Auto 2014-00497 de abril 23 de 2015

 

Auto 2014-00497 de abril 23 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2014 00497 00.

Acción: Nulidad.

Actor: Joan Sebastián Márquez Rojas.

Bogotá, D.C., veintitrés de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: « IV. Consideraciones del despacho:

La suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos es una de las medidas cautelares que contempla el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L.1437/2011), para garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

En términos del artículo 231 ídem, para que proceda dicha medida por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, se exige que la violación alegada surja del análisis del acto demandado y su confrontación directa con las normas superiores invocadas como vulneradas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud(3).

El acto acusado.

Decreto 1335 de 17 de julio 2014. “Por el cual se prorroga el plazo para la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación y se dictan otras disposiciones”.

“ART. 4º—Administración de los bienes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, Frisco. La Sociedad de Activos Especiales SAS, SAE SAS asumirá las funciones de administración, comercialización y saneamiento de los bienes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, Frisco, así:

1. Los bienes sobre los que se decreten medidas cautelares en procesos de extinción de dominio, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1708 de 2014.

2. Los bienes que forman parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado , Frisco y que actualmente la Sociedad de Activos Especiales SAS - SAE SAS - posee en su calidad de administrador.

3. Los demás bienes que de conformidad con el cronograma que debe presentar el liquidador vaya recibiendo (resaltado fuera del texto).

Las normas que se estiman infringidas son del siguiente contenido:

Ley 1708 de 2014. “Por medio de la cual se expide el código de extinción de dominio”.

“ART. 88.—Clases de medidas cautelares. Aquellos bienes sobre los que existan elementos de juicio suficientes que permiten considerar su probable vínculo con alguna causal de extinción de dominio, serán objeto de la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo. Adicionalmente, de considerarse razonable y necesarias, se podrán decretar las siguientes medidas cautelares:

1. Embargo.

2. Secuestro.

3. Toma de posesión de bienes, haberes y negocios de sociedades, establecimientos de comercio o unidades de explotación económica.

PAR. 1º—La medida cautelar de suspensión del poder dispositivo se inscribirá de inmediato en el registro que corresponda, sin ser sometidas a turno o restricción por parte de la entidad respectiva y sin consideración a la persona que alega ser titular del bien, dado el carácter real de la presente acción. Tratándose de bienes muebles o derechos, se informará a las instituciones correspondientes sobre la medida a través de un oficio, si a ello hubiere lugar.

PAR. 2º—La entidad administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) será el secuestre o depositario de los bienes muebles e inmuebles, sobre los que en el pasado se hayan adoptado o se adopten medidas cautelares, los cuales quedarán de inmediato a su disposición a través del citado Fondo. Asimismo será el administrador de los bienes respecto de los cuales se haya declarado la extinción de dominio, mientras se adelanta el proceso de entrega definitiva o su enajenación.”

“ART. 90.—Competencia y reglamentación. El Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) es una cuenta especial sin personería jurídica administrada por la Sociedad de Activos Especiales SAS (SAE), sociedad de economía mixta del orden nacional autorizada por la ley, de naturaleza única y sometida al régimen del derecho privado, de acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes o su equivalente, con el objetivo de fortalecer el sector justicia, la inversión social, la política de drogas, el desarrollo rural, la atención y reparación a víctimas de actividades ilícitas, y todo aquello que sea necesario para tal finalidad.

De igual forma, el Presidente de la República expedirá, dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de este código, el reglamento para la administración de los bienes. Dicho reglamento deberá tener en cuenta las normas previstas en este título.”

Para resolver, lo primero que destaca la Sala Unitaria es que actualmente la Dirección Nacional de Estupefacientes se encuentra liquidada, y se efectuó la entrega completa de los bienes del Frisco a la Sociedad de Activos Especiales SAS, según lo manifestado por el Director de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho(4).

Significa lo anterior, que los efectos del acto acusado ya se cumplieron, esto es, la prórroga para la liquidación de la entidad, la que finalmente se produjo el 30 de septiembre de 2014, de manera que, como lo ha precisado la jurisprudencia de la corporación(5), por tratarse de una medida cautelar, cuando se han cumplido o ejecutado los efectos del acto acusado, no es procedente su decreto. Ello, por cuanto, los efectos que se pretenden suspender ya se produjeron, configurándose una carencia de objeto, por sustracción de materia(6).

Por estas razones, se denegará la medida cautelar, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria,

RESUELVE:

1. DENIÉGASE la medida cautelar solicitada por el demandante.

2. Tiénense a los doctores Juan Carlos López Gómez, Camilo Escobar Plata y Fernando Arévalo Carrascal como apoderados de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Administrativo de la Función Pública y Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con los poderes y demás documentos visibles a folios 13, 20 y 39 del cuaderno de medidas cautelares.

Notifíquese y cúmplase».

(3) “ART. 231.—Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos”.

(4) Folio 32.

(5) Ver, entre otras, providencia de 2 de febrero de 2005, Expediente núm. 2004-00034, Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez.

(6) Igual decisión adoptó el despacho en proveído de 17 de julio de 2014, expediente 2012-00496-01.