Auto 2014-00606/3140-2015 de abril 24 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Exp.: 68001233300020140060601 (3140-2015)

Ordinario: Nulidad y restablecimiento del Derecho

Demandante: Myriam Cueto Barragán

Demandado: Municipio de Bucaramanga – Personería de Bucaramanga.

Trámite: Ley 1437 de 2011

Asunto: Cuando la sanción disciplinaria de retiro temporal o definitivo del servicio es ejecutada con aplicación del artículo 172 de la Ley 734 de 2002 y el correspondiente acto de ejecución materializa la terminación o suspensión del vínculo laboral del servidor público, el cómputo del término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se hace a partir del acto de ejecución y no de la ejecutoria del acto sancionatorio.

Decisión: Se confirma decisión que declaró impróspera la excepción de caducidad de la acción.

Apelación de auto

Bogotá D.C., veinticuatro de abril dos mil dieciséis.

Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la Sección Segunda, para resolver acerca de apelación interpuesta por parte del municipio de Bucaramanga y la Personería de esa misma municipalidad contra el auto de fecha 25 de junio de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander en desarrollo de la audiencia inicial mediante el cual, declaró impróspera la excepción de caducidad.

I. Antecedentes

La señora Myriam Cueto Barragán, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda a fin de obtener la nulidad del acto administrativo de fecha 28 de agosto de 2012, por medio de la cual, la Personería Delegada para la vigilancia administrativa en lo policivo y judicial de la Personería de Bucaramanga, le impuso la sanción de suspensión del ejercicio del cargo de tesorera municipal de Bucaramanga por el término de seis (6) meses, la cual, se convirtió en multa por la imposibilidad física y material de ejecutarla.

Así mismo, solicita se declare la nulidad de la decisión sancionatoria de fecha 27 de diciembre de 2012, a través de la cual, el Personero Municipal del referido ente territorial, resolvió el recurso de apelación contra la anterior decisión sancionatoria, confirmando en todas sus partes el proveído recurrido.

De igual manera, deprecó la nulidad de la Resolución 28 de febrero 8 de 2013, proferido por el alcalde del municipio de Bucaramanga, mediante el cual, se hace efectiva la sanción de suspensión impuesta a la accionante y la Resolución 276888 de fecha 1º de abril de 2013, expedida por el Tesorero del Municipio de Bucaramanga, contentivo del mandamiento de pago por la suma de veintiséis millones ciento treinta y cuatro mil novecientos veintiséis pesos ($26.134.926) en contra de la actora por concepto de la sanción disciplinaria impuesta por el prenotado órgano de control, mandamiento de pago que fue notificado personalmente el 12 de abril de 2013.

A título de restablecimiento del derecho, solicita se condene al municipio de Bucaramanga – Personería municipal, reconocer y pagar a favor de la demandante los perjuicios morales y materiales que le fueron causados como consecuencia de la expedición de los fallos disciplinarios aquí cuestionados.

La demanda inicialmente fue presentada ante los juzgados administrativos de Bucaramanga, correspondiéndole el conocimiento al juzgado doce administrativos de esa misma municipalidad, despacho que mediante auto de fecha 17 de septiembre de 2013, admitió la demanda únicamente contra la Personería Municipal de Bucaramanga.

Posteriormente, mediante auto de fecha 14 de mayo de 2014, fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. Fue así como llegado el día y hora señalado en el auto precitado, el juzgado doce administrativo de Bucaramanga en desarrollo de la audiencia inicial declaró la falta de competencia al considerar que el conocimiento de los actos administrativos acusados es atribuible al Tribunal Administrativo de Santander, ordenando en consecuencia, remitir el expediente a la Secretaria de la referida corporación.

El Tribunal Administrativo de Risaralda, asumió el conocimiento del proceso en la etapa en que se encontraba, disponiendo mediante proveído de fecha 21 de mayo de 2015, la realización de la audiencia inicial para el día 25 de junio de 2015. Sin embargo, una vez instalada la audiencia inicial en la fecha y hora dispuesta en el auto ya citado, la corporación ordenó la vinculación procesal del municipio de Bucaramanga al presente proceso como quiera que le asiste interés en las resultas del mismo conforme lo señalado en el artículo 197 y 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Materializada la vinculación del ente territorial señalado en el párrafo precedente, la audiencia inicial fue reanudada en fecha 25 de junio de 2015.

II. El auto objeto de la apelación

El Tribunal Administrativo de Risaralda mediante auto de fecha 25 de junio de 2015, negó la excepción de caducidad de la acción bajo los siguientes argumentos:

Manifestó la corporación que el término para interponer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se debe contar desde el día siguiente a la comunicación de la Resolución 28 de 2013, la cual se realizó el día 20 de marzo de 2013, por tanto, el plazo para presentar la demanda vencía el día 21 de julio de 2013. Sin embargo, la solicitud de conciliación extrajudicial de presentó el día 12 de junio de 2013, por lo que se suspendió el termino de caducidad, faltando 1 mes y 9 días, y se reanudó el 2 de agosto de 2013, por consiguiente, la demandante podía presentar la demanda hasta el 11 de septiembre de 2013 y al haberla presentado el 30 de agosto de 2013, no ha operado el fenómeno de la caducidad.

El recurso de apelación

i. Personería de Bucaramanga.

Discrepa la personería de Bucaramanga de la decisión proferida por el a quo, al no declarar probada la excepción de caducidad de la acción, para lo cual, alega que el acto administrativo que ordena la ejecución de la sanción es la Resolución 028 del 2013 expedida por el alcalde de Bucaramanga, quien era el nominador de la funcionaria disciplinada.

Sin embrago, arguye que el tesorero de Bucaramanga en fecha 13 de febrero de 2013, mediante oficio TG 102, le comunicó a la demandante que en esa dependencia se encontraba la documentación para iniciar el cobro administrativo, por lo tanto, el término de caducidad se empieza a contar a partir del 18 de febrero de 2013, fecha en la cual, se le comunicó a la disciplinada el cobro de la sanción de acuerdo a lo ordenado por el alcalde mediante Resolución 0028 de 2013, en consecuencia, el plazo vencía el 18 de junio de 2013, habiendo sido presentada la solicitud el día 12 de junio de esa anualidad, fecha en la cual, se suspende el término de caducidad de la acción, siendo reanudada la misma el día 2 de agosto de 2013, por consiguiente, la demandante contaba solo con 6 días para presentar la demanda, toda vez que, su término vencía el 8 de agosto, siendo presentada la demanda en fecha 30 de agosto de 2013, es decir, cuando el termino había fenecido.

Señala además, que el inicio del cobro persuasivo lo efectuó con el memorial de fecha 18 de febrero de 2013, en el que se le conmina a la actora al pago de la sanción objeto de estudio, pero como no se presentó la sancionada ni allegó recibo de pago de la misma, por lo tanto, la Resolución 28 de 2013 es el acto por medio del cual, hizo efectiva la sanción.

ii. Municipio de Bucaramanga

La apoderada del ente territorial interpuso recurso de apelación y se adhirió a los argumentos expuesto por la Personería de Bucaramanga.

Consideraciones del despacho

Sea lo primero advertir la procedencia de la alzada interpuesta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 180-6 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, formulada dentro de la oportunidad prevista por el numeral 1º del artículo 244 ibídem, con la debida sustentación; además, es el Despacho competente para decidir de plano el recurso, en acatamiento a lo previsto por el artículo 125 ejúsdem.

iii. El Problema jurídico

En el presente asunto, el problema jurídico se circunscribe en determinar, si la contabilización del término de caducidad, en tratándose de una decisión sancionatoria disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo, se realiza a partir de la comunicación del acto de ejecución de la sanción impuesta o si en su defecto, se contabiliza a partir de la ejecutoria del acto administrativo que impone la sanción.

Para resolver esta controversia, abordará la Sala el estudio de los siguientes aspectos: 1. Acerca de la caducidad en el medio de control contencioso administrativo, 2. Sobre la forma de computar el término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se demandan actos administrativos de carácter disciplinario que implican el retiro temporal o definitivo del servicio. 3. Antecedentes del Consejo de Estado sobre el cómputo del término de caducidad cuando se controvierten actos administrativos de carácter disciplinario. Y por último, se resuelve el caso concreto.

1. Acerca de la caducidad de la acción contenciosa administrativa.

El señalamiento legal de un término de preclusión, dentro del cual sea posible ejercer oportunamente el derecho de acción, es un valioso instrumento que salvaguarda la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones, de modo general entre los particulares y de modo específico entre los individuos y el Estado.

Entonces, el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador, pues la indeterminación y la incertidumbre chocan con los fines del derecho como herramienta para lograr la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones sociales.

El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. Por lo mismo, se extingue la jurisdicción del Estado, si es que el interesado ha caído en la desidia al no defender su derecho en la ocasión debida y con la presteza que exige la ley.

Bajo esta perspectiva, la Corte Constitucional ha considerado la caducidad como el fenómeno jurídico procesal a través del cual:

“(…) el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”(1).

Sobre el particular el Consejo de Estado ha señalado que:

“…diferente es la caducidad que afecta directamente el ejercicio de las acciones, y según la cual una vez obtenido el pronunciamiento de la administración, si este es desfavorable a las pretensiones, el interesado tiene la posibilidad de acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa a demandarlo dentro del término señalado para cada acción”(2).

Además, acerca de los fines de la figura, se añade en la providencia ya mencionada que:

“ La justificación de la aplicación de la figura de la caducidad en las acciones contencioso administrativas, tiene como fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular afectado por una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios para el ejercicio de estas acciones, transcurridos los cuales el derecho del particular no podrá reclamarse en consideración del interés general.”.

Entonces, la legislación procesal contenciosa consagra como oportunidad para hacer el acucioso estudio sobre el presupuesto procesal de caducidad, al momento del estudio de admisibilidad de la demanda, pero también permite que a través de los medios exceptivos, se alegue la excepción de caducidad(3), el cual deberá ser analizado y resuelto en la audiencia inicial.

2. Del acto de ejecución que materializa la sanción disciplinaria y su incidencia en la forma de computar el término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se demandan actos administrativos de carácter disciplinario que implican el retiro temporal o definitivo del servicio - antecedentes del Consejo de Estado sobre el cómputo del término de caducidad en dicho materia.

La jurisprudencia de esta Sección ha considerado que si bien el acto de ejecución de una sanción disciplinaria no hace parte de un acto complejo, ni tiene la vocación de crear, modificar o extinguir la situación jurídica particular, lo cierto es que guarda íntima conexidad con los fallos disciplinarios, pues es la decisión mediante la cual se ejecuta la medida correctiva.

Añádase que esta conexidad entre los fallos disciplinarios y el acto de ejecución está determinada por lo dispuesto en el artículo 172(4) del Código Disciplinario Único, que establece la oportunidad y el funcionario competente para hacer efectiva la sanción disciplinaria. En este orden, la Sala estima que el acto de ejecución constituye una consecuencia jurídica directa de la imposición de una sanción disciplinaria al servidor público, toda vez que, por regla general es el mecanismo mediante el cual ésta se hace efectiva.

Entonces, se tiene que en tratándose de la controversia sobre la legalidad de actos administrativos de carácter sancionatorio, esta corporación ha señalado en varias ocasiones que si bien los actos que imponen y ejecutan una sanción disciplinaria no tienen el carácter de complejos, la notificación del acto de ejecución es el hito inicial para contabilizar el término de caducidad señalado en la ley.

Entre los antecedentes de esta posición se encuentra la sentencia proferida el 10 de mayo de 2001 con ponencia del Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda, la cual se fundamentó en las siguientes consideraciones:

“(…) la Sala considera inapropiada la declaratoria de caducidad de la acción respecto de las providencias del 7 de julio y 29 de septiembre de 1994, por las cuales el Tribunal Disciplinario y el Comando General de las Fuerzas Militares sancionaron al demandante con la separación absoluta de éstas.

En efecto, si bien el proceso disciplinario que se adelantó en su contra culminó con dichas providencias, dada la íntima conexidad que guardan con el acto administrativo por el cual se ejecuta la sanción, insistentemente la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que la caducidad para interponer la acción contra ellas debe empezarse a contar desde la fecha de notificación de este último acto.

Esta postura fue reiterada más adelante mediante sentencia de 23 de mayo de 2002, en la cual se explicó que en aras de propiciar una efectiva protección a los administrados y, en virtud de la incuestionable conexidad entre los actos que imponen una sanción por comisión de faltas disciplinarias y el acto de ejecución, el término de caducidad para impugnarlos debe ser uno solo, contado a partir de la notificación del acto de ejecución(5).

Mediante sentencia de 8 de noviembre de 2012, esta Subsección reiteró las anteriores consideraciones y añadió:

“Al respecto, debe decirse que el hecho de que el término de caducidad con el que cuenta un administrado para acudir ante el juez contencioso administrativo se comience a contar a partir de la ejecución de la sanción disciplinaria, constituye una garantía para el disciplinado, en primer lugar, porque cuenta con la posibilidad de acudir ante el juez administrativo en el momento en que culmine la actuación administrativa que da lugar a la imposición de la respectiva sanción, mediante el acto en firme, lo que frente a una eventual declaratoria de nulidad, en sede judicial, conllevaría a la pérdida de fuerza ejecutoria del acto conexo y, en segundo lugar, porque se impide el fraccionamiento del conteo del término de caducidad en la medida en que se toma un solo término para demandar la nulidad de la totalidad de actos que integran la actuación disciplinaria.”(6)

En síntesis, atendiendo el derrotero jurisprudencial sobre la materia, se concluye que el acto de ejecución de la sanción disciplinaria no es un acto creador, modificador y menos aún, que extinga situación jurídica alguna, pero sin duda, guarda una estrecha conexidad o relación con la decisión sancionatoria, por lo que el momento u oportunidad con la que cuenta el interesado para acudir ante esta jurisdicción con el fin de controvertir la legalidad de la actuación administrativa sancionatoria, apelando a principios como el pro homine y a derechos de corte ius fundamental como el debido proceso y acceso a la administración de justicia, es a partir del acto de ejecución.

III. De la contabilización del término de caducidad respecto de la impugnación de actos administrativos que imponen una sanción disciplinaria que implica retiro temporal o definitivo del empleo.

Se tiene que en los asuntos donde se cuestiona la legalidad de actos administrativos disciplinarios, por regla general y a la luz de lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho comienza a contabilizarse a partir del acto de ejecución de la sanción disciplinaria.

Sin embargo, debe precisarse que este criterio no es absoluto ni resulta aplicable a todos los casos, toda vez que en los eventos en que la sanción no es ejecutada en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, o cuando dicho acto no implique la materialización de la sanción, el cómputo del término de caducidad debe realizarse a partir de la ejecutoria del acto que resolvió la situación jurídica particular, esto es, del fallo mediante el cual se dio por concluida la actuación administrativa disciplinaria.

Visto lo señalado, se tiene que la actual controversia se enmarca dentro del supuesto de hecho antes mencionado, esto es, aquellos eventos en los que la sanción disciplinaria sea ejecutada en virtud de lo dispuesto en el artículo 172 del Código Disciplinario Único, como quiera que la accionante ejerció el empleo de Tesorera General de la Secretaria de Hacienda del municipio de Bucaramanga, cargo que es del nivel directivo y por lo tanto, el empleo que ocupaba la demandante es de aquellos clasificados como de libre nombramiento y remoción, de tal suerte que, la sanción disciplinaria que le fue impuesta se haría efectiva a través del nominador, tal como lo dispone el numeral 3 del artículo 172 de la Ley 734 de 2002.

Siendo así las cosas, se tiene que para la época en que se profirió el acto sancionatorio —28 de agosto de 2012— la actora ya no se encontraba vinculada con la administración, pues el vínculo lo mantuvo hasta el día 9 de marzo de 2009(7), por lo que, conforme lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, la ejecución de la sanción impuesta es a cargo del nominador del empleado disciplinado, razón por la cual, el municipio de Bucaramanga expidió la Resolución 28 de febrero 8 de 2013, acto que efectiviza la sanción a la disciplinada.

En tal sentido, esta Sección en pronunciamiento reciente(8) definió la regla para la contabilización del término de caducidad en los casos en los que se acudió a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir actos administrativos disciplinarios que implicaran el retiro temporal o definitivo del servicio en los siguientes términos:

“(…).

En definitiva, es claro que en aquellos casos en los que haya sido emitido un acto ejecutando una sanción disciplinaria de retiro temporal o definitivo del servicio, y éste materialice la situación laboral del servidor público, debe preferirse la interpretación según la cual el término de caducidad de la acción contenciosa debe computarse a partir del acto de ejecución, en la medida en que ésta constituye una garantía para el administrado y una forma de facilitar el control de los actos de la administración.

Distinto ocurre cuando no se presenta el escenario antes descrito, esto es, cuando o bien no existe un acto que ejecute la sanción disciplinaria de retiro del servicio, o cuando dicho acto no tiene relevancia frente a los extremos temporales de la relación laboral, situaciones que impiden aplicar el criterio expuesto en esta providencia y frente a las cuales debe contarse el término de caducidad a partir de la ejecutoria del acto definitivo que culminó el proceso administrativo disciplinario.

(…).

La anterior consideración se justifica por cuanto, como se afirmó en los acápites precedentes, solamente en aquellos casos en los que el acto de ejecución tiene incidencia efectiva en la terminación de la relación laboral administrativa, puede afirmarse que dicho acto tiene relevancia frente al conteo del término de caducidad de las acciones ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Corolario de lo expuesto y a manera de síntesis de las consideraciones precedentes, la Sala aclara los criterios para la determinación de los eventos en que sea procedente dar aplicación a la interpretación del artículo 136 del CCA antes expuesta, en los siguientes términos:

La posición deberá ser aplicada en aquellos eventos en los que:

i) Se controviertan actos administrativos que impongan sanciones disciplinarias que impliquen el retiro temporal o definitivo del servicio,

ii) Cuando en el caso concreto haya sido emitido un acto de ejecución según lo dispuesto en el artículo 172 del CDU, y

iii) Cuando dichos actos de ejecución materialicen la suspensión o terminación de la relación laboral administrativa.

Es evidente entonces que en los casos en los cuales la sanción disciplinaria es ejecutada con aplicación del artículo 172 de la Ley 734 de 2002 y solamente cuando el correspondiente acto de ejecución materialice la terminación o suspensión del vínculo laboral del servidor público, el cómputo del término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se hace a partir del acto de ejecución y no de la ejecutoria del acto sancionatorio.

Del caso concreto

Alega el municipio de Bucaramanga y la Personería de dicho ente territorial, que el tesorero de la referida municipalidad en fecha 13 de febrero de 2013, mediante oficio TG 102, le comunicó a la demandante que en esa dependencia se encontraba la documentación para llevar a cabo el cobro administrativo de la sanción disciplinaria impuesta, por lo tanto, el término de caducidad debe contarse a partir del 18 de febrero de 2013, por lo que, el plazo para presentar la demanda vencía el día 18 de junio de 2013, siendo que la misma fue presentada el 30 de agosto de esa misma anualidad, es decir, cuando ya había operado la caducidad del medio de control ejercido por la actora.

Como bien se indicó en precedencia, cuando se está frente casos en los cuales la sanción disciplinaria es ejecutada con aplicación del artículo 172 de la Ley 734 de 2002 y solamente cuando el correspondiente acto de ejecución materialice la terminación o suspensión del vínculo laboral del servidor público, el cómputo del término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se hace a partir del acto de ejecución y no de la ejecutoria del acto sancionatorio.

Pues bien, al examinar el expediente, observa la Sala que mediante Resolución 143 de diciembre 27 de 2012(9), la Personería de Bucaramanga resolvió el recurso de apelación instaurado contra el fallo sancionatoria de fecha 28 de agosto de 2012, proferido por la Personera delegada para la vigilancia administrativa policiva y judicial, plasmando en el artículo cuarto de la parte resolutiva de dicho acto administrativo, la confirmación de la responsabilidad disciplinaria de la señora Myriam Cueto Barragán, identificada con cédula de ciudadanía Nº 63.270.052 de Bucaramanga.

De igual forma, la resolución antes descrita, ordenó en el artículo sexto, comunicar tal decisión al alcalde y tesorero municipal de Bucaramanga para que diera cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, respecto de la ejecución de la sanción impuesta.

Para tal efecto, el representante legal del municipio de Bucaramanga expidió la Resolución 28 del 8 de febrero de 2013, en la que resolvió hacer efectiva la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de seis (6) meses impuesta a la señora Myriam Cueto Barragán, en su calidad de tesorera general, código 201, grado 34 de la Secretaria de Hacienda Municipal, suspensión que ante la imposibilidad física y material de su ejecución fue convertida en salarios mínimo legales mensuales vigentes, de acuerdo al monto devengado para el momento de la comisión de la falta, en los términos del inciso 2 del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, equivalente a la suma de veintiséis millones ciento treinta y cuatro mil novecientos veinte seis pesos ($26.134.926).

La Resolución 28 de 2013, fue comunicada a la señora Myriam Cueto Barragán, mediante oficio 210 de marzo 19 de 2013, puesta en correo el día 20 de marzo de esa misma anualidad(10).

Ahora, a folio 49 del plenario, reposa oficio 102 de fecha 13 de febrero de 2013, por medio del cual, la tesorería general del municipio de Bucaramanga le comunica a la demandante que en dicha dependencia reposa la documentación para el cobro administrativo coactivo de la sanción disciplinaria impuesta en la Resolución 143 de 2012, que determinó a su cargo una obligación por valor de veintiséis millones ciento treinta y cuatro mil novecientos veinte seis pesos ($26.134.926).

Como se observa, el acto por medio del cual, el municipio de Bucaramanga ejecuta la sanción disciplinaria de suspensión convertida en salarios mínimos legales mensuales vigentes impuesta a la actora es la Resolución 28 del 8 de febrero de 2013, la cual fue comunicada mediante el oficio 210 de marzo 19 de 2013 y no a través del oficio T.G. 102 de febrero 13 de 2013, como lo pretende hacer ver la parte apelante.

El oficio T.G. 102 de febrero 13 de 2013, constituye esa actuación propia del procedimiento de cobro persuasivo que el municipio de Bucaramanga adelantara como etapa previa al proceso de jurisdicción coactiva encaminada a obtener el pago de las obligaciones contenidas en la Resolución 28 de 2013, pero no puede entenderse como el documento a través del cual, le es comunicada la resolución que ejecuta la sanción disciplinaria. En esos términos, el cobro persuasivo es esa etapa inicial o previa al cobro coactivo que invita al obligado a solucionar el conflicto de una manera consensual y beneficiosa para las partes.

Visto así las cosas y teniendo claro la Sala que la Resolución 28 de 8 de febrero de 2013 es el acto que ejecuta la sanción disciplinaria impuesta a la señora Myriam Cueto Barragán, comunicada la misma a la disciplinada en fecha 20 de marzo de 2013, es a partir del día siguiente a esta fecha que se contabiliza el prepuesto procesal de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento instaurado por la demandante.

Conforme lo señalado, se tiene que la accionante contaba hasta el día 21 de julio de 2013, para ejercer el contencioso subjetivo de nulidad a fin de controvertir la legalidad de los actos sancionatorios disciplinarios expedidos por la Personería Municipal de Bucaramanga.

De acuerdo al certificado expedido por la Procuraduría 159 Judicial II para asuntos administrativos(11), se observa que la señora Myriam Cueto Barragán, radicó ante el Ministerio Público, solicitud de conciliación prejudicial en fecha 12 de junio de 2013, por lo que, el término de caducidad de la acción se suspende hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la misma Ley 640 de 2001(12) y en el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009(13).

Denota la Sala que de conformidad con la referida certificación, la audiencia de conciliación prejudicial fue celebrada en 2 de agosto de 2013, quedando agotado para esa misma fecha el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial, al ser expedido en esa misma fecha el certificado de agotamiento del aludido presupuesto de procedibilidad, de tal suerte que, el término de caducidad de la acción se reanudó a partir del día 3 de agosto de 2013.

Entonces, la demandante contaba con término para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en principio, hasta el día 21 de julio de 2013. Sin embargo, el mismo fue suspendido a partir del día 12 de junio y hasta el 2 de agosto de 2013, como consecuencia de la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial y celebración de la respectiva audiencia, es decir, cuando apenas había transcurrido 2 meses y 20 días, quedando a favor de la demandante 1 mes y 10 días para completar los 4 meses de que trata el literal d) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

Reanudado el término de caducidad del medio de control en fecha 3 de agosto de 2013, la actora podía interponer la acción hasta el 10 de septiembre de la vigencia ya referida, fecha en la que se completaban los 4 meses de caducidad que trata la norma citada en el párrafo precedente, por lo tanto, al haber sido presentada la demanda en fecha 30 de agosto de 2013, la misma se ejerció dentro de la oportunidad procesal establecida en la ley, motivo por el cual, habrá de confirmarse el auto fecha 25 de junio de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander en desarrollo de la audiencia inicial mediante el cual, declaró impróspera la excepción de caducidad.

Por lo anteriormente expuesto, el despacho

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto fecha 25 de junio de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander en desarrollo de la audiencia inicial mediante el cual, declaró impróspera la excepción de caducidad.

2. Por la Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su resorte legal y déjense las constancias de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Sandra Lisset Ibarra Vélez 

1 Sentencia C-832 de 8 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Tarsicio Cáceres Toro, sentencia del 23 de febrero de 2006, Radicación (6871-05), Actor: Marcos Melgarejo Padilla.

3 Artículo 180-6 de la Ley 1437 de 2011 la cual, reza de la siguiente manera: 6. Decisión de excepciones previas. El juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.

4 En efecto, el artículo 172 de la Ley 734 de 2002 señaló:
“ART. 172.—Funcionarios competentes para la ejecución de las sanciones. La sanción impuesta se hará efectiva por:
1. El Presidente de la República, respecto de los gobernadores y los alcaldes de Distrito.
2. Los gobernadores, respecto de los alcaldes de su departamento.
3. El nominador, respecto de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera.
(…)
PAR.—Una vez ejecutoriado el fallo sancionatorio, el funcionario competente lo comunicará al funcionario que deba ejecutarlo, quien tendrá para ello un plazo de diez días, contados a partir de la fecha de recibo de la respectiva comunicación”.

5 Sentencia de 23 de mayo de 2002, Radicado 88001-23-31-000-1999-00050-01(0619-01), M.P. Ana Margarita Olaya Forero. El mismo criterio fue expuesto en las providencias de 27 de septiembre de 2007 (Rad: 25000-23-25-000-1999-03741-01(7392-05), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado), 22 de octubre de 2009 (Rad: 11001-03-15-000-2009-00888-00 (AC) M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila), 17 de abril de 2012 (Rad: 11001-03-25-000-2010-00085-00(0795-10) M.P. Alfonso Vargas Rincón), 5 de septiembre de 2012 (11001-03-25-000-2010-00177-00(1295-10) M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren).

6 Radicado: 73001-23-31-000-2003-01139-00(0634-09) M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

7 Ver pliego de cargos en que se indica que la accionante estuvo vinculada como funcionaria desde el día 21 de diciembre de 2007 hasta el 9 de marzo de 2009. Folio 361 del expediente.

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto de fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil dieciséis (2016), radicado 11001-03-25-000-2012-00386-00 (1493-2012), M P. Gerardo Arenas Monsalve.

9 Resolución que obra a folio 26 al 41 del cuaderno principal.

10 Ver remisión postal de la empresa 472 obrante a folio 48 del expediente.

11 Acta que obra a folios 118 y 119 del cuaderno principal.

12 ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.

13 ART. 3º—Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta:
a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o
b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la Ley 640 de 2001, o
c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero.
En caso de que el acuerdo conciliatorio sea improbado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia correspondiente.
La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada.