Auto 2014-00511 de octubre 11 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Ref.: 11001032500020140051100

Número interno: 1612-2014

Demandante: Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del “Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima”, Sintrainvima(1)

Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC(2)

Asunto: Se niega solicitud de medida cautelar

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Bogotá D.C., once de octubre de dos mil dieciséis.

Conoce el despacho el proceso de la referencia con el informe de la secretaría(3), en el que se indica que se encuentra pendiente de resolver sobre la solicitud de medida cautelar propuesta por la parte actora en la demanda, consistente en la suspensión provisional de los efectos de los siguientes actos administrativos:

• Acuerdo 177 de 13 de septiembre de 2012, por el cual la CNSC “…convoca a concurso abierto de méritos para proveer empleos vacantes del Sistema General de Carrera Administrativa pertenecientes a la planta de personal del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, identificada como “Convocatoria Nº 135 de 2012 Invima””;

• Resolución 3623 de 11 de octubre de 2012, por la cual la CNSC “… suspende la convocatoria a concurso abierto de méritos para proveer empleos vacantes del Sistema General de Carrera Administrativa pertenecientes a la planta de personal del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, identificada como “Convocatoria Nº 135 de 2012 Invima””;

• Resolución 3928 de 22 de noviembre de 2012, por la cual la CNSC “… levanta la suspensión y se reanuda la convocatoria a concurso abierto de méritos para proveer empleos vacantes del Sistema General de Carrera Administrativa pertenecientes a la planta de personal del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, identificada como “Convocatoria Nº 135 de 2012 Invima””; y

• Acuerdo 0295 de 22 de noviembre de 2012, por el cual la CNSC “… modifica el artículo 10 del Acuerdo 177 de 13 de septiembre de 2012, a través del cual se adoptó la Convocatoria Nº 135 de 2012, para proveer empleos vacantes del Sistema General de Carrera Administrativa pertenecientes a la planta de personal del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos —Invima—”.

La presente providencia seguirá el siguiente orden expositivo: i) en primer lugar se precisarán algunos aspectos relativos a la medida cautelar negativa de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado; ii) posteriormente, se procederá a resolver la solicitud de cautela propuesta por Sintrainvima en el siguiente orden: a) primero se expondrá brevemente la situación fáctica que rodeó el trámite de expedición de los actos administrativos demandados, b) luego se resumirán los cargos formulados en el concepto de violación de la demanda(4); b) en seguida, se expondrán los argumentos de oposición esgrimidos por la CNSC; y c) finalmente, se hará el pronunciamiento del despacho.

Medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado

Establece el artículo 229, inciso 1º, de la Ley 1437 de 2011,(5) que:

“En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el juez o magistrado ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (…)”.

Ahora bien, sobre el “contenido y alcance de las medidas cautelares”, dispone el artículo 230 ibídem que éstas:

“… podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda …”

Por otra parte, en lo que tiene que ver con los requisitos para decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, el artículo 231 ejusdem estipula que:

“Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos”.

De acuerdo con las normas trascritas, la medida cautelar negativa de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo procederá siempre y cuando pueda comprobarse la vulneración de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud de la medida, y tal trasgresión puede surgir: i) de la confrontación del acto administrativo demandado con las normas superiores señaladas como quebrantadas, o ii) del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

En varias ocasiones el Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la manera como la Ley 1437 de 2011(6) introdujo una reforma sustancial a la institución de la suspensión provisional. En efecto, ha precisado que en vigencia del Decreto Ley 01 de 1984(7) esta cautela solo procedía cuando se evidenciaba una “manifiesta infracción”(8) de normas superiores por parte de la disposición enjuiciada, mientras que, bajo el marco regulatorio de la citada Ley 1437 de 2011,(9) la exigencia de verificar la existencia de una infracción normativa como requisito estructurante de la suspensión provisional al no haber sido calificada por el legislador como tal, no requiere ser manifiesta, es decir, evidente, ostensible, notoria o palmar a simple vista o prima facie(10).

Entonces, para el caso de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011(11) establece la exigencia de acreditarse la vulneración de las normas superiores, cuando tal transgresión surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa, por lo que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final.

En este escenario, corresponde al operador judicial, en cada caso concreto, abordar de manera cuidadosa su estudio, analizando inicial o preliminarmente el sometimiento de la decisión administrativa al parámetro normativo invocado.

En suma, si bien la regulación de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo prevista en la Ley 1437 de 2011(12) le confiere al juez un margen de estudio más amplio del que preveía la legislación anterior sobre la materia, no puede perderse de vista que la contradicción y el análisis entre las normas invocadas y el acto administrativo requiere, entonces, que luego de un estudio de legalidad inicial, juicioso y serio, se pueda arribar a la conclusión de que el acto contradice la norma superior invocada, pero, se insiste, exige la rigurosidad del Juez en su estudio con fundamento en el análisis del acto o las pruebas allegadas con la solicitud.

Hechas las anteriores precisiones generales sobre la medida cautelar de suspensión provisional y sobre la competencia del juez de lo contencioso administrativo para su resolución, a continuación se presenta una síntesis de la situación fáctica que rodeó la expedición de los actos administrativos demandados, con el objeto de comprender de mejor manera los cargos formulados en el concepto de violación de la demanda.

Convocatoria 135 de 2012, a través de la cual se inició concurso público de méritos para proveer varios empleos vacantes pertenecientes al sistema de carrera administrativa general del Invima

Como antecedentes de la mencionada convocatoria encuentra la ponente, que a través de Oficio DG-100-00481-10 de 22 de septiembre de 2010,(13) el Invima solicitó a la CNSC dar apertura a un concurso público de méritos para proveer 337 empleos pertenecientes al sistema general de carrera administrativa del Instituto.

En tal virtud, la CNSC expidió el Acuerdo 177 de 13 de septiembre de 2012, por el cual convocó “a concurso abierto de méritos para proveer empleos vacantes del Sistema General de Carrera Administrativa pertenecientes a la planta de personal del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, identificada como “Convocatoria Nº 135 de 2012 Invima””. En el artículo 10 del mencionado acto administrativo se precisó que los cargos ofertados eran 337, discriminados de la siguiente manera: i) 19 de técnico administrativo, ii) 279 de profesional universitario, y iii) 39 de profesional universitario.

El 8 de octubre de 2012, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2078(14) con el objeto de ampliar la estructura del Invima.

Ese mismo día, profirió el Decreto 2079 en virtud del cual aumentó la planta de personal de la entidad en 1520 empleados discriminados de la siguiente manera: i) 9 de conductor mecánico, ii) 1 de operario calificado, iii) 1 de auxiliar de servicios generales, iv) 47 de auxiliar administrativo, v) 11 de secretario, vi) 10 de secretario ejecutivo, vii) 1 de auxiliar de técnico, ix) 82 de técnico operativo, x) 110 de técnico administrativo, xi) 877 de profesional universitario, xii) 341 de profesional especializado, xiii) 15 de asesor, xiv) 2 de jefe de oficina asesora, xv) 5 de jefe de oficina, xvi) 6 de director técnico, xvii) 1 de secretario general, y xviii) 1 de director general.

El Decreto 2079 de 8 de octubre de 2013 señaló en su artículo 4º, lo siguiente:

“Los cargos de carrera vacantes de la planta de personal se proveerán de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 y el Decreto Reglamentario 1227 de 2005 y demás disposiciones que le modifiquen, adicionen o sustituyan.

La provisión de los empleos creados en el presente decreto se efectuará en forma gradual, de conformidad con las disponibilidades presupuestales y hasta la concurrencia de las respectivas apropiaciones”.

Tres días después, a través de Resolución 3623 de 11 de octubre de 2012,(15) la CNSC resuelve suspender la Convocatoria 135 “a fin de proceder a su modificación o complementación, en razón a que se verificó que la Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC reportada por la entidad (…) es parcial y por lo tanto no refleja la totalidad de empleos que actualmente se encuentran en vacancia definitiva en el Invima…”.

Luego, a través de oficios 53415 y 54165 de 9 y 16 de noviembre de 2012, el Invima certificó que además de los 337 ofertados en el Acuerdo 177 de 13 de septiembre de 2012, en la planta de personal de la entidad existían 32 cargos adicionales que no estaban provistos en propiedad, para un total de 369.

Por tal razón, mediante Resolución 3928 de 22 de noviembre de 2012,(16) la CNSC resolvió “levantar la suspensión” y reanudar la Convocatoria 135 y, por medio de Acuerdo 295 de la misma fecha, modificó el artículo 10 del Acuerdo 177 de 13 de septiembre de 2012 para precisar, que los cargos ofertados serían 369, discriminados de la siguiente manera: i) 1 de conductor mecánico, ii) 5 de secretario, iii) 1 de secretario ejecutivo, iv) 19 de técnico administrativo, 298 de profesional universitario, y v) 46 de profesional especializado.

El 4 de diciembre de 2012, la CNSC publicó en su página web el siguiente aviso respecto de la Convocatoria 135:

“La Comisión Nacional del Servicio Civil recuerda a los interesados en la Convocatoria Nº 135 de 2012, que la Oferta Pública de Empleos de Carrera fue actualizada y adicionada, por lo cual se recomienda consultarla previo al inicio de las inscripciones y revisar detenidamente la información de los empleos.

Atendiendo estas recomendaciones, la inscripción se realizará de manera fácil y rápida”.

El 19 de diciembre de 2012, la CNSC publicó lo siguiente en su página web, en lo que atañe a la Convocatoria 135:

“Se recuerda a todos los interesados en inscribirse y participar en la convocatoria que, de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo 177 de 2012, para aquellos empleos que cuenten con vacantes ubicadas en diferentes lugares del territorio nacional, la elección de plaza se hará a través de audiencia pública de escogencia de plaza, lo cual significa:

a) Al momento de la inscripción se muestran los lugares de ubicación geográfica de las distintas vacantes de los empleos, sin que sea posible en esa oportunidad elegir uno.

b) Publicados los resultados definitivos y en firme las listas de elegibles se publicará la fecha y hora para la realización de audiencia pública de escogencia de empleo.

c) En la audiencia, los elegibles escogerán la ubicación geográfica del empleo, en estricto orden de mérito de acuerdo con su posición en la lista de elegibles, es decir, quien ocupó el primer lugar en la lista para un determinado empleo, escoge la ubicación entre todas las disponibles, posteriormente escoge el elegible ubicado en la posición Nº 2 y así sucesivamente.

d) En la oportunidad correspondiente la CNSC expedirá y publicará el reglamento para la audiencia pública de escogencia de plaza, el cual contendrá en detalle las reglas y el procedimiento a llevarse a cabo”.

El mismo 19 de diciembre de 2012, la CNSC también publicó en su página web el siguiente aviso respecto de la Convocatoria 135:

“Se recuerda a todos los interesados que al momento de comprar su PIN debe indicar al cajero del Banco que desea adquirir un PIN para la Convocatoria Nº 135 de 2012 del Invima e informarle el nivel jerárquico al que pertenece el cargo al que desea aspirar (profesional, técnico o asistencial).

Igualmente, escribir el nivel del empleo en el comprobante de recaudo del Banco.

Si usted adquiere un PIN de un nivel diferente al del empleo en el que desea inscribirse, deberá obtener otro PIN ya que conforme lo dispuesto en el literal b) del artículo 13 del Acuerdo 177 de 2012 no habrá devolución de dinero”.

El 21 de diciembre de 2012, la CNSC nuevamente publicó en su página web el siguiente aviso en relación con la Convocatoria 135:

“CIERRE INSCRIPCIONES

Conforme con lo establecido en la Convocatoria Nº 135 de 2012 del Invima el domingo 23 de diciembre de 2012, se cierran las inscripciones para los empleos del concurso cuyos niveles jerárquicos son profesional, técnico o asistencial.

Recuerde que hasta hoy 21 de diciembre de 2012, puede adquirir el PIN para realizar la inscripción en el Banco Popular a nivel nacional cuenta corriente Nº 110-066-06098-9, los PINES del nivel técnico o asistencial se pueden utilizar indistintamente para cualquiera de estos empleos”.

El 23 de enero de 2013, la CNSC publicó en su página web el listado definitivo de aspirantes inscritos. La etapa de “verificación de requisitos mínimos” se llevó a cabo entre febrero y julio de ese año. Las “pruebas escritas” se efectuaron entre septiembre y octubre de la misma anualidad y la “valoración de antecedentes” se produjo en noviembre siguiente.

Finalmente, a lo largo de 2014 y a través de 66 resoluciones, la CNSC conformó las listas de elegibles para los 369 empleos del Invima ofertados en la Convocatoria 135 de 2012.

Resolución de la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional

Teniendo claridad sobre el procedimiento adelantado por la CNSC en el marco de la Convocatoria 135 de 2012, procede la ponente a resolver la solicitud de medida cautelar a partir de un estudio ab initio o sumaria cognitio, propio de esta etapa procesal, de los cargos formulados en el concepto de violación de la demanda, atendiendo también a los motivos de oposición aducidos por la entidad accionada.

PRIMER CARGO. Vulneración del principio de inmutabilidad o intangibilidad de las convocatorias

El actor argumentó, que los actos administrativos demandados deben ser suspendidos provisionalmente puesto que desconocen el principio de inmutabilidad o intangibilidad que debe guiar toda convocatoria a concurso público de méritos. Explicó, que en virtud del mencionado principio, contrario a lo ocurrido con la Convocatoria 135 de 2012, la Corte Constitucional ha señalado en las sentencias C-588 de 2009,(17) SU-913 de 2009(18) y SU-446 de 2011,(19) que las reglas del concurso son inmodificables y que no pueden ser variadas en ninguna fase del proceso.

Así mismo señaló, que al modificarse la Convocatoria 135 de 2012, la CNSC vulneró los artículos 1, 2, 6, 83, 121 y 123 de la Constitución, 14, 19, 27, 28 y 31 de la Ley 909 de 2004(20) y 13 y 14 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005;(21) ello por cuanto, los cambios introducidos al proceso de selección desconocieron los fines esenciales del Estado y los principio de legalidad, buena fe, confianza legítima y eficiencia de las actuaciones administrativas.

La CNSC expresó al respecto, que los actos administrativos demandados fueron expedidos en virtud de la facultad que los artículos 12 de la Ley 909 de 2004(22) y 14 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005(23) le confieren para, “adelantar acciones de verificación y control” sobre las convocatorias, “suspenderlas cautelarmente, dejarlas sin efecto total o parcialmente” y “modificarlas o complementarlas en cualquier”, antes de iniciarse la etapa de inscripción, como ocurrió en el presente caso.

Con miras a despachar este primer aspecto de la controversia, trae a colación la Ponente el contenido del artículo 12 de la Ley 909 de 2004,(24) especialmente lo dispuesto en sus literales a) y b), en donde se estableció como funciones de vigilancia de la CNSC, entre otras, las de:

“ART. 12.—Funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil relacionadas con la vigilancia de la aplicación de las normas sobre carrera administrativa. La Comisión Nacional del Servicio Civil en ejercicio de las funciones de vigilancia cumplirá las siguientes atribuciones:

a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comisión podrá en cualquier momento, de oficio o a petición de parte, adelantar acciones de verificación y control de la gestión de los procesos con el fin de observar su adecuación o no al principio de mérito; y, dado el caso, suspender cautelarmente el respectivo proceso, mediante resolución motivada;

b) Dejar sin efecto total o parcialmente los procesos de selección cuando se compruebe la ocurrencia de irregularidades, siempre y cuando no se hayan producido actos administrativos de contenido particular y concreto relacionados con los derechos de carrera, salvo que la irregularidad sea atribuible al seleccionado dentro del proceso de selección impugnado;

(…)”.

La lectura atenta de la norma revela, que el legislador le atribuyó a la CNSC como funciones de vigilancia, entre otras, las de verificar y controlar, de oficio o a petición de parte, que las convocatorias a concurso público garanticen el principio del mérito y que en general se encuentren ajustadas al ordenamiento jurídico.

En tal virtud, la CNSC está autorizada para suspender cautelarmente, a través de resolución motivada, cualquier proceso de selección e, incluso, dejarlo sin efecto total o parcialmente cuando se compruebe la ocurrencia de irregularidades, siempre y cuando, no se hayan producido actos administrativos de contenido particular y concreto relacionados con los derechos de carrera, salvo que la irregularidad sea atribuible al seleccionado dentro del proceso de selección impugnado.

De igual modo, revisa la Ponente el artículo 14 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005,(25) según el cual:

“ART. 14.—Antes de iniciarse las inscripciones, la convocatoria podrá ser modificada o complementada en cualquier aspecto por la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo cual deberá ser divulgado por la entidad que adelanta el proceso de selección.

Iniciadas las inscripciones, la convocatoria solo podrá modificarse en cuanto al sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas, por la entidad responsable de realizar el concurso. Las fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas inicialmente en la convocatoria.

Las modificaciones respecto de la fecha de las inscripciones se divulgarán por los mismos medios utilizados para la divulgación de la convocatoria, por lo menos con dos (2) días de anticipación a la fecha de iniciación del periodo adicional.

Las relacionadas con fechas o lugares de aplicación de las pruebas, deberán publicarse por los medios que determine la entidad que adelanta el concurso incluida su página web y, en todo caso, con dos (2) días de anticipación a la fecha inicialmente prevista para la aplicación de las pruebas. Estas modificaciones serán suscritas por el responsable del proceso de selección y harán parte del expediente del respectivo concurso. Copia de las mismas deberá enviarse a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Comisión de Personal de la entidad correspondiente.

“PAR.—Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil dejar sin efecto la convocatoria cuando en esta se detecten errores u omisiones relacionadas con el empleo objeto de concurso y/o la entidad a la cual pertenece, o con las pruebas o instrumentos de selección, cuando dichos errores u omisiones afecten de manera sustancial y grave el desarrollo del proceso de selección”.

De acuerdo con la norma trascrita, las convocatorias a concurso público de méritos pueden ser modificadas o complementadas en cualquier aspecto por la CNSC antes de iniciarse la etapa de las inscripciones, luego de la cual, los cambios solo podrán versar sobre el sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de pruebas.

Precisa la Sala, que la jurisprudencia constitucional invocada no es contraria a los enunciados normativos estudiados, pues, en las sentencias invocadas por el actor lo que la Corte señala es que las reglas de la convocatoria son la norma rectora del concurso público de méritos, por lo que obligan a la administración y a los concursantes de tal manera que no pueden ser modificadas de manera caprichosa, sino cuando se comprueben irregularidades en su desarrollo, y por ello, la Corte le atribuye el calificativo de intangibles.

En ese sentido, la Sentencia SU-913 de 2009(26) que menciona el demandante, precisó:

“Para la Corte Constitucional resulta imperativo recordar la intangibilidad de las reglas que rigen las convocatorias de los concursos públicos para acceder a cargos de carrera en tanto no vulneren la ley, la Constitución y los derechos fundamentales en aras de garantizar el derecho fundamental a la igualdad, así como la inmodificabilidad de las listas de elegibles una vez estas se encuentran en firme como garantía de los principios de buena fe y confianza legítima que deben acompañar estos procesos.

Las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o resulten violatorias de derechos fundamentales” (destaca el despacho).

Esta tesis fue reiterada en la Sentencia C411 de 2011,(27) también citada por el actor en la demanda de la referencia.

Resumiendo lo expuesto, se tiene que de acuerdo con las normas y la jurisprudencia trascrita, las convocatorias a concurso público pueden ser suspendidas, modificadas o complementadas en cualquier aspecto hasta antes de la etapa de las inscripciones, siempre que sean contrarias a la Constitución y a la ley.

En el presente caso, tal como se evidenció en apartado anterior donde se examinó de manera general el procedimiento administrativo desarrollado por la CNSC en el marco de la Convocatoria 135 de 2012, se pudo comprobar que los cargos adicionados a la Oferta Pública de Empleos de Carrera del proceso, se hizo en noviembre de 2012, es decir, antes de la etapa de la inscripciones que fue ejecutada en diciembre de esa misma anualidad. En esa medida, se aseguró el cumplimiento de los postulados constitucionales de la buena fe y de la confianza legítima, pues, la adición a la oferta pública de empleos se efectuaron antes de las inscripciones, de manera tal que interesados pudieron inscribirse sin que posteriormente fueran sorprendidos con variaciones en las reglas del concurso.

Así mismo, la Ponente encontró que la Convocatoria 135 no fue modificada en sus bases o reglas fundamentales, pues, lo que se hizo fue adicionar en 32 plazas la oferta de empleos, trámite que en estricto sentido no tiene la entidad suficiente para ser considerado como una variación sustancial de los parámetros básicos fijados en el acto de apertura del proceso de selección.

Además, para el despacho, el análisis inicial de los actos administrativos demandados evidencia que la decisión de suspender la Convocatoria 135 de 2012 por unas semanas mientras el Invima certificaba adecuadamente el número de cargos a ofertarse, para luego reanudarla adicionando en 32 cargos la oferta de empleos, obedeció al cumplimiento de los principios constitucionales de orden superior como eficiencia y economía, en desarrollo de los cuales, la CNSC juzgó apropiado complementar la convocatoria.

Por lo anteriormente expuesto, estima la Ponente que los argumentos que soportan el cargo estudiado no son suficientes para hacer prosperar la solicitud de suspensión provisional.

SEGUNDO CARGO. Trasgresión del derecho a la igualdad.

Para el demandante, los actos administrativos cuestionados vulneraron el derecho a la igualdad de los concursantes, puesto que “aquellas personas que se inscribieron para proveer los cargos de acuerdo a las plazas ofertadas en la convocatoria inicial, no tuvieron oportunidad para disponer de esas vacantes de acuerdo a su perfil y experiencia”.

Sobre el particular, reitera la ponente que la adición de 32 cargos a la oferta pública de empleos de la Convocatoria 135 se efectuó un mes antes de la etapa de inscripciones, por lo que al momento de presentarse esta, los aspirantes conocieron en su totalidad el número de cargos a proveer. Por tal razón, en esta etapa inicial no se evidencia que los actos administrativos demandados vulnerasen el derecho a la igualdad de los concursantes.

De esta forma se negará la medida cautelar deprecada.

En armonía con lo dispuesto por el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, la decisión que en esta providencia se adopta sobre la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados, no implica prejuzgamiento. Reitera la Ponente, que en esta oportunidad sólo se realizó una aprehensión sumaria, esto es, una valoración inicial o análisis preliminar, que solo comprendió un estudio inicial respecto de la legalidad de los actos administrativos acusados, por lo que será con la totalidad de los elementos materiales de la litis, que se realizará un estudio integral su legalidad.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

NEGAR la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional propuesta por el demandante en este proceso.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Consejera: Sandra Lisset Ibarra Vélez 

(1) En adelante Sintrainvima.

(2) En adelante CNSC.

(3) De 30 de enero de 2015, visible a folio 14 del cuaderno principal de medidas cautelares.

(4) Ello en aplicación del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, que dispone entre otras, que “… la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud …”

(5) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(6) Ib.

(7) Código Contencioso Administrativo.

(8) “ART. 152.—El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos:
1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida.
2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.
3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor.

(9) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(10) Al respecto pueden consultarse, entre otros, los autos de 28 de agosto de 2014, proferido dentro del Expediente 11001-03-27-000-2014-0003-00 (20731), con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez; de 30 de abril de 2014, proferido por el Consejero Carlos Alberto Zambrano, en el Expediente 11001-03-26-000-2013-00090-00 (47694); de 24 de enero de 2014, expedido por el Consejero Mauricio Fajardo en el Expediente 11001-03-26-000-2013-00090-00 (47694); de 21 de mayo de 2014, emitido por la Consejera Carmen Teresa Ortiz en el Expediente 11001-03-24-000-2013-0534-00 (20946); 29 de enero de 2014 proferido por el Consejero Jorge Octavio Ramírez, emitido en el Expediente 11001-03-27-000-2013-00014- (20066) y 17 de marzo de 2015 expedido por la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, en el Expediente 1100103150002014037990.

(11) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(12) Ib.

(13) Según se advierte en los considerandos del Acuerdo 177 de 13 de septiembre de 2012, por el cual la CNSC “…convoca a concurso abierto de méritos para proveer empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa pertenecientes a la planta de personal del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, identificada como “Convocatoria Nº 135 de 2012 INVIMA””.

(14) Por el cual se establece la estructura del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima y se determinan las funciones de sus dependencias.

(15) Por la cual se suspende la convocatoria a concurso abierto de méritos para proveer empleos vacantes del Sistema General de Carrera Administrativa pertenecientes a la planta de personal del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos —Invima—, identificada como “Convocatoria 135 de 2012 Invima”.

(16) Por la cual se levanta la suspensión y se reanuda la convocatoria a concurso abierto de méritos para proveer empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa pertenecientes a la planta de personal del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos —Invima—, identificada como “Convocatoria Nº 135 de 2012 Invima”.

(17) Con ponencia del Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(18) Con ponencia del Magistrado Juan Carlos Henao Pérez.

(19) Con ponencia del Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(20) Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

(21) Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998.

(22) Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

(23) Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998.

(24) Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

(25) Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998.

(26) Con ponencia del magistrado Juan Carlos Henao Pérez.

(27) Con ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.