Auto 2014-00384 de noviembre 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 05001-23-33-000-2014-00384-01 (52286)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Luis Enrique Vallejo Botero y otro

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional y otro

Medio de control: Reparación directa

Bogotá D.C., doce de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la decisión adoptada en auto del 27 de julio de 2014 por la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, como quiera que el presente proceso tiene vocación de doble instancia en razón a la cuantía, pues la pretensión mayor individualmente considerada asciende a la suma de $1.015.247.500, equivalente a 1648.12 salarios mínimos mensuales de 2014, año de presentación de la demanda, a razón de $616.000 el salario mínimo legal mensual, al tenor de lo dispuesto en los artículos 152.6 y 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Además la decisión adoptada por el a quo, de declarar de manera oficiosa la caducidad del medio de control y consecuentemente disponer el rechazo de la demanda, es susceptible del recurso de apelación por encontrarse consagrada en el numeral primero del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante se concreta en precisar si ha operado la caducidad del medio de control de reparación directa en el presente caso.

Al respecto es menester anotar que al tenor del literal i) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el medio de control de reparación directa se indica que “la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

3. Caducidad del medio de control de reparación directa.

3.1. La caducidad de esta pretensión contenciosa administrativa como instituto procesal obtiene soporte y fundamento en el artículo 228 de la Constitución Política.

Dicho fundamento constitucional determina la aplicación de los términos procesales en el ordenamiento jurídico, buscando ante todo la protección material de los derechos y la resolución definitiva de los conflictos que surgen a diario en el complejo tejido social(1)(2).

3.2. Conforme a la estructuración conceptual de nuestra legislación, la figura de la caducidad de la acción es de estricto orden público y de obligatorio cumplimiento, innegociable e irrenunciable en cuanto implica el reconocimiento normativo de un lapso habilitador para el ejercicio de ciertas pretensiones judiciales(3). En esta perspectiva el legislador ha considerado que la no materialización del término límite establecido para la correspondiente caducidad constituye otro de los presupuestos para el debido ejercicio de los medios de control contencioso administrativos que estuvieren condicionados para estos efectos por el elemento temporal(4).

3.3. Desde este punto de vista, la caducidad se institucionaliza corno un concepto temporal, perentorio y preclusivo de orden, estabilidad, interés general y seguridad jurídica para los asociados y la administración desde la perspectiva procesal, generando certidumbre en cuanto a los tiempos de las personas para hacer valer sus derechos ante las autoridades judiciales(5). En este sentido, las consecuencias del acaecimiento de la condición temporal que es manifiesta en toda caducidad implica la pérdida de oportunidad para reclamar por la vía judicial los derechos que se consideren vulnerados por causa de la actividad de la administración pública(6).

3.4. De manera concreta, en relación con la caducidad del medio de control de reparación directa dispone el artículo 164.2 literal i) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que “Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

4. Caso en concreto.

Comoquiera que en el presente caso los actores pretenden la responsabilidad de las entidades demandadas con ocasión del secuestro sufrido por los demandantes, es menester precisar que el secuestro conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha s ido considerado como delito permanente(7), en el cual, existe un estado dañoso que se prolonga en el tiempo de manera continua hasta el momento en que la víctima escapa del campo de control del secuestrador.

En ese sentido encuentra esta corporación, que en el presente caso, y para efectos de imputar responsabilidad a las entidades demandadas, el daño existe desde la captura de los demandantes, y se prolonga en el tiempo hasta que los mismos quedaron en libertad, momento en el cual cesa la aflicción a la libre locomoción de las víctimas, y por consiguiente se presenta la oportunidad para impetrar las pretensiones que busquen restablecer los derechos lesionados, lo que conlleva a que en ese instante principio el término de caducidad.

Siendo así, de lo esgrimido por el actor en el libelo introductorio, se deduce que los señores Luis Enrique Vallejo Botero y Mauricio Vallejo Bravo fueron secuestrados por grupos al margen de la ley desde el día 31 de octubre de 1999, hasta el día 9 de mayo y 2 de Junio de 2000, respectivamente, tal como consta en el hecho octavo de la demanda.

Razón por la cual esta subsección denota que el daño si bien se causó en un periodo de tiempo, el mismo cesa con las respectivas liberaciones, y es desde el día siguiente a esa cesación que empieza a correr el término de caducidad del medio de control, más aún cuando los demandantes son las mismas víctimas y tienen conocimiento ipso facto de su liberación, principiando entonces el término de caducidad respecto del señor Luis Enrique Vallejo Botero el 10 de mayo de 2000, y el 2 de junio de 2000 frente al señor Mauricio Vallejo Bravo.

Comoquiera que el término para interponer de manera oportuna la acción cuya pretensión es la reparación directa es de 2 años, según la normativa anteriormente referenciada, encuentra esta corporación que es evidente que el medio de control se encontraba caducado al momento de su interposición, pues la inactividad de los demandantes para poner de presente sus pretensiones se mantuvo por un lapso de más de 13 años desde el momento en que se concretó el daño, hasta el momento de solicitud de conciliación extrajudicial(8), razón por la cual se mantendrá la decisión adoptada por el tribunal a quo.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la decisión adoptada por la Sala de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante auto de 27 de enero de 2014, mediante la cual se rechazó de plano la demanda de la referencia, por caducidad del medio de control.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Corte Constitucional, SC-165 de 1993. “Desde esta perspectiva, es claro que la justicia, entendida como la resultante de la efectiva y recta mediación y resolución con carácter definitivo de los conflictos surgidos en el transcurso del devenir social, se mide en términos del referente social y no de uno de sus miembros”.

(2) Corte Constitucional, SC-351 de 1994. “El derecho de acceso a la administración de justicia, sufriría grave distorsión en su verdadero significado si, como lo desean los demandantes, este pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie. Semejante concepción conduciría a la parálisis absoluta del aparato encargado de administrar justicia. Implícitamente supondría además la exoneración del individuo de toda ética de compromiso con la buena marcha de la justicia, y con su prestación recta y eficaz. Y, en fin (sic), el sacrificio de la colectividad, al prevalecer el interés particular sobre el general. En suma, esa concepción impediría su funcionamiento eficaz, y conduciría a la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos. Todo lo cual sí resultaría francamente contrario a la Carta”.

(3) Corte Constitucional. Sentencia C-832 del 8 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público, lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.

(4) Corte Constitucional, SC-351 de 1994. “Para nadie es desconocido que la sociedad entera tiene interés en que los procesos y controversias se cierren definitivamente, y que atendiendo ese propósito, se adoptan instituciones y mecanismos que pongan término a la posibilidad de realizar intemporal o indefinidamente actuaciones ante la administración de justicia , para que las partes actuen (sic) dentro de ciertos plazos y condiciones, desde luego, con observancia plena de las garantías constitucionales que aseguren amplias y plenas oportunidades de defensa y de contradicción del derecho en litigio”.

(5) Corte Constitucional. Sentencia C-781 del 13 de octubre de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz: “De otro lado, resulta necesario dotar de firmeza a las determinaciones oficiales estableciendo un momento a partir del cual ya no es posible controvertir algunas actuaciones. De lo contrario, el sistema jurídico se vería abocado a un estado de permanente latencia en donde la incertidumbre e imprecisión que rodearían el quehacer estatal entorpecerían el desarrollo de las funciones públicas. Ha dicho la Corte: ‘La caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusas algunas para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado’. Ahora bien: los términos de caducidad no pueden interpretarse como una forma de negar el acceso a la justicia, precisamente porque la limitación de plazo para impugnar ciertos actos —y es algo en lo que se debe insistir— está sustentada en el principio de seguridad jurídica y crea una carga proporcionada en cabeza de los ciudadanos para que se interesen y participen prontamente en el control de actos que vulneran el ordenamiento jurídico. Ha añadido la Corte: ‘El derecho de acceso a la administración de justicia sufriría grave distorsión en su verdadero significado si, como lo desean los demandantes, este pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie. Semejante concepción conduciría a la parálisis absoluta del aparato encargado de administrar justicia. Implícitamente supondría además la exoneración del individuo de toda ética de compromiso con la buena marcha de la justicia, y con su prestación recta y eficaz. Y, en fin, el sacrificio de la colectividad, al prevalecer el interés particular sobre el general. En suma, esa concepción impediría su funcionamiento eficaz y conduciría a la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos. Todo lo cual sí resultaría francamente contrario a la Carta’”.

(6) Corte Constitucional. Sentencia C-115 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara: “La ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas (art. 136, CCA), de manera que al no promoverse la acción dentro del mismo, se produce la caducidad. Ello surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener por los medios judicial es requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

(7) Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal. Sentencia de agosto 25 de 2010, M.P. María del Rosario González de Lemos: “(...) en el delito permanente la consumación se prolonga en el tiempo hasta cuando cesa el atentado al bien jurídico objeto de tutela, sin que corresponda a una realización del comportamiento por tramos.

Para la comisión de este punible es necesario que el Estado dañoso o de peligro, provenga de la conducta del sujeto activo de manera continua, es decir, que no se agote en un solo instante, sino que prosiga durante determinado tiempo, y que la prórroga de la situación antijurídica se deba a la exclusiva conducta voluntaria del sujeto, quien persiste en ella ininterrumpidamente después de la realización del hecho que constituye el inicio del punible.

Así, por ejemplo, el delito de secuestro inicia cuando la víctima es arrebatada, sustraída o retenida por otra persona, y culmina por razones materiales, cuando las autoridades consiguen su liberación, el plagiario desiste de continuar en su acción, escapa del control del secuestrador o fallece (sic), o por razones jurídicas, cuando se clausura la fase instructiva, caso en el cual el atentado a la libertad personal tiene lugar de manera constante y sin interrupción alguna durante todo el tiempo”.

(8) La fecha de presentación de solicitud de conciliación extrajudicial fue de 22 de octubre de 2013, tal como consta en el folio 24 del primer cuaderno.