Auto 2014-00388/1612-2016 de abril 27 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Exp. 20001-23-33-000-2014-00388-01 (1612-2016)

Consejera ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Ordinario: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Julio Segundo Ávila Peñaloza

Demandado: E.S.E. Hospital Agustín Codazzi

Trámite: Ley 1437 de 2011.

Bogotá D.C., 27 de abril de 2017.

Asunto: Exigibilidad del presupuesto procesal de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en procesos donde se reclama la declaratoria de existencia de una relación laboral.

Decisión: Confirma auto que declaró probado el presupuesto procesal de caducidad.

Apelación de auto.

Procede la Sala a resolver la apelación interpuesta por el demandante contra el auto interlocutorio de 16 de diciembre de 2015,(1) proferido en la audiencia inicial por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante el cual declaró haberse configurado el presupuesto procesal de caducidad y dio por terminado el proceso.

I. Antecedentes

El señor Julio Segundo Ávila Peñaloza, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el 2 de diciembre de 2014,(2) con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo de 16 de julio de 2014, notificado en la misma fecha(3), proferido por la E.S.E. Hospital Agustín Codazzi y a través del cual negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral, indemnizaciones e indexaciones a favor del accionante.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, el demandante solicitó que se le reconozca y pague: i) el equivalente a las prestaciones sociales a las que tuviere derecho durante el tiempo que realmente prestó sus servicios, ii) todos los salarios y prestaciones sociales desde el despido injusto hasta que se haga efectivo su reintegro, iii) la indemnización por no pagar las cesantías en un fondo de cesantías, iv) La cuota parte que la entidad demandada dejó de trasladar al sistema de salud y pensión, v) a título de indemnización, los aportes a la parafiscalidad (Sena, ICBF y Comfacesar), vi) los subsidios y derechos recreacionales por no pago de aporte a la caja de compensación laboral, vii) los valores correspondientes a prestaciones sociales indexados y solicitó el reintegro del accionante a un cargo de igual o superior categoría.

II. De la contestación a la demanda.

El Hospital Agustín Codazzi, se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual, formuló excepciones con las cuales, pretende enervar las súplicas del actor.

En ese sentido, arguyó que el acto está revestido de legalidad, en tanto fue proferido por el gerente de la entidad accionada y respetando el orden jurídico contemplado en la Ley 80 de 1993. Así mismo, alegó inexistencia de la obligación al no poseer el actor una vinculación permanente y subordinada.

III. El auto objeto de la apelación(4) 

El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante auto de 16 de diciembre de 2015, proferido en la continuación de la audiencia inicial, declaró probado el presupuesto procesal de caducidad y dio por terminado el proceso, conforme las razones que se exponen a continuación:

El a quo sostuvo que el 14 de mayo de 2013(5), el demandante elevó petición a la E.S.E. Hospital Agustín Codazzi, donde solicitó el reconocimiento y pago de prestaciones sociales y otros emolumentos, por haber estado vinculado a la entidad accionada mediante contratos de prestación de servicios durante el periodo comprendido desde el 15 de septiembre de 2008 al 15 de enero de 2012.

La E.S.E. Hospital Agustín Codazzi, mediante escrito notificado al actor en fecha 24 de julio de 2013(6), negó lo pretendido por aquel, argumentando que: i) los contratos de prestación de servicios no generan ninguna relación laboral, ni prestaciones sociales; ii) los contratos no se desarrollaron de manera continuo; iii) algunos de los contratos no aparecen en los archivos de la entidad; tampoco se demostró su existencia; iv) en algunos contratos operó el fenómeno de la prescripción de los derechos reclamados por el accionante y v) las labores a desarrollar por el contratista no eran de carácter permanente, carecían de subordinación, cumplimiento de horarios, en consecuencia, nunca se estableció una relación laboral.

Posteriormente, el 3 de junio de 2014, el administrado elevó una segunda petición(7), con la misma pretensión y supuestos facticos de la primera, la cual fue negada nuevamente por la E.S.E. Hospital Agustín Codazzi, mediante escrito notificado el 16 de julio de 2014, siendo este último el acto administrativo demandado.

El a quo precisó que, si bien existen 2 solicitudes del actor reclamando el reconocimiento y pago de prestaciones sociales y otros emolumentos, el término de caducidad debe contarse a partir del 25 de junio de 2013, es decir, el día siguiente de la fecha en la cual se notificó el acto administrativo que resolvió la primera petición, siendo que la demanda solo fue presentada hasta el 2 de diciembre de 2014, fecha para la cual, ya había trascurrido en demasía los 4 meses con que contaba para ello, razón por la cual, operó el fenómeno de la caducidad.

Conforme lo expuesto anteriormente, el Tribunal Administrativo del Cesar, dio aplicación al artículo 169 numeral 1º de la Ley 1439 de 2011 y procedió a rechazar la demanda presentada por el señor Julio Segundo Ávila Peñaloza en contra de la E.S.E. Hospital Agustín Codazzi.

IV. El recurso de apelación(8) 

El demandante cuestiona la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, para lo cual, indicó que existe un vacío jurídico al momento de presentar las demandas que pretenden declarar la existencia de un contrato realidad, toda vez que, no se puede precisar con claridad ante que jurisdicción demandar.

Igualmente, argumentó que en este caso, dado las actividades que desempeñó, primeramente, procedió a presentar la reclamación administrativa como requisito de procedibilidad para acudir ante la Jurisdicción Ordinaria, acudiendo en efecto a los Juzgados Laborales de Valledupar, correspondiéndole el conocimiento del proceso al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, despacho del cual, fue retirada la misma en razón a que en procesos anteriores y con similar pretensión, se habían “fallado varios casos negando la pretensión por que no era la justicia ordinaria la competente(9)”.

Que en razón a lo anterior, se inició una nueva actuación administrativa, no con la intención de revivir términos sino con la finalidad de iniciar nuevamente el agotamiento de la vía administrativa regulado por la Ley 1437 de 2011, previo a acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, motivo por el que, se debe tener en cuenta la segunda petición para efectos de contar el termino de caducidad de la acción, es decir, a partir del 16 de julio de 2014, fecha en que se notificó la decisión acusada en este proceso.

V. Consideraciones

A efectos de resolver el presente asunto, se debe precisar la procedencia del recurso de apelación de que trata numeral 1º del artículo 243 de la Ley 1439 de 2011(10), formulado dentro de la oportunidad procesal prevista por el numeral 2º del artículo 244 de la Ley 1439 de 2011(11), con la debida sustentación, siendo la Sala competente para decidir de plano sobre el recurso interpuesto, en acatamiento a lo previsto por el artículo 125 ibídem(12).

Problema Jurídico

En el presente asunto, pretende el demandante le sea reconocido y pagadas las prestaciones sociales a que tiene derecho, la cuota parte que la entidad demandada dejó de trasladar al sistema de seguridad social en salud y pensión y se le cancele a título de indemnización los aportes parafiscales que debió hacer la entidad al Sena, ICBF y Comfacesar, la sanción moratoria y la indemnización por despido injusto, todo ello como consecuencia de acreditarse una verdadera relación laboral que se desarrolló bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios.

Corresponde a la sala establecer, si en los procesos donde se reclama la primacía de la realidad sobre las formas, en el cual, se pretende la declaratoria de la existencia de una relación laboral derivada de los contratos de prestación de servicios y como consecuencia de ello, el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y de la cuota parte que la entidad demandada dejó de trasladar al sistema de seguridad social en salud y pensión, resulta exigible el presupuesto procesal de caducidad del medio de control de nulidad y restableciendo del derecho. En caso afirmativo, deberá la Sala establecer si la demanda presentada por el señor Julio Segundo Ávila Peñaloza, reúne los requisitos de oportunidad, o si por el contrario, se ejerció por fuera del término establecido en el artículo 164 literal d) de la Ley 1437 de 2011, configurándose la caducidad del medio de control, dando lugar al rechazo de la misma.

Para desarrollar el problema jurídico, la Sala procederá al estudio de los supuestos fácticos presentados en la demanda. Posteriormente, examinará normatividad y la jurisprudencia aplicable en materia de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Seguidamente, se abordará el estudio de la sentencia de unificación de fecha 26 de agosto de 2016, en la cual, se fijaron algunas reglas en tratándose de procesos en los que se debate el reconocimiento de prestaciones sociales que subyace a la ejecución de contratos de prestación de servicios, específicamente, se analizará lo referente a la regla fijada respecto del presupuesto procesal de caducidad. Finalmente, se entrará al estudio del caso concreto.

i. De los supuestos fácticos presentados con la demanda.

De los supuestos fácticos y de las pruebas documentales allegadas con la demanda, se observa lo siguiente:

1. Primer agotamiento de vía administrativa.

En fecha 14 de mayo de 2013, el actor presentó ante el Hospital Agustín Codazzi, reclamación administrativa(13) tendiente a que le reconocieran las prestaciones que a continuación de relacionada:

— Prestaciones sociales tales como: cesantías, intereses a las cesantías, prima semestral, primas de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, dotación y auxilio de transporte.

— Reconocimiento y pago de 15 días de labores correspondiente al último contrato ejecutado y no cancelados por la entidad contratante.

— Pago de la indemnización por terminación unilateral e injusta del Contrato 075.

— Pago de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías a tiempo.

Reintegro de la cuota parte que la entidad contratante dejó de trasladar al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgo laborales.

La anterior petición fue debidamente resuelta por el Hospital Agustín Codazzi mediante oficio recibido por el actor en fecha 24 de junio de 2013, a través del cual, la entidad negó la existencia de la relación laboral y el consecuente reconocimiento prestacional pretendido por el peticionario(14).

Es pertinente señalar, que en el proceso bajo estudio no se controvirtió la legalidad de la anterior decisión.

2. Segundo agotamiento de vía administrativa.

El demandante, mediante escrito petitorio radicado ante el Hospital Agustín Codazzi en fecha 03 de junio de 2014, formula nuevamente las siguientes pretensiones:

— Reconozca y pague al actor a título de reparación del daño, el equivalente a las prestaciones sociales tales como: cesantías, intereses a las cesantías, prima semestral, primas de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, dotación y auxilio de transporte.

— Reconocimiento y pago de 15 días de labores correspondiente al último contrato ejecutado y no cancelados por la entidad contratante.

— Reconocer y pagar a título de indemnización los aportes a parafiscalidad.

— Reconocer y pagar a título de indemnización los subsidios y derechos recreacionales por el no pago de los aportes a la caja de compensación.

— Pago de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías a tiempo.

Reconocimiento y pago de la cuota parte que la entidad contratante dejó de trasladar al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgo laborales.

— Reconocimiento y pago indexados de los valores correspondientes a las prestaciones sociales no recibidas.

La petición anterior fue desatada por el Hospital Agustín Codazzi mediante oficio de fecha 16 de julio de 2014 y recibido por el accionante en la misma fecha, a través del cual, la entidad negó la existencia de la relación laboral y el consecuente reconocimiento prestacional pretendido por el peticionario, constituyendo éste el acto acusado en el presente asunto.

ii. De la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En principio, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa:

“[…] ART. 164.—Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(…)

Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales…”.

De conformidad con lo indicado en dicha normativa, se puede apuntar a que, quien pretenda ejercer el contencioso subjetivo de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo de carácter particular, debe presentar la demanda del citado medio de control dentro del término de caducidad, es decir, dentro del término de 4 meses contados a partir del día siguiente de su notificación.

Entonces, la norma establece un término en el cual, el ciudadano debe acudir a la jurisdicción a impugnar un acto administrativo expreso de contenido particular para evitar la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y para el efecto, se consagró el plazo de 4 meses siguientes al día de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto, según el caso, y teniendo en cuenta, además, las excepciones contempladas en otras disposiciones legales.

Ahora bien, la norma en cita estableció algunas excepciones al presupuesto procesal de caducidad, contemplando dentro de ellas, cuando el acto acusado sea producto de la configuración del silencio administrativo negativo, de tal suerte que, la demanda puede ejercerse en cualquier tiempo, según las voces del prenotado literal d, del numeral 1º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

iii. De la regla acerca del presupuesto procesal de caducidad contenida en la sentencia de unificación de fecha 25 de agosto de 2016, en materia de los procesos donde se debate la existencia de una verdadera relación laboral.

La Sección Segunda de esta colegiatura, en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, profirió sentencia de unificación en fecha 25 de agosto de 2016, dentro del proceso instaurado por la señora Lucinda María Cordero Causilcontra el municipio de Ciénaga de Oro - Córdoba, con Radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15), en el cual, se controvirtió el reconocimiento de la relación laboral y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades referente al presupuesto procesal, providencia que en tratándose del prepuesto procesal de caducidad señaló lo siguiente:

“[…] las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1º, letra c, del CPACA) 30, y por ende, pueden ser solicitados y demandados en cualquier momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una relación de trabajo[…]”.

Así las cosas, la aludida sentencia de unificación precisó que en el medio de control que se suscita sobre el reconocimiento de la existencia de la relación laboral, no es susceptible del término de caducidad, puesto que allí se debate la reclamación de “[…]aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del medio de control […](15)Negrillas fuera de texto.

De acuerdo con lo anterior, se analizará el caso concreto relacionado con la exigibilidad del presupuesto procesal de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se suscita sobre el reconocimiento de la existencia de la relación laboral.

iv. Del caso en concreto

En el caso sub examine, el señor Julio Segundo Ávila Peñaloza solicitó a la accionada en 2 ocasiones,(16) el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, el reintegro y/o reconocimiento y pago de la cuota parte que la entidad contratante dejó de trasladar al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgo laborales, indemnizaciones por no haberse realizados os aportes a parafiscalidad y caja de compensación, reconocimiento y pago de sanción moratoria e indexaciones derivados de la existente relación laboral con la E.S.E. Hospital Agustín Codazzi, entidad que al desatar las reclamaciones elevadas por el actor, expidió los actos administrativos de fecha 24 de junio de 2013(17) y de 16 de julio de 2014,(18) notificados respectivamente en la misma fecha,(19) mediante los cuales negó la petición elevada por el accionante.

En fecha 2 de diciembre de 2014,(20) el demandante acudió ante esta jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con la finalidad de solicitar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio de fecha 16 de julio de 2014, notificado en la misma fecha(21).

Así pues, en la audiencia inicial, la entidad demandada y el Ministerio Público, manifestaron que en el caso bajo estudio operó el fenómeno jurídico de la caducidad, pues, teniendo en cuenta que en fecha 24 de junio de 2013, el actor fue debidamente notificado de la respuesta a la primera petición, por lo que, la demanda fue presentada por fuera del término contemplado en el artículo 164 numeral 2º literal d) de la Ley 1437 de 2011, toda vez que la misma solo fue incoada en fecha 2 de diciembre de 2014.

El a quo mediante auto interlocutorio del 16 de diciembre de 2015,(22) proferido en la audiencia inicial, declaró haberse configurado el presupuesto procesal de caducidad y dio por terminado el proceso.

Resulta razonable y ajustada a derecho la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cesar, que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como quiera que el término del presupuesto procesal de caducidad debe contabilizarse desde la notificación del oficio de fecha 24 de junio de 2013, en la medida que, en dicho pronunciamiento, la administración resolvió de fondo la reclamación pretendida por el actor en aras de obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y de seguridad social como consecuencia de probarse la existencia de una verdadera relación laboral.

De igual manera, observa la Sala que el demandante a través de su apoderada judicial acudió, primeramente, ante los Juzgados Laborales de Valledupar, a fin de controvertir la legalidad del oficio de fecha 24 de junio de 2013, correspondiéndole el conocimiento del proceso al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, despacho del cual, retiró la demanda por cuanto que, en procesos anteriores y con similar pretensión, se habían “fallado varios casos negando la pretensión por que no era la justicia ordinaria la competente(23)”, lo que permite colegir que la parte demandante conocía la postura jurídica que los jueces laborales del Circuito de Valledupar tenían sobre la jurisdicción competente en asuntos como el aquí debatido.

En ese mismo contexto, debe señalarse que de acuerdo a los criterios que definen el objeto de conocimiento de esta jurisdicción(24), se observa que frente al criterio de litigio(25), es claro que lo pretendido por el accionante es cuestionar la decisión denegatoria de la existencia de la relación laboral pretendida, por lo que, sin duda, se está ante una controversia entre las partes; en cuanto al criterio de la causa(26), es claro que el cuestionamiento tiene por causa un acto administrativo, decisión de la cual, ésta jurisdicción conoce para pronunciarse sobre los reproches de ilegalidad que se formulen contra el mismo y, respecto del criterio material(27), es claro que lo pretendido por el demandante se sujeta a desvirtuar la presunción contenida en el inciso 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y la decisión controvertida emana de una entidad pública en ejercicio de función administrativa, de tal suerte que, conforme a los anteriores criterios se define que es ésta jurisdicción la competente para conocer del asunto en cuestión, desvirtuándose con ello el argumento del apelante, en cuanto a la existencia de un vacío normativo para definir el juez que debe conocer este tipo de procesos.

De otra parte, es claro para la Sala que en el presente asunto el accionante pretende a título de restableciendo del derecho y como consecuencia de la declaratoria de existencia de la relación laboral, el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, el reintegro o reconocimiento y pago de la cuota parte que la entidad contratante dejó de trasladar al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgo laborales(28) durante el tiempo que duró el vínculo contractual.

Visto lo anterior, se tiene que si bien la sentencia de unificación precitada señaló que se encontraba exceptuado del presupuesto procesal de caducidad las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, también lo es que, la consecuencia jurídica que deriva de la declaratoria de existencia de una verdadera relación laboral que subyace de la ejecución de contratos de prestación de servicios, consistente en el reconocimiento de las prestaciones sociales y de las diferencias de valor respecto de los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar por parte de la accionada en el porcentaje fijado por ley, no tienen la connotación de ser prestaciones periódicas y en consecuencia, no libera al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en este específico aspecto, de la exigibilidad del presupuesto procesal de caducidad.

Aunado a ello, en el presente proceso no se observa que en el agotamiento de vía administrativa y tampoco en el escrito introductorio —demanda— se haya solicitado pretensión alguna referente al reconocimiento del derecho pensional del demandante o se discuta el mismo como consecuencia directa de la declaratoria de existencia una verdadera relación laboral, aspiración que sí tendría la virtud de eximir al reclamante el cumplimiento de la caducidad.

No debe perderse de vista que, en “asuntos como el aquí debatido, es claro que el núcleo principal de la controversia gira en torno a la probanza que el contratista demandante realice acerca de los tres elementos configurativos de una verdadera relación laboral(29), la cual estuvo en principio abrigada bajo la modalidad de un contrato estatal de prestación de servicios, de tal suerte que, la consecuencia de salir avante la parte actora en el deber de demostrar tales requisitos de ley conllevaría al reconocimiento de las prestaciones sociales pretendidas y el deber que le asiste a la accionada de girar los aportes —mayor valor a pagar— respectivos al sistema de seguridad social en pensión y salud, siempre y cuando la reclamación se haya formulado dentro de los 3 años contados a partir de la última vinculación contractual(30)”. Pero como se observa, en el presente proceso no se cuestiona en manera alguna un derecho de arraigo pensional en favor del accionante, motivo por el que, no existe razón para liberar el medio de control aquí ejercido del presupuesto procesal de caducidad.

Así las cosas, habrá de confirmarse el auto interlocutorio del 16 de diciembre de 2015, proferido en la audiencia inicial por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante el cual, declaró haberse configurado el presupuesto procesal de caducidad y dio por terminado el proceso.

En mérito de lo expuesto, la Sala:

RESUELVE:

1. Confirmar el auto del 16 de diciembre de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio del cual, en audiencia inicial declaró probado el presupuesto procesal de caducidad y en consecuencia, dio por terminado el proceso.

2. En firme esta providencia, por intermedio de la Secretaria de la Sección Segunda, remítase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Consejeros: Sandra Lisset Ibarra Vélez—Carmelo Perdomo Cuéte—César Palomino Cortés.

(1) Folios 275 a 277.

(2) Folios 178 a 206.

(3) Folio 151.

(4) Folios 276 a 277.

(5) Folios 90 a 92

(6) Folios 94 a 98.

(7) Folios 141 a 147.

(8) Folio 277

(9) Trascripción textual del recurso de apelación contenido en el audio a minuto 13:57 al 13:62.

(10) “[…] Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:
1. El que rechace la demanda
[…]”.

(11) “[…] La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:
2. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes ante el juez que lo profirió. De la sustentación se dará traslado por Secretaría a los demás sujetos procesales por igual término, sin necesidad de auto que así lo ordene. Si ambas partes apelaron los términos serán comunes. El juez concederá el recurso en caso de que sea procedente y haya sido sustentado.
[…]”.

(12) “[…] Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica.
[…]”.

(13) Ver folios 91 y 92 del expediente.

(14) Ver folios 94 al 98 del proceso.

(15) Ver sentencia de unificación de fecha 25 de agosto de 2016.

(16) folios 90 a 92 y folios 141 a 146.

(17) Folios 94 a 98.

(18) Folios 148 a 151.

(19) Folio 151.

(20) Folios 178 a 206.

(21) Folio 151.

(22) Folios 275 a 277.

(23) Argumento expuesto en el recurso de apelación, el cual obra en la grabación de audio y video incorporado en el expediente.

(24) Artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, el cual señala: Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de fecha 21 de noviembre de 2013, Radicado 76001-23-31-000-2012-00002-01(46027), en la cual, se precisaron los criterios que definen el objeto de la jurisdicción.

(26) Ibídem.

(27) Ibídem.

(28) Ver folio 144 y 145 del expediente

(29) ART. 23.—Elementos Esenciales.
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.

(30) Ver aclaración de voto de la sentencia de unificación mencionada.