Auto 2014-00128/53391 de septiembre 20 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Exp.: 53391

Rad.: 730012333000201400128 01

Actora: Edilma Barragán Moreno y otra

Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otro

Ref.: Medio de control de reparación directa

Bogotá D.C., veinte de septiembre de dos mil diecisiete

Extractos: «Consideraciones

I. Competencia

6. Esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación presentado de conformidad con el numeral 6 del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(4).

7. De igual forma, se advierte que el despacho es competente para decidir el presente asunto de acuerdo con lo señalado por el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, por tratarse del auto a través del cual el Tribunal Administrativo del Tolima negó la solicitud del llamamiento en garantía presentada por uno de los demandados, providencia que es apelable de conformidad con lo establecido en el artículo 226 ibídem.

II. Problema jurídico

8. Le corresponde al despacho determinar si dentro del sub examine es procedente la solicitud del llamamiento en garantía que fue propuesta por la parte demandada Agencia Nacional de Infraestructura. Para cuyo efecto deberá establecerse si esta puede admitirse respecto de quien ya ha sido accionado dentro del litigio.

III. Análisis del despacho

9. El llamamiento en garantía es una figura procesal que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual que vincula a la parte dentro de un proceso determinado (llamante) y a una persona ajena al mismo (llamado), permitiéndole al primero traer a este como tercero, para que intervenga dentro de la causa; con el propósito de exigirle que concurra frente a la indemnización del perjuicio que eventualmente puede llegar a quedar a cargo del llamador a causa de la sentencia. Se trata pues de una relación de carácter sustancial que ata al tercero con la parte principal, en virtud de la cual aquél debe responder por la obligación que surja en el marco de una eventual condena en contra del Ilamante.

10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(5) en materia del llamamiento en garantía dentro de los procesos adelantados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, le corresponde a la parte interesada cumplir con una serie de requisitos mínimos para efectos de que prospere su solicitud. En efecto, tal norma señala que le corresponde a la parte Ilamante mencionar en el escrito de su solicitud: la identificación del llamado, la información de domicilio y de notificación tanto del convocante como del citado, y los hechos en que se fundamenta el llamamiento(6).

11. Adicionalmente, existe la carga de aportar prueba, si quiera sumaria, de la existencia del vínculo legal o contractual que da lugar al derecho para formular el llamamiento en garantía. Es decir, es indispensable, además del cumplimiento de los requisitos formales, que el Ilamante allegue prueba del nexo jurídico en que apoya la vinculación del tercero al proceso, dado que su inclusión en la litis, implica la extensión de los efectos de la sentencia judicial al convocado, causándole eventualmente una posible afectación patrimonial(7).

12. Ahora bien, en cuanto a la oportunidad procesal para solicitar el llamamiento en garantía, el artículo 172 del C.P.A.C.A. establece que del escrito de la demanda se correrá traslado a la parte actora, al Ministerio Público y a los sujetos que según el libelo introductorio o las actuaciones acusadas tengan interés directo en el resultado del proceso por el término de treinta (30) días, plazo que comenzará a correr de conformidad con lo previsto en los artículos 199 y 200 ibídem, y dentro del cual se deberá contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía y, en su caso, presentar demanda de reconvención.

13. Por su parte, el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 de la Ley 1564 de 2012, establece que:

El auto admisorio de la demanda y el mandamiento de pago contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones propias del Estado se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso, y al Ministerio Público, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de este código.

De esta misma forma se deberá notificar el auto admisorio de la demanda a los particulares inscritos en el registro mercantil en la dirección electrónica por ellos dispuesta para recibir notificaciones judiciales.

El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia de la providencia a notificar y de la demanda.

Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda Por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El secretario hará constar este hecho en el expediente.

En este evento, las copias de la demanda y de sus anexos quedarán en la secretaría a disposición del notificado y el traslado o los términos que conceda el auto notificado, sólo comenzarán a correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación. Deberá remitirse de manera inmediata y a través del servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, sin perjuicio de las copias que deban quedar en el expediente a su disposición de conformidad con lo establecido en este inciso (...).

14. En el presente caso, el Tribunal de primera instancia consideró en la providencia impugnada que la naturaleza propia del llamamiento en garantía era la vinculación de un tercero al proceso, por lo cual resultaba impertinente y contrario a la lógica que quién ya había sido demandado dentro de la litis fuera nuevamente traído al proceso. Por lo tanto, dado que la entidad llamada fue accionada dentro de la causa, la solicitud en cuestión no se encontraba llamada a prosperar.

15. Por otro lado, en el escrito de impugnación se sostuvo que el llamamiento en garantía solicitado resultaba procedente comoquiera que existía una relación contractual entre la solicitante y la parte llamada, que habilitaba dicha figura de vinculación. Al mismo tiempo señaló que por el hecho de que esta última ya estuviera vinculada a la litis como demandada no impedía su comparecencia concomitante como llamada en garantía, dado que no era excluyente. Lo anterior, con fundamento en un precedente judicial proferido por esta Corporación en el que se discurrió en dicho sentido.

16. Advierte entonces el despacho que dentro de la presente oportunidad se discute si es posible llamar en garantía a quien ha sido demandado dentro de la misma causa en la cual se pretende su vinculación, lo cual desde luego, se encuentra inescindiblemente ligado al objeto de la controversia dentro de la que dicha institución busca ser aplicada.

17. Así las cosas, es fundamental referir que en principio, la figura .del llamamiento en garantía, por la naturaleza que le es propia, solo es procedente respecto de quienes en general son ajenos al proceso pero que se encuentran relacionados legal o contractualmente con una de las partes demandadas. Por ello, at ser una figura de vinculación de terceros, su suerte dentro de depende necesariamente de lo que ocurra con la parte en litigio pues se entrará a-evaluada obligación primero de responder por la eventual condena sí y solo sí, el extremo pasivo resulta condenado.

18. Luego, existiendo una condena contra la parte demandada en cuestión, y dependiendo de la modalidad del llamamiento en garantía por medio del cual se vinculó al tercero, esto es, por un contrato o por disposición legal, se deberá determinar si se cumplen los presupuestos para determinar la obligación —en todo o en parte—, que en principio habría correspondido a la parte en litigio.

19. Lo anterior no quiere decir que en ciertos eventos, aun cuando la parte hubiere sido demandada, se encuentra indemne frente a un llamamiento en garantía dentro de la misma causa, pues, dependiendo de la naturaleza del objeto en litigio las circunstancias que lo enmarcan, podrían eventualmente concurrir ambas posiciones lo que depende, más que de la premisa abstracta derivada de la posibilidad de su vinculación, de la conexión de la conducta o posición de quien siendo demandado es Ilamado también en garantía respecto de hechos de la demanda, el daño y la relación contractual o legal entre la parte y el Ilamado.

20. De hecho, conviene referir que en la actualidad, no resulta extraordinario que una parte ya demandada pueda ostentar la calidad concomitante de llamada en garantía. En efecto, el actual estatuto procesal general, establece al respecto lo siguiente:

Artículo 64. Llamamiento en garantía. Quien afirmé tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.

(...)

Artículo 66. Trámite. Si el juez halla procedente el llamamiento, ordenará notificar personalmente al convocado y correrle traslado del escrito por el término de la demanda inicial. Si la notificación no se logra dentro de los seis (6) meses siguientes, el llamamiento será ineficaz. La misma regla se aplicará en el caso contemplado en el inciso segundo del artículo anterior.

El llamado en garantía podrá contestar en un solo escrito la demanda y el llamamiento, y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.

En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial aducida, y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo del llamado en garantía.

Parágrafo. No será necesario notificar personalmente el auto que admite el llamamiento cuando el llamado actúe en el proceso como parte o como representante de alguna de las partes (se resalta).

21. Así, si bien es cierto que esta Corporación ha discurrido en el sentido de referir que es posible llamar en garantía al demandado, hay que poner en contexto la circunstancia fáctica en la que dicha vinculación se produjo en aras de determinar si un precedente específico resulta aplicable al caso en el cual es alegado.

22. Por ejemplo, en el caso referido por la parte recurrente se tiene que el llamamiento en garantía fue promovido en el marco de un proceso de reparación directa en el que la demanda se interpuso tanto en contra del llamado en garantía como también de la entidad frente a la cual fue adelantada la solicitud de vinculación de tercero, en los términos que a continuación se referencian(8).

(...) Ahora bien, como en el caso bajo estudio el tribunal negó el llamamiento en garantía de la Nación—Ministerio de Defensa—Ejército Nacional, con fundamento en que se trata de una parte que ya fue vinculada al juicio en calidad de demandada, la Sala estima que antes de verificar si la solicitud de llamamiento se ajusta a derecho, es preciso determinar si la circunstancia de que el citado Ministerio ya sea parte demandada dentro de este proceso impide que se le tenga como llamado en garantía.

Para despejar ese interrogante, la Sala(9) retorna los argumentos expuestos en un asunto similar al de la referencia, en el que señaló que sí es posible que en un mismo proceso una parte tenga en forma simultánea la condición de demandado y llamado en garantía. En efecto, en dicha providencia se indicó que, independiente de que una entidad ya tenga dentro del proceso la calidad de demandada, nada impide que en el mismo asuma también la condición de llamada en garantía, habida cuenta que las situaciones de demandado y llamado, por derivar de distintas fuentes, deben someterse también a diferentes enfoques de juzgamiento.

Sobre este aspecto en particular la Sala(10) ya se había pronunciado en el sentido de que si contra el demandado existe prueba —legal o contractual— que dé lugar a vincularlo también colmo llamado en garantía, nada obstaría para que una y otra relaciones sustanciales: demandado y llamado en garantía, sean resueltas; por el juez de conocimiento en una misma providencia. En esa oportunidad precisó:

“La Sala estima que, aun siendo ambos demandados, si existiera prueba de un derecho —legal o contractual— del Banco de la República a exigirle al Popular el reembolso del monto al que resultare condenado, nada obstaría para que el primero llamara en garantía al segundo, con el fin de que el juez decidiera, en la misma sentencia, esa otra relación sustancial entre llamado y llamante, diferente e independiente de la que habría entre cada uno de ellos —en su calidad de demandados—”.

En ese contexto, al ser procedente que el Ministerio de Defensa -Ejército Nacional, pueda ser llamado en garantía por Promigas S.A., es del caso verificar si existe alguna relación de orden legal o contractual que haga viable la petición en ese sentido.

Con ese propósito, la Sala observa que el Ilamamiento en garantía que se ha formulado contra la Nación — Ministerio de Defensa — Ejército Nacional tiene su fundamento en los artículos 90 de la Constitución Política y 1602 y ss. del Código Civil.

De las normas en cita, la Sala advierte que las relativas al Código Civil se refieren a las obligaciones que se derivan de los contratos, entre otros aspectos a su celebración, interpretación, ejecución y cumplimiento, pero curiosamente, la sociedad Ilamante no demostró que las mismas resulten aplicables por razón de la existencia o celebración de algún contrato que ate a dichas partes, razón por la que no hay lugar a realizar un examen probatorio ;para establecer esa eventual relación contractual que abra paso al llamamiento en garantía del Ministerio de Defensa — Ejército Nacional.

De otra parte, si el llamamiento pretende fundarse en la existencia de una eventual responsabilidad solidaria entre llamante y llamada, en relación con el daño por el cual se demanda indemnización, la Sala reitera que tal figura no constituye fuente del Ilamamiento, para lo cual se remite a lo expuesto en providencia de 25 de septiembre de 1997, en la que se indicó:

“Ante todo, la Sala sostiene que la solidaridad nace con la condena, antes no se ha declarado la existencia de la responsabilidad y por ende no está debidamente determinada la estructura de la obligación indemnizatoria, ni en cuanto a su objeto y contenido mucho menos en cuanto a los sujetos del vínculo obligatorio. De otra parte, en tanto no se demande la declaración de responsabilidad frente a los varios coautores del daño, la solidaridad no podrá declararse, pues dicha calidad de las obligaciones supone pluralidad de sujetos bien por activa o por pasiva y para ellos es necesario que la víctima vincule a los varios autores del daño. Así las cosas, para que la solidaridad tenga ocurrencia y se obtenga su declaración en la providencia judicial, .se reclama que los varios coautores del daño sean demandados simultáneamente, y a ese resultado se llega, exclusivamente, por la iniciativa del demandante, único titular de la acción en contra de los varios responsables.

En este orden de ideas, se tiene que en punto de los sujetos de la obligación solidaria cuya fuente es el daño antijurídico causado por varios coautores, lo serán, de un lado la víctima reclamante, acreedora de la obligación indemnizatoria y del otro, los varios coautores demandados, obligados solidariamente frente a aquella. El art. 2.344 del C. C. no otorga entonces, derecho al “coautor” demandado de vincular a los terceros no demandados, por la vía del llamamiento, toda vez que la titularidad de la pretensión indemnizatoria, está radicada en la víctima.”(11)

En las condiciones descritas, el auto apelado debe confirmarse.

23. De lo anterior se desprenden dos elementos fundamentales para efectos del presente caso: i) la posibilidad de que quien ha sido demandado en un litigio sea llamado en garantía por otra parte también accionada, debe desprender necesariamente de fuentes diferentes a las que los relacionan respecto a un mismo daño un objeto en litigio. Así, no puede ser vinculado como tercero, una de las partes a quien se le imputa en conjunto o en parte, un .perjuicio en el marco reparación directa solicitud. Y en consecuencia la solidaridad —responsabilidad solidaria de las entidades estatales— no puede ser una de las fuentes que dé sustento al llamamiento en garantía, pues la primera figura no se acompasa con la naturaleza, características y fines de la segunda.

24. Esto cobra total sentido en tanto la utilización del llamamiento en virtud de la eventual solidaridad de dos demandadas por un mismo daño, resultaría redundante. No solo porque ambas, al ya estar vinculadas al proceso para el estudio de sus respectivas responsabilidades, no tendrían por qué ser nuevamente traídas a la litis para responder también por el caso de la eventual condena de su coparte, pues el operador jurídico determinará el grado o alcance de cada una en el mismo escenario procesal ya habiendo sido accionadas. Pero además, si la solidaridad fuere la fuente del llamamiento, ambas partes podrían llamarse en garantía de forma recíproca, por lo que dicha institución se tornaría en inocua.

25. Así pues, como acertadamente lo sostuvo el Tribunal, no resulta ajustado a las reglas de la lógica ni a la finalidad misma de la institución en cuestión el establecer la posibilidad de vincular como tercero a un proceso en el que esa persona ya fue demandada por un mismo hecho, daño y nexo de causalidad.

26. Ahora bien, ante la anterior paradoja, en eventos como el presente caso resulta imprescindible determinar la conexión entre el objeto en litigio y la solicitud de vinculación de terceros promovida, lo que permitiría evaluar que la figura del llamamiento en garantía no resulta ni impertinente, redundante, ni inocua.

27. Lo anterior, cobra vital importancia en el caso concreto del llamamiento en garantía bajo la modalidad contractual, de acuerdo con la cual, la identificación de las partes en el vínculo que le sirve de sustento no puede ser ignorada como presupuesto previo a la circunstancia de la demanda. Esto quiere decir que, antes de que ambas partes demandadas puedan ser consideradas de manera vinculante respecto a un daño demandado en reparación directa, debe verificarse que entre ellas exista una relación contractual previa relacionada con un daño diferente a aquél por el cual ambas han sido demandadas en un mismo proceso.

28. Por lo anterior, conviene resaltar que en el presente asunto la demanda fue adelantada para efectos de lograr un resarcimiento de perjuicios por una presunta ocupación permanente acaecida sobre el bien inmueble del que son propietarias las actoras, a causa de la realización de obras públicas a cargo de la sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A. —supra párr. 1—. Adicionalmente, se tiene dentro del fundamento fáctico de la demanda, lo siguiente:

Las demandantes son propietarias en común y proindiviso con otros hermanos, de la finca denominada El Rodeo ubicada en comprensión de la jurisdicción municipal de Melgar-Tolima.

Esa finca jamás ha sido desmembrada o segregada u objeto de venta parcial alguna a persona que se conozca por parte de alguno de los miembros de esa familia.

La entidad nacional INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura, inició obras el día 11 de septiembre de 2008 junto con las empresas Carlos Collins y Compañía y la Concesionaria Girardot Bogotá S.A., sobre los predios comprendidos en la alinderación oficial de la finca El Rodeo, habiendo interesado en la ocupación y ejecución de la misma para la construcción y adecuación de la doble calzada Bogotá-lbagué (...) (se resalta).

Sobre parte de este predio aparecieron unos títulos al parecer falsos o apócrifos donde aparentemente existe una parte del predio identificado como finca Samarkanda, de propiedad de un señor de nombre (...).

Estudiada la presunta tradición sobre ese predio por el INCO, encontró que a estas personas debió pagárseles las indemnizaciones y/o precio del predio que supuestamente interesaba la obra pública para desarrollar el contrato de concesión.

(...)

No obstante, la cantidad de requerimientos, derechos de petición, solicitudes, tutelas, realizadas por parte de las propietarias al INCO hoy ANI, la constructora Collins y Cía. y la concesionaria Girardot-Bogotá, no pagaron indemnización a las legítimas propietarias del bien o de los predios, tampoco comprado o negociado válidamente el valor de los predios y por tanto se han visto diezmados o dañados en su patrimonio y altamente perjudicados por la ocupación permanente que han padecido hasta la fecha sobre sus predios.

El predio o finca el rodeo comporta una tradición legítima de titulación, desde el día 5 de septiembre de 1887 con la escritura pública n.° (...) estando en la actualidad la posesión en cabeza de la familia Barragán Moreno.

La familia Barragán Moreno ha realizado un avalúa técnico de los daños ocasionados y los ha evaluado en la suma, de (...). Suma estimativa del valor de los perjuicios materiales sufridos sin contar con su actualización si tenemos en cuenta la corrección monetaria que este dinero hubiese podido producir desde la fecha en que debió recibirse y la de la sentencia que ponga fin al proceso.

Desde la sentencia de fecha septiembre 11 de 19971proferida por el Juzgado 1 Civil del Circuito de Melgar, se definió que dicho predio Samarkanda no existe físicamente, que fue fusionado de nombre con unos folios de matrícula inmobiliaria que no se sabe con base en qué otro folio originario se haya abierto, que apareció ficticiamente.

Pueda que hayan realizado el correspondiente estudio de títulos para proceder a pagar la indemnización o el precio del predio afectado, pero lo hicieron mal y de adrede por que la familia Barragán siempre estuvo presente en las reclamaciones administrativas, haciendo notar al INCO, que esos terrenos eran de ellos y no de otros, 'presentando además todas las pruebas documentales para ese efecto.

Aunque el contrato de concesión empezó en el año 2004, las obras sobre los predios de la finca El Rodeo empezaron a ejecutarse en el mes de septiembre de 2008, manteniéndose dicha ocupación hasta la fecha en virtud a que existen tramos de esta finca ocupados que aún no han sido terminados satisfactoriamente por la concesión, tal y como se acredita con las pruebas documentales que se aportan y las declaraciones de las personas que les consta este hecho(12).

29. De la anterior información se desprende una serie de hechos que pueden llegar a relacionarse con un mismo daño o serie de perjuicios que responderían —eventualmente— a responsabilidades diferenciadas de las entidades demandadas. Lo cual debe ser tenido en cuenta al momento de evaluar la procedencia del Ilamamiento en garantía conforme a las prevenciones hechas en precedencia.

30. Así, se tiene que la imputación del daño a una y otra entidad se refiere a diferentes cosas, una, a un aparente defectuoso funcionamiento de la A.N.I. en materia de la determinación de los datos de los predios que podrían haberse visto afectados por la ejecución de la obra pública en cuestión. Pero al mismo tiempo, Se demandan los perjuicios derivados de la ocupación en el desarrollo die la concesión, lo cual claramente le fue endilgado, no solo a la A.N.I. sino también a la sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A., en cuya virtud, se deberá determinar en el curso del proceso, el grado de responsabilidad de una y otra respecto a lo promovido en la litis.

31. Así, entiende el despacho que el llamamiento en garantía promovido por la A.N.I. respecto de la sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A. se relaciona con esa parte de la responsabilidad que fue endilgada en su contra, lo cual, solo puede ser establecido una vez agotadas las etapas conducentes para la emisión del fallo en la instancia correspondiente. En este caso, si en el evento en que el operador jurídico determinara un grado de responsabilidad de la entidad estatal aludida, bien podría ocurrir que, al existir un derecho contractual de esta con otra persona jurídica —independientemente de que ya hubiere sido demandada—, se podrá estudiar, a la luz de dicho vinculo, la posibilidad de exigir a esta última que concurra a cubrir la condena en cuestión.

32. Al respecto, la Sección Cuarta de esta Corporación ha discurrido recientemente de la siguiente manera(13):

Hatovial SAS afirmó que es procedente el llamado en garantía al Departamento de Antioquía con base en la expresión “otro” contenida en el artículo 64 del CGP. Sin embargo, dicha norma no es aplicable en los procesos ordinarios conocidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo porque existe una regulación especial en artículo 225 del CPACA, que en su inciso primero permite hacer el llamamiento en garantía sólo frente a terceros. Aunque es cierto que, en las providencias invocadas por el recurrente, la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió el llamamiento en garantía entre demandados, eso no corresponde propiamente a la figura de llamamiento en garantía sino a una demanda de coparte, figura cuya finalidad es distinta, lo que hace que no se traten de precedentes vinculantes. Entonces, no es procedente que Hatovial SAS convoque al Departamento de Antioquía como garante porque no se trata de un tercero al proceso sino del demandado. De otro lado, el consorcio recurrente señaló que sólo mediante el llamamiento en garantía del Departamento de Antioquía se habilita al juez para que, en caso de existir una condena solidaria, resuelva de antemano los conflictos surgidos entre ellos.

Es necesario poner de presente que, según el artículo 225 del CPACA, el llamamiento en garantía tiene como objetivo que el llamado reembolse total o parcialmente el pago de la condena. Así las cosas, no es necesario realizar un nuevo llamado en garantía porque con el primero el juez está, habilitado para examinar la relación sustancial existente entre garante y garantizado. De no ser así, podrían darse casos en los que llamante y llamado se convocaran mutuamente de forma indefinida, paralizando el proceso en detrimento del principio de economía procesal y el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva.

33. Por lo anterior, contrario a lo discurrido por el Tribunal, el despacho considera que para el presente caso, por las circunstancias concretas de la demanda y la relación de las partes en litigio -entre sí y respecto a los daños alegados-, la figura del llamamiento en garantía no resulta redundante ni inocuo. En consecuencia, se procederá a la determinación de si existe efectivamente un vínculo contractual que le dé fundamento a la solicitud promovida.

34. Obra dentro del plenario el contrato de concesión nº GG-040- 2004 “para el diseño, la construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto vial Bosa-Granada-Girardot celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones —INCO— y Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A.”(14), del que se extrae, entre otra, la siguiente información:

(...)

Cláusula 2. Objeto del contrato

El objeto del presente contrato, es el otorgamiento al Concesionario de una Concesión para que de conformidad con lb previsto en el artículo 32, numeral 4, de la Ley 80 de 1993 y erija Ley 105 del mismo año, realice por su cuenta y riesgo, entre otros, los estudios y diseños definitivos, la adquisición de predios, la ejecución de las obras de construcción y rehabilitación, la operación y el mantenimiento de dichas obras, la financiación, la prestación de servicios y el uso de los bienes de propiedad del INCO dados en concesión, para la cabal ejecución del proyecto vial “Bosa-Granada-Girardot”, bajo el control y vigilancia del INCO y adelante los diseños para una ciclo ruta en el trayecto 2, en el trayecto 3, en el trayecto 6, en el trayecto 7, y en el trayecto 10.

El INCO concede por medio de este contrato al concesionario el uso y la explotación del proyecto vial “Bosa-Granada-Girardot” por el tiempo de ejecución del contrato, para que sea destinado al servicio público de transporte, a cambio de la remuneración a que se refiere la Cláusula 16 siguiente.

El concesionario realizará todas aquellas actividades necesarias para la adecuada y oportuna prestación del servicio y el correcto funcionamiento del proyecto vial, permitiendo la estabilidad de la vía, una adecuada movilidad de los usuarios y la continuidad de la prestación de servicio, manteniendo la seguridad vial, la comodidad y la integración con el entorno, cumpliendo para ello con los requisitos mínimos establecidos en el presente contrato y sus apéndices y siempre bajo control y vigilancia del INCO.

(…)

Cláusula 5. Término de ejecución

El término de ejecución del presente contrato se ha estimado en dieciséis (16) años contados a partir de la suscripción del acta de inicio de la ejecución. La ejecución del contrato estará dividida en tres etapas, tal y como se describe en la Cláusula 7 de este contrato.

Sin embargo, el plazo real de ejecución del contrato corresponderá al que transcurra entre la suscripción del acta de inicio de la ejecución y la fecha efectiva de terminación del contrato. El término real de la ejecución del presente contrato se reducirá en los casos en que se presente la terminación anticipada del mismo, por la ocurrencia de cualquiera de los eventos a que se refiere la cláusula 50. En ningún caso el término real de la ejecución del presente contrato podrá exceder de veintidós (22) años contados a partir de la suscripción del acta de inicio de ejecución, salvo en caso de suspensión total del contrato de conformidad con la Cláusula 11, o salvo por retardos ocasionados por incumplimientos de las obligaciones a cargo del INCO, casos en los cuales este término se ampliará por término igual al de la suspensión o el incumplimiento, según el caso.

(…)

Obligaciones y riesgos asumidos por las partes

Cláusula 12. Obligaciones del concesionario

El Concesionario será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con lo previsto en este documento, en sus apéndices y en los demás documentos que lo integran. Para tales efectos, el concesionario deberá realizar todas las acciones y a su costa y riesgo, tendientes al cabal cumplimiento de este contrato y en particular tendrá a su cargo incluyendo, pero sin limitarse, las siguientes obligaciones, además de las contenidas en las normas constitucionales, legales o reglamentarias aplicables, en otras cláusulas del presente contrato o en los documentos que lo integran y las que se desprendan de su naturaleza:

(...)

12.9. Diseñar, construir, rehabilitar, mantener y operar por su cuenta y riesgo los trayectos que hacen parte del proyecto, en los términos, plazos, calidades y especificaciones previstas en este contrato y sus apéndices y en el pliego y sus anexos.

12.37. Indemnizar a terceros y al INCO por los perjuicios que le sean imputables y que se causen en desarrollo del contrato.

35. Conforme a la anterior información, encuentra el despacho que efectivamente existen elementos suficientes para sustentar un vínculo contractual entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A., que permite a la primera llamar en garantía a la segunda en el evento que existía una condena dentro de la presente causa en razón de la ejecución de la obra encargada a la referida compañía del sector privado. En consecuencia, y a juicio del despacho, el llamamiento requerido es procedente, pues, como quedó visto, la existencia del vínculo sustancial entre la parte demandada y el tercero llamado se encuentra demostrado.

36. En virtud de lo anterior, y comoquiera que el motivo por el cual el Tribunal denegó la solicitud de llamamiento en garantía elevada por la Agencia Nacional de Infraestructura se basó en la improcedencia de esta figura por haber sido promovida contra una de las demandadas y que, como se dijo, para el caso en concreto sí resulta posible dicha forma de vinculación, y que la relación sustancial en cuestión ha quedado debidamente acreditada, se procederá a verificar el cumplimiento del resto de los requisitos exigidos por él artículo 225 del C.P.A.C.A., esto es: la identificación del llamado, la información de domicilio y de notificación tanto del convocante como del citado, y los hechos en que se fundamenta el llamamiento, y la prueba, si quiera sumaria, de la existencia del vínculo legal o contractual que da lugar al derecho para formular el llamamiento en garantía.

37. Revisada la solicitud de llamamiento en garantía realizada por la demandada(15) respecto de la sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A., se encuentra que en esta consta la identificación comercial, representación legal e información de domicilio de la mencionada compañía aseguradora. Igualmente fueron señaladas las direcciones de notificación de Ilamante y llamado, así como los fundamentos de hecho y de derecho que dan sustento a la petición de vinculación del tercero. Por último, el despacho constata, tal y como quedó dicho arriba —supra párr. 34—, que existe prueba documental del vínculo contractual existente entre la accionada y el ente convocado.

38. Así pues, se debe concluir que el llamamiento en garantía realizado por la demandada Agencia Nacional de Infraestructura cumple con todos los requisitos exigidos por el artículo 225 de la Ley 1437 de 2011, así como también obra prueba documental que da cuenta del vínculo contractual —vigente— para la época de los hechos que motivaron la presente cuestión, como fundamento para admitir la solicitud elevada, por lo cual, se procederá a revocar la decisión impugnada y, en su lugar, por cumplir con los requisitos legales, se admitirá la vinculación de la sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A., en los términos del artículo 66 del Código General del Proceso”(16) y demás normas aplicables para efectos de su intervención dentro del presente proceso —concomitante a su calidad de demandada— bajo la figura de llamada en garantía.

En mérito de lo expuesto, se

Resuelve

1. Revocar el numeral 3 del auto del 25 de noviembre de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, en virtud las consideraciones expuestas en la presente providencia.

2. En su lugar, admitir la solicitud presentada por la Agencia Nacional de Infraestructura el 1 de agosto de 2014 y, en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 66 del C.G.P., se vincula al proceso como llamada en garantía a la sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S1A., mediante la notificación del presente auto.

3. En firme esta providencia, Devolver el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase».

4. El despacho encuentra que el presente asunto tiene vocación de doble instancia comoquiera que la cuantía de la demanda presentada corresponde a la suma de $ 5 597 935 438 (f. 162, c. 1), la cual resulta mayor a los 500 S.M.L.M.V. exigidos para el medio de control de reparación directa promovido en el año 2014 ($ 308 000 000).

5. “Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación (...)”.

6. Según dicho artículo: “(...) [e]l escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos: 1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso. 2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito. 3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen. 4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales”.

7. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección C, sentencia del 8 de junio de 2011, rad. 18.901 C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

8. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto 24 de enero de 2007, exp. 31015, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

9. [1] Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 10 de febrero 2005, exp. No. 23442.

10. [2] Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 17 de julio de 2003, exp. No 22786.

11. [3] Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia 11.514 de 25 de septiembre de 1997. La posición adoptada en este sentido fue reiterada por la Sala en providencia de 30 de marzo de 2006, expediente No. 30980.

12. Visible a fls. 192 a 209 del cdno 1.

13. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto del 23 de marzo de2017, exp. 22862, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

14. Obrante a fl. 242 del cdno 1.

15. Que obra entre fls. 59 al 62, del cdno de llamamiento en garantía.

16. “Si el juez halla procedente el llamamiento, ordenará notificar personalmente al convocado y correrle traslado del escrito por el término de la demanda inicial. Si la notificación no se logra dentro de los seis (6) meses siguientes, el llamamiento será ineficaz. La misma regla se aplicará en el caso contemplado en el inciso segundo del artículo anterior. II El llamado en garantía podrá contestar en un solo escrito la demanda y el llamamiento, y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. II En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial aducida y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo del llamado en garantía. II Parágrafo. No será necesario notificar personalmente el auto que admite el llamamiento cuando el llamado actúe en el proceso como parte o como representante de alguna de las partes”.