Auto 2014-00130 de agosto 30 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Exp.: 11001032800020140013000

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Demandantes: Waldir Cáceres Cuero, Pablo Bustos García, Carlos Mario Isaza Serrano y Nisson Alfredo Vahos Pérez

Demandado: Edgardo José Maya Villazón (Contralor General de la República).

Electoral de única instancia.

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Bogotá D.C, treinta de agosto de dos mil dieciséis.

Auto que resuelve solicitud de selección por importancia jurídica

Resuelve la Sala plena de lo contencioso administrativo la solicitud elevada por el demandante Carlos Mario Isaza Serrano para que asuma por importancia jurídica el conocimiento del proceso de la referencia donde se tramita la nulidad electoral del Contralor General de la República Edgardo José Maya Villazón como consecuencia de la violación a asuntos atinentes a sus condiciones subjetivas de elegibilidad y por las supuestas irregularidades en el proceso de conformación de la terna por parte de la Corte Constitucional.

I. Antecedentes

1.1. Los ciudadanos Waldir Cáceres Cuero, Pablo Bustos García, Carlos Mario Isaza Serrano y Nisson Alfredo Vahos Pérez presentaron sendas demandas en ejercicio del medio de control de nulidad electoral contra la elección del ciudadano Edgardo José Maya Villazón, como Contralor General de la República, para el período 2014-2018, realizada el 19 de agosto de 2014 por el Congreso de la República, según consta en la respectiva Acta, obrante en la Gaceta del Congreso Nº 529 de 24 de septiembre de 2014, así:

1.2. El doctor Carlos Mario Isaza Serrano presentó demanda de nulidad electoral (2014-00133) contra el acto de elección y su ratificación, por considerar que desconoció máximas constitucionales legales y reglamentarias en las que debía fundarse. Verbigracia, los principios de igualdad, buena fe, debido proceso, legalidad, imparcialidad, transparencia y moralidad, entre otros.

Lo anterior, por cuanto, a su juicio, el mencionado funcionario (i) fue postulado por la Corte Constitucional, mediando intereses políticos y sin hacer parte del grupo de personas inscritas en la segunda convocatoria —aunque sí de la primera convocatoria, en la cual no alcanzó la mayoría requerida, lo que le significó la exclusión del proceso— surtida en dicha corporación, violando así su propio reglamento, pues para ello apeló a una excepción inaplicable. Igualmente, porque (ii) fue elegido pese a haberse desempeñado como conjuez de ese alto tribunal y del Consejo de Estado dentro del año inmediatamente anterior y (iii) a estar próximo a la edad de retiro forzoso.

Lo propio hizo el doctor Nisson Alfredo Vahos Pérez (201400136), quien coincidió en las razones descritas, a las que añadió fundamentos derivados del Pacto de San José y del Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También, (iv) acusó a la Corte de atender los “guiños” dados por gobierno a la candidatura que finalmente resultó favorecida, lo cual rompió con el equilibrio de poderes (C.P, art. 113). Seguidamente, refirió que (v) de aceptarse la interpretación de dicho colegiado sobre el artículo 77 de su reglamento, a este debe aplicarse la excepción de inconstitucionalidad, pues no le resulta apropiado que, ante al fracaso de la convocatoria, la Corte pueda escoger a su arbitrio.

También presentó demanda el ciudadano Pablo Bustos Sánchez (2014-00129), quien desarrolló cargos similares a los formulados por el demandante Isaza Serrano, pero, además, sostuvo que (vi) la Corte Constitucional, cuando postuló al doctor Maya Villazón, incurrió en el fenómeno conocido como “yo te elijo y tú me eliges”, pues tres de los magistrados que votaron afirmativamente dicho acto, presuntamente, se habían visto favorecidos con nombramientos en la Procuraduría General de la Nación, cuando éste ocupaba la más alta dignidad de ese órgano.

Por su parte, el señor Waldir Cáceres Cuero demandó la referida elección (2014-00130) alegando únicamente la supuesta violación del reglamento de la Corte, en la medida en que el entonces candidato no podía ser tenido en cuenta para una segunda convocatoria, luego de que su candidatura fuera descartada al final de la primera.

1.3. Todas estas demandas fueron admitidas por la sección quinta del Consejo de Estado y, luego de acumuladas al expediente 2014-00130 (dte: Waldir Cáceres Cuero), repartidas por sorteo a quien ahora funge como ponente.

En la audiencia inicial —que se desarrolló en tres sesiones— se saneó el trámite contencioso, se resolvió la excepción previa de caducidad y se fijó el litigio, grosso modo, en torno a los siguientes temas: (i) violación al reglamento de la Corte Constitucional, (ii) incursión en la prohibición del “yo te elijo, tú me eliges”, (iii) inhabilidad por desempeño como conjuez, (iv) aproximación a la edad de retiro forzoso, (v) expedición irregular del acto de postulación, (vi) violación de principios constitucionales y legales, (vii) infracción de las normas en que debía fundarse el acto demandado, (viii) excepción de inconstitucionalidad al reglamento de la Corte y (ix) desconocimiento del principio de legalidad.

Igualmente, en la misma diligencia, se decretaron las pruebas conducentes y pertinentes pedidas por las partes e intervinientes, así como otras que de oficio se estimaron necesarias; se negaron las que no cumplieron con tales exigencias.

Superada la etapa probatoria, la Consejera Ponente, mediante Auto de 2 de febrero de 2016, corrió traslado de las pruebas recaudadas y, vencido este, hizo lo propio para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión, y el Ministerio Público el respectivo concepto, lo cual atendieron, así:

El ciudadano Enrique Beltrán Pardo aportó copia de las actuaciones que surtió ante la Corte Constitucional en el trámite de postulación.

Los apoderados del Senado de la República y del demandado, mediante sendos escritos, por razones similares a las presentadas en las contestaciones de la demanda pidieron que las pretensiones de los accionantes fueran desestimadas.

Los demandantes Pablo Bustos Sánchez y Waldir Cáceres Cuero, por motivos que acompasan con los consignados en sus demandas, insistieron en que debía anularse el acto de elección cuestionado.

El procurador séptimo delegado ante la sección quinta del Consejo de Estado solicitó que se denegaran las pretensiones de las demandas incoadas, de conformidad con las siguientes razones: (i) no hubo violación del reglamento interno de la Corte Constitucional, porque el mismo habilitaba la elección de un procedimiento acordado por los magistrados, ante el fracaso de dos convocatorias; (ii) no hubo favoritismo electoral —“yo te elijo, tú me elijes”—, en razón de la interpretación restringida de la causal de inhabilidad, de que la prohibición resulta aplicable solo a los subalternos y por lo previsto en el artículo 53 de la Ley 270 de 1996; (iii) la función del conjuez es temporal, transitoria y no reúne las condiciones del artículo 123 constitucional; (iv) la proximidad a la edad de retiro forzoso es, a lo sumo, una inhabilidad sobreviniente, pero no una causal de nulidad del acto de elección; (v) la Corte Constitucional aplicó válidamente la interpretación más favorable del reglamento, sin violar principios superiores; (vi) no hay prueba de que el Presidente de la República hubiera impulsado la candidatura del ciudadano Edgardo José Maya Villazón y, en todo caso, su eventual preferencia no afectó la autonomía del Congreso o de la rama judicial en el trámite eleccionario; (vii) cualquier acusación de favorecimiento cae en el campo de la especulación; y (viii) no se debe inaplicar el reglamento de la Corte Constitucional, pues lo que consagra es la posibilidad de que los magistrados lleguen a un acuerdo ante la dificultad en la elección y eso fue lo que se hizo en el asunto de la referencia.

En consecuencia, el proceso se encuentra en etapa para proferir sentencia, en tanto el término para correr traslado de alegaciones finales ha vencido.

II. La solicitud de selección por importancia jurídica.

El 22 de junio de 2015, mediante memorial obrante de folios 475 a 476 del cuaderno principal del radicado 2014-0133, que contiene la demanda de nulidad electoral presentada por el señor Carlos Mario Isaza Serrano, se presentó ante la sección quinta, pero dirigida al entonces presidente del Consejo de Estado doctor Luis Rafael Vergara Quintero, con la siguiente solicitud, la cual se transcribe en aras de dar transparencia al análisis de la petición:

“(…) obrando como demandante dentro del proceso de la referencia, de forma atenta me permito solicitarle, por su intermedio, a Sala plena de lo contencioso administrativo, que asuma el conocimiento del proceso de la referencia donde se debate la legalidad del acto de elección del señor Edgardo Maya Villazón, como Contralor General de la República, de conformidad con los términos del numeral tercero del artículo 111 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA.

Para tal efecto, ruego a usted llevar al seno de dicha Sala, esta petición para que sea ella quien decida si asume o no, la competencia para conocer del aludido proceso para dictar la sentencia que corresponda por la importancia jurídica del tema debatido, que se sustenta en la necesidad de determinar los alcances del inciso octavo del artículo 267 de la Constitución Política, en cuanto se refiere a la inhabilidad para ser elegido Contralor General de la República, por haber ocupado cargo del orden nacional dentro del año inmediatamente anterior a la elección, en este caso, el de conjuez, sobre todo tomando en consideración que las dos últimas elecciones de Contralor General de la República han sido demandadas por esta circunstancia.

Pero también, en la necesidad de darle una respuesta, con algún viso de objetividad, tanto a la opinión pública como a los estamentos de la vida nacional, respecto de todos y cada uno de los cuestionamientos que se formularon contra el acto de postulación que de dicho candidato hizo la Corte Constitucional, en lo tocante con los métodos utilizados para lograrla, por desconocimiento de su propio reglamento.

Adicional a ello, considero que resulta de suma trascendencia para la vida institucional del país, que sea la Sala plena de lo contencioso administrativo, la que resuelva sobre la legalidad o ilegalidad del acto de elección de una autoridad pública del orden nacional, cuando la misma ha estado precedida de una serie de cuestionamientos tanto a una de las corporaciones postulantes como a la corporación electora”.

II. Consideraciones

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente para resolver la solicitud de conocimiento por importancia jurídica, en atención a lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 37 de la Ley 270 de 1996(1) —estatutaria de la justicia—, en el numeral 3º del artículo 111(2) y el artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.(3)

2.2. Presupuestos.

Según lo establecido por el artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala plena de lo contencioso administrativo(4) podrá asumir el conocimiento de un asunto que se encuentre pendiente de fallo, es decir, que haya superado todas las etapas previas: audiencia inicial, audiencia de pruebas —si hay lugar a ella— y la etapa de alegaciones. Esto, con el propósito de dictar una Sentencia de unificación jurisprudencial.

El caso puede estar tramitándose, bien sea en segunda o en única instancia, en las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o en los tribunales administrativos.

Tal iniciativa puede surgir, en principio, de la propia Sala contenciosa en pleno, pero también de las secciones, subsecciones o tribunales en cuyo seno se esté impartiendo el respectivo trámite al asunto. Igualmente, puede pedirlo el Ministerio Público. Aunque también las partes pueden hacer lo propio; empero, cuando la petición provenga de estas, debe contener “… una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia”.

Son, por los menos, cinco eventos en los que el legislador facultó a la corporación para proferir ese tipo de fallos, y están relacionados en el inciso 3º del artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los cuales se traducen en conceptos jurídicos, hasta ahora, indeterminados.

Sobre tal categoría se ha referido esta corporación(5), en el sentido de acoger algunos de los planteamientos que, sobre el particular, han sido esbozados por la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia C-910 de 2012(6), en los siguientes términos:

“Con respecto a los denominados ‘conceptos jurídicos indeterminados’, este tribunal ha afirmado que su admisibilidad debe ser evaluada en cada caso particular, atendiendo a las siguientes pautas: (i) La indeterminación no puede ser examinada en abstracto, sino siempre en el contexto específico en el que se enmarca el respectivo concepto. La razón de ello es que como el derecho no es la simple sumatoria de palabras, sino que está conformada por normas que asumen la forma de reglas o principios, únicamente en función de estas normas se puede definir su legitimidad. Así, por ejemplo, la expresión ‘buenas costumbres’ puede ser admisible en el contexto de un precepto concreto, pero no en otro distinto. (ii) El criterio para establecer la admisibilidad de un concepto indeterminado en un contexto particular es su incidencia e impacto en los principios y derechos constitucionales, de modo que cuando de su utilización se sigue una restricción injustificada de los mismos, se afecta su validez. (iii) Cuando la indeterminación del concepto puede ser superada y disuelta, de modo que a partir de los elementos de juicio que ofrece el propio ordenamiento jurídico se puede identificar y precisar el contenido, sentido y alcance del respectivo precepto, no se configura la inconstitucionalidad”.

Bajo esos parámetros, bien puede decirse que el contorno normativo que delinea los conceptos contenidos en el inciso 3º del artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, acorde con los principios constitucionales que propenden por la búsqueda de los fines sobre los cuales se erige nuestro Estado Social de Derecho y en especial aquellos que gobiernan la administración de justicias, ofrece alternativas que permiten superar la indeterminación de las categorías que hacen parte de la precitada norma, para llevarlas a un espacio de mayor precisión, identificación y concreción, tal y como se evidencia en los subsecuentes epígrafes del presente proveído.

Así, el primero que se enuncia es la importancia jurídica, que ha de entenderse, al menos, como la alta connotación que tiene un asunto dentro del mundo jurídico, en la medida en que es capaz de incidir en él de forma transversal y determinante, bien sea porque toca bienes o instituciones materiales o inmateriales que figuran dentro de la más elevada escala de protección estatal, demanda la construcción de un parámetro de interpretación que resulta necesario para el orden normativo mismo, propugna por un avance significativo en la tradición jurídica nacional o internacional, el constituyente o legislador le han dado esa connotación, o porque el desarrollo jurisprudencial así lo sugiere. También podría expresarse en términos de “… la necesidad que ve la respectiva Sala de abordar un tema que reviste un interés jurídico superlativo dada su novedad, dificultad teórica y/o práctica o impacto sobre el ordenamiento jurídico…”(7).

A renglón seguido, se habla de la trascendencia económica o social. Estas dos características son asimilables a la descrita en el párrafo anterior, pero la gran diferencia, por evidente que parezca, es la órbita que impacta la decisión concerniente al asunto a examinar, en este caso, la económica —en punto a la magnitud de la afectación que pueda recibir el patrimonio público, o el privado, según el caso— o la social —dado el alcance que pudiera tener en el conglomerado social, tanto en términos cuantitativos como cualitativos.

Sobre este particular, conviene indicar que una de las definiciones que el Diccionario de la Real Academia de España atribuye al vocablo trascendencia es la siguiente: “Resultado, consecuencia de índole grave o muy importante”.

Así las cosas, la trascendencia económica o la social están determinadas por un factor subjetivo, en cuanto se refieren a la importancia del resultado, pero claramente objetivable en la medida en que los criterios de priorización no pueden ser otros que los que desprenden de la vigencia del orden constitucional y, principalmente, todos aquellos que, de alguna forma, obstruyen o promueven la realización de los fines del Estado.

Por otro lado, se menciona la necesidad de sentar o unificar jurisprudencia. La primera hipótesis apareja la novedad del asunto a discutir o, por lo menos, la inexistencia de un pronunciamiento previo por parte del órgano de cierre; mientras que la segunda, en cambio, tiene como presupuesto la existencia de pronunciamientos que encierran posiciones divergentes sobre un mismo tema, que ameritan una decisión que zanje las diferencias existentes en aras de dar coherencia a la jurisprudencia y garantizar la igualdad y la seguridad jurídica en las sucesivas decisiones judiciales.

2.3. Caso Concreto.

De acuerdo con la demanda y con el auto admisorio de la misma, dentro del proceso 11001032800020140013300, la Sala evidencia que la parte actora Carlos Mario Isaza Serrano es la misma que eleva la solicitud para que la Sala plena de lo contencioso administrativo asuma el conocimiento del caso por importancia jurídica.

El proceso, en la actualidad, se encuentra al despacho para fallo, y si bien la solicitud se presentó con anterioridad, es ahora cuando la misma debe resolverse, según se explicó en líneas precedentes.

Dicha petición se sustentó en tres pilares fundamentales, a saber:

a) Necesidad de determinar los alcances del inciso octavo del artículo 267 Constitucional Política referente a la inhabilidad por desempeño de empleo público, “tomando en consideración que las dos últimas elecciones de Contralor General de la República han sido demandadas por esta circunstancia”.

b) Necesidad de dar respuesta, con algún viso de objetividad a la opinión pública y a los estamentos de la vida nacional, respecto de los cuestionamientos que se formularon contra la postulación del demandado como candidato realizada por la Corte Constitucional.

c) Suma trascendencia para la vida institucional del país que sea la Sala plena quien resuelva sobre el acto de elección de una autoridad del orden nacional, en atención a que ha estado precedida de una serie de cuestionamientos contra una de las corporaciones postulantes como a la corporación electora.

Acorde con lo explicado en líneas precedentes, las solicitudes incoadas por las partes, para que la Sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado asuma el conocimiento de un asunto que es de competencia de una de sus secciones, debe cumplir con unas exigencia argumentativas encaminadas a demostrar las razones de “… importancia jurídica o trascendencia económica o social o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia”.

Por tal motivo, es bajo ese prisma que deben examinarse los motivos de selección expuestos, con ese propósito, por el memorialista. Y en tal sentido, es menester evaluar si ellos se avienen a alguno de tales criterios establecidos por el legislador.

Pues bien, observados los mismos, la Sala encuentra que, aunque a primera vista puede verse razonada y razonable desde la lógica, lo cierto es que desde el punto de vista teórico-jurídico la importancia jurídica no se ve materializada en el caso concreto.

Es de destacar que el solicitante no explica, frente a ninguno de sus tres argumentos, en qué manera la solución de la controversia electoral será capaz de incidir en el mundo jurídico de forma transversal y determinante, ni cuáles serían los bienes jurídicos eventualmente afectados y mucho menos qué lo sitúa en una alta esfera de protección estatal, pues, aunque algunos de tales aspectos pudieran llegar a ser presumibles, es el petente quien debe aportar los insumos cognoscitivos que permitan arribar a tales conclusiones.

Si argumentos como definir las inhabilidades de quien pretende fungir como contralor general, la objetividad y el nivel del cargo de alto dignatario fueran aceptados como motivos suficientes para imbricar toda una serie de asuntos que se buscaría analizara la Sala plena de lo contencioso administrativo, evidenciaría que todos los procesos contra o frente a los llamados “altos dignatarios del Estado” tuvieran que ser conocidos por el máximo órgano del Consejo de Estado, el cual nunca fue el sentido del legislador porque incluso en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, actual ordenamiento procesal administrativo, cuando se refiere al elemento subjetivo que asigna el conocimiento del asunto a la respectiva sección, como se denota en forma clara y específica en materia de nulidades electorales cuando, para definir la competencia, se acude a un factor subjetivo, que comprende el nivel de cargo al que se le ataca la elección o el nombramiento.

Para una mayor comprensión de dicho argumento, teniendo en cuenta las afirmaciones que, sobre el particular, ha expresado el memorialista, la Sala considera pertinente ahondar en este aspecto.

El solicitante indica que deben determinarse los alcances del artículo 267 de la Constitución Política sobre la inhabilidad del contralor, en atención a que las dos últimas elecciones han sido cuestionadas por este mismo argumento.

Si bien dicho aserto se aproxima a la demanda de construcción de un parámetro de interpretación que resulta necesario para el orden normativo mismo, como criterio determinador de la importancia jurídica, la solicitud en esos términos no es indicativa de dicha connotación, pues el alcance o interpretación normativa es propia del análisis de legalidad objetiva propia de todos los jueces que conocen de la legalidad de los actos administrativos, tampoco la coincidencia en las censuras puede constituir “argumento probable” pues el aspecto cuantitativo en nada se compadece del aspecto cualitativo de la noción de importancia jurídica. Ello, sin contar que respecto de la figura del Contralor General de la República, ya ha tenido oportunidad de pronunciarse la sección quinta(8).

De otra suerte, alude el solicitante a la objetividad que se le debe reflejar a la opinión pública y a los estamentos de la vida nacional. En franco o crudo lenguaje, el mensaje enviado es que la Sala electoral no será imparcial y que por ello apela a la objetividad de la Sala plena de lo contencioso administrativo.

Este tipo de aseveraciones no desborda los límites de la especulación, y para controvertirla, basta recordar que las secciones del Consejo de Estado, al igual que cualquier operador judicial, están sometidas al régimen de impedimentos y recusaciones, erigido, a su vez, sobre los principios de imparcialidad y objetividad en el desempeño de la administración de justicia. De tal suerte, que en caso de duda respecto del fallador, el interesado debe acudir a esas herramientas endógenas que ley coloca a su disposición; o bien podría también disponer de otros instrumentos exógenos de control de la función del juez, magistrado o consejero, en instancias penales o disciplinarias.

Desde luego, lo anterior no supone ninguna novedad o avance en la tradición jurídica nacional.

Se insiste en que si el legislador hubiera aplicado la objetividad de la función de administrar justicia, de la forma como la plantea el memorialista, con certeza, habría dispuesto en forma expresa la competencia a cargo de la Sala plena de lo contencioso administrativo, por el contrario la regulación procesal ha asignado por la naturaleza de la acción, por el factor material, sujeto activo o pasivo y territorio las competencias respectivas.

Ello, indiscutiblemente descarta que el ordenamiento hubiera dado el alcance de importancia jurídica que pretende el peticionario al asunto, en razón del nivel del cargo o de la institución involucrada; máxime cuando sería la propia Sala plena la que, por derecho, entraría a conocer de un eventual recurso extraordinario de revisión.

En efecto, la Sala electoral de vieja data ha tenido que revisar, analizar y decidir procesos eleccionarios, de selección, de nombramiento y, en general de designación, de Altos funcionarios del Estado, como se predica de quienes integran las Cortes o las cabezas de los órganos de control, así que la objetividad, o mejor la supuesta parcialización del juez natural del asunto, no puede ser un criterio para reputar un caso como de importancia jurídica, porque este concepto además tiene que ver con la institucionalidad del país y no con las apreciaciones personales de los solicitantes. De ahí que no pueda imputarse a la jurisprudencia, por lo menos la de la corporación, un juicio de valor sobre la presunta relevancia jurídica de ese tipo de asuntos, bajo el contexto del artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Otro argumento del memorialista es la suma trascendencia para la vida institucional del país, conexo a que el acto de elección ha estado sometido a una serie de cuestionamientos frente a las corporaciones postulantes y electora, no es punto que tampoco haga que el asunto exceda los límites ordinarios de afectación a la comunidad para imbuirle las características de trascendencia social, que sería el aspecto que más se asimila al reparo en cuestión, porque, claramente, ninguno de los señalamientos del memorialista conducen a un escenario de índole económico que promueva o se oponga a la realización de los fines del Estado.

Para la Sala, en suma no se cumple así, con el segundo presupuesto legal atinente al sustento explicativo de la solicitud con la virtualidad de permitir el conocimiento de la Sala plena de lo contencioso, previa la calificación de importancia jurídica, o trascendencia económica o social del asunto de la referencia.

Por otro lado, en lo que concierne a los aspectos señalados por el actor Carlos Mario Isaza Serrano, sobre todo en cuanto hace a los temas jurídicos como determinar el alcance del artículo 267 superior; cabe recordar que los posibles yerros de la Corte Constitucional en la postulación de la terna para la elección de Contralor General de la República y los cuestionamientos frente a la corporación postulante, son el objeto de estudio dentro del proceso contencioso de nulidad electoral y bien pueden ser pasibles de pronunciamiento jurisprudencial por parte de la sección quinta de la corporación, en atención a que son propios de su competencia, como se evidencia del trámite que se ha surtido y atañen a la elección del Contralor General de la República. Así se observa de la fijación del litigio que se efectuara en fecha pasada en la audiencia inicial y que se encuentran ejecutoriados. En síntesis fueron los siguientes de cara a la fijación del litigio propia de la audiencia inicial, decisión que se encuentra ejecutoriada:

Cabe recordar que la materia de juzgamiento se contrae a determinar si el acto de elección del doctor Edgardo José Maya Villazón, como Contralor General de la República, para el período 2014-2018 contenido en la Gaceta del Congreso 529 de 24 de septiembre de 2014, es nulo por los siguientes cargos:

a) Postulación del demandado como candidato a la terna con violación al reglamento interno de la Corte Constitucional.

b) Favoritismo electoral, “yo te elijo, tú me eliges”, en contravía del artículo 126 de la Constitución Política.

c) Ejercer cargo público de conjuez en el año inmediatamente anterior a la elección como contralor, que se traduce en la violación al inciso 8º del artículo 267 C.P.

d) Ejercer cargo público ante la inminencia de llegar a la edad de retiro forzoso y en este se incluye violación del artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 porque el acto de elección fue expedido “sin ninguna determinación de tiempo” y el demandado está próximo a cumplir la edad de retiro forzoso.

e) Expedición irregular del acto que lo designó como candidato a la terna.

f) Violación del principio de buena fe, confianza legítima, respeto y acato al acto propio, moralidad y trato desigual sin justificación objetiva y razonable; transgresión del debido proceso y de los principios de transparencia e igualdad.

g) Infracción de las normas en que debía fundarse, concretamente por:

g.1. Contravenir los artículos 1º, 13 y 40 de la Constitución Política, el artículo 23 literal c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

g.2. Violar los artículos 113, 117 y 267 de la Constitución Política. Dada la injerencia, que resultó “decisiva y determinante” del Presidente de la República, la que definió como un hecho notorio, en la elección del doctor Maya Villazón, expresó que este actuar atenta contra la Constitución que excluyó a esta rama del poder publicó de la postulación y elección del cargo de Contralor General de la República, lo cual también contradice la filosofía de la separación de poderes.

g.3. Violación de los artículos 29 y 83 de la Constitución Política, numerales 2º, 3º, 4º y 8º del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011 y del artículo 3º de la Ley 489 de 1998 (violación de los principios de buena fe, igualdad, imparcialidad, debido proceso y transparencia).

h) Excepción de inconstitucionalidad del artículo 77 del Acuerdo 05 de 1992 que contiene el Reglamento de la Corte Constitucional.

i) Violación al principio de legalidad —art. 6º de la Constitución Política—.

Todo lo anterior bajo las causales de nulidad electoral del artículo 275 numerales 1º y 5º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el artículo 137 ibídem y el artículo 267 de la Constitución Política y en estrictos límites acordes a las postulaciones de los respectivos conceptos de violación y argumentos de defensa que han presentado los sujetos procesales.

En ese orden, no es posible dilucidar que se trate de un aspecto que amerite que la Sala plena de lo contencioso administrativo siente jurisprudencia, pues los temas planteados se avienen a la cotidianidad de la corporación y de sus secciones especializadas; sin que pueda advertirse tampoco —al menos de la solicitud de selección— la existencia de una disparidad de criterios, que amerite que la misma emita un pronunciamiento en aras de dar coherencia y seguridad al sistema jurídico.

Visto lo anterior, es claro que la solicitud no se allana a los requisitos objetivos o de fondo previstos en la ley, por ende, siendo materias propias de la competencia de la sección quinta y no encontrando mérito a los argumentos del solicitante para calificar el asunto de la referencia con alguno de los atributos de que trata el inciso tercero del artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la solicitud se debe negar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala plena de lo contencioso administrativo,

RESUELVE:

NEGAR LA SOLICITUD presentada por el señor Carlos Mario Isaza Serrano para que la Sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso acumulado de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Este auto no es susceptible de recursos.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Octavio Ramírez Ramírez—Hernán Andrade Rincón—Rocío Araujo Oñate—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez—Martha Teresa Briceño de Valencia—Stella Conto Díaz Del Castillo—María Elizabeth García González—William Hernández Gómez—Sandra Lisset Ibarra Vélez—Carlos Enrique Moreno Rubio—Ramiro Pazos Guerrero—César Palomino Cortés—Carmelo Perdomo Cuéter—María Claudia Rojas Lasso—Guillermo Sánchez Luque—Jaime Orlando Santofimio Gamboa—Guillermo Vargas Ayala—Marta Nubia Velásquez Rico—Luis Rafael Vergara Quintero—Alberto Yepes Barreiro—Carlos Alberto Zambrano Barrera. 

(1) En lo que tiene que ver con los asuntos remitidos por las secciones le compete el conocimiento a la Sala plena de lo contencioso administrativo.

(2) El CPACA, dentro de las competencias de la Sala plena de lo contencioso administrativo incluye la de “3. Dictar sentencia, cuando asuma la competencia, en los asuntos que le remitan las secciones por su importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia. Esta competencia será asumida a petición de parte o a solicitud del Ministerio Público o de oficio cuando así lo decida la Sala plena”.

(3) “Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público. En estos casos corresponde a la Sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de las secciones. Las secciones de la Sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias de unificación en esos mismos eventos en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación o de los tribunales, según el caso. Para asumir el trámite a solicitud de parte, la petición deberá formularse mediante una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia. Las secciones de la Sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias de unificación en esos mismos eventos en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación o de los tribunales, según el caso. La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos”.

(4) Cabe destacar que esto también lo pueden hacer las secciones o subsecciones en los casos que consagra la ley. No obstante, por no ser del caso, no se precisarán estos eventos.

(5) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección quinta, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Sentencia de 3 de diciembre de 2015, exp. 11001-03-28-000-2014-00135-00.

(6) M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección “C”, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Auto de 26 de marzo de 2015, rad. 54001-23-31-000-2002-0180901.

(8) Cfr. Sentencia de 15 de enero de 2010, C.P. Antonio Jose Lizarazo Ocampo, exp. 11001-03-28-0002006-00170-01, actor: Elmer Ramiro Silva Rodríguez, demandado: Contralor General de la República.