Auto 2014-00788 de abril 23 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 11001031500020140078800

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol

Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare

Acción de tutela

Bogotá, D.C., veintitrés de abril de dos mil catorce.

En ejercicio de la acción de tutela, la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, a través de apoderado invoca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y trabajo, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Casanare.

Solicita la siguiente medida provisional:

“... le solicito a ese Despacho que disponga la suspensión del trámite administrativo de Consulta popular del municipio de Monterrey (Casanare), mediante el envío de un oficio al alcalde de dicho municipio y a la Registraduría nacional del Estado Civil, mientras se resuelve esta acción de tutela.

(...).

Por todo lo anterior, se impone esta medida provisional de protección, como es la suspensión de la realización de la consulta popular y su comunicación inmediata a la Alcaldía Municipal de Monterrey, a la Gobernación del departamento de Casanare”.

Argumenta que adelantar un procedimiento de consulta popular implica la preparación previa de unas actividades por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, autoridades departamentales y municipales y la Policía Nacional, pues de no suspenderse se incurre en despilfarro de recursos públicos que podrían perderse con ocasión de la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se reclama.

Para resolver, se

CONSIDERA

La acción de tutela permite reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en este último caso cuando así expresamente lo autorice la ley.

El artículo 7º del Decreto 2591 de 1991 señala que “Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o lo vulnere”.

Dicha suspensión tiene lugar cuando el Juez de Tutela encuentra que la actuación genera una trasgresión o amenaza al derecho, por lo que se otorga la potestad al juzgador de suspender la actuación vulneradora, en virtud de la naturaleza preventiva de esta acción.

En el presente asunto, el despacho considera procedente la solicitud de suspensión de la consulta popular por lo siguiente:

El Alcalde de Monterrey (Casanare), en ejercicio del mecanismo de participación ciudadana de consulta popular, adelantó el trámite correspondiente ante el Concejo de dicho municipio y el Tribunal Administrativo de Casanare, con el fin de obtener de los habitantes la negativa o aceptación para la realización de las siguientes actividades dentro de la jurisdicción de dicho ente territorial.

Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos, en las veredas Casical, Guayabal, Piñalera y Guadualito, donde se ubica la zona de recarga hídrica del municipio de Monterrey? SÍ___NO___

El Tribunal Administrativo de Casanare, en ejercicio de sus facultades legales, como lo señala la Ley 134 de 1994, adelantó el control de constitucionalidad de dicha pregunta y el 27 de febrero de 2014, emitió concepto en el cual declaró ajustado a la Constitución el procedimiento previo y el texto de la pregunta que el Alcalde de Monterrey pretende someter a consulta popular.

Considera Ecopetrol que la anterior decisión es abiertamente inconstitucional e ilegal y vulnera sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, defensa y trabajo y le ocasiona un perjuicio directo en cuanto suscribió con el Estado a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos el contrato de exploración y producción odisea, en virtud del cual debe ejecutar las obligaciones contractuales a su cargo y en orden a su cumplimiento ha suscrito obligaciones por un valor de $ 57.117.672.805 sin IVA.

Fundamenta la vulneración de sus derechos en que el Tribunal, al emitir el concepto objeto de la presente acción, violó el régimen legal de competencias por cuanto el tema es un asunto de interés nacional y no local y porque la motivación con la cual declaró ajustada a la Constitución Política el texto de la pregunta, es la misma que sirvió para un proceso igual en el municipio de Tauramena, es decir, examinó la situación fáctica y jurídica en relación con otro ente territorial y por lo mismo, se refirió a temas que no venían al caso.

En estas condiciones es innegable el interés que tiene Ecopetrol por estar relacionado el proceso con temas que le atañen directamente.

Ahora bien, es claro que la realización de la consulta es inminente y que de no acceder a la medida provisional, el trámite del presente asunto resultaría ineficaz por cuanto para la fecha en que se decida de fondo, ya se habrá consumado el posible o eventual perjuicio alegado por la entidad.

Por tal razón, no solo es necesario sino prudente suspender la realización de la consulta popular, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva, en el evento de que se profiera un fallo favorable para la parte interesada.

La anterior afirmación no compromete el sentido de la decisión que ha de tomarse al momento de resolver el fondo del asunto, pues es necesario determinar si en efecto, la autoridad judicial demandada, incurrió en violación de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y trabajo, previo un análisis de fondo, el cual corresponde hacerlo en la sentencia.

Por lo expuesto, se suspenderá el Decreto Municipal 13 del 3 de abril de 2014, proferido por el Alcalde del municipio de Monterrey, por medio del cual convocó a los ciudadanos del municipio a consulta popular para el próximo 27 de abril del presente año.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

Admítese la acción de tutela interpuesta por la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, contra el Tribunal Administrativo de Casanare.

Póngase en conocimiento de los Magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare, la interposición de la presente acción de tutela, haciéndoles llegar copia de la demanda, con el fin de que rindan el informe señalado en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991 y de que alleguen copia de la providencia objeto de demanda.

De conformidad con artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, se dispone vincular al Alcalde del Municipio de Monterrey, para lo cual se ordena informarle sobre la interposición de la presente acción de tutela, adjuntando copia de la misma, para los efectos a que haya lugar.

DECRETAR la medida cautelar solicitada por la parte demandante. En consecuencia se dispone:

SUSPENDER el Decreto 13 del 3 de abril de 2014, proferido por el Alcalde Municipal de Monterrey, mientras se decide sobre el fondo del presente asunto.

ORDENAR al Alcalde Municipal de Monterrey (Casanare), a la Gobernación del Departamento de Casanare, a la Registraduría Nacional de Estado Civil y al Registrador Municipal de Monterrey, realizar todos los trámites tendientes al cumplimiento de la presente providencia.

Por el medio más expedito comuníquese sobre la presente decisión a las autoridades antes señaladas. Igualmente mediante telegrama póngase en conocimiento de esta decisión a la parte actora.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Consejero: Alfonso Vargas Rincón.