Auto 2014-00257 de agosto 31 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 52341

Radicado: 250002336000201400257 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Benjamín Reyes Jiménez

Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil

Naturaleza: Medio de control de reparación directa

Bogotá, D.C., treinta y uno de agosto de dos mil quince.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra el auto del 10 de julio de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, mediante el cual se rechazó la demanda por haber operado la caducidad del medio de control.

Antecedentes

1. El 27 de febrero de 2014, el señor Benjamín Reyes Jiménez, mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de que se declarara responsable por la falla en el servicio en que incurrió al no permitir la participación del demandante en los comicios electorales realizados el 30 de octubre de 2011 (fl. 3-28, cdno. 1).

1.1. Como fundamento fáctico del medio de control, la parte actora expuso los hechos que se resumen a continuación:

1.1.1. El 10 de agosto de 2011, integrantes del Partido de Integración Social, PAÍS, diligenciaron y presentaron el formulario de inscripción E6-CO, con el fin de asentar los candidatos aspirantes al Concejo de Bogotá. Dicha inscripción fue aceptada, mediante la suscripción del formulario en la casilla correspondiente, por el entonces registrador distrital.

1.1.2. Mediante Resolución 800 del 22 de septiembre de 2011, el registrador distrital comunicó que los soportes correspondientes a la inscripción de candidatos al Concejo de Bogotá por el Partido de Integración Social, PAÍS, no fueron objeto de revisión, toda vez que la recolección de firmas no había cumplido con la reglamentación establecida para el efecto. En la misma decisión, dicho funcionario dejó sin efectos legales la inscripción de los candidatos por ese partido político para los comicios electorales de autoridades locales que se desarrollarían el 30 de octubre de 2011.

1.1.3. Contra dicha decisión se presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, el cual, a la fecha de presentación de la demanda de reparación directa, no había sido resuelto.

1.1.4. El 24 de octubre de 2011, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, tuteló el derecho fundamental al debido proceso de algunos integrantes del Grupo Significativo de Ciudadanos Partido de Integración Social, PAÍS, para lo que ordenó dejar sin efectos la Resolución 800 del 22 de septiembre de 2011 proferida por la Registraduría Distrital del Estado Civil.

1.1.5. El referido fallo, el 28 de octubre de 2011, fue impugnado por dicha entidad. No obstante, en la misma fecha fue proferida la Resolución 987 de 2011, con la que se pretendió dar cumplimiento a la orden del juez constitucional.

1.1.6. El 30 de octubre de 2011 se celebraron los comicios electorales para la elección de autoridades locales, en los cuales los integrantes del Partido de Integración Social, PAÍS, al no encontrarse dentro de los tarjetones correspondientes, no pudieron participar.

1.1.7. El Partido de Integración Social, PAÍS, fue notificado del contenido de la Resolución 987 de 2011 el 9 de noviembre de 2011, esto es, de forma posterior a la realización de las elecciones.

1.1.8. El 1º de diciembre de 2011, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, resolvió la impugnación presentada por la Registraduría Distrital del Estado Civil contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá el 24 de octubre de 2011, para lo que confirmó la decisión adoptada en primera instancia y, en consecuencia, ordenó dejar sin efectos legales la Resolución 800 de 2011. Dicha decisión fue informada a las partes mediante telegrama del 6 de diciembre de 2011.

1.1.9. Corolario de todo lo anterior, el ahora accionante en reparación Benjamín Reyes Jiménez se le privó de la oportunidad de participar como candidato al Concejo de Bogotá en los comicios electorales llevados a cabo el 30 de octubre de 2011.

1.1.10. El 3 de diciembre de 2013, se convocó a la parte demandada Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de celebrar audiencia de conciliación. Dicho trámite se declaró fallido el 24 de febrero de 2014, por lo que la Procuraduría 146 Judicial II para Asuntos Administrativos, en la misma fecha, expidió la constancia respectiva —agotamiento de requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa—.

2. Mediante auto del 10 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, rechazó la demanda tras advertir que había operado el fenómeno de la caducidad. Al respecto, consideró que comoquiera que el hecho alegado como causante del daño antijurídico fue la imposibilidad de que el demandante Benjamín Reyes Jiménez participara como candidato al Concejo de Bogotá en los comicios electorales realizados el 30 de octubre de 2011, entonces que para el momento en que fue interpuesto el medio de control, esto es, el 27 de febrero de 2014, ya había fenecido la oportunidad legal para activar el aparato jurisdiccional.

2.1.1.(sic) A su vez, el a quo advirtió que la parte actora debió atacar, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y bajo el término de caducidad correspondiente, el acto administrativo —Resolución 987 del 28 de octubre de 2011— por medio del cual, en cumplimiento al fallo de tutela proferido, se dejó sin efectos la inscripción de los candidatos del Partido de Integración Social, PAÍS, para los comicios electorales de autoridades locales que se desarrollaron el 30 de octubre de 2011. Literalmente sostuvo:

(…).

Así, se tiene que el hecho que da origen al proceso data del 30 de octubre de 2011, fecha en que se celebraron los comicios electorales de autoridades locales sin la participación del aquí demandante, pues la inscripción del “PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL, PAÍS”, había sido dejada sin efectos mediante Resolución 987 del 28 de octubre de 2011, proferida por la Registraduría Nacional del Estado Civil “Por la cual se cumple un fallo de tutela”, la cual fue notificada el 9 de noviembre de 2011 (fl. 95, cdno. 2).

Significa lo anterior, que si la demanda se fundamentó en el hecho de no haber podido participar el demandante en los comicios electorales que se realizarían el 30 de octubre de 2011, es a partir de ese momento que se debe contar el término de caducidad de 2 años previsto para el medio de control de reparación directa, por lo que se tendría en principio como fecha límite para radicar la demanda el 31 de octubre de 2013.

Ahora, si bien se observa en el proceso la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial del 24 de febrero de 2014, en la cual se indicó que la solicitud fue presentada el 12 de diciembre de 2013 (fls. 175 y 176, cdno. 2), es de tenerse en cuenta que ello no incidió en el término de caducidad, pues como se ha indicado para la presentación oportuna de la pretensión de reparación directa se tenía hasta el 31 de octubre de 2013.

De otro lado, la sala no puede desconocer que según las documentales obrantes dentro del expediente, el daño se deriva de la expedición de un acto administrativo, el cual está contenido en la Resolución 987 del 28 de octubre de 2011, proferida por la Registraduría Nacional del Estado Civil “Por la cual se cumple un fallo de tutela”, en la que se resolvió “DEJAR SIN EFECTO la inscripción de la lista de candidatos al Consejo (sic) de Bogotá para los comicios electorales de autoridades locales que se llevaran a cabo el próximo 30 de octubre de 2011, presentada por el grupo significativo de ciudadanos PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PAÍS, por no cumplir con la condición legal exigida para que produzca efectos jurídicos, de conformidad con la parte resolutiva de la presente Resolución” (sic), (fls. 92 a 94, cdno. 2).

Lo anterior, pues dicho acto administrativo fue el que impidió la participación del partido político del que hacia (sic) parte el aquí demandante, y que debió ser demandado dentro del término de caducidad previsto para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, dentro de los 4 meses contados a partir del día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(…) (fl. 63-66, cdno. ppal.).

3. A través de memorial presentado el 18 de julio de 2014, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia, con el fin de que esta se revocara y, en su lugar, se ordenara darle el trámite respectivo al medio de control. Al respecto, adujo que en virtud de la impugnación presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil contra el fallo de tutela proferido el 24 de octubre de 2011 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el término de caducidad sólo empezó a contabilizarse una vez la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, resolvió dicho recurso, pues hasta ese momento se pudo verificar la legalidad de la actuación realizada por la entidad pública.

3.1. En esa lógica, señaló que comoquiera que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, confirmó el fallo de tutela proferido y, como consecuencia de ello, quedó definitivamente sin efectos la Resolución 800 de 2011, entonces que dicho acto, una vez fue definida su situación jurídica, era el fundamento de la exclusión de los integrantes del Partido de Integración Social, PAÍS, para los comicios electorales celebrados el 30 de octubre de 2011.

3.2. Así, el apoderado del actor indicó que la decisión de la alta Corporación quedó ejecutoriada el 11 de diciembre de 2011 —notificada mediante telegrama del 6 de diciembre del mismo año—, y que, corolario de ello, para el 27 de febrero de 2014, día en que se presentó la demanda, aún se contaba con término para el efecto. Lo anterior, teniendo en cuenta que, contrario a lo considerado por el a quo, la solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada el 3 de diciembre de 2012 y no el 12 del mismo mes y año, como imprecisamente se valoró. Textualmente dijo:

(…).

No obstante encontrarse impugnado el fallo de tutela y no haber sido notificada la Resolución 987 del veintiocho (28) de octubre de Dos Mil Once (2011), la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, retiró de manera arbitraria de los diferentes tarjetones electorales los candidatos del Grupo Significativo de Ciudadanos Partido de Integración Social, PAÍS, en claro desconocimiento de la ley y del fallo proferido por el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA PENAL.

En otras palabras la suerte de los actos administrativos mencionados y de las acciones que podían adelantar los candidatos inscritos por el Grupo Significativo de Ciudadanos PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL “PAÍS”, estaba sujeta a la decisión del recurso formulado por REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, contra el fallo de tutela, debiendo partirse de allí para efectos de la contabilización del fenómeno de la caducidad, entre otras razones por que tan solo con la resolución que el superior adoptara podría determinarse si era legal o no la actuación de la mencionada autoridad pública.

El día primero (1º) de Diciembre de 2011 la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL resuelve la impugnación del fallo de tutela 57340, confirmando la decisión proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA PENAL, dejando, en consecuencia, sin efecto la Resolución 800 de 2011, acto administrativo que en últimas sería el sustento de la exclusión de los diferentes tarjetones electorales de los candidatos del Grupo Significativo de Ciudadanos Partido de Integración Social, PAÍS, por parte de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y no la Resolución 987 del veintiocho (28) de octubre de Dos Mil Once (2011) proferida por dicho organismo en tanto no es encontraba notificada y mucho menos ejecutoriada.

El fallo proferido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL fue informado a las partes mediante telegrama de fecha 6 de diciembre de 2011, quedando ejecutoriada el día 11 de diciembre del mismo año, fecha a partir de la cual debe computarse el término de caducidad.

El día 3 de diciembre de 2013 y no el día 12 de diciembre de 2013 como se señala en el acto impugnado, se convocó a la NACIÓN - REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a una diligencia de conciliación ante la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, esto es, antes de vencimiento del término legal, por cuanto la fecha límite para presentarla sería el día 11 de diciembre de 2011.

No obstante las anteriores manifestaciones, el auto impugnado señala: “Si bien se observa en el proceso la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial del 24 de febrero de 2014, en la cual se indicó que la solicitud fue presentada el 12 de diciembre de 2013 (fls. 175 y 176, cdno. 2)…” tal fecha responde a un error de transcripción en el que incurrió la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN en la mencionada constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad, la realidad es que la convocatoria a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL se efectuó el día 3 de diciembre de 2013, según consta en el sello de recibido en dicho organismo, en el sticker de recibido y se ratifica en el acta de la audiencia de conciliación donde claramente se señala que la fecha de radicación es 03-12-2013, documentos que ponemos a disposición del proceso en fotocopia simple.

(…).

¿Cuándo se produce este fenómeno frente al caso objeto de análisis? Justamente en el momento en el cual la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL confirmó el fallo de tutela de primera instancia proferido por el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA PENAL, momento en el cual definitivamente se dejó sin efectos la Resolución 800 de 22 de septiembre de 2011. Solo a partir de dicho fallo se tuvo certeza sobre la existencia del hecho dañoso, solo a partir de ese momento nace un interés actual para acudir a la jurisdicción.

(…).

Si bien el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho o la omisión, esto es el 30 de octubre de 2011 frente al caso concreto, no era posible conocer en ese momento cuáles eran las consecuencias de las actuaciones surtidas por la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, en tanto estaba pendiente una decisión judicial con respecto a las mismas, debe tenerse en cuenta que tan solo hasta primero (sic) (1º) de Diciembre de 2011 mediante decisión confirmatoria de la proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA PENAL la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL puso fin a la discusión planteada por los candidatos del Grupo Significativo de Ciudadanos Partido de Integración Social, PAÍS, y solo hasta esa fecha se determina, sin discusión alguna que el perjuicio de que se trata es irreversible, de manera tal que debe entenderse, sin lugar a dudas que el término de caducidad no puede comenzar a contarse desde una fecha anterior a aquélla en que el daño ha sido efectivamente advertido (…) (fl. 67-70, cdno. ppal.).

Consideraciones

I. Competencia

4. Esta Corporación es competente para conocer del presente proceso comoquiera que supera la cuantía exigida por el artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(1).

4.1. De igual forma, se advierte que la Sala es competente para decidir el presente asunto de acuerdo con lo señalado por el artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por tratarse de un auto a través del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, rechazó la demanda, providencia que es apelable de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 243 ibídem.

II. Problema jurídico

5. Corresponde a la Sala definir si el a quo rechazó en debida forma la demanda, para lo cual debe establecer, en relación con el término de caducidad, desde qué momento inició su contabilización. Dilucidado lo anterior, se deberá determinar si la demanda se interpuso dentro del término establecido, teniendo en cuenta que en el sub judice el actor alega como hecho generador del daño antijurídico la imposibilidad de participar, como candidato al Concejo de Bogotá, en los comicios electorales celebrados el 30 de octubre de 2011.

III. Análisis de la Sala

6. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

7. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial. La caducidad ha sido entendida como la extinción de la posibilidad de formular una pretensión por el transcurso del tiempo previamente fijado por la ley en forma objetiva.

8. Para la caducidad de las demandas incoadas en ejercicio del medio de control de reparación directa, de conformidad con el literal (i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, se estableció un término de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

9. En el presente asunto, el a quo consideró, por una parte, que el medio de control se encontraba caducado, toda vez que el hecho alegado como causante del daño antijurídico fue la imposibilidad de que el demandante Benjamín Reyes Jiménez participara como candidato al Concejo de Bogotá en los comicios electorales realizados el 30 de octubre de 2011. De otro lado, advirtió que el demandante debió atacar, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y sometido al el término de caducidad correspondiente, el acto administrativo —Resolución 987 del 28 de octubre de 2011— por medio del cual, en cumplimiento al fallo de tutela proferido, se dejó sin efectos la inscripción de los candidatos del Grupo Significativo de Ciudadanos Partido de Integración Social, PAÍS.

10. Por el contrario, el recurrente alude que la demanda fue presentada oportunamente, máxime cuando la impugnación presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil contra el fallo de tutela proferido el 24 de octubre de 2011 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, produjo que el término de caducidad sólo empezara a contabilizarse una vez la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, resolvió dicho recurso, esto es, el 1º de diciembre de 2011 —decisión ejecutoriada el 11 de diciembre de 2011—.

11. La Sala advierte, en primer lugar, que verificado el contenido del fallo de tutela proferido el 24 de octubre de 2011 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, se denota que la orden constitucional impartida —tutelar el derecho fundamental al debido proceso—, obligaba a la entidad accionada —Registraduría Nacional del Estado Civil— a proferir, dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la notificación de dicha providencia, una nueva resolución —conforme a la tutelada y dejada sin efectos 800 del 22 de septiembre 2011—, en la que se motivara adecuadamente la negación de la entidad para tener como válidas las firmas correspondientes a los apoyos de la inscripción de candidatos al Concejo de Bogotá por el Partido de Integración Social, PAÍS (fl. 78-90, cdno. 2).

12. Bajo dicha premisa, la Registraduría Nacional del Estado Civil profirió la Resolución 987 del 28 de octubre de 2011 —notificada el 9 de noviembre de 2011 (fl. 95, cdno. 2)—, “por la cual se cumple un fallo de tutela”, en la que al igual que en la Resolución 800 del 22 de septiembre de 2011, se resolvió lo siguiente:

ART. PRIMERO.—DEJAR SIN EFECTO la inscripción de la Lista de Candidatos al Concejo de Bogotá para los comicios electorales de Autoridades Locales que se llevarán a cabo el próximo 30 octubre de 2011, presentada por el Grupo Significativo de Ciudadanos PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL, PAÍS, por no cumplir con la condición legal exigida para que produzca efectos jurídicos, de conformidad con la parte motiva de la presente Resolución.

ART. SEGUNDO.—NOTIFICAR la presente Resolución a cualquiera de los Inscriptores del Grupo Significativo de Ciudadanos PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL, PAÍS, de conformidad con el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, indicándosele que contra la misma procede el recurso de reposición.

(…) (fl. 92-94, cdno. 2).

13. Verificado lo antepuesto, para la Sala es claro que el precitado acto administrativo, esto es, la Resolución 987 del 22 de septiembre de 2011, fue el que presuntamente impidió, según lo resuelto en él, que el ahora accionante en reparación participara en los comicios electorales que se desarrollaron(2), indistintamente de si el fallo de tutela fue impugnado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Lo anterior, toda vez que, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991(3), el cumplimiento de un fallo de tutela -tal y como lo realizó la entidad accionada al proferir la Resolución 987 de 2011— debe realizarse de forma inmediata, sin perjuicio de la impugnación que se presente contra aquél.

14. Si bien con el mencionado fallo de tutela se dejó sin efectos la Resolución 800 del 22 de septiembre de 2011 y, además, se ordenó proferir un nuevo acto administrativo —Resolución 987 de 2011— en el que, salvaguardando el debido proceso, se establecieran concretamente los motivos por los que se dejó sin efectos la inscripción de los candidatos por el Grupo Significativo de Ciudadanos Partido de Integración Social, PAÍS, para dichas elecciones, lo cierto es que sustancialmente la decisión ya había sido adoptada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin perjuicio de que en su momento no se hubieran seguido las ritualidades procesales requeridas, de suerte que, contrario a lo expuesto por el recurrente, el trámite de la impugnación del fallo de tutela en nada afectó la contabilización del término de caducidad correspondiente, máxime cuando, conforme a la normatividad de la acción constitucional de tutela, la decisión definitiva se plasmó en un nuevo acto administrativo que resolvió en idénticas condiciones al que lo antecedió.

15. En la lógica planteada, el inicio de la contabilización del término de caducidad en el presente asunto, en el entendido de que el hecho alegado en la demanda como causante del daño antijurídico fue precisamente que el actor no pudo participar en los comicios electorales celebrados, no se extendió, según lo dicho por el apoderado del actor, hasta el momento en que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, resolvió la impugnación presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil contra el fallo de tutela emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, sino que, por el contrario, dicho término comenzó desde que el actor tuvo conocimiento pleno del daño presuntamente a él irrogado, esto es, desde la notificación de la decisión —Resolución 987 de 2011— por medio de la cual dicha entidad, en cumplimiento al referido fallo, dejó sin efectos la inscripción de la lista de candidatos por el Grupo Significativo de Ciudadanos Partido de Integración Social, PAÍS, a la mencionada contienda electoral.

16. Ahora, comoquiera que el daño que se alega fue causado al demandante con ocasión de la expedición de un acto administrativo, es claro que el medio de control pertinente para obtener la reparación de los perjuicios presuntamente irrogados es el de nulidad y restablecimiento del derecho.

17. Así pues, la Sala concuerda con el argumento expuesto por el tribunal a quo según el cual se debió atacar, en ejercicio de dicho medio de control y bajo el término de caducidad correspondiente —4 meses contados a partir del día siguiente al de la notificación(4)—, la decisión administrativa —Resolución 987 del 28 de octubre de 2011— mediante la cual, en cumplimiento al fallo de tutela proferido, se dejó sin efectos la inscripción de los candidatos del Partido de Integración Social, PAÍS, para los comicios electorales de autoridades locales que se desarrollaron el 30 de octubre de 2011. En un asunto como el ahora revisado, esta Corporación sostuvo:

Los demandantes presentaron acción de reparación directa con el fin de que se les indemnicen los perjuicios, tanto morales como materiales, causados con la decisión de declararlos contraventores del espacio público y de ordenar, en consecuencia, su desalojo del sector que ocupaban en el centro de la ciudad. La fuente del daño alegado por los actores no es, entonces, un hecho o una operación administrativa, como equivocadamente se sostiene en el recurso de apelación, sino un acto administrativo que ellos consideran ilegal por haber sido adoptado con violación del debido proceso y con desconocimiento de su derecho constitucional al trabajo (…) debe concluirse que le asistió razón al a-quo cuando señaló que hubo en este caso una indebida escogencia de la acción porque los hechos y omisiones invocados en la demanda no constituyen una operación administrativa, toda vez que no consisten en hechos de ejecución de un acto administrativo, sino en supuestas omisiones que tuvieron lugar durante el trámite policivo y que culminaron con la ilegal expedición de la Resolución 033AJ de 6 de marzo de 1998. Todo lo dicho conduce a confirmar la sentencia apelada en tanto la acción escogida por los demandantes, que fue la de reparación directa, no era procedente para demandar la reparación de los perjuicios ocasionados con la expedición de un acto administrativo que se encuentra amparado por la presunción de legalidad, pues para este propósito el legislador consagró una acción distinta, que es la de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual debió ejercitarse dentro del término de cuatro meses contados a partir del día siguiente al de su notificación(5).

18. Si bien en el marco de la normatividad aplicable al sub judice —Ley 1437 de 2011— es deber del juzgador adecuar el medio de control interpuesto, de modo que el proceso se tramite por el correspondiente, lo cierto es que en el presente asunto no hay lugar a ello, toda vez que la demanda fue interpuesta por fuera del término legal establecido para solicitar la nulidad y restablecimiento del acto administrativo. En el mismo sentido, en cuanto a la forma en que debe procederse en este tipo de casos, el Consejo de Estado ha resuelto:

Acertó el a quo al puntualizar que de conformidad con los hechos y las pretensiones de la demanda, se establece que la parte actora lo que pretendía era el pago de las sumas de dinero que dejó de percibir por la explotación económica de 7 retroexcavadoras de su propiedad, durante el periodo que estuvieron incautadas por orden de la citada entidad. En consecuencia, se confirmará la decisión apelada, pues si bien, la indebida escogencia de la acción no es causal de rechazo de plano de la demanda, sino de inadmisión para que se adecue a la acción que corresponde, tal decisión no es procedente en este caso, por cuanto en lo que respecta a la acción idónea ha operado la caducidad, ya que la Resolución 3555 por medio de la cual se dispuso el decomiso de las maquinarias fue expedida el 12 de octubre de 2010, y la demanda se interpuso el 8 de agosto de 2012, momento en el cual ya había operado el fenómeno de la caducidad en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. De acuerdo con los anteriores asertos la Sala procederá a confirmar la providencia proferida el veintiuno (21) de agosto de dos mil trece (2013), por el Tribunal Administrativo del Tolima(6).

19. Así las cosas, la Sala considera que en el sub judice hubo una indebida escogencia del medio de control, por lo que, en el entendido de que ha operado la caducidad del que efectivamente debió interponerse —nulidad y restablecimiento del derecho(7)—, e inclusive del que erradamente se presentó —reparación directa(8)—, lo procedente es confirmar el auto proferido el 10 de julio de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto del 10 de julio de 2014 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”.

2. En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta de la Sala de Subsección—Danilo Rojas Betancourth—Ramiro Pazos Guerrero.

1 El presente asunto tiene vocación de doble instancia, comoquiera que la cuantía de la demanda presentada es superior a la suma de $ 1.522.078.000 (fl. 34, cdno. 1), la cual resulta superior a los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el medio de control de reparación directa iniciado en el año 2014 (308.000.000), teniendo en cuenta que la misma se obtiene del valor de la mayor de las pretensiones solicitadas al momento de la presentación de la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011.

2 En atención al consecuencial retiro de los tarjetones electorales correspondientes a los integrantes del Grupo Significativo de Ciudadanos Partido de Integración Social, PAÍS, para las elecciones de autoridades locales que se desarrollaron el 30 de octubre de 2011 y, además, en el entendido de que la no participación en dichos comicios es precisamente el daño alegado por la parte demandante en el presente asunto.

3 Que establece: “Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato (…)”.

4 De conformidad con el artículo 164, numeral 2º, literal d, que establece: “Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales”.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de julio 29 de 2013, expediente 27088, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, auto de abril 24 de 2013, expediente 48390, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

7 El cual se encontraría caducado, en principio, para el 10 de marzo de 2012 (el término iniciaría el día siguiente al de la notificación de la Res. 987, oct. 28/2011, esto es, nov. 10/2011). Si en gracia de discusión dicho término fuera contabilizado desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, confirmó el fallo de tutela proferido, igualmente se encontraría caducado (dicha decisión quedó ejecutoriada el 11 de diciembre de 2011 —notificada mediante telegrama del 6 de diciembre del mismo año—).

8 Así las cosas, si se tiene que el término de caducidad correspondiente al medio de control de reparación directa iniciaría su contabilización desde el momento en que fue notificada la Resolución 987 del 28 de octubre de 2011 —9 de noviembre de 2011 (supra párr. 12)—, entonces resultaría evidente que para cuando fue presentada la demanda —27 de febrero de 2014—, sin siquiera reducir el tiempo en que el término se suspendió por el trámite de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, ya había fenecido la oportunidad legal para acudir a la administración de la jurisdicción.