Auto 2014-00360 de abril 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 110010325000201400360 00

Número interno: 1131-2014

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Gustavo Francisco Petro Urrego

Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación

Bogotá, D.C., diez de abril de dos mil catorce.

Procede el despacho a estudiar la petición de medida cautelar de urgencia, consistente en la suspensión provisional de los actos administrativos sancionatorios del proceso de la referencia, presentada por el demandante, previas las consideraciones que se exponen a continuación.

La solicitud de medidas cautelares de urgencia

En escrito presentado por el apoderado del demandante el 28 de marzo de 2014 a las 4:17 p.m., a través del cual manifiesta que sustituye la “Petición de medidas cautelares”, remitiéndose al artículo 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para sustentarla, e invocó el numeral 3º de la citada norma, explicando su solicitud en los siguientes términos:

“En el presente caso se trata de una medida cautelar de suspensión que pretende impedir que siga causando un perjuicio irremediable consistente en el agotamiento día a día del período constitucional para el cual fui elegido popularmente.

Esta medida tiene sentido en la medida que buscan (sic) lograr uno de los objetivos que persiguen las medidas cautelares consistente en que en el momento de proferirse el fallo definitivo, que puede resultar favorable al demandante frente a tan flagrantes violaciones de normas superiores y legales o reglamentarias, cuando ello ocurra, si se permite que se surtan los efectos de tales actos hasta el final del proceso, los derechos del demandante ya habrán sido burlados y hasta se puede haber agotado el período del mandato constitucional como alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, D.C., sin que exista ninguna forma de retribuirle estos derechos, especialmente el derecho político a ser elegido”.

Luego de indicar la “Violación de normas superiores”, señala el demandante lo siguiente: “Estando cumplidos los requisitos de ley para la prosperidad de las medidas, solicito se decreten sin el consentimiento previo de la parte demandada, contemplado en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, conforme a la autorización consagrada en tal sentido por el artículo 234 ejusdem”.

Visto lo anterior, estima el despacho que está suficientemente claro que el demandante no solamente pretende que se decreten las medidas cautelares previstas en el nuevo código, sino que es explícito en solicitar la aplicación de las medidas de urgencia que autorizan la suspensión de los efectos de los actos administrativos demandados, con anterioridad al traslado de la demanda a la otra parte.

Análisis de los requisitos normativos de las medidas cautelares de urgencia

Las medidas cautelares de urgencia, previstas en el artículo 234, suponen que se hallen “cumplidos los requisitos para su adopción”, es decir, los requisitos generales para decretarlas, que fija el artículo 231.

El artículo 231, por su parte, distingue tres tipos de requisitos para adoptar las medidas cautelares:

— Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo: en estos casos la suspensión provisional procede “por violación de las disposiciones invocadas... cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”. Aquí se exigen, entonces tres pasos analíticos para el juzgador: i) un análisis general del acto demandado; ii) una confrontación con las normas superiores, o un análisis probatorio del material allegado con la solicitud, según corresponda; y iii) una conclusión preliminar sobre la violación de las disposiciones invocadas.

— Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho: en estos casos debe probarse en forma sumaria la existencia de los perjuicios.

— En los demás casos: esta exigencia, con sus cuatro numerales, no aplica cuando se invoca el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo cual no se examinan en el presente caso.

Cumplidos los requisitos de procedibilidad de las medidas cautelares que se han expuesto, el artículo 234 exige además otro raciocinio del juzgador, cual es el de examinar, frente a la solicitud presentada, que “se evidencie que por su urgencia no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior”, aludiendo al procedimiento del artículo 233, que exige correr traslado de la solicitud al demandado para que se pronuncie sobre ella, para luego expedir el auto correspondiente.

En consecuencia, si el juez o magistrado se convence de que hay evidente urgencia, dicho análisis le permite tomar decisión sobre la medida cautelar “desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte” como dice el artículo 234.

Ahora bien, esta valoración de la urgencia de la medida, debe entenderse en armonía con las reglas de procedencia de las medidas cautelares (art. 229) y con la norma sobre su contenido y alcance (art. 230). En consecuencia, y de conformidad con tales normas, las medidas cautelares pueden proferirse incluso “antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda”, cuando el juez o magistrado considere que tales medidas son “necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia” (art. 229); y dentro de tales medidas el juez o magistrado puede “Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo” (art. 230, num. 3º).

La necesidad de ponderación de las medidas cautelares de urgencia en el caso de los actos administrativos sancionatorios

Visto lo anterior, encuentra el despacho que la decisión por parte del magistrado ponente acerca de si concede las medidas cautelares de urgencia, está sometida a los mismo requisitos de las medidas cautelares generales, además de una valoración específica de la inaplazable urgencia de la medida, que a su ponderado criterio justifique la omisión del traslado a la otra parte.

Sobre este particular, estima el despacho que tratándose de actos administrativos sancionatorios, que están precedidos de un procedimiento complejo en su motivación y decisión, el juicio que debe formarse el juzgador para examinar los actos demandados y confrontarlos con las normas superiores, no puede producirse exclusivamente con los aspectos que le señala el demandante, sino que se requiere, para su adecuada valoración, contar igualmente con el punto de vista del ente estatal que profirió los actos sancionatorios enjuiciados.

En efecto, el despacho advierte que para resolver la solicitud de la suspensión de los efectos de un acto administrativo que goza de la presunción de legalidad y que fue expedido en virtud de una función altamente reglada y sometida a un procedimiento preestablecido, esto es, la facultad disciplinaria de un ente de control, es menester ponderar la urgencia alegada por el actor frente a la garantía del derecho al debido proceso que impera en las actuaciones judiciales (C.N., art. 29).

Así pues, si se considera que no es suficiente con los argumentos expuestos en el escrito de la solicitud para decretar o negar la medida cautelar, el juez está facultado para disponer que se surta el trámite previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y así, garantizar el derecho al debido proceso de las partes, tanto del demandante, ya que el juez dispone de más elementos de juicio para resolver acerca de la medida que le solicita, y del accionado, pues puede pronunciarse frente a los argumentos del actor y exponer los razonamientos que sustentan su proceder.

El razonamiento aquí expuesto coincide, además, con la doctrina nacional expuesta en vigencia del nuevo código, la cual ha enfatizado los riesgos de la figura de la medida cautelar de urgencia, con respecto al debido proceso y la importancia del traslado de la solicitud a la otra parte.

Así, el tratadista Carlos Betancur Jaramillo ha expresado: “Se consagra con estas medidas de urgencia una discrecionalidad judicial que puede atentar contra el debido proceso, máxime que no se sabe cuáles son, en la práctica, las razones justificativas de la medida”(1). Y el Consejero de Estado Gustavo Gómez Aranguren, en texto doctrinal sobre el tema, y haciendo alusión a las medidas cautelares generales del artículo 233, ha señalado lo siguiente sobre la importancia del traslado de la solicitud a la otra parte: “De esta manera se garantizan los principios de igualdad de las partes y el debido proceso, en especial el derecho de contradicción y de defensa, y se le brinda a la autoridad judicial elementos adicionales para adoptar una decisión adecuada, pues ya no solo va a considerar las razones de la parte actora, sino también las del demandado, quien ahora tiene la oportunidad de exponer su punto de vista y convencer al juez de la improcedencia del decreto de la medida”(2).

Adicionalmente, concluye el despacho que, dado el breve lapso dispuesto en la ley para el traslado (5 días) y el posterior del fallador para resolver, la urgencia de la medida cautelar no se afecta en forma significativa con esta decisión de traslado respecto de la eventual medida de suspensión de los actos administrativos demandados.

Adicionalmente, y por las mismas razones expuesta, para efectos del trámite posterior del proceso se tendrá como prioritaria la decisión de las medidas cautelares solicitadas por la parte demandante.

Sobre el caso concreto

En el presente caso, considera el despacho, por las razones que vienen de exponerse, que a la solicitud de suspensión provisional de los actos demandados debe dársele el trámite previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Visto lo anterior, por secretaría córrase traslado a la parte demandada del escrito contentivo de la medida cautelar solicitada por el actor, por el término de cinco (5) días para que se pronuncie sobre la misma.

Notifíquese y cúmplase.

Consejero: Gerardo Arenas Monsalve.

(1) Carlos Betancur Jaramillo: “Derecho procesal administrativo. Octava edición, 2013. Seña Editorial, Medellín, página 381.

(2) Gustavo Gómez Aranguren: “El régimen de medidas cautelares en la Ley 1437 de 2011”. En la obra instituciones del derecho administrativo en el nuevo Código. Coedición, Consejo de Estado - Banco de la República, Bogotá, 2012, página 177.