Auto 2014-00838 de julio 23 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 11001 03 25 000 2014 00838 00 (2556–2014)

Actor: Nixon Torres Carcamo

Demandado: Nación - Ministerio de Trabajo - Ministerio de Educación.

Bogotá D.C, veintitrés de julio de dos mil catorce.

En ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad consagrada en el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, el señor Nixon Torres Carcamo, solicita la anulación del artículo 1º del Decreto 359 del año 2000, expedido por el Presidente de la República, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Educación Nacional, por el cual se “…dictan algunas disposiciones reglamentarias del Sistema de formación Profesional Integral que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA”. La norma demandada en su parte pertinente dicta:

“DECRETO 359 DE 2000

(Marzo 6)

Por el cual se dictan algunas disposiciones reglamentarias del Sistema de formación Profesional Integral que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,

(...).

DECRETA:

ART. 1º—Los niveles de formación, titulación, acreditación, homologación, validación, certificación y reconocimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, dentro de los campos de la Formación Profesional Integral, que se enmarcan en la educación no formal, serán autónomos, sin sujeción a registros o convalidaciones de otras autoridades o instituciones educativas y sólo requieren para su expedición y validez, que estén incluidos en el estatuto de la Formación Profesional Integral que adopte el Consejo Directivo Nacional del Organismo”.

Al estudiar casos similares al aquí planteado, esta corporación, con ponencias del doctor Enrique Gil Botero, mediante providencia del 10 de octubre del año anterior(1), y de la doctora Bertha Lucía Ramírez de Páez, mediante providencia del 2 de julio de 2013(2), concluyó que el medio de control previsto por el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011 exige, entre otros: 1) que la norma acusada constituya una disposición autónoma o constitucional; 2) que el juicio de validez se realice frente a la Constitución Política y 3) que sea expedida por cualquier autoridad en ejercicio de función constitucional.

Examinado el texto de la acción judicial se colige que la norma demandada fue expedida por una entidad pública del orden nacional en ejercicio de la facultad reglamentaria consagrada por la Constitución Política y la Ley 938 de 2004, con el fin de ajustar la reglamentación de situaciones administrativas del personal de la Fiscalía General de la Nación

Se concluye entonces que la norma acusada no constituye un reglamento autónomo o constitucional, ya que se encuentra subordinada directamente a la ley, circunstancia que conduce a establecer que el medio de control procedente no es el de nulidad por inconstitucionalidad previsto por el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, sino el de simple nulidad de que trata el artículo 137 ibídem, por lo que se adecuará al trámite que corresponde, en aplicación del artículo 171 de la norma en cita.

Solo resta comentar que se encuentran dadas las condiciones para la admisión de la demanda, ya que cumple con los requisitos formales exigidos por el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, su presentación es oportuna acorde con lo previsto por el inciso primero del 137, numeral 1 literal a) ejúsdem y fueron aportados los documentos exigidos por el artículo 166 de la misma obra.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

1. ADMITIR la demanda presentada en ejercicio del medio de control de simple nulidad previsto por el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 por el señor Giraldo Alfonso Nixon Torres Carcama, en contra del Gobierno Nacional, la que será tramitada en ÚNICA INSTANCIA mediante el procedimiento establecido por el capítulo IV del título V de la Segunda parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. NOTIFICAR este auto personalmente a las entidades demandadas, por conducto de sus representantes legales o de quien hagan sus veces, en la forma prevista por el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

3. NOTIFICAR personalmente esta providencia al Agente del Ministerio Público, por mandato del numeral 2 de la norma en cita, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en aplicación del inciso 6º del artículo 612 del Código General del Proceso, modificatorio del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011.

No hay lugar a exigir al actor el depósito correspondiente a los gastos del proceso, por expresa disposición de la parte final del numeral 4º del artículo 171 ibídem.

4. ADVERTIR a las partes que el término de traslado de la demanda será de treinta (30) días, como lo prescribe el artículo 172 ejusdem. Radicación 11001 03 25 000 2014 00838 00 (2556–2014) Actor: Nixon Torres Carcamo Demandado: Nación – Ministerio de Trabajo – Ministerio de Educación Ley 1437 de 2011 medio de control de nulidad 5

5. ORDENAR a la Secretaría de la Sección Segunda de la corporación que, en acatamiento y con sujeción a lo previsto por el numeral 5º del artículo 171 de la Ley 1437 de 2011, informe a la comunidad sobre la existencia del presente trámite.

Notifíquese y cúmplase.

Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

(1) Auto del 10 de octubre de 2012, actor: Julio César Méndez González contra Gobierno Nacional, contra el artículo 6.1.1.2 parte 1 del Decreto 734 de 2012 modificado por el Decreto 1397 de 2012, radicado 11001032600020120005600.

(2) Auto del 2 de julio de 2013, actor Sergio Antonio Escobar Jaimes contra el Gobierno Nacional, radicación 11001032500020120057100 (2139-2012).