CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 19001-23-33-000'-2014-00171-01 (51347)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Actor: Daniel Francisco Angulo y otros

Demandado: La Nación-Rama Judicial y otros

Proceso: Reparación directa

Bogotá, D.C., nueve de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, corresponde a esta corporación y Sala conocer el recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca, en cuanto se rechaza una demanda en un asunto cuya segunda instancia le corresponde conocer a esta corporación(1), de conformidad con los artículos 125 y 243.1 ibídem.

2. El derecho de acceso a la justicia.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece requisitos que las demandas deben observar para que se proceda a su admisión, relacionados con el cumplimiento de los presupuestos encaminados a que la litis pueda resolverse de fondo, en el marco de las garantías procesales de las partes y de los terceros, sin afectar en todo caso, el derecho de acceso a la justicia de quienes presentan a los jueces los litigios para obtener una solución.

Ahora bien, respecto del derecho fundamental en mención, la Sección Tercera de esta corporación ha señalado:

“(...), habida consideración que la libertad del juzgador se ve limitada —como señala De Otto(2)— por la necesidad de garantizar tres valores esenciales a todo Estado de Derecho: (i) la seguridad jurídica; (ii) la garantía de la igualdad y (iii) la unidad del Derecho. Postulados que convergen en un principio básico de la democracia constitucional, consignado en los artículos 229 superior y 2 LEAJ, el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia.

Garantía fundamental que también es reconocida ampliamente por múltiples instrumentos internacionales. Así el artículo 8º numeral 1º y en el artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, según la interpretación que se ha hecho por la Comisión lnteramericana, reconoce el derecho al acceso a la justicia, como implícito en el derecho a ser oído, dentro de las garantías judiciales y como base de protección de los derechos humanos(3) (se subraya).

A su turno, artículo 8º de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, señala que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley (destaca la Sala).

Por su parte, el numeral 1º del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, aprobado mediante la Ley 4 de 1968, prevé que “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación que carácter penal, formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil” (resaltado fuera de texto original).

Por último, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, aprobada en nuestro país por la Ley 16 de 1972, establece:

“1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los estados partes se comprometen:

a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso.

b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso” (se destaca).

Con esta perspectiva, la jurisprudencia constitucional ha señalado que este derecho no se materializa con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; sino que por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo(4) y por lo mismo no ha dudado en reconocerle su carácter de derecho fundamental(5), a partir de lo dispuesto por el preámbulo y los artículos 2º, 29, 228 y 229 de la Constitución Política”(6).

3. Problema jurídico.

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los hechos objeto de la demanda, el medio de control de la referencia debe ser rechazado por caducidad o si, como lo señala la parte actora, el término para interponer el medio de control se debe contar a partir de la consolidación del daño; aunque la actuación judicial comprende múltiples errores, los cuales deben ser analizados por separado.

4. Caducidad.

Por razones de seguridad jurídica, eficiencia y economía procesal el legislador dispone la extinción de los medios de control que no se ejercen en el término previsto; estableciendo así la carga de acudir o la justicia con prontitud, esto es, dentro del plazo fijado por la ley, so pena de perder la posibilidad de hacerlo.

Las normas de caducidad se fundan en el interés, de que los litigios no persistan en el tiempo, en desmedro de la convivencia pacífica y que las entidades públicas puedan definir las gestiones y las políticas estatales en la materia, sin aguardar indefinidamente la solución de controversias que podrían impedir su adopción y ejecución.

5. Caducidad del medio de control de reparación directa.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, en lo que tiene que ver con la caducidad de los diversos medios de control, concretamente sobre el previsto para dirimir controversias contractuales y reparación directa, preceptúa —se subraya—:

“i) Cuando se pretenda la reparación directa la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”.

Siendo así, en orden a que se declare la responsabilidad de la administración y en razón de un daño causado por la acción u omisión de agentes estatales, el término de los dos años para acceder a la justicia se cuenta desde el día siguiente, a partir de su ocurrencia o desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de la misma. De donde siendo el daño continuado, el conteo no podría iniciarse mientras la situación persista.

Lo anterior dado que, si bien la limitación temporal del derecho a acceder a la administración de justicia, fijada por el legislador, se funda en el principio de la seguridad jurídica, de ello no se sigue que el término pueda desconocer la realidad, esto es que se imponga a la víctima que demande un daño cuya entidad y alcance aún desconoce.

6. De la posesión.

Acorde con el artículo 762 del Código Civil, la posesión es la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño y son poseedores todos aquellos que según “los usos sociales explotan económicamente a las cosas en provecho propio o en semejanza de los propietarios”(7). Es claro que la posesión es un hecho con evidentes y claras consecuencias jurídicas. Posee el que entra en contacto con la cosa, directamente o intermedio de otro y se deja de poseer cuando otra persona se inmiscuye y. sustituye al anterior con igual dominio sobre la cosa. Al respecto sostiene la Corte Suprema de Justicia:

“La posesión es ante todo un hecho cuya continuidad produce trascendentales consecuencias jurídicas y. puede llegar a vincular definitivamente el sujeto poseedor con la cosa poseída. Si tal vínculo no se rompe bruscamente por la consumación de un acto extraño a la voluntad del poseedor, el hecho determinante del fenómeno está llamado a producir importantes efectos jurídicos y a solidificar la tenencia como dueño con el vínculo moral que constituye propiamente el derecho de dominio”.

"Es claro que si la posesión es ante todo un hecho, su existencia como fenómeno no trascendente de la vida social debe manifestarse también por medio de una serie de actos de inconfundible carácter y naturaleza, que demuestran su realización y el vínculo directo que ata a la cosa poseída con el sujeto poseedor. Tales actos deben guardar íntima relación con la naturaleza intrínseca y normal destinación de la cosa que se pretende poseer, y así vemos que el artículo 981 del Código Civil”.

La Corte Constitucional(8) al respecto ha señalado:

La posesión se encuentra definida en el artículo 762 del Código Civil como “la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él”. Esta noción legal se encuentra vinculada al concepto que los romanos tenían de la posesión como manifestación exterior del derecho real de propiedad. Así pues, es el propietario del bien quien en principio ejerce la posesión de este y, tal como lo señala la norma citada, no es necesario que la ejerza por sí mismo, sino que podrá hacerlo a. través de otras personas que reconozcan su derecho, como, por ejemplo, un arrendatario o un comodatario.

No obstante, dada la expresión “el que se da por tal” incluida en la misma norma, quien no tiene derecho real de dominio sobre la cosa pero cumple con el requisito de tenerla (corpus) con ánimo de señor o dueño (animus) también será poseedor. El ejercicio de la posesión da a este poseedor el eventual derecho a la adquisición de la propiedad mediante prescripción adquisitiva; con base en la posesión pacífica, pública, e ininterrumpida por un determinado lapso de tiempo.

(...)

Entre los mecanismos con los que cuenta(9), es el principal el ejercicio de las llamadas acciones posesorias. Estas, consagradas en los artículos 972 y siguientes del Código Civil, tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces, o de derechos reales constituidos en ellos. Son, pues, acciones-judiciales de carácter civil entabladas ante la jurisdicción ordinaria por el poseedor de bienes raíces o de derechos reales constituidos sobre ellos, por causa de perturbaciones o despojos de la posesión material. De allí que se las clasifique en las dos categorías relacionadas, cada una de ellas, con el acto que atenta contra la posesión. Las primeras, que son interdictos de conservación o amparo, están relacionadas con los simples actos de molestia(10). Las segundas, interdictos de recuperación, son las que tienen lugar cuando hay un acto de despojo(11). Unas y otras prescriben en un término de un (1) año, contado como allí se indica (art. 976).

Ahora, en armonía con lo expuesto, la diligencia de secuestro, el remate e incluso la orden de entrega dirigida al secuestre, así este involucre al poseedor que intentó oponerse en vano a la ejecución, no interrumpe la posesión, pues de operar el fenómeno se trataría de una interrupción civil que se concibe que la presunción de dominio, alegando un mejor derecho. Debe afirmarse en consecuencia y a la luz del artículo 787 del Código Civil y 90 del Código de Procedimiento Civil que la interrupción de la posesión sucede: 1) cuando otro entra al inmueble con ánimo de señor y desplaza al actual, quien no logra recuperar lo perdido con autoridad de la justicia o 2) en razón de la notificación de la acción reivindicatoria, circunstancia que no permite el desalojo, en cuanto el poseedor inicia una nueva situación de hecho igualmente amparada con la presunción de dominio, y que se habrá de desvirtuar.

Luego es claro que la posesión puede interrumpirse, pero no en razón de un proceso ejecutivo, así el poseedor muestre en el mismo como tercero su calidad e interés, salvo que resulte despojado por autoridad de la justicia y quien recibe lo haga con ánimo de señor.

Caso sub Iite

A juicio de la Sala, es menester revocar el auto proferido el 15 de mayo del presente año por el Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones que se exponen a continuación:

De la lectura del libelo demandatorio se colige que la actora aboga por que se declare la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia y el municipio de Popayán, por “los hechos dañosos ocurridos el día 20 de enero de 2012 en la ciudad de Popayán”, derivados de “los tantos errores judiciales ocurridos en el proceso ejecutivo” adelantado por la sociedad Central de Inversiones S.A., CISA, como cesionaria del Banco Central Hipotecario contra el señor Carlos Angulo Reyes ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popayán.

Por su parte, el a qua considera que acorde con la situación fáctica expuesta, habría que concluir que el daño se generó con la ejecutoria del auto de 9 de febrero de 2011, mediante el cual el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popayán resolvió en su contra los recursos interpuestos en el marco del proceso ejecutivo, en defensa de su estado posesorio.

No obstante, la parte recurrente sostiene que el medio de control de reparación directa de que trata el presente asunto no ha caducado, por cuanto el término debe contarse a partir deI 17 de febrero de 2012, fecha en la que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popayán “declaró legalmente entregado el inmueble (…)”.

Ahora, revisado el plenario se conoce que:

“el día 20 de enero de 2012 la Inspección Primera Urbana de Policía Municipal de Popayán practicó la diligencia de entrega del bien inmueble ordenado por el juzgado Sexto Civil del Circuito de Popayán dentro del proceso adelantado por Central de Inversiones S.A. ClSA”.

De lo anterior, se vislumbra que la posesión que el actor ejercía sobre el inmueble, ubicado en la calle 8 Norte número 12-66 de la Urbanización Santa, de la nomenclatura urbana de la misma ciudad, cesó el “20 de enero de 2012”, día en que entró a ejercer actos de señorío la Central de Inversiones S.A. CISA por autoridad de la justicia. Lo anterior a la luz del artículo 787 del Código Civil a cuyo tenor “se deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella, con ánimo de hacerla suya; menos en los casos que las leyes expresamente exceptúan”. Excepción que no se predica del secuestro, tampoco de la orden de entrega, así esta se emita por autoridad de justicia, como quiera que solo la sentencia ejecutoriada a favor del reivindicante, hace cesar la posesión.

Siendo así, el término para interponer un medio de control de reparación directa por error judicial, representado en la entrega del inmueble que se estaba en posesión se contabiliza a partir del día siguiente a la entrega real y material del bien, oportunidad en la que el anterior poseedor es reemplazado en el señorío sobre la cosa.

De suerte que el término para acceder ante la justicia, en orden a reclamar lo establecido en el proceso ejecutivo hipotecario, adelantado por Central de Inversiones S.A., en contra del señor Carlos Angulo que despojo al actor, tercero en la litis, del inmueble se inició el 21 de enero de 2012, pues la entrega sucedió el día 20 anterior. Así, como la parte actora elevó solicitud de conciliación extrajudicial el 20 de enero de 2014, declarada fallida el 10 de abril siguiente y recibió la constancia el 11 del mismo año y mes, tenía hasta el 21 de abril del presente año para presentar la demanda. Esto, en razón de que el término se vencía el 12 de abril de 2014 por ser este sábado pasó al 14 lunes y este al 21 siguiente por ser vacaciones de semana santa.

Por lo anterior, como el mismo día se presenta la demanda se revocará el auto impugnado y se devolverá el expediente al tribunal de origen para que proceda como corresponde.

En armonía de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

RESUELVE

REVOCAR el auto del 15 de mayo de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca.

En firme este proveído DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE»

(1) Paro efectos de la cuantía, la mayor de las pretensiones en el asunto de la referencia está estimado en la suma de mil veintiocho millones de pesos ($ l.028'OOO.OOO), es decir, supera la suma de los 500 smlmv de que trata el artículo152.6 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(2) “La libertad del juez (en aplicación del derecho) Iesiona el principio de igualdad en la medida en que permite que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez o por varios, introduciendo así un factor de diversificación del que puede resultar que la ley no es igual paro todos”. De Otto, Ignacio, Derecho Constitucional, Sistema de fuentes, Madrid, Ariel Derecho, 1995, p. 290.

(3) “El derecho a un proceso judicial independiente imparcial implica no solo el derecho a tener ciertas garantías observadas en un procedimiento ya instituido, también incluye el derecho a tener acceso a los tribunales, que puede ser decisivo para determinar los derechos de un individuo (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Informe 10/95, caso 10.580, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1995)”. Balbuena Patricia, “La Justicia no tiene rostro de mujer-obstáculos para acceso de las mujeres a la justicia”. En: AAVV El acceso a la justicia entre el derecho formal y el derecho alternativo, ILSA, 2006, pp. 240 a 243.

(4) Corte Constitucional, Sentencia C 037 de 1996.

(5) Cfr. Corte Constitucional, sentencias T- 006 de 1992; C-543 de 1992; C-544 de 1992; T-554 de 1992; C-572 de 1992; T-597 de 1992; C-599 de 1992; C-093/93, T-173 de 1993; T-320 de 1993, C-544-93, T-275-94, T-416 de 1944, T-067 de 1995, C-084 de1995, T-190 de 1995, C-037 de 1996, T-268 de 1996, T-502-97, C-652 de l997, C-071-99, C-742-99, T-163/99, SU-091/00, C- 11195 de 2001.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de mayo de 2011, radicado 19001- 23-31-000-1998-02300-01 (19957), Actor: Medardo Torres Becerra, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(7) Valencia Zea Arturo.

(8) Sentencia T 751 de 2004. M.P Jaime Araujo Rentería, 29 de julio de 2004.

(9) Existen mecanismos de policía tendientes a obtener la protección de la posesión. Son estos la acción por perturbación contemplada en el artículo 125 del Código Nacional de Policía y las acciones por despojo que se encuentran previstas, para predios no agrarios, en el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, y para predios agrarios, en los artículos 98 y siguientes del Decreto 2303 de 1989.

(10) Artículo 977 del Código Civil.

(11) Artículo 982 del Código Civil.