Auto 2014-00453 de febrero 5 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2014 00453 00

Actora: María Sandra Morelli Rico

Acción: nulidad.

Bogotá, D. C., cinco de febrero de dos mil quince.

Procede el despacho a resolver la solicitud de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de los artículos 1º, 2º y 3º de la Resolución Orgánica 0008 de 3 de agosto de 2011, “Por la cual se asignan competencias para adelantar indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorios y de jurisdicción coactiva al interior de la Auditoría General de la República, se crea la Secretaría Común de Procesos Fiscales y se asignan funciones”, expedida por el Auditor General de la República.

I. Antecedentes

La demanda

La ciudadana María Sandra Morelli Rico, actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 137 del CPACA, presentó demanda ante esta corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional, de los artículos 1º, 2º y 3º de la Resolución Orgánica 0008 de 3 de agosto de 2011, “Por la cual se asignan competencias para adelantar indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorios y de jurisdicción coactiva al interior de la Auditoría General de la República, se crea la Secretaría Común de Procesos Fiscales y se asignan funciones”, expedida por el Auditor General de la República.

II. La solicitud de suspensión provisional

La actora, en escrito separado de la demanda, solicita que se decrete la suspensión provisional de los efectos de los artículos 1º, 2º y 3º de la Resolución acusada, por transgredir los artículos 6º, 29, 122, 189, numeral 11, 268 y 274 de la Constitución Política; y 17 del Decreto-Ley 272 de 2000.

A juicio de la actora, el acto acusado desconoce la función asignada al Auditor General de la República por los artículos 274 de la Constitución Política y 17 del Decreto-Ley 272 de 2000, en relación con la determinación de la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal sobre los entes que se encuentran bajo su vigilancia y control, pues asignó la competencia para conocer, tramitar y decidir las indagaciones preliminares, los procesos de responsabilidad fiscal (ordinarios y verbales), los procesos administrativos sancionatorios y los procesos de jurisdicción coactiva, al Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, en primera instancia y al auditor delegado para la vigilancia de la gestión fiscal, en segunda.

Agregó que tal disposición de funciones está reservada al legislador y, por ello, se desconoció de manera manifiesta el principio del juez natural, consagrado en el artículo 29 de la C.P.

Que, adicionalmente, se usurpó de forma grosera la potestad reglamentaria del Presidente de la República prevista en el artículo 189, numeral 11, de la C.P., y la del Contralor General prevista en el artículo 268, numerales 1º y 12, ídem.

III. Traslado de la solicitud de medida cautelar

La Auditoría General de la República, mediante apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de la medida cautelar e indicó que no se reúnen los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA, para su decreto.

Señaló que no está demostrado el perjuicio irremediable que se ocasiona con la expedición de la Resolución Orgánica 0008 de 3 de agosto de 2011, pues al confrontarla con la Constitución y la ley, no se observa ilegalidad alguna.

Que tampoco es posible sostener que de no acceder a la medida precautelativa, los efectos de la sentencia sean nugatorios, si se tiene en cuenta que se trata del examen de legalidad de un acto administrativo fundamentado en los mandatos constitucionales y legales, y de ahí que solo a través del adelantamiento de todas las etapas del proceso judicial, se conocerá su ajustamiento al ordenamiento jurídico.

En cuanto a las funciones de la Auditoría General de la República, advirtió que el Decreto-Ley 272 de 2000 le asignó la competencia de ejercer vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General y de las contralorías departamentales y, en desarrollo de dicho precepto, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tiene la potestad de adelantar las actuaciones administrativas sancionatorias, los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, “de conformidad con las disposiciones que al efecto dicte el Auditor General”, según se dispone en el artículo 25 ídem.

Que, por tanto, la división de competencias al interior de la entidad no contradice la Constitución ni la ley y, por el contrario, es esta última la que la faculta para distribuir sus tareas a fin de conocer, tramitar y decidir las indagaciones preliminares, los procesos de responsabilidad fiscal, los procesos administrativos sancionatorios y los procesos de jurisdicción coactiva.

IV. Consideraciones del despacho:

El acto acusado

Los apartes acusados de la Resolución 0008 de 2011, son del siguiente tenor:

“Auditoría General de la República

RESOLUCIÓN ORGÁNICA 0008 DE 2011 

(Agosto 3)

Por la cual se asignan competencias para adelantar indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorios y de jurisdicción coactiva al interior de la Auditoría General de la República, se crea la Secretaría Común de Procesos Fiscales y se asignan funciones.

El Auditor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el numeral 14 del artículo 17 del Decreto-Ley 272 de 2000, y

CONSIDERANDO:

(…)

RESUELVE:

ART. 1º—Asignar la competencia para conocer, tramitar y decidir las indagaciones preliminares, los procesos de responsabilidad fiscal (ordinarios y verbales), los procesos administrativos sancionatorios y los procesos de jurisdicción coactiva, al Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal y al Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, de acuerdo con los factores de competencia que a continuación se enuncian.

ART. 2º—Es competente el Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, para conocer:

1. En primera instancia de las indagaciones preliminares, y de los procesos de responsabilidad fiscal definidos como de doble instancia por el artículo 110 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011 o las normas que lo modifiquen.

2. En única instancia de los procesos de responsabilidad fiscal definidos como de única instancia por el artículo 110 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011 o las normas que lo modifiquen.

3. En primera instancia de los procesos administrativos sancionatorios, de competencia de la Auditoría General de la República.

4. En primera instancia de los procesos de jurisdicción coactiva de competencia de la Auditoría General de la República.

ART. 3º—Es competente el Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, para conocer:

1. En segunda instancia de los recursos de apelación que procedan contra las decisiones que profiera en primera instancia la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

2. Del grado de consulta que proceda en las indagaciones preliminares y en los procesos de responsabilidad fiscal, que conoce en primera instancia la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

3. De los recursos de queja que procedan en los procesos que conoce en primera instancia la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

4. De la solicitud de recusación o declaratoria de impedimento formulados con ocasión del trámite de las indagaciones preliminares, los procesos de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorios y de jurisdicción coactiva”.

“(…)”

Por su parte, las normas que se estiman infringidas prevén:

Constitución Política

“ART. 6º—Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

“ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.

“ART. 122.—No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.

Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.

Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.

Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público.

“Inciso modificado por el artículo 4º del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:” Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior”.

“ART. 189.—Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

(…)

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”.

“ART. 268.—El Contralor General de la Republica tendrá las siguientes atribuciones:

1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse.

(…)

12. Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial”.

Decreto-Ley 272 de 2000.

“ART. 17.—Funciones del Auditor General de la República. Son las siguientes:

(…)

11. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma”.

La suspensión provisional como medida cautelar en la Ley 1437 de 2011

La suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos es una de las medidas cautelares que contempla el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L. 1437/2011), para garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

En términos del artículo 231 ídem, para que proceda dicha medida por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, se exige que la violación alegada surja del análisis del acto demandado y su confrontación directa con las normas superiores invocadas como vulneradas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud(1).

Análisis del despacho.

Mediante la resolución demandada, el Auditor General de la República asignó la competencia para conocer, tramitar y decidir las indagaciones preliminares, los procesos de responsabilidad fiscal (ordinarios y verbales), los procesos administrativos sancionatorios y los procesos de jurisdicción coactiva, al Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal y al Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

Para la actora, en síntesis, el acto acusado debe ser suspendido debido a que despoja al Auditor General de la competencia asignada por la Constitución y la ley para conocer procesos sancionatorios, de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva. Advierte que no es posible que un acto administrativo modifique una norma constitucional o legal, ni tampoco que por reglamento se viole el principio de reserva legal.

Para resolver, observa la Sala Unitaria que, de conformidad con el artículo 274 de la Constitución Política, la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República se ejerce por el Auditor General. Sobre las contralorías departamentales, distritales y municipales, el constituyente defirió su regulación a la ley(2).

Acerca del control fiscal que ejerce la Auditoría, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-499 de 1998(3), señaló lo siguiente:

“La vigilancia fiscal, conforme a la norma constitucional antes citada, se realiza mediante un control financiero, de gestión y de resultados enmarcado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.

(…)

Para cumplir a cabalidad con las misiones que la Constitución Política le ha asignado (C.P., arts. 267 y 268), la Contraloría General de la República requiere de los recursos y bienes públicos necesarios para su funcionamiento eficiente. Por estos motivos, esta entidad ha sido incluida en la ley orgánica del presupuesto como uno de los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación (D. 111/96, art. 3º). De este modo, la Contraloría, en cuanto administra, ejecuta, gasta y adquiere recursos públicos como cualquier otro organismo estatal, realiza una gestión fiscal que debe ceñirse a las normas constitucionales y orgánicas presupuestales respectivas.

El cumplimiento de los fines del Estado (C.P., art. 2º) y la exigencia constitucional de manejar con diligencia y probidad los dineros públicos (C.P., art. 209), implican que la gestión fiscal que lleve a cabo la Contraloría General de la República no quede exenta de vigilancia. En efecto, el hecho de que, según las normas constitucionales, esta entidad sea el máximo órgano de control fiscal en la organización estatal colombiana, no significa que la gestión fiscal que realiza con los recursos públicos que le asigne el presupuesto general de la Nación, no sea susceptible de la misma vigilancia fiscal a que están sujetos todos los otros organismos y entidades del Estado.

(…)

Aunque la norma constitucional no especifica en qué términos debe desarrollarse la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República por parte del auditor, la vigencia del principio de legalidad y de los principios de moralidad y probidad en el manejo de los recursos y bienes públicos impone concluir que la anotada vigilancia debe producirse con la misma intensidad y de conformidad con los mismos principios que regulan el control fiscal que la Contraloría General de la República realiza frente a las restantes entidades y organismos del Estado. Si ello es así, la auditoría a que se refiere el artículo 274 de la Constitución Política debe contar con todas aquellas garantías de autonomía que el estatuto superior depara a los órganos que llevan a cabo la vigilancia de la gestión fiscal en Colombia para la realización de sus funciones” (resaltado fuera del texto).

Por su parte, el Decreto-Ley 272 de 2000, al determinar la organización y funcionamiento de la Auditoría General de la República, dispuso en el artículo primero, que es un organismo de vigilancia de la gestión fiscal, dotado de autonomía jurídica, administrativa, contractual y presupuestal, el cual está a cargo del auditor, de que trata el artículo 274 de la Constitución Política.

En relación con las funciones del auditor, el citado decreto consagró las siguientes:

“ART. 17.—Funciones del Auditor General de la República. Son las siguientes:

1. Determinar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos para el cabal cumplimiento de la vigilancia de la gestión fiscal a él encomendada y para el adecuado funcionamiento administrativo de la Auditoría General de la República, con base en su autonomía administrativa, jurídica, contractual y presupuestal.

2. Prescribir los métodos y la forma en que sus vigilados deben rendir cuentas y determinar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados, entre otros, que deberán aplicarse para el ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal y para la evaluación del control fiscal interno.

3. Promover las acciones pertinentes para resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las entidades sujetas a su vigilancia.

4. Recomendar al Contralor General de la República y al Gobierno Nacional las reformas legales que considere necesarias para el mejoramiento del régimen de control fiscal.

5. Solicitar con carácter obligatorio información relevante para el ejercicio de sus funciones a las entidades sometidas a su vigilancia.

6. Presentar los informes sobre el ejercicio de su gestión a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado cada año.

7. Certificar la gestión y resultados de las entidades sometidas a su vigilancia.

8. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra los funcionarios o exfuncionarios de las entidades vigiladas que hubieren causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado.

9. Constituirse por sí mismo o por intermedio de abogado, en representación de los intereses de la Nación, como sujeto procesal dentro de los procesos penales que se adelanten contra funcionarios o exfuncionarios de las entidades sometidas a su vigilancia, y contra los funcionarios o exfuncionarios de la Auditoría General de la República.

10. Llevar la representación legal de la Auditoría General de la República en todos los asuntos inherentes al desarrollo de sus funciones y suscribir los actos y contratos de la entidad.

11. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.

12. Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal, en forma excepcional, sobre las cuentas de las contralorías municipales y distritales, sin perjuicio del control que les corresponde a las contralorías departamentales.

13. Adoptar las políticas, planes, programas y estrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo y financiero de la Auditoría General de la República, en desarrollo de su autonomía.

14. Asignar a las distintas dependencias y funcionarios de la Auditoría General de la República las competencias y tareas necesarias para el cabal cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, para lo cual podrá conformar equipos de trabajo y dictar los reglamentos internos que se requieran, así como delegar y desconcentrar las funciones a que hubiere lugar, con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

15. Ordenar el gasto, sin perjuicio de las delegaciones que considere convenientes para la buena marcha de la entidad a su cargo, de conformidad con lo dispuesto por el estatuto orgánico de presupuesto.

16. Adoptar la planta de personal de la entidad de acuerdo con la viabilidad presupuestal expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, proveer los empleos cumpliendo las normas sobre carrera administrativa, así como distribuir los cargos de la planta global, conformar los grupos internos de trabajo, consejos y comités asesores que sean necesarios para el cumplimiento eficiente y eficaz de las competencias y responsabilidades de la entidad, asignándoles las tareas a ejecutar.

17. Establecer y desarrollar el sistema de control interno de la Auditoría General de la República, en cumplimiento de las normas constitucionales y legales que lo rigen.

18. Establecer las políticas, planes, métodos y procedimientos para el desarrollo de las actividades de capacitación integral de su talento humano, coordinar programas conjuntos con los organismos sujetos a su vigilancia.

19. Requerir reportes periódicos al asesor de control interno sobre los resultados de su gestión.

20. Designar el funcionario que adelantará las investigaciones disciplinarias internas a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Ley 200 de 1995” (resaltado fuera de texto).

De las funciones asignadas por la citada norma, se destacan las de los numerales 11 y 14, en virtud de las cuales, el Auditor General está encargado de “establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma” y de “Asignar a las distintas dependencias y funcionarios de la Auditoría General de la República las competencias y tareas necesarias para el cabal cumplimiento de las funciones constitucionales y legales”.

Ahora bien, a través del acto acusado, el auditor delegó la función de “conocer, tramitar y decidir las indagaciones preliminares, los procesos de responsabilidad fiscal (ordinarios y verbales), los procesos administrativos sancionatorios y los procesos de jurisdicción coactiva”; esto es, la de establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, para la cual fue investido directamente por el Decreto-Ley 272, expedido por el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en el numeral 2º del artículo 1º de la Ley 573 de 2000, lo cual aparece, a primera vista, contradictorio de la norma superior en que se fundamenta la resolución acusada, pues si el Decreto-Ley 272 de 2000 fijó en las dependencias de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y de la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, la función de “adelantar las actuaciones administrativas” en materia sancionatoria, de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva (arts. 23 y 25), ello no significa que tales dependencias estén revestidas de la facultad de establecer la responsabilidad, como sí lo previó expresamente el legislador para el Auditor General de la República.

Es cierto, como lo señala el artículo 14 del decreto en mención, que el auditor puede asignar “a las distintas dependencias y funcionarios de la Auditoría General de la República” las tareas necesarias para el cumplimiento de sus funciones, pero considerar que en virtud de ello puede delegar el ejercicio de la gestión fiscal, para que sean las dependencias del organismo las que conozcan en primera y segunda instancia de los procesos de responsabilidad fiscal, procesos administrativos sancionatorios y de jurisdicción coactiva, es sin duda un desprendimiento de las funciones constitucionales y legales que inspiraron la consagración de la figura del auditor en el artículo 274 superior.

Deriva de lo anterior que, un primer examen del acto acusado, de cara a las normas que se invocan como fundamento de la medida cautelar, evidencia que, en principio, el Auditor General de la República ya no conocería de los procesos de responsabilidad fiscal, procesos administrativos sancionatorios y de jurisdicción coactiva que le atribuyó directamente la ley, lo que sin duda representa una radical remoción de sus funciones como encargado de la Auditoría General de la República.

Ahora bien, la Corte Constitucional, en diferentes sentencias de constitucionalidad sobre las normas de funcionamiento de la Auditoría General de la República, entre las cuales se destaca la C-1339 de 2000(4), encontró que las funciones relacionadas con la adopción de la planta de personal, provisión de empleos, distribución de cargos, conformación de grupos internos de trabajo, concejos y comités asesores, son consustanciales con la autonomía jurídica y administrativa que se le reconoce a todo órgano de control, con la salvedad de que “debe tenerse en cuenta que la conformación de grupos internos de trabajo, no debe entenderse como atribución en cabeza del auditor para modificar la estructura administrativa interna, ni mucho menos la planta de personal, omitiendo los requisitos de ley”.

No obstante, esa distribución organizativa que ha sido adoptada mediante la resolución acusada, no puede reemplazar o contradecir la función de la gestión fiscal que ha sido encomendada, se reitera, por la Constitución y la ley al Auditor General y no a sus delegados o dependencias de la entidad.

De manera que se impone para la Sala Unitaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 del CPACA acceder a la solicitud de la medida cautelar, consistente en la suspensión provisional de los efectos de los artículos 1º, 2º y 3º de la Resolución Orgánica 0008 de 3 de agosto de 2011, “Por la cual se asignan competencias para adelantar Indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorios y de jurisdicción coactiva al interior de la Auditoría General de la República, se crea la Secretaría Común de Procesos Fiscales y se asignan funciones”, expedida por el Auditor General de la República.

No se requiere caución, por tratarse de la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria,

RESUELVE:

1. DECRÉTASE la suspensión provisional de los efectos de los artículos 1º, y 3º de la Resolución Orgánica 0008 de 3 de agosto de 2011, “Por la cual se asignan competencias para adelantar indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorios y de jurisdicción coactiva al interior de la Auditoría General de la República, se crea la Secretaría Común de Procesos Fiscales y se asignan funciones”, expedida por el Auditor General de la República.

2. Tiénense a la doctora Martha Cecilia Galindo Mendoza, como apoderada de la Auditoría General de la República, de conformidad con los documentos obrantes a folios 19 y siguientes del cuaderno de medidas cautelares.

Notifíquese y cúmplase.

Consejera: María Elizabeth García González

(1) “ART. 231.—Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos”.

(2) Al respecto, el artículo 10 de la Ley 330 de 1996, preceptúa: “La vigilancia de la gestión fiscal de las contralorías departamentales será ejercida por la Auditoría ante la Contraloría General de la República”.

(3) M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(4) M. P. Antonio Barrera Carbonell.