Auto 2014-00215 de marzo 5 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 11001 - 03 - 25 - 000 - 2014 - 00215 – 00

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Nº interno: 0605 - 2014

Actor: Nelson Fernando Niño Escarraga

Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

Bogotá, D. C., cinco de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Considera

Por lo expuesto en precedencia corresponde primero definir quién es el competente para conocer de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos expedidos en ejercicio de la potestad disciplinaria por autoridades nacionales que imponen como sanción el retiro del servicio, de conformidad con las nuevas competencias asignadas por el nuevo Código Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011—.

Se hace entonces necesario analizar todas las competencias específicas que en materia disciplinaria dispuso el mencionado código para ejercitar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho:

El numeral 2 del artículo 154 ibídem(1), permite a los jueces administrativos conocer, en única instancia, de los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho sin cuantía donde se demanden actos administrativos relacionados con el ejercicio del control disciplinario de las autoridades municipales que impongan sanciones distintas al retiro temporal o definitivo. Para aquellas sanciones disciplinarias se estableció la misma regla en el numeral 2 del artículo 151(2) para los tribunales administrativos pero cuando los actos administrativos demandados estén relacionados con el ejercicio del control disciplinario de las autoridades departamentales.

El numeral 2 del artículo 149(3) asignó al Consejo de Estado la competencia, en única instancia, para conocer de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho promovidas contra los fallos disciplinarios proferidos por el Procurador General de la Nación, sin necesidad de atender para la fijación de la competencia el factor objetivo de la cuantía del proceso.

El numeral 3 del artículo 152(4), por su parte, asignó a los tribunales administrativos la competencia, en primera instancia, para conocer de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho promovidas contra los fallos disciplinarios proferidos por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, diferentes al Procurador General, que impongan cualquier sanción e igualmente sin necesidad de atender para la fijación de la competencia el factor objetivo de la cuantía del proceso.

A pesar de que ninguna de las anteriores reglas específicas de competencia que estableció la Ley 1437 de 2011 respecto de los actos administrativos proferidos en ejercicio del control disciplinario, relacionó las sanciones disciplinarias impuestas por autoridades del orden nacional, sí otorgó a los tribunales administrativos en primera instancia, sin importar la clase de sanción y la cuantía del proceso, una competencia para conocer de los actos proferidos por una autoridad del orden nacional específica, en relación con los fallos de la Procuraduría General de Nación, expedidos por los funcionarios de esa entidad con potestad disciplinaria (segunda parte del numeral 3 del artículo 152 del CPACA).

Esta última regla de competencia proporciona a los sancionados por los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación la garantía de que sus demandas, sin importar la sanción ni la cuantía de sus pretensiones, siempre se conozcan en dos instancias judiciales y ante los dos jueces administrativos de mayor jerarquía, pues la primera instancia para aquellos quedó invariablemente radicada en los tribunales administrativos.

Para este despacho, atendiendo el principio constitucional de igualdad como rector también en la aplicación de la ley procesal, si los tribunales administrativos, sin importar la cuantía de los procesos de nulidad y restablecimiento ni la sanción impuesta, son competentes para conocer en primera instancia de los actos proferidos por una de las autoridades del orden nacional con potestad disciplinaria, igualmente, sin importar la cuantía de los procesos y la sanción disciplinaria, tendrán la misma competencia mediante la misma acción para conocer de todos los demás actos proferidos por las demás autoridades del orden nacional en ejercicio de la misma potestad disciplinaria.

De no ser así, tendría que aplicarse la competencia residual del numeral 14 del artículo 149 del CPACA(5) otorgada al Consejo de Estado para cuando no existe regla de competencia específica, o, la cuantía como factor determinante para la definición de la competencia, de que tratan los numerales 2 y 3 del artículo 155(6), configurándose por las dos formas una desigualdad jurídica injustificada entre los sancionados disciplinariamente por las autoridades del orden nacional, pues si se acude a lo primero las demandas judiciales de los sancionados por una oficina o autoridad disciplinaria del orden nacional, distinta de la Procuraduría General de la Nación, quedarían sin doble instancia, y si se decide por lo segundo, podría quedar por la cuantía de los procesos la competencia en el juez administrativo de menor jerarquía.

Explicado lo anterior, se hace necesario extender la regla de competencia fijada para las demandas judiciales de los sancionados por funcionarios de la Procuraduría General (segunda regla del numeral 3 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011) a las demandas de igual naturaleza, cuyos actos sancionatorios han sido expedidos por cualquier oficina o autoridad disciplinaria del orden nacional; y en ese evento esta corporación no sería la competente para tramitar en única instancia el medio de control interpuesto por el señor Nelson Fernando Niño Escarraga, sino el Tribunal Administrativo de Arauca, en primera instancia, en razón a que fue ese departamento el lugar donde se realizó el acto o hecho que dio origen a la sanción impuesta al demandante; esto por disposición del numeral 8 del artículo 156 del nuevo Código Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011—.

De conformidad, el expediente de la referencia será remitido al tribunal antes mencionado para que conozca en primera instancia de la demanda instaurada por el señor Nelson Fernando Niño Escarraga.

En consecuencia, se

RESUELVE:

REMÍTASE por competencia el expediente de la referencia al Tribunal Administrativo de Arauca para lo de su cargo, de conformidad con la parte motiva de este proveído.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) De la nulidad y restablecimiento del derecho que carezca de cuantía, en que se controviertan sanciones disciplinarias administrativas distintas a las que originen retiro temporal o definitivo del servicio, impuestas por las autoridades municipales.

(2) De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en que se controviertan sanciones disciplinarias administrativas distintas a las que originen retiro temporal o definitivo del servicio, impuestas por las autoridades departamentales.

(3) De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional. También conocerá de las demandas que en ejercicio de la indicada acción, y sin atención a la cuantía se promuevan en contra de los actos expedidos por el Procurador General de la Nación en ejercicio del poder disciplinario y las demás decisiones que profiera como supremo director del Ministerio Público.

(4) (…) sin atención a la cuantía, de los actos que se expidan en ejercicio del poder disciplinario asignado a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, diferentes al Procurador General de la Nación.

(5) De todos los demás de carácter contencioso administrativo para los cuales no exista regla especial de competencia.

(6) 2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.