretensión consecuencial, de restablecimiento u otra, prosperará cuando se establezcan el daño antijurídico sufrido por el demandante y el nexo de causalidad de aquel con el acto declarado nulo.  

Como puede verse, la legitimación activa en la acción de “nulidad y de restablecimiento del derecho” aparece en la persona por el sólo hecho de creerse lesionada y la nulidad del acto se obtiene sólo cuando se demuestre el quebrantamiento por éste de las normas superiores que se indicaron, en la demanda, como transgredidas. 

Teniendo en cuenta lo anterior se deduce que el actor está legitimado por activa”. (Destaca la Sala). 

En ese sentido, para que haya legitimación en la causa por activa es necesario que la decisión atacada tenga una repercusión directa y negativa sobre los derechos del demandante, al margen de que el acto contenga el reconocimiento de un derecho en favor de un tercero, es decir, que la legitimación por activa está ligada a que el acto administrativo haya producido efectos jurídicos directos sobre la persona que promueve la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Es importante resaltar que el interés del demandante debe ser directo, porque en caso contrario, si el interés es indirecto, no tendría legitimación en la causa por activa para impetrar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho”. (Negrilla de la Sala).

4.2.2.3. En el caso concreto, la providencia recurrida resolvió rechazar la demanda acudiendo a la “ocurrencia del fenómeno de la caducidad”; sin embargo, de su fundamentación salta a la vista que el aspecto jurídico que tuvo en consideración el tribunal se centró en la falta de legitimación en la causa por activa ante la ausencia de un interés directo por parte del señor José Julián Díaz Durán para solicitar la nulidad de los actos administrativos demandados. De tal manera que, si el tribunal advirtió la falta de legitimación en la causa del demandante, resultaba irrelevante detenerse a analizar la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; al respecto ha sostenido la Sala(19):

“En el sub lite, la demanda se promueve por el señor Jaime Parra Uribe, a través de apodero judicial, en calidad de propietario de vehículos de servicio público colectivo de transporte de pasajeros vinculados a la sociedad Transporte Lolaya Ltda., circunstancia que en modo alguno lo faculta para ejercer la presente acción respecto de los actos administrativos objeto de controversia, pues, como se dijo antes, dichos actos son de naturaleza particular y concreta, y en razón a que sus efectos se radican en cabeza de la referida sociedad, es ella la única legitimada para actuar como parte demandante en este proceso. [...] Así las cosas, al advertirse que la parte actora carece de legitimación para incoar la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el análisis sobre la ocurrencia de la caducidad de la misma, se torna irrelevante, razón por la cual la Sala procederá a confirmar el auto apelado pero con fundamento en los argumentos previamente expuestos, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído”. (Negrilla de la Sala).

4.2.2.4. Vistas así las cosas, la Sala no evidencia que al demandante le asista legitimación en la causa para pretender la nulidad de los actos administrativos demandados en el sub examine, toda vez que, de una parte, es claro que no participó en el procedimiento de adjudicación de la ruta Santa Marta – Ciénaga, y de otra, el hecho de que tuviera la intención de constituir la “hipotética empresa de transporte CIE-SAM S.A.”, no habilita al demandante para formular la presente demanda, por cuanto es evidente que un proyecto de constitución de una empresa no genera derechos, y menos para exigirle a la administración que se abstenga de adelantar los procesos que le corresponda, por lo que no se evidencia que el demandante tenga un interés directo ni se desprende de los actos administrativos que se haya vulnerado algún derecho subjetivo amparado en norma jurídica alguna a su favor.

4.2.2.5. Por otro lado, tampoco le asiste razón al recurrente cuando afirma que, por el hecho de haber solicitado la revocatoria directa de la Resolución Nº 0025 del 9 de mayo de 2012, haya adquirido la calidad de tercero interviniente, y que por ello se encuentre legitimado para demandar la nulidad de los actos administrativos cuestionados, toda vez que tal intervención no tiene la entidad suficiente para activar el requisito de legitimación en tanto que persiste la falta de interés para acudir ante la jurisdicción; o en otras palabras, la solicitud de revocatoria no le otorga la vocación para reclamar la titularidad de un derecho otorgado por la ley por las razones explicadas con anterioridad.

Al respecto, debe tenerse en consideración, además, que la Resolución Nº 0062 del 16 de octubre de 2013, mediante la cual se negó la revocatoria directa de las resoluciones Nos. 0025 de 2012 y 0046 del mismo año, no es objeto de impugnación ante esta jurisdicción, toda vez que esta corporación ha estimado que la decisión que niega una revocación no tiene control alguno. En este sentido, en providencia del 10 de mayo de 2018, se dispuso lo siguiente(20):

“Al respecto [...] la decisión que niega una revocación no tiene control alguno, atendiendo lo estatuido en el artículo 96 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el sentido de que ni la petición ni la decisión que recaiga sobre la solicitud de revocatoria revivirán los términos legales para demandar el acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo. [...] [O]bserva la Sala que la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Santander no advirtió que el acto demandado, esto es, el acto por medio del cual se resolvió la solicitud de revocatoria directa de los actos de registro no era susceptible de censura ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En efecto, para la Sala no era procedente demandar la Resolución Nº 7 de 26 de marzo de 2015, expedida por el jefe del departamento de registros de la Cámara de Comercio de Barranquilla, como quiera que a través de ella se resolvió una solicitud de revocatoria directa, y sobre estos actos, tanto el Consejo de Estado, como la Corte Constitucional, se han pronunciado diciendo que no cabe censura alguna ante la jurisdicción, toda vez que se trata de un procedimiento específico del cual goza la administración para controlar sus propios actos, que no posibilita el ejercicio de ninguna acción contemplada en el Código Contencioso Administrativo, ya que de ser así se estarían reviviendo los términos para ejercer las acciones legales”. (Negrilla fuera del texto).

4.2.2.6. Finalmente, es necesario puntualizar en que la legitimación en la causa por activa es un requerimiento de orden sustancial, que aparece de manera previa a la interposición de la demanda y por ende, se trata de un requisito de procedibilidad en tanto que es necesaria para que la administración de justicia pueda conocer del reclamo incoado.

En tal orden, resulta altamente aplicable el discernimiento que sobre el punto esgrimió la Sala en oportunidad reciente al indicar que, aun cuando no es una causal de rechazo de la demanda, de encontrarse acreditada, según lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lleva a la terminación del proceso, es decir, produce la misma consecuencia jurídica:

“Ahora, la Sala en reiterados pronunciamientos(21) ha precisado que si bien es cierto que dentro de las causales de rechazo de la demanda previstas en el artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no se encuentra la de la falta de legitimación de la causa por activa, no lo es menos que de acuerdo con lo previsto en el numeral 6 del artículo 180 ibidem, si prospera como dicha causal en la audiencia inicial debe darse por terminado el proceso, lo que significa que constituye un presupuesto de procedibilidad de la acción, que de no cumplirse, indefectiblemente debe conducir al rechazo de la demanda para evitar un desgaste de la jurisdicción. 

Al estar acreditada la falta de legitimación en la causa por activa es procedente confirmar el auto apelado y se hace innecesario entrar a estudiar el fenómeno de la caducidad”(22). 

Esta Sala también ha sostenido que, con fundamento en el principio de economía procesal, es procedente el aludido rechazo cuando se evidencie que el proceso terminará por no cumplir con el requisito de legitimación por activa(23):

“Cabe resaltar que la falta de legitimación en la causa por activa sí constituye causal de rechazo no obstante no estar enlistada como tal. En efecto, conforme al numeral 6° del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la audiencia inicial debe resolverse la excepción previa fundamentada en dicha causal y de prosperar da lugar a la terminación del proceso. Por esta razón, la Sala ha considerado en otras oportunidades(24) que por economía procesal debe rechazarse la demanda en la cual se carezca de tal legitimación para evitar adelantar una audiencia inicial en la cual deba darse por terminado el proceso”.

Por lo anterior, la Sala confirmará el auto del 12 de mayo de 2014 proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena por falta de legitimación en la causa por activa de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE

1. CONFIRMAR el auto proferido el día 12 de mayo de 2014 proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena pero por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

2. Ejecutoriada esta providencia DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

Consejeros: Hernando Sánchez Sánchez, Presidente—María Elizabeth García González—Roberto Augusto Serrato Valdés—Oswaldo Giraldo López.

1 Fl. 454, cdno. de apelación.

2 Fl. 3, cdno. principal.

3 “Por la cual se ordena la apertura de la licitación pública Nº 2012-247-001”.

4 “Por la cual se adjudican unos horarios en la ruta SANTA MARTA - CIÉNAGA Y VICEVERSA, se fija capacidad transportadora, se niegan unas propuestas en la modalidad de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera”.

5 “Por la cual se deciden los recursos de reposición interpuestos por los representantes legales de las Empresas Cooperativa Santandereana de Transportadores Ltda. Copetran y Cooperativa Especializada de Transportadores Torcoroma, contra la Resolución Nº 0046 de agosto de (sic) 08 de 2012”.

6 “Por la cual se deciden los recursos de apelación interpuestos por las empresas COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES LIMITADA – COPETRAN- y COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES TORCOROMA, contra la Resolución Nº 0046 del 8 de agosto de 2012, proferida por la Dirección Territorial Magdalena”.

7 “Por la cual se evalúa lo concerniente a la ruta Santa Marta – Ciénaga según lo ordenado por medio de la Resolución Nº 00115 del 21 de Enero de 2013 de la dirección de transporte y tránsito del Ministerio de Transporte”.

8 “Por la cual se niega la revocatoria directa de las resoluciones 0025 del 09 de mayo de 2012 y 0046 del 8 de agosto de 2012 invocada por el representante provisional de la hipotética Empresa de Transportes CIE-SAM S.A”

9 Fl. 454.

10 Fl. 449V°, cdno. de apelación.

11 “ART. 164.—La demanda deberá ser presentada:

(...) 

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: 

(...) 

c) Cuando se pretenda la nulidad o la nulidad y el restablecimiento del derecho de los actos previos a la celebración del contrato, el término será de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso”.

12 Fl. 453, cdno. de apelación.

13 Fl. 459.

14 Fl. 459.

15 Fl. 462.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 7 de diciembre de 2017, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Nº de radicación: 05001-23-33-000-2013-00652-01.

17 A pesar de que la providencia citada se refiere a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 Código Contencioso Administrativo (D.L. 01/84), sus consideraciones son aplicable al caso concreto dado que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contenido en el artículo 137 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L. 1437/2011) tiene similar contenido y alcance.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez, providencia de 18 de octubre de 2000, Rad. 12663.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 27 de abril de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Nº de radicación: 08001-23-31-000-2011-00480-01.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 10 de mayo de 2018, CP. Oswaldo Giraldo López, Nº de radicación: 08001-23-33-000-2015-00785-01.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, autos de 2 de febrero de 2012 (Nº único de radicación 20110038801); 26 de julio de 2012 (Nº único de radicación 20110050501); 28 de agosto de 2014 (Nº único de radicación 20110042302); 27 de julio de 2017 (Nº único de radicación (25000234120160090401); y 20 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González (Nº único de radicación 25000234100020160137901).

22 Consejo de Estado. Sección Primera. Auto del 16 de agosto de 2018, proferido en el proceso número 25000-23-41-000-2017-01882-01, M.P. María Elizabeth García González.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 20 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, Nº de radicación: 25000-23-41-000-2016-01379-01.

24 Providencia de 2 de febrero de 2012 (Exp. 2011-00388-01, C.P. María Elizabeth García González). Criterio reiterado, entre otros, en proveídos de 26 de julio de ese año (Exp. 2011-00505-01) y 28 de agosto de 2014 (2011-00423-02).