Auto 2014-00666 de junio 24 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Bogotá, D.C., junio veinticuatro (24) de dos mil catorce (2014)

Ref. Exp.11 0010325000201400666 00

Nº Interno: 2075-2014

Actor: Hilario Soler Soler

Autoridades nacionales

Demanda ejecutiva

EXTRACTOS: «Se considera:

El asunto se contrae a establecer si la demanda ejecutiva presentada por el apoderado del señor HILARIO SOLER SOLER, es competencia del Consejo de Estado en única instancia.

De la norma procesal aplicable.

El artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, que estableció la “Competencia del Consejo de Estado en única instancia” fue derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que rigió a partir del 2 de julio de 2012—; empero el artículo 40 de la Ley 153 de 1887(1) dispone la excepción de la aplicación de las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios, es decir, la excepción de la aplicación de la ley procesal, en cuanto a que los términos que hubieren empezado a correr, así como las diligencias que estuvieren iniciadas, entre otras, deben continuarse con la ley vigente al tiempo de su iniciación.

A su turno, el artículo 40 de 13 Ley 153 de 1887 fue modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 “Por Inedia del cual se expide el Código General del Proceso” — vigente a partir del 12 de julio—, con el siguiente tenor literal:

“ART. 624.—Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:

“ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieron comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad

...” (Se subraya y negrillas fuera de texto).

Los artículos 287 y 298 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, regulan los requisitos, trámite, procedimiento y competencia da los Procesos Ejecutivos frente él las sentencias ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas de dinero, caso en el cual, si transcurrido un (1) año de su ejecutoria, no se ha cancelado, sin excepción alguna el juez que la profirió ordenará su cumplimiento. La normativa en mención, es del siguiente tenor literal:

“ART. 297.—Título ejecutivo. Para los efectos de este código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.

ART. 298.—Procedimiento.En los casos a que se refiere el numeral 1º del artículo anterior, si transcurrido un (1) año desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria o de la fecha que ella señale, esta no se ha pagado, sin excepción alguna el juez que la profirió ordenará su cumplimiento inmediato.

En los casos a que se refiere el numeral 2º del artículo anterior, la orden de cumplimiento se emitirá transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las sentencias como título ejecutivo. El juez competente en estos eventos se determinará de acuerdo con los factores territoriales y de cuantía establecidos en este código...” (Se subraya y negrillas fuera de texto).

De las normas transcritas se desprende que, sí existe regla especial de competencia para los procesos ejecutivos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la cual se circunscribe concretamente al Juez que profirió la sentencia, para el cumplimiento del fallo condenatorio que para efectos de este código constituya título ejecutivo, y en el presente caso el competente es el Tribunal Administrativo del Tolima.

En el sub lite, la sentencia fue proferida el 10 de mayo de 2004 por el Tribunal Administrativo del Tolima, la cual quedó ejecutoriada el 21 de mayo de 2004 (fl. 17); de tal forma que el derecho se hizo exigible a partir del día siguiente hábil(2) en atención a la Ley 4a de 1913(3) inciso 2º del artículo 62(4), esto es, el 25 de mayo de 2004, fecha a partir de la cual se cuenta el término de un (1) año para la cancelación del título ejecutivo, y si transcurrido este término la sentencia condenatoria no se ha pagado, el juez que la profirió ordenará su cumplimiento inmediato.

La demanda fue incoada el 16 de mayo de 2014 (fl. 39 vto.), la norma vigente al momento de formulación del libelo para el trámite del proceso ejecutivo es la Ley 1437 de 2011, por lo que se procederá a la remisión del proceso al Tribunal Administrativo del Tolima de conformidad con los artículos 297 y 298 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En conclusión, esta corporación carece de competencia para conocer del presente asunto, razones por las cuales se remitirá el proceso al Tribunal Administrativo del Tolima, que fue el juez que profirió el fallo de 10 de mayo de 2004 para que ordene el cumplimiento inmediato de la sentencia, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 164 numeral 2º literal k) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y si ésta aún no se hubiere pagado.

En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria de la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado,

RESUELVE:

REMÍTASE el presente proceso al Tribunal Administrativo del Tolima, para que dé cumplimiento al artículo 298 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notifíquese y cúmplase».

(1)Establece las reglas generales sobre la aplicación de las Leyes, y que cuando se advierta incongruencia u oposición entre una Ley anterior y otra posterior, las autoridades judiciales deberán observar las reglas contenidas en esta normativa —artículo 1º—.

(2) Sentencia C-767-10 de 22 de septiembre de 2010, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez, en donde la Corte Constitucional señaló que cuando la ley o un acto se refiera a “días” como lo determina le Ley 4ª de 1913, estos deben entenderse como “hábiles”.

(3) Sobre Régimen Político y Municipal.

(4) “Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o vacante, se entenderá el plazo hasta el primer día hábil”.