Auto 2014-00179 de diciembre 4 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 11001-03-26-000-2014-00179-00 (52.764)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Solicitante: Carlos Antonio Ortega Bonilla y otros

Demandado: Nación-Rama Judicial y otros

Referencia: Solicitud de extensión de jurisprudencia

Bogotá, D.C., cuatro de diciembre de dos mil catorce.

Decide el despacho la solicitud de extensión de jurisprudencia formulada por los señores: Carlos Alberto Ortega Bonilla, Myriam Dávila de Ortega, Carlos Alfredo Ortega Dávila, Sebastián Ortega Ozuna, Mariana Ortega Dávila, Ana Paola Ozuna Giraldo y Daniel Ortega Dávila, en virtud de los siguientes actos administrativos: OFI14-00097620/ JMSC 110200, del 6 de octubre de 2014; 20141500073381, del 7 de octubre de 2014; S-2014-097837 / DIPON - SEGEN 70, del 5 de noviembre de 2014; S-GALJI-14-082026, del 5 de noviembre de 2014; DJ-CE 633 del 5 de noviembre de 2014; y Resolución 644, del 5 de noviembre de 2014; expedidos por Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Congreso de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho, respectivamente, en los que se negó extender los efectos de la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 proferida por esta corporación(1).

Antecedentes

1. El 18 de noviembre de 2014, los señores: Carlos Alberto Ortega Bonilla, Myriam Dávila de Ortega, Carlos Alfredo Ortega Dávila, Sebastián Ortega Ozuna, Mariana Ortega Dávila, Ana Paola Ozuna Giralda y Daniel Ortega Dávila presentaron solicitud de extensión de jurisprudencia, en ejercicio del artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a raíz de la negativa por parte de: La Nación —Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Congreso de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho— de hacerle extensivos los efectos de la sentencia del 17 de octubre de 2013, al resolver la petición impetrada, en los términos del artículo 102 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. (sic) Como fundamento de su solicitud, el interesado narró los siguientes hechos:

— El 1º de septiembre de 2011, miembros de la Policía Nacional, en cumplimiento de la Resolución 29 de agosto de 2011, expedida por la Fiscalía General de la Nación, capturaron con fines de extradición al señor Carlos Ortega Bonilla, por la presunta comisión del delito de conspiración.

— El 7 de marzo de 2012, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, emitió concepto favorable para la extradición del señor Ortega Bonilla.

— Luego, el Ministro de Justicia y el Presidente de la República, expidieron la Resolución 73 del 29 de marzo de 2012, que concedió la extradición del señor Ortega, que se notificó el 10 de abril siguiente.

— El 31 de agosto de 2012, el Fiscal de los Estados Unidos de Norteamérica para el Distrito Sur de la Florida profirió orden judicial de anulación de los cargos consignados en la acusación formal contra el señor Carlos Alberto Antonio Bonilla.

3. (sic) Actuación surtida ante la autoridad administrativa, conforme al artículo 102 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El 18 de noviembre de 2014, los señores: Carlos Antonio Ortega Bonilla, en calidad de víctima; Myriam Dávila de Ortega, quien funge como su cónyuge; y en calidad de hijos: Carlos Alfredo Ortega Dávila y Daniel Ortega Dávila, mediante apoderado, en ejercicio de la petición de que trata el artículo 102 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó solicitud de extensión de jurisprudencia ante: la Nación —Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Congreso de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho—, argumentando que se encontraba en la misma situación fáctica y jurídica de la estudiada en la sentencia del 17 de octubre de 2013, proferida por la Sección Tercera de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo Gómez, que resolvió la acción de reparación directa promovida por Luis Carlos Osorio Osorio, en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, en la que se condenó al Estado por la privación injusta de la libertad, en hechos ocurridos entre el 23 de junio de 1992 y el 15 de agosto de 1995.

Impartido el trámite administrativo de rigor, mediante los actos administrativos: OFI14-00097620/ JMSC 110200 del 6 de octubre de 2014; 20141500073381 del 7 de octubre de 2014; S-2014-097837/ DIPON-SEGEN 70 del 5 de noviembre de 2014; S-GALJI-14-082026 del 5 de noviembre de 2014; DJ-Ce 633 del 5 de noviembre de 2014; y Resolución 644 del 5 de noviembre de 2014; expedidos por Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Congreso de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho, respectivamente, se negó la solicitud aludida.

Consideraciones

Procede el despacho a resolver la solicitud de extensión de la jurisprudencia presentada por el señor Edgar Murcia Rodríguez de conformidad con el artículo 269 de la Ley 1437 de 2011.

El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011—, si bien conservó gran parte las instituciones del Decreto 1 de 1984 y el organigrama dual en materia administrativa y contenciosa, fue innovador en lo que respecta a la figura de la jurisprudencia como fuente de derecho, en otras palabras, rompió un paradigma en esta jurisdicción, al incluir en su compendio normativo disposiciones que propugnan por la aplicación de la jurisprudencia a determinadas situaciones y bajo determinados presupuestos, cosa que obliga no solo a los que administran justicia, sino a las autoridades administrativas en los asuntos de su competencia.

El avance normativo expuesto obedece a razones que revisten gran importancia, los que marcaron la razón de ser de este giro legislativo. Es decir, lo que ahora viene a ser codificado, resulta de un proceso paulatino de cambio de mentalidad en la cultura jurídica imperante, trabajo que se ha venido ejecutando con más rigor desde la Constitución de 1991 y en especial por el ejercicio de la Corte Constitucional en su labor interpretativa, al confrontar el texto constitucional con las normas jurídicas sometidas a estudio; así como también, al resolver problemas jurídicos derivados de la acción de tutela. Este trabajo ha consistido, en cuestionar el sistema de fuentes tradicional; el que tiene a la constitución y la ley como único marco de acción normativo para ser aplicado, a la hora de resolver conflictos de tipo judicial y administrativo, sistema que nos identifica por excelencia, al ser este el adquirido históricamente, como consecuencia del derecho continental o codificador.

Pues bien, ese cuestionamiento tiene su génesis en el principio de igualdad, el que se ha hecho operativo a través de un derecho(2), y a su vez se ha subdividido en dos garantías, a saber: igualdad ante la ley e igualdad de trato por parte de las autoridades. Esta última, impone un deber a todo el aparato estatal, que consiste en hacer material ese igual trato propugnado, y ello debe ser observado por todas las instituciones públicas en cumplimiento de sus deberes, y el órgano jurisdiccional no escapa de ello. Por lo tanto, en ejercicio de la administración de justicia debe observarse con sigilo la realización de este principio, y ello se materializa al proferir decisiones en conflictos jurídicos puestos a su consideración, en los que se tendrá a la jurisprudencia, como eje clave para la resolución de esos asuntos, pues en la medida en que se presente una misma situación de hecho y de derecho se acudirá a ella para darle solución en derecho y en justicia a los conflictos,

Y es que lo anterior obedece a lo complejo en que se han convertido los conflictos sociales, lo que constituye un asunto que trasciende la capacidad normativa del derecho como sistema, en otras palabras, la sociedad misma y su devenir han trascendido el marco de aplicación de las fuentes tradicionales, lo que ha traído consigo una revalorización de la jurisprudencia, al ser la única vía de resolución de conflictos, con o sin derecho que aplicar.

Otro asunto de importancia es que, ante la complejidad de la sociedad, existe, de igual forma, una experiencia compartida, es decir, una pluralidad de conflictos sociales análogos, que imponen un trato igualitario por parte de las autoridades a la hora de darles solución jurídica, ya sea vía administrativa o judicial. Lo anterior, incide directamente en que los asociados, al acceder a la administración de justicia, lo llevaran a cabo con la confianza de que su problema le será resuelto conforme a decisiones anteriores en casos idénticos o similares. Y ello es el punto de partida que ha hecho de la jurisprudencia un momento para hacer justicia, en aras de la realización de la igualdad material y la confianza legítima.

La Corte Constitucional, consciente de esta situación, ha propugnado por dotar de fuerza normativa a las sentencias de las altas cortes dentro de cada jurisdicción, proceso que viene desde la noción de la doctrina probable: la que otorgaba poder vinculante a una pluralidad de decisiones uniformes respecto de un mismo asunto, lo que servía de dirección a los jueces para resolver los conflictos de derecho, en asuntos de su competencia. Por tal motivo, en desarrollo de esta noción, la jurisprudencia adquirió el valor que hoy día ostenta, lo que ha sido captado por la nueva normativa contenciosa.

El artículo 1º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(3) condensa la guía de las actuaciones del Estado en todos sus órdenes y ramas, pues declara que sus normas tienen como objeto proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, y ordena, en consecuencia, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, en cumplimiento de los fines estatales. Por lo tanto, las autoridades están llamadas a decidir sus actuaciones conforme a derecho, y ello supone no solo darle aplicación a las normas pertinentes, sino también seguir los criterios que proporcionan las sentencias judiciales sobre el recto entendimiento de la ley, es decir, el Estado actuará orientado por los lineamientos de la jurisprudencia, para evitar conflictos judiciales futuros y hacer realizable la justicia. Ello, constituye un funcionamiento coherente del Estado, pues sus autoridades funcionarán en la misma sintonía jurídica.

Por su parte, el artículo 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contempla el deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia Al respecto, la norma consagra:

“ART. 10.—Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas”.

Obsérvese que el artículo transcrito, de forma directa, impone la aplicación uniforme de la jurisprudencia, lo que muestra, en concreto, la innovación antes mencionada. No obstante, dicho sistema tiene como eje de aplicación una categoría especial de jurisprudencia: la llamada Sentencia de Unificación, definida y caracterizada en el artículo 270 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(4). Por consiguiente, será esa tipología de sentencia la correspondiente a aplicar a los distintos asuntos puestos a consideración de las autoridades.

Lo anterior también constituye un mecanismo que materializa la igualdad en sus distintas connotaciones, teniendo en cuenta que la misma ley dota de fuerza normativa a estas decisiones para que sea obligatoria su aplicación.

En esa línea de pensamiento, la Ley 1437 de 2011 contiene otras disposiciones, que conforman un conjunto de reglas que transforman a la jurisprudencia en una guía segura para que el Estado, en cumplimiento de sus funciones, dé un trato igualitario a las personas que acuden a sus instancias. Los artículos 102 y 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo son las disposiciones claves del caso sub examine, teniendo en cuenta que es la extensión de jurisprudencia el motivo de este análisis, lo que pasará a estudiarse:

El artículo 102 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone:

“ART. 102.—Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos.

Para tal efecto el interesado presentará petición ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho, siempre que la pretensión judicial no haya caducado. Dicha petición contendrá, además de los requisitos generales, los siguientes:

1. Justificación razonada que evidencie que el peticionario se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.

2. Las pruebas que tenga en su poder, enunciando las que reposen en los archivos de la entidad, así como las que haría valer si hubiere necesidad de ir a un proceso.

3. Copia o al menos la referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor.

Si se hubiere formulado una petición anterior con el mismo propósito sin haber solicitado la extensión de la jurisprudencia, el interesado deberá indicarlo así, caso en el cual, al resolverse la solicitud de extensión, se entenderá resuelta la primera solicitud.

La autoridad decidirá con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables y teniendo en cuenta la interpretación que de ellas se hizo en la sentencia de unificación invocada, así como los demás elementos jurídicos que regulen el fondo de la petición y el cumplimiento de todos los presupuestos para que ella sea procedente.

Esta decisión se adoptará dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción, y las autoridades podrán negar la petición con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. Exponiendo las razones por las cuales considera que la decisión no puede adoptarse sin que se surta un período probatorio en el cual tenga la oportunidad de solicitar las pruebas para demostrar que el demandante carece del derecho invocado. En tal caso estará obligada a enunciar cuáles son tales medios de prueba y a sustentar de forma clara lo indispensable que resultan los medios probatorios ya mencionados.

2. Exponiendo las razones por las cuales estima que la situación del solicitante es distinta a la resuelta en la sentencia de unificación invocada y no es procedente la extensión de sus efectos.

3. Exponiendo clara y razonadamente los argumentos por los cuales las normas a aplicar no deben interpretarse en la forma indicada en la sentencia de unificación. En este evento, el Consejo de Estado se pronunciará expresamente sobre dichos argumentos y podrá mantener o modificar su posición, en el caso de que el peticionario acuda a él, en los términos del artículo 269.

Contra el acto que reconoce el derecho no proceden los recursos administrativos correspondientes, sin perjuicio del control jurisdiccional a que hubiere lugar. Si se niega total o parcialmente la petición de extensión de la jurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre ella, no habrá tampoco lugar a recursos administrativos ni a control jurisdiccional respecto de lo negado. En estos casos, el solicitante podrá acudir dentro de los treinta (30) días siguientes ante el Consejo de Estado en los términos del artículo 269 de este código.

La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los términos para la presentación de la demanda que procediere ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Los términos para la presentación de la demanda en los casos anteriormente señalados se reanudarán al vencimiento del plazo de treinta (30) días establecidos para acudir ante el Consejo de Estado cuando el interesado decidiere no hacerlo o, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 de este código”.

La norma introduce un nuevo mecanismo, cuyo discurrir dinámico ocurre en sede administrativa: consiste en que los efectos de una Sentencia de Unificación dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido una situación de derecho, podrán extenderse a terceros, siempre y cuando estos acrediten estar en la misma situación jurídica y fáctica del pronunciamiento que se desea hacer extensivo, es decir, debe existir identidad de objeto y causa con lo fallado. Para ello, el interesado debe cumplir unos presupuestos que contempla la disposición.

Para el efecto, el peticionario, en su solicitud, deberá exponer razonadamente que se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho resuelta en el fallo que pide aplicar. Asimismo, adjuntará copia, o al menos referencia de la sentencia de unificación que se invoca a su favor, y las pruebas que pretenda hacer valer para soportar su pedimento, y que se encuentren en su poder, así como enunciar las que reposen en el archivo de la entidad destinataria de la petición.

La administración impartirá a esa solicitud el trámite pertinente, y decidirá en un término de 30 días, que se contarán desde el recibo de la petición, la que podrá negarse, única y exclusivamente, en los eventos dispuestos en el artículo 102, a saber: que sea necesaria la práctica de pruebas; que la situación del interesado sea distinta a la sentencia de unificación invocada; o que las normas aplicables al caso deban interpretarse de manera diferente a la expuesta en la sentencia invocada.

Ahora bien, el ordenamiento contencioso, consciente de la necesidad de un control jurisdiccional a este tipo de decisiones administrativas, dio viabilidad a un mecanismo de tipo judicial, para que el solicitante de la extensión de jurisprudencia ante la autoridad competente acuda al Consejo de Estado, a fin de que estudie el pronunciamiento adoptado, y si lo hallare procedente ordene a la autoridad administrativa extender los efectos de la jurisprudencia y el reconocimiento del derecho a que hubiere lugar. Es éste el que trata el artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

“ART. 269.—Procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros. Si se niega la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la autoridad hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 de este código, el interesado podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado, al que acompañará la copia de la actuación surtida ante la autoridad competente.

Inciso 2º modificado por la Ley 1564 de 2012, artículo 616. Del escrito se dará traslado a la administración demandada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por el término común de treinta (30) días para que aporten las pruebas que consideren. La administración y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado podrán oponerse por las mismas razones a las que se refiere el artículo 102 de este código.

Vencido el término de traslado referido anteriormente, se convocará a una audiencia que se celebrará en un plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la notificación a las partes; en dicha audiencia se escuchará a las partes en sus alegatos y se adoptará la decisión a que haya lugar.

Si la solicitud se estima procedente, el Consejo de Estado ordenará la extensión de la jurisprudencia y el reconocimiento del derecho a que hubiere lugar. Esta decisión tendrá los mismos efectos del fallo aplicado.

Sin embargo, si la extensión del fallo implica el reconocimiento de un derecho patrimonial al peticionario, que deba ser liquidado, la liquidación se hará mediante el trámite incidental previsto para la condena in genere y el escrito que lo promueva deberá ser presentado por el peticionario, ante la autoridad judicial que habría sido competente para conocer la acción que dio lugar a la extensión de la jurisprudencia, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la decisión del Consejo de Estado.

Si el mecanismo para la reclamación del derecho sustancial fuera el de nulidad y restablecimiento del derecho, negada la solicitud se enviará el expediente a la autoridad administrativa para que resuelva el asunto de fondo, según las reglas generales, si no lo hubiere decidido con anterioridad. Si ya existiere decisión administrativa de fondo, o si el mecanismo judicial para la reclamación fuere diferente al de la pretensión de nulidad restablecimiento del derecho, con la ejecutoria de la providencia del Consejo de Estado se reanudará el término para demandar, conforme a las reglas establecidas para la presentación de la demanda”.

La norma transcrita condensa en su totalidad este mecanismo judicial, su definición y procedimiento, disponiendo al efecto un trámite de cortas etapas, y unos presupuestos de procedencia, a saber: escrito razonado, al que acompañará la actuación surtida ante la autoridad competente.

Ahora bien, en lo que respecta a la oportunidad para proponerlo, y las consecuencias de esta solicitud, el artículo 102 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone:

“ART. 102.—Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos.

(…)

Contra el acto que reconoce el derecho no proceden los recursos administrativos correspondientes, sin perjuicio del control jurisdiccional a que hubiere lugar. Si se niega total o parcialmente la petición de extensión de la jurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre ella, no habrá tampoco lugar a recursos administrativos ni a control jurisdiccional respecto de lo negado. En estos casos, el solicitante podrá acudir dentro de los treinta (30) días siguientes ante el Consejo de Estado en los términos del artículo 269 de este código.

La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los términos para la presentación de la demanda que procediere ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Los términos para la presentación de la demanda en los casos anteriormente señalados se reanudarán al vencimiento del plazo de treinta (30) días establecidos para acudir ante el Consejo de Estado cuando el interesado decidiere no hacerla o, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 de este código”.

Obsérvese que la ley otorga un término perentorio de 30 días, so pena de extemporaneidad de la solicitud, para que el interesado promueva el trámite judicial, el cual, a su vez, generará otro efecto, pues su interposición suspende el término de caducidad del medio de control respectivo.

Así las cosas, el sistema del precedente jurisprudencial propuesto en la Ley 1437 de 2011, bajo sus previsiones, que irradia la actividad administrativa y judicial, contribuye a la realización de la justicia material y propugnará por la seguridad jurídica real, expresada en la certeza de los asociados de que sus autoridades actuarán en pro de sus garantías, derechos y libertades, siendo la igualdad y la confianza legítima los pilares fundamentales de esta doctrina.

5. (sic) Caso concreto.

La parte demandante, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, acude al Consejo de Estado a fin de que este estudie la negativa de la solicitud de extensión de jurisprudencia que hiciere el municipio de Barrancabermeja, para lo cual verificará 105 presupuestos de forma y fondo del escrito, veamos:

De las solicitudes presentadas la que primero se contestó fue la del 6 de octubre de 2014, y la solicitud ante el Consejo de Estado se presentó el 18 de noviembre de 2014, de ello se concluye que si bien en el expediente no obra constancia de la notificación de las contestaciones presentadas ante la administración, de la fecha de la contestación más antigua se concluye que la petición se promovió en término, es decir, dentro los 30 días que ordena la ley.

De otro lado, el peticionario cumplió la exigencia de la norma, consistente en presentar un escrito razonado, que revela con detalle su cometido y el procedimiento surtido en sede administrativa. Asimismo, como soporte de su pedimento acompaña copia de la actuación surtida ante la autoridad competente.

Estando en orden la petición, la que, además, se encuentra conforme a las disposiciones de la materia, se procederá a tramitar la solicitud de extensión de jurisprudencia formulada por el señor Carlos Alberto Ortega Bonilla y otros.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

Primero. Tramítese la solicitud de extensión de la jurisprudencia formulada por los señores: Carlos Alberto Ortega Bonilla, Myriam Dávila de Ortega, Carlos Alfredo Ortega Dávila, Sebastián Ortega Ozuna, Mariana Ortega Dávila, Ana Paola Ozuna Giraldo y Carlos Alfredo Ortega Dávila y Daniel Ortega Dávila.

Segundo. Ordénase el traslado de la anterior solicitud al municipio de Barrancabermeja y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por el término común de treinta (30) días, para que aporten las pruebas que consideren pertinentes, de conformidad con el inciso segundo del artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo .

Tercero. Por cumplir con los artículos 74 y 75 del Código General del Proceso., reconócese personería al abogado Felipe De Vivero Arciniegas, titular de la tarjeta Nº 57.993, del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la parte demandante, en los términos del poder conferido, que obra a folios 29 a 35 del cuaderno principal Nº 1.

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, por la secretaría general, impártase el trámite de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Enrique Gil Botero.

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 7 de abril de 2011. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.

(2) Constitución de 1991. ART. 13.—Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

(3) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ART. 1º—Finalidad de la parte primera. Las normas de esta parte primera tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración, y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares.

(4) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ART. 270.—Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.