Auto 2014-00263 de abril 14 de 2016

 

Auto 2014-00263 de abril 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016).

Consejera Ponente:

María Elizabeth García González

Ref.: Expediente 410012333000-2014-00263-01.

Recurso de apelación contra el auto de 10 de diciembre de 2015, proferido en audiencia inicial por el Tribunal Administrativo del Huila.

Actor: Yesid Orlando Perdomo Llano

Tesis: Se confirma proveído que declaró probada excepción de caducidad y dio por terminado proceso. cuando el trámite de la conciliación prejudicial no se puede completar dentro del término de 3 meses a que alude la ley, el actor esta posibilitado para acceder a la jurisdicción, sin que dicho plazo se extienda a la fecha de entrega de la constancia respectiva.

EXTRACTOS: «IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

En el caso objeto de estudio, el apoderado de la parte recurrente asegura que la demanda cumple con todos los requisitos de procedibilidad y fue presentada dentro del término de caducidad de cuatro meses.

Al efecto, el literal d), numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo preceptúa:

“ART. 164.—Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: 

(...) 

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: 

(...) 

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales;”. 

Por lo tanto, la Sala verificará si la demanda se presentó dentro del término establecido en la norma transcrita.

Al respecto, se tiene en cuenta lo siguiente:

A través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el actor pretende la nulidad del fallo de responsabilidad fiscal de 27 de junio de 2013(1), expedido dentro del procedimiento administrativo Nº 004 de 2010, radicado Nº 147-10 y de los autos de 10 de octubre y 6 de noviembre de 2013(2), que resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente, instaurados contra la citada decisión. Este último auto puso fin a la actuación administrativa y fue notificado al accionante por estado núm. 040 fijado el 7 de noviembre de 2013 a las 7:00 a.m. y desfijado ese mismo día a las 6:00 p.m., de conformidad con la constancia vista a folio 1322 del cuaderno Nº 7, por lo tanto, el término de caducidad de cuatro meses, de que trata el literal d), numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en principio, vencía el 8 de marzo de 2014.

No obstante, el día 7 de marzo de 2014 el actor presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 34 Judicial II para Asuntos Administrativos, es decir, faltando un (1) día para el vencimiento del término de caducidad.

Teniendo en cuenta los documentos obrantes en el expediente, el día 10 de junio de 2014, la Procuraduría 34 Judicial II para asuntos administrativos expidió y entregó la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad al actor, razón por la cual, en principio, se podría inferir que a partir del día siguiente, esto es, el 11 de junio de 2014, se reanudaba el término de caducidad al que le faltaba solamente un día para completarse y como la demanda se instauró el mismo 10 de junio de 2014, habría que concluir que estuvo dentro de los 4 meses consagrados en el literal d, numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como lo adujo el recurrente.

No obstante, lo que omite el actor en su recurso de apelación es que para la fecha en que se expidió la referida constancia, esto es, el 10 de junio de 2014, ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad, pues la suspensión de dicho término solo se mantiene hasta por tres meses después de presentada la solicitud de conciliación prejudicial.

En efecto, los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001, expresamente señalan:

ART. 20. —Audiencia de conciliación extrajudicial en derecho. Si de conformidad con la ley el asunto es conciliable, la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse en el menor tiempo posible y, en todo caso, tendrá que surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud. Las partes por mutuo acuerdo podrán prolongar este término. 

La citación a la audiencia deberá comunicarse a las partes por el medio que el conciliador considere más expedito y eficaz, indicando sucintamente el objeto de la conciliación e incluyendo la mención a las consecuencias jurídicas de la no comparecencia. 

PAR.—Las autoridades de policía prestarán toda su colaboración para hacer efectiva la comunicación de la citación a la audiencia de conciliación. 

ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Negrillas fuera del texto original).

En atención a lo establecido en la norma transcrita, es evidente que la suspensión del término de caducidad originada en el trámite de conciliación prejudicial no puede prorrogarse más allá de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud ante la Procuraduría General de la Nación y es el interesado en acudir a la administración de justicia, quien debe estar atento al vencimiento de dicho plazo a fin de evitar instaurar demandas por fuera de los términos legalmente establecidos.

En el presente caso, el actor solicitó la conciliación prejudicial el día 7 de marzo de 2014 y lo primero que ocurrió no fue la expedición del acta de que trata el artículo 2º de la Ley 640 de 2001, sino el transcurso de los 3 meses referidos, por lo tanto el computo del término de la caducidad, al cual solo le faltaba un (1) día, se reanudó el 8 de junio de 2014, pero como era un día inhábil, se prorrogó hasta el primer día hábil siguiente, esto es, el 9 de junio de 2014 y la demanda se instauró el 10 de ese mismo mes y año, lo que demuestra que lo fue por fuera de los cuatro (4) meses establecidos en el literal d, numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ahora bien, el recurrente alega que la constancia de que trata el artículo 2º de la Ley 640 de 2001, solo fue entregada hasta el 10 de junio de 2014, por lo tanto el término de caducidad se debía reanudar a partir del día siguiente a esa fecha; sin embargo, dicha situación no es relevante para el caso, pues como ya se dijo, lo primero que ocurrió fue el vencimiento del plazo máximo para realizar el trámite conciliatorio. La fecha de entrega de la constancia invocada por el actor debe ser tenida en cuenta siempre y cuando no hayan transcurrido los 3 meses a que se refiere el artículo 21 ibídem.

Cabe resaltar que el hecho de que el actor no tuviera en su poder la constancia referida no lo imposibilitaba para acceder a la administración de justicia, ya que la ley le permite tener por cumplido el requisito de procedibilidad cuando el trámite de la conciliación prejudicial no se puede completar dentro de los tres meses establecidos en el ordenamiento jurídico, ya sea porque no se logró celebrar la audiencia de conciliación en dicho lapso o porque la Procuraduría no expidió las constancias en tiempo.

La frase “lo que ocurra primero” consagrada en la parte final del artículo 21 de la Ley 640 de 2001, precisamente se estableció para ponerle un límite temporal a la suspensión del término de caducidad originada en la conciliación prejudicial y para evitar que el acceso a la administración de justicia se viera afectado eventualmente por la tardanza en el trámite de dicho requisito de procedibilidad ante la Procuraduría General de la Nación, por ello, cumplidos los tres meses a que se refiere la norma en comento, reinicia el computo del término de caducidad sin importar si está pendiente la celebración de la audiencia o la expedición de las constancias de no conciliación y el solicitante queda habilitado para instaurar la demanda correspondiente.

Lo precedente impone a la Sala confirmar el auto de 10 de diciembre de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo del Huila en audiencia inicial celebrada en la misma fecha, por medio del cual se declaró probada la excepción de caducidad del medio de control instaurado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

CONFÍRMASE el proveído apelado, que rechazó la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada en la sesión del día 14 de abril de 2016.

Consejeros: Roberto Augusto Serrato Valdés, Presidente—María Elizabeth García González—María Claudia Rojas Lasso—Guillermo Vargas Ayala.

1 Fls. 1107 a 1143 cdno. 6.

2 Fls. 1267 a 1321 cdno. 7.