Auto 2014-00199 de diciembre 3 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad. 25000-23-36-000-2014-00199-01 (51.832)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De la Hoz

Actor: Asociación Promotora de Proyectos Servicios y Asesoría Culturales Proactiva y otros

Demandado: Bogotá —Distrito Capital— Secretaría Distrital de Integración Social

Referencia: Apelación auto. Medio de control controversias contractuales

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Régimen de transición.

La Sala observa que la demanda fue presentada el día diecinueve (19) de febrero de dos mil catorce (2014) ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo tanto la norma aplicable al sub lite es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L. 1437/2011), normativa que derogó expresamente en su artículo 309, el Decreto 1 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

En efecto, el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011(4), establece:

“ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

2. Competencia.

La Sala es competente para decidir el recurso interpuesto, por tratarse del auto que rechazó la demanda en un proceso de controversias contractuales con vocación de doble instancia, según lo dispuesto en los artículos 125(5)y 243 numeral primero(6) de la Ley 1437 de 2011.

3. Caso concreto.

Se tiene que lo pretendido por la parte actora, es que se declare el incumplimiento del convenio de asociación 3077 de 2009, por parte de la Secretaría de Integración Social de Bogotá D.C., como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones relacionadas con los pagos oportunos determinados en la cláusula sexta del citado convenio y del compromiso suscrito ante la Personería de Bogotá el día 7 de julio de 2011.

En Alemania, se ha definido al contrato administrativo como aquel a través del cual se constituye, se modifica o se extingue una relación jurídica en el área del derecho público(7), y la doctrina teutona ha indicado que el mismo se diferencia de los demás contratos en razón a que tiene una relación jurídica de derecho público, por lo que el contenido del contrato es lo relevante, no la posición jurídica de las partes, y en consecuencia, el hecho de que una de las partes del negocio jurídico bilateral esté constituida por un titular de la administración, no significa per se, que se trate de un contrato administrativo(8).

En efecto, encuentra la Sala que el negocio jurídico celebrado por las partes se configuró en un convenio de asociación. El artículo 96 de la Ley 489 de 1998 en su tenor literal prescribió:

“ART. 96.—Constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas con participación de particulares. Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observación de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquellas la ley.

Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes.

Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan personas jurídicas sin ánimo de lucro, estas se sujetarán a las disposiciones previstas en el Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común.

En todo caso, en el correspondiente acto constitutivo que dé origen a una persona jurídica se dispondrá sobre los siguientes aspectos:

a. Los objetivos y actividades a cargo, con precisión de la conexidad con los objetivos, funciones y controles propios de las entidades públicas participantes;

b. Los compromisos o aportes iniciales de las entidades asociadas y su naturaleza y forma de pago, con sujeción a las disposiciones presupuestales y fiscales, para el caso de las públicas;

c. La participación de las entidades asociadas en el sostenimiento y funcionamiento de la entidad;

d. La integración de los órganos de dirección y administración, en los cuales deben participar representantes de las entidades públicas y de los particulares;

e. La duración de la asociación y las causales de disolución”.

La jurisprudencia de esta corporación ha clasificado a los Convenios de asociación dentro de los convenios institucionales, de la siguiente forma:

“De conformidad con lo anterior los convenios institucionales, se podría definir como todos aquellos acuerdos de voluntades celebrados por la entidad con personas de derecho público, que tienen por objeto el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias de la entidad, para el logro de objetivos comunes. Los convenios pueden no tener un contenido patrimonial, en términos generales y en ellos no se persigue un interés puramente económico.

Con ellos se busca primordialmente cumplir con objetivos de carácter general, ya sean estos sociales, culturales o de colaboración estratégica”(9).

A su turno, la Sala de Consulta y Servicio Civil también ha abordado el tema, al indicar:

“Los dos primeros incisos del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 regulan los ‘convenios de asociación’ que pueden suscribir las entidades estatales de todo orden, con ‘personas jurídicas particulares (...) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 355 de la Constitución Política’.

El artículo 355 de la Carta prohíbe a ‘todas las ramas u órganos del poder público (...) decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado’; pero también autoriza a los gobiernos nacional y territorial, para que ‘con recursos de los respectivos presupuestos [(...) celebren (...)] contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo’; y faculta al Gobierno Nacional para reglamentar esta contratación.

Esta Sala ha analizado en distintas oportunidades los antecedentes y el alcance de las disposiciones contenidas en el artículo 355 superior(10), los cuales pueden resumirse en que la autorización al Congreso de la Republica dada en la reforma constitucional de 1968 para ‘fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo o apoyo’, devino en distintas formas de desviación de los recursos públicos. El tema fue objetivo de debates en la Asamblea Nacional Constituyente y concluyó en la adopción del artículo 355 para prohibir la transferencia a los particulares, a título gratuito, de recursos públicos, permitiendo ‘que se continuara con las labores de fomento y apoyo solo mediante contrato y con unos estrictos requisitos’; contratos que ‘se estructuran bajo la idea de que lo que se busca realmente es una suerte de alianza de fuerzas públicas y privadas para lograr un mismo propósito (...) Así, no podría darse un contrato conmutativo, en el cual se advierte un intercambio o venta de bienes y servicios, sino un convenio para colaborarse en el cumplimiento de sus misiones, lo que se permite al coincidir el objeto social del privado que actúe sin ánimo de lucro con la actividad que el Estado quiere impulsar’(11).

Los estrictos requisitos establecidos por la norma superior hacen referencia a que el particular con el que se contrate sea una ‘entidad’, esto es, una persona jurídica, sin ánimo de lucro y de ‘reconocida idoneidad’; y a que el objeto contractual, además de corresponder al objeto social de la entidad sin ánimo de lucro, corresponda a programas y actividades de interés público, acordes con el plan nacional o los planes seccionales de desarrollo”(12).

En otra oportunidad más reciente se señaló:

“Según indica el artículo 96 en cita, en el caso de que el Estado se vincule con particulares, deberá suscribir un convenio en el que se establezca con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y demás aspectos que sean relevantes. Por virtud del artículo 355 de la Constitución, el convenio deberá, además, celebrarse con personas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, para impulsar un programa o proyecto de interés público, y estar acorde con el plan nacional o seccional de desarrollo”(13).

El citado artículo 96 de la Ley 489 de 1998 fue objeto de una demanda por inexequibilidad, y el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional mediante sentencia proferida el 9 de septiembre de 1999 declaró la norma en mención acorde con la Carta Política, coligiendo en su tenor:

“6. El artículo 96 de la Ley 488 de 1990, es exequible.

6.1. En relación con la norma en mención, se observa por la Corte que la autorización que en su inciso primero se otorga a entidades estatales para que con observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución pueden celebrar convenios de asociación con personas jurídicas de derecho privado o participen en la creación de personas jurídicas de este carácter para desarrollar actividades propias de ‘los cometidos y funciones‘ que la ley asigna a las entidades estatales, no vulnera en nada la Carta Política, por cuanto se trata simplemente de un instrumento que el legislador autoriza utilizar para el beneficio colectivo, es decir, es en interés general y, en todo caso, con acatamiento a los principios que rigen la actividad administrativa del Estado.

6.2. De la misma manera, si el legislador autoriza la asociación de entidades estatales con personas jurídicas particulares con las finalidades ya mencionadas, estableció en defensa de la transparencia del manejo de los dineros públicos, que los convenios de asociación a que se hace referencia serán celebrados ‘de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política’, lo que significa que no podrá, en ningún caso pretextarse la celebración de los mismos para otorgar o decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, de una parte; y, de otra, el acatamiento a la disposición constitucional mencionada, impone la celebración de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, pero ‘con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo’, tal cual lo ordena el citado artículo 355 de la Carta Política”(14).

En ese sentido, se tiene que en yuxtaposición con la sentencia de constitucionalidad traída a colación, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación emitió un concepto en el que desarrolló lo consagrado en el fallo referido:

“No obstante que la consulta inquiere sobre la posibilidad de celebración de convenios para la construcción de obras de infraestructura al amparo del artículo 355 de la Carta, debe señalarse adicionalmente que el artículo 968 de la Ley 489 de 1998, dispone que, de conformidad con lo estatuido por el artículo 355 de la Constitución Política, las entidades estatales pueden asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que la ley asigna a aquellas, por lo cual dichos convenios y su ejecución necesariamente han de realizarse dentro del contexto de la disposición constitucional a la que se remite y las restricciones del Decreto 777 de 1992 y normas exceptivas concordantes, de manera que aunque en la suscripción del convenio de asociación debe establecerse su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y demás aspectos pertinentes, la posibilidad de aportes en común no puede interpretarse como transferencia de recursos, en la forma particular que se entiende para esta singular figura, es decir, como el otorgamiento de auxilios o donaciones, tal como lo expresó la Corte Constitucional en la Sentencia C-671 de 1999 por medio de la cual declaró la exequibilidad del artículo 96 antes mencionado”(15).

De conformidad con lo anterior, la Sala se atreve a definir los convenios de asociación como aquellos acuerdos de voluntades reglamentados por el gobierno en ejercicio de la facultad que le dio el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política, suscritos entre una entidad pública con una persona jurídica particular que carezca de ánimo de lucro, con la idoneidad reconocida, los cuales tendrán como elemento teleológico el impulso de programas y labores que sean del interés de la colectividad, y que estén en consonancia con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo.

La doctrina ha extraído sus condiciones al afirmar:

— “Su competencia regulatoria está asignada por la Carta Política al Gobierno Nacional, excluyendo al legislador.

— Se considera como entidad pública, aparte de las indicadas en la Constitución y la ley, a las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta cobijadas al régimen de las anteriores.

— El contratista debe ser una entidad privada sin ánimo de lucro y que tenga experiencia con resultados idóneos que soporten la capacidad técnica y administrativa para desarrollar el objeto contractual.

— Su finalidad exclusiva es la realización de labores de carácter social, y por tanto, no está permitida la posibilidad de otorgar contraprestaciones a favor de la entidad contratante ni de un tercero, sino que los beneficios derivados del convenio deben ir dirigidos a la población.

— Es necesario que consten por escrito.

— La naturaleza del convenio es de derecho privado, salvo las excepciones del Decreto 777 de 1992, como la posibilidad de acordar cláusulas excepcionales propias de la contratación estatal.

— El organismo público contratante tiene la potestad de terminar de manera unilateral el contrato y exigir el pago de los daños irrogados, siempre que se incumpla las obligaciones desprendidas del negocio jurídico bilateral(16).

Así las cosas, se tiene que entre la Asociación Promotora de Proyectos Servicios y Asesoría Culturales - Proactiva y la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría Distrital de Integración Social del Distrito Capital, se celebró un convenio de asociación, en el que se estipuló como objeto del mismo aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes para la atención especializada a niños y adolescentes entre los 6 y los 17 años que estén en condiciones de alta vulnerabilidad o con algún grado de discapacidad; se consagró un plazo de ejecución de 30 meses, y se determinó el valor del mismo por nueve mil trescientos treinta y cuatro millones doscientos setenta y nueve mil ochenta y ocho pesos ($9.334.279.088), tal como se observa en la documentación visible a folios 24 a 41 del cuaderno de pruebas.

Como la parte actora en el escrito de apelación indicó que el contrato celebrado entre las partes debió ser liquidado de común acuerdo dentro de los cuatro meses siguientes al 20 de julio de 2011, y de manera unilateral por la administración en los dos meses siguientes al vencimiento del mismo, y por ende no se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control, la Sala considera necesario dilucidar si en el caso sub examine el negocio jurídico celebrado entre las partes era de los contratos que por disposición legal debían ser liquidados.

La Ley 80 de 1993, por la cual se expidió el estatuto general de la contratación pública señaló respecto de la liquidación de los contratos en su artículo 60 lo siguiente:

“ART. 60.—De su ocurrencia y contenido. Modificado por el artículo 217, Decreto Nacional 19 de 2012. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación”.

Bajo este precepto legal, se indica que para que un contrato sea objeto de liquidación se requiere que el mismo sea de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento sean prolongados en el tiempo o cualquiera que lo requiera.

En ese orden de ideas, reitera la Sala que lo celebrado por las partes en el proceso de la referencia fue un convenio de asociación, los cuales se celebran en los términos del artículo 355 de la Constitución Política. El artículo 355 ibídem dispuso:

“ART. 355.—Desarrollado por el Decreto Nacional 777 de 1992, desarrollado por el Decreto Nacional 2459 de 1993. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.

El gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”.

El Decreto 777 de 1992 a su turno, reglamentó la disposición previamente citada de la Carta Política, y en su artículo primero dijo:

“ART. 1º—Los contratos que en desarrollo de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 355 de la Constitución Política celebren la Nación, los departamentos, distritos y municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público, deberán constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el presente decreto y sin perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas exorbitantes previstas por el Decreto 222 de 1983.

“Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a cien salarios mínimos mensuales deberán publicarse en el Diario Oficial o en los respectivos diarios, gacetas o boletines oficiales de la correspondiente entidad territorial. Adicionalmente, aquellos que celebren la Nación y los establecimientos públicos del orden nacional cuya cuantía sea igual o superior a cinco mil salario mínimos mensuales deberán someterse a la aprobación del consejo de ministros”.

Se entiende por reconocida idoneidad la experiencia con resultados satisfactorios que acrediten la capacidad técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato. La autoridad facultada para celebrar el respectivo contrato deberá evaluar dicha calidad por escrito debidamente motivado. Modificado Decreto Nacional 1403 de 1992”.

Del anterior artículo se desprende, entonces, que los contratos desarrollados conforme a lo dispuesto por el artículo 355 de la Constitución Política y celebrados por la Nación, departamentos, distritos y municipios con entidades de carácter privado sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea el impulso de programas y actividades de interés general, se regirán por las formalidades establecidas legalmente para los contratos entre particulares, con excepción de los casos previstos en el mismo decreto, los cuales están consagrados en el artículo 2º ibídem así:

“ART. 2º—Están excluidos del ámbito de aplicación del presente decreto:

1. Los contratos que las entidades públicas celebren con personas privadas sin ánimo de lucro, cuando los mismos impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad pública y que por lo tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con ánimo de lucro, de acuerdo con las normas sobre contratación vigentes.

2. Las transferencias que se realizan con lo recurso de los presupuestos nacional, departamental, distrital y municipal a personas de derecho privado para que, en cumplimiento de un mandato legal, desarrollen funciones públicas o suministren servicios públicos cuya prestación esté a cargo del Estado de acuerdo con la Constitución Política y las normas que la desarrollan.

3. Las apropiaciones presupuestales decretadas a favor de personas jurídicas creadas por varias entidades públicas, como son las cooperativas públicas, o de corporaciones y funciones de participación mixta en cuyos órganos directivos esté representada la respectiva entidad pública, de acuerdo con las disposiciones estatutarias de la corporación o fundación.

4. Las transferencias que realiza el Estado a personas naturales en cumplimiento de las obligaciones de asistencia o subsidio previstas expresamente en la Constitución y especialmente de aquellas consagradas en los artículos 43, 44, 46, 51, 368, 13 transitorio y 46 transitorio de la misma”.

Aunado a lo anterior, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación se pronunció en similar sentido cuando coligió:

“Para los fines que interesan a la consulta, resultan relevantes las causales previstas en los numerales primero y quinto, que excluyen del campo de aplicación de la norma reglamentaria, los contratos que impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad pública contratante, ‘y que por lo tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con ánimo de lucro, de acuerdo con las normas sobre contratación vigentes’, y los que se celebren con el fin de desarrollar un proyecto específico por cuenta de la entidad pública, de acuerdo con sus precisas instrucciones.

Como ya se indicó, el objeto de los contratos que autoriza e ‘inciso segundo del artículo 355 superior, se limita a la realización de actividades o programas de interés público que, conforme a los planes de desarrollo, adelanten instituciones privadas sin ánimo de lucro. Aquellos que generan una contraprestación directa a favor de la entidad contratante y los que tienen por objeto desarrollar proyectos específicos, corresponden al giro normal de las funciones propias de la entidad estatal, y por lo tanto, se tipifican dentro de cualquiera de las modalidades de contratación de la Ley 80 de 1993, debiendo sujetarse a los procedimientos allí previstos, en especial los de escogencia del contratista”(17).

La doctrina, por su parte, ha indicado en similar sentido que los contratos celebrados con entidades privadas sin ánimo de lucro cuya génesis se desprende del artículo 355 de la Carta Política, que a su vez están circunscriptos por el Decreto 777 de 1992, no se encuentran cobijados por la Ley 80 de 1993(18).

En ese orden de ideas, y toda vez que Proactiva y la Secretaría Distrital de Integración Social celebraron un convenio de asociación, se encuentra que el mismo no es objeto de liquidación, ya que al desarrollar el artículo 355 de la Constitución Política y al no estar cobijado dentro de los supuestos del artículo 2º de la Ley 777 de 1992, está sujeto a la aplicación de la normatividad relativa a la contratación civil, en los términos del artículo primero ibídem, y por ende se excluye la posibilidad de que sea regulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

Así pues, al no ser objeto de liquidación el Convenio de Asociación 3077 de 2009, no le asiste razón al apelante en la manera en que contó la caducidad del medio del control en el escrito de alzada, ya que esta empezó a correr a partir del día siguiente del 29 de septiembre de 2011, fecha en la cual la Secretaría Distrital de Integración Social resolvió negativamente el recurso de reposición interpuesto por la parte actora contra la Resolución 976 del 24 de junio de 2011, a través de la cual se declaró el incumplimiento por parte de Proactiva y se hizo efectiva la sanción penal pecuniaria.

La Subsección C de esta corporación se ha pronunciado en varias ocasiones respecto de la caducidad de la pretensión contractual. En el 2013 se dijo:

“De lo anterior se dedujo por ese entonces que el término de dos (2) años para la caducidad de las acciones derivadas de los contratos que requirieran de liquidación empezaba a correr a partir del momento en que la liquidación se realizara o, si ella no se hubiere hecho, a partir de la conclusión del término que tenía la administración para hacerlo unilateralmente.

(...).

Así que en conclusión, de acuerdo con lo citado y transcrito, se tiene que desde antes de la vigencia del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ya tenía establecido que los contratos que requirieran de liquidación debían ser liquidados dentro de los cuatro (4) meses que seguían a su terminación y que si esta no se hacía en esa oportunidad, la entidad estatal debía liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término anterior.

Este criterio jurisprudencial fue el que finalmente se convirtió en disposición legal al consagrar, de un lado, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 que los contratos debían liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación y al prever, de otro lado, el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 que si la administración no lo liquidaba dentro de los dos (2) meses que siguen al plazo establecido legal o convencionalmente para ello, el interesado podía acudir para ese efecto ante la jurisdicción dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar”(19).

Para sintetizar, el termino de caducidad de la pretensión de controversias contractuales en los contratos que requieran de liquidación tendrá su génesis desde el día en que se haya consumado la liquidación, o en su defecto, a partir del vencimiento de la oportunidad que tenía la administración para realizar la liquidación unilateral, los cuales se establecieron por la ley en cuatro (4) meses posteriores a la terminación para liquidarse de consuno, y en dos (2) meses siguientes al vencimiento del término anterior para que la administración lo liquide unilateralmente.

En consecuencia, el término de caducidad empezó a correr el 30 de septiembre de 2011, configurándose la misma en principio el 30 de septiembre de 2013; sin embargo, amén de que la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 3 de octubre de 2012 y que la misma se declaró fallida el 21 de noviembre del mismo año, este se suspendió entre las fechas mencionadas y se reanudó el 22 de noviembre de 2012; teniendo el actor 11 meses y 27 días para presentar la demanda, en otras palabras, hasta el 18 de noviembre de 2013 pudo hacer ejercicio del medio de control. En virtud de que el escrito de demanda se presentó el 19 de febrero de 2014, se colige que la misma fue interpuesta cuando ya se había configurado el término de caducidad y por ende la misma debía ser rechazada.

Finalmente, se observa en el expediente que el apoderado de la parte actora allegó el treinta (30) de septiembre de dos mil catorce (2014), la Resolución 727 del dieciséis (16) de julio de dos mil catorce (2014), por medio de la cual la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. liquidó unilateralmente el convenio de asociación 3077 del tres (3) de julio de dos mil nueve (2009), y solicitó que se ordene al a quo admitir la demanda de la referencia.

Frente a la anterior situación, se tiene que si bien la liquidación del convenio de asociación se realizó de manera unilateral por la entidad contratante, para este tipo de contrato la normatividad y la jurisprudencia han sido claros en advertir que estos están exentos de la aplicación del estatuto general de la contratación pública, y en consecuencia, no están dentro de los negocios jurídicos bilaterales que tengan la obligación de ser liquidados de los términos del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, por lo tanto, se dilucida que esta etapa final no era necesaria.

Además, en gracia de discusión, si se aceptara la obligación de realizar la liquidación del citado convenio, es claro para esta corporación que la misma se hizo por fuera de la oportunidad establecida por el legislador para que se efectuara, y en ese sentido, se agrega que las partes no pueden revivir el término de la caducidad, entendiéndose a esta como una institución de orden público, de la cual su nacimiento no puede ser objeto de modificación en virtud de quien acuda ante la jurisdicción, habida cuenta que su origen está establecido en la ley.

Bajo este punto de vista, se concluye que en el caso sub judice, como el convenio de asociación 3077 de 2009 no requería liquidación, el término para demandarse en sede judicial inició al día siguiente del vencimiento del mismo, como se ha expuesto en esta providencia, feneciendo el 18 de noviembre de 2013, por la cual al interponerse la demanda el 19 de febrero del año en curso operó ineludiblemente la caducidad del medio de control. Y aún, si el convenio de la referencia requiriera la liquidación, se itera que la misma se efectuó por fuera del término que la ley había establecido para ese efecto, toda vez que el convenio de asociación se liquidó mediante Resolución 727 del 16 de julio de 2014, es decir, después de finiquitados los dos (2) años para ejercer el medio de control de controversias contractuales.

De acuerdo con los anteriores asertos la Sala procederá a confirmar el auto proferido el veinticuatro (24) de abril de dos mil catorce (2014), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.

RESUELVE:

1. Confirmar el auto del veinticuatro (24) de abril de dos mil catorce (2014), proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por las razones expuestas en el presente proveído.

2. Ejecutoriado este auto, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(4) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(5) “ART. 125.—De la expedición de providencias. Será competencia del juez o magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica”.

(6) “ART. 243.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales y de los jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:
1. El que rechace la demanda.
(...).
Los autos a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia”.

(7) Ley procesal administrativa, parágrafo 54.

(8) Introducción al Derecho Administrativo Alemán de Hartmut Maurer.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 23 de mayo de 2012, Radicación 25000-23-26-000-1998-01471-01, Número Interno 22828, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(10) Por vía de ejemplo se citan: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 24 de febrero de 2005, Radicación 1626, C.P. Gloria Duque Hernández; concepto del 31 de agosto de 2005, Radicación 1666, C.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo; concepto del 23 de febrero de 2006, Radicación 11001-03-06-000-2005-01710-00, C.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo; concepto del 25 de septiembre de 2008, Radicación 11001-03-06-000-2008-00040-00(1911), C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.

(11) Consejo de Estado, Sala de Consulta Civil, concepto del 25 de septiembre de 2008, Radicación 11001-03-06-000-2008-00040-00(1911), publicación autorizada con oficio OF108-37063 de diciembre 2 de 2008.

(12) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 3 de septiembre de 2009, Radicación 11001-03-26-000-2009-00039-00, Número Interno 1957, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.

(13) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 12 de septiembre de 2013, Radicación 11001-03-26-000-2013-00208-00, Número Interno 2146, C.P. William Zambrano Cetina.

(14) Corte Constitucional, Sentencia D-2397 del 9 de septiembre de 1999, M.P. Alberto Beltrán Sierra.

(15) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 23 de febrero de 2006, Número Interno 1710, C.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo.

(16) Contratación Pública, Análisis normativo, Descripción de procedimientos, Sexta Edición de Carlos Pachón Lucas.

(17) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 24 de febrero de 2005, Número Interno 1626, C.P. Gloria Duque Hernández.

(18) Contratación pública, Análisis normativo, Descripción de procedimientos, Sexta Edición de Carlos Pachón Lucas.

(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, Radicación 25000-23-26-000-2000-10160-01, Número Interno 26.638, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.