Auto 2014-00913/22294 de septiembre 22 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref. Expediente: 68001233300020140091301

Consejero ponente:

Dr. Milton Chaves García

Número interno: 22294

Demandante: Italcol S.A.

Demandado: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB

Régimen: Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Bogotá D.C., veintidós de septiembre de dos mil diecisiete

Auto que niega parcialmente el mandamiento de pago

El Despacho decide el recurso de apelación interpuesto por Italcol S.A contra el auto de 25 de marzo de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, que libró mandamiento de pago a favor de Italcol S.A, contra la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB.

La providencia apelada dispuso lo siguiente:

“1. Librar mandamiento de pago a favor Italcol S.A. y a cargo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB, por valor de cincuenta y tres millones quinientos treinta y siete mil seiscientos ochenta y nueve pesos ($ 53.537.689), más los intereses moratorios a que haya lugar, desde el 29 de mayo de 2013 hasta el día que se efectué el pago de la obligación, de conformidad con el Art. 431 del CGP.

2. Notificase esta providencia a la entidad demandada, de conformidad con el Art. 199 del CPACA.

[…]”

Antecedentes

Del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho

Italcol (antes Carbone Rodríguez & CIA. SCA. - Italcol S.A.), interpuso medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 640 del 16 de julio de 2003, por la cual se “distribuye la contribución por valorización del proyecto de canalización Quebrada La Iglesia, Municipios de Bucaramanga y Girón, Departamento de Santander” y 000980 del 17 de octubre del mismo año, que confirma la anterior, expedidas por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB [en adelante CDMB].

El proceso lo conoció, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander que, en sentencia del 9 de julio de 2009, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó a la CDMB devolver la totalidad de los dineros que Italcol haya pagado por concepto de la contribución por valorización, debidamente actualizada, en los términos de los artículos 176, 177 y 178 CCA(1).

La CDMB interpuso recurso de apelación contra la decisión de primer grado. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 11 de octubre de 2012(2), ejecutoriada el 20 de noviembre de 2012(3), confirmó lo decidido por el Tribunal.

Italcol solicitó a la CDMB la expedición de la resolución para que se liquiden y devuelvan los dineros pagados por la contribución de valorización(4).

El 17 de abril de 2013, la CDMB expidió la Resolución 000490 por la que “se reconoce y ordena el pago de una sentencia judicial”, por $ 487.565.539,60, teniendo en cuenta la actualización de valor.

El 26 de abril de 2013 y el 28 de mayo del mismo año, la CDMB abonó a Italcol las sumas de $ 487.565.539,60 y $ 7.075.296,67, respectivamente.

Del proceso ejecutivo

El 17 de octubre de 2014, Italcol S.A., presentó demanda ejecutiva, cuyos títulos de recaudo son (i) la sentencia del 9 de julio de 2009, del Tribunal Administrativo de Santander; (ii) la sentencia del 11 de octubre de 2012 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por la que se confirmó la sentencia del Tribunal y; (iii) la Resolución 490 del 7 de abril de 2013, por la que la CDBM reconoció y ordenó el pago de una sentencia judicial.

Para el efecto, formuló las siguientes pretensiones:

“I. Líbrese mandamiento de pago en contra de la CDMB y a favor de Italcol S.A.:

1. Por $ 61.544.188,89 como saldo de capital (...)

2. Por los intereses comerciales moratorios conforme al artículo 177 C.C.A, desde mayo 29 de 2013, que se estiman en $ 33.047.262 proyectados a diciembre 31 de 2014, sin perjuicio que se sigan causando hasta el pago efectivo.

II. Condénese a la ejecutada en costas y agencias en derecho que se originen por el presente proceso.”

La demanda se radicó en el Tribunal Administrativo de Santander que, por intermedio de la contadora de la Corporación, verificó la liquidación efectuada en la demanda, así:

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Con base en la liquidación presentada por la contadora, en auto del 25 de marzo de 2015(5), el Tribunal libró mandamiento de pago por el monto de $ 53.537.689, más los intereses moratorios a que hubiera lugar desde el 29 de mayo de 2013 (día siguiente al último abono) hasta el día en que se efectúe el pago de la obligación.

El 7 de abril de 2015, Italcol interpuso recurso de reposición(6) y, en subsidio, apelación contra el auto que libro mandamiento de pago porque el saldo de capital es de $ 61.544.188,69 y no de $ 53.537.689.

Lo anterior, teniendo en cuenta que del capital y los intereses ($ 489.525.539 + $ 66.765.193,39 = $ 554.30.732) se descontó el abono de $ 489.525.539, que se imputa primero a intereses, lo que da un saldo de capital de $ 66.765.193,39, qué sumado a los intereses arroja un total de $ 68.619.485,36 al que se le resta un abono de $ 7.075.296,67 para un total saldo de capital de $ 61.544.188,69. Sobre el saldo de capital se generan intereses moratorios, conforme con el artículo 177 del CCA, desde la fecha de ejecutoria de la sentencia hasta el momento del pago.

Por tal razón, pidió que se modificara y complementara el mandamiento ejecutivo librado conforme con la liquidación presentada en la demanda, especificándose que los intereses sobre el capital que se ordene pagar deben ser los comerciales moratorios, según el artículo 177 del CCA.

Por auto del 21 de julio de 2015(7); el Tribunal Administrativo de Santander no repuso la decisión recurrida, toda vez que el ejecutante liquidó los intereses moratorios sobre la tasa de intereses expresados en meses, a pesar de que el periodo que adeuda se señaló en días. El Tribunal destacó que en la liquidación realizada en el mandamiento de pago se tomaron los periodos adeudados en días y la tasa de interés moratoria también se expresó en días. Igualmente, precisó que los intereses son los moratorios conforme con el artículo 177 del CCA.

Italcol interpuso recurso de reposición y, en subsidio, queja(8)porque en la providencia del 21 de julio de 2015 se omitió el pronunciamiento sobre el recurso de apelación. Solicitó, entonces, que se revoque la providencia impugnada y, en su lugar, se conceda la apelación en el efecto devolutivo y, en subsidio, se ordene la expedición de copias para que se resuelva el recurso de queja.

El 24 de septiembre de 2015(9), el Tribunal Administrativo de Santander adicionó de oficio un numeral al auto del 21 de julio de 2015, en el que rechazó por improcedente el recurso de apelación contra el auto que libró mandamiento de pago. No obstante, repuso el auto del 21 de julio de 2015, en el sentido de conceder, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto oportunamente contra el auto que libró mandamiento de pago. Lo anterior, con fundamento en el artículo 438 del Código General del Proceso, pues el auto de 25 de marzo de 2015 negó parcialmente el mandamiento de pago.

Asimismo, el Tribunal negó la expedición de copias para tramitar la queja.

El expediente se remitió al Consejo de Estado para resolver la apelación.

Auto Apelado

El Tribunal Administrativo de Santander, por auto de 25 de marzo de 2015, libró mandamiento de pago por $ 53.537.689,26, más los intereses moratorios a que haya lugar, desde el 29 de mayo de 2013 hasta el día en que se efectué el pago de la obligación.

La decisión se adoptó con base en los siguientes criterios:

El título ejecutivo es complejo y está integrado por la sentencia del 9 de julio de 2009, del Tribunal Administrativo de Santander, en la que se accedió a las pretensiones de la demanda, la providencia del 11 de octubre de 2012, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que confirmó la decisión del Tribunal, y la Resolución 00490 de 7 de abril de 2013 de la CDMB, en el que se reconoce y ordena el pago de las sentencias.

En dicha resolución se fijó un valor actualizado de la contribución de $ 487.565.539,60.

El título ejecutivo contiene una obligación clara, expresa y exigible.

Recurso de apelación

La demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra el auto del 25 de marzo de 2015 porque se libró mandamiento de pago por un valor inferior al pretendido en la demanda. Pidió que se modificara el mandamiento ejecutivo conforme con la liquidación presentada en la demanda, teniendo en cuenta que los intereses sobre el capital son los comerciales moratorios, de acuerdo con el artículo del artículo 177 del CCA.

Como fundamento del recurso explicó cómo debía hacerse la liquidación:

Descontados los abonos efectuados por la CDMB el 26 de abril de 2013 ($ 487.565.539,60) y el 28 de mayo de 2013 ($ 7.075.296,67), el capital indexado a la ejecutoria del fallo corresponde a $ 487.565.539,60, y los intereses comerciales moratorios ascienden a $ 66.765.193,39; y no a la suma que se fijó en el mandamiento de pago ($ 53.537.689,26).

Los intereses comerciales moratorios se causan desde la fecha de ejecutoria de la sentencia que los genera (20 de noviembre de 2012) hasta el pago efectivo y pleno de la obligación.

Oposición

La parte demandada propuso la excepción de “ausencia de conciliación extrajudicial previa como requisito de procedibilidad”, dado que el artículo 35 de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, dispone que en los asuntos susceptibles de conciliación, antes de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, debe agotarse esta etapa y en este proceso no se agotó ese requisito de procedibilidad.(10)

Indicó que de prosperar la excepción propuesta, se adhiere a la tesis del Tribunal y que los intereses de mora se causan desde el 29 de mayo de 2013 y deben liquidarse por días.

Consideraciones

El Despacho decide sobre la apelación del auto que libró mandamiento de pago a favor de Italcol S.A. en contra la CDMB, para lo cual aborda los siguientes temas: 1. Competencia para conocer del Proceso ejecutivo y de la apelación contra el mandamiento de pago; 2. La excepción de ausencia de conciliación extrajudicial previa como requisito de procedibilidad; 3. Generalidades del proceso ejecutivo; 4. Intereses de mora de sumas reconocidas en sentencias y 5. Estudio del caso en concreto.

Competencia para conocer del proceso ejecutivo

Los artículo 156 y 298 del CPACA prevén la competencia para conocer de los procesos ejecutivos que pretenden hacer cumplir las condenas impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

El artículo 156 numeral 9º del CPACA, dispone lo siguiente:

“ART. 156.—Competencia por razón del territorio. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:

(…)

9. En las ejecuciones de las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o de las obligaciones contenidas en una conciliación aprobada por esta jurisdicción, será competente el juez que profirió la providencia respectiva”.

En concordancia con la norma anterior, el artículo 298 del mismo ordenamiento dispone lo siguiente:

“ART. 298.—“Procedimiento. En los casos a que se refiere el numeral 1º del artículo anterior(11), si transcurrido un (1) año desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria o de la fecha que ella señale, esta no se ha pagado, sin excepción alguna el juez que la profirió ordenará su cumplimiento inmediato”.

Sobre este aspecto, el Consejo de Estado ha sostenido que la ejecución de la sentencia debe tramitarla el juez que conoció el proceso en primera instancia del proceso que dio origen a la ejecución de la providencia, así este no haya proferido la sentencia de condena. Lo anterior, con el fin de preservar los objetivos perseguidos con el factor de conexidad(12).

Así, el Tribunal Administrativo de Santander es el competente para conocer del proceso ejecutivo adelantado por Italcol S.A contra la CDMB, toda vez que fue el que profirió la sentencia de primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la ejecución de la providencia.

Competencia para conocer de la apelación contra el mandamiento de pago

Respecto de la competencia del Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación contra el auto que niega parcialmente el mandamiento de pago, la Sala ha afirmado que como el CPACA no prevé el procedimiento aplicable para el proceso ejecutivo ante la jurisdicción contencioso administrativa debe acudirse a las normas del Código General del Proceso, que regulan este proceso especial(13).

Por ello, deben aplicarse los artículos 321 y 438 del Código General del Proceso “que, en su orden, señalan lo siguiente:

“ART. 321. —Procedencia. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad.

También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

(…)

4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo.

(...)”

“ART. 438.—Recursos contra el mandamiento ejecutivo. El mandamiento ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente y el que por vía de reposición lo revoque, lo será en el suspensivo. (...)”

De otra parte, cabe destacar que es competencia del Despacho dictar esta providencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del CPACA, que señala lo siguiente:

“ART. 125.—De la expedición de providencias. Será competencia del Juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este Código serán de la sala (...)”

De acuerdo con la norma parcialmente transcrita, por regla general, los autos interlocutorios y de trámite deben ser dictados por el juez o por el magistrado ponente. La excepción se presenta cuando se trata de un proceso cuyo conocimiento corresponda a jueces colegiados [tribunales administrativos / Consejo de Estado], y deba dictarse la providencia que rechace la demanda; la que decrete una medida cautelar o resuelva el incidente de responsabilidad y desacato; la que pone fin al proceso o la que aprueba una conciliación extrajudicial o judicial, pues en esos casos la decisión debe adoptarse en Sala, salvo que el proceso sea de única instancia.

Como en este asunto no se profieren las providencias en mención, corresponde al Despacho resolver la apelación interpuesta por la demandante contra el auto del 25 de marzo de 2015, por el que el Tribunal Administrativo de Santander negó parcialmente el mandamiento de pago, pues lo libró por un monto inferior al pretendido por Itacol. S.A.

De la excepción de ausencia de conciliación extrajudicial previa como requisito de procedibilidad

La demandada señaló que de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, antes de acudirse a la jurisdicción contenciosa administrativa, debe agotarse la etapa de conciliación extrajudicial, requisito que se omitió por la parte demandante.

El artículo 35 de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, dispone que en los asuntos conciliables, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, entre otras jurisdicciones.

Por su parte, el inciso 2º del artículo 613 del Código General del Proceso, relativo a la audiencia de conciliación extrajudicial en los asuntos contencioso administrativos, señaló que:

“No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública.” (Negrillas fuera del texto original)

En consecuencia, en este caso la conciliación extrajudicial no constituye requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, pues se trata de un procesó ejecutivo. No prospera la excepción.

Generalidades del proceso ejecutivo

Sobre las generalidades del proceso ejecutivo se reiteran íntegramente las consideraciones plasmadas por la Sección en auto de 30 de mayo de 2013 así(14):

El proceso ejecutivo es el medio judicial para hacer efectivas, por la vía coercitiva, las obligaciones incumplidas por el deudor. Es decir, es el medio para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada(15).

Conforme con el artículo 422 del Código General del Proceso, el título ejecutivo es aquel documento que proviene del deudor o de su causante; el que se origina en una sentencia condenatoria proferida por un juez, o cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva(16).

El título ejecutivo supone la existencia de una obligación clara, expresa y exigible. La obligación debe ser expresa porque se encuentra especificada en el título ejecutivo, en cuanto debe imponer una conducta de dar, hacer o no hacer. Debe ser clara porque los elementos de la obligación (sujeto activo, sujeto pasivo, vínculo jurídico y la prestación u objeto) están determinados o, por lo menos, pueden inferirse por la simple revisión del título ejecutivo. Y debe ser exigible porque no está pendiente de cumplirse un plazo o condición.

La obligación de dar trasmite al acreedor el dominio u otro derecho real. La obligación de hacer, por su parte, impone al deudor el deber de realizar un hecho positivo, pero no implica la trasmisión de ningún derecho real. La obligación de no hacer, en cambio, prohíbe al deudor ejecutar ciertos actos que, sin existir tal prohibición, podría hacerlos libremente(17).

En materia de lo contencioso administrativa, el proceso ejecutivo sirve para pedir el cumplimiento forzado de las obligaciones a cargo de las entidades públicas que consten, por ejemplo, en los actos administrativos ejecutoriados o en las providencias judiciales(18).

En ese caso, el proceso ejecutivo se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta.

Intereses de mora de sumas reconocidas en sentencias

El artículo 177 del CCA, vigente cuando se dictó la sentencia que constituye el título ejecutivo, disponía lo siguiente(19):

“ART. 177.—Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a una entidad descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviara inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.

(…)

Las cantidades liquidadas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales y moratorios”.

Los intereses moratorios Ion aquellos que se causan cuando no se cumple la obligación en el momento pactado y su objeto es indemnizar los perjuicios que se causan al acreedor por el incumplimiento de la obligación de dar, hacer o no hacer. Sobre los intereses moratorios, la Corte Constitucional señaló que:(20)

“Los intereses moratorios son aquellos que se pagan para el resarcimiento tarifado o indemnización de perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida. La mora genera que se hagan correr en contra del deudor los daños y perjuicios llamados moratorios que representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso en la ejecución de la obligación.”

El artículo 177 del CCA dejó un vacío respecto de la tasa de interés moratorio que debe aplicarse. Por ello, para su determinación debe acudirse a lo establecido en el artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, que prevé lo siguiente:

“Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse redito de capital sin que se especifique, por convenio el interés, este será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990.

Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria.”

Precisado lo anterior, se concluye que en vigencia del CCA la tasa aplicable para liquidar los intereses de mora que deben pagarse por el retardo en el cumplimiento de los créditos judicialmente reconocidos en sentencia, es la correspondiente a una y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Financiera (antes Bancaria) para el periodo de la mora.

Caso concreto

En el caso en estudio están probados los siguientes hechos:

Con fundamento en las Resoluciones 640 y 980 de 2003, expedidas por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Cundinamarca - CDMB, la actora pagó a dicha entidad una contribución de valorización de $ 487.565.539,60.

En sentencia de 9 de julio de 2009, confirmada por la Sección Cuarta en fallo de 11 de octubre de 2012, el Tribunal Administrativo de Santander anuló las resoluciones en mención y ordenó a la CDMB la devolución de la contribución que la actora pagó, debidamente actualizada y conforme con los artículos 176 y 177 del CCA

Para dar cumplimiento a la sentencia, la CDMB expidió la Resolución 000490 de 17 de abril 2013, que fijó la deuda en $ 487.565.539,60, más la actualización de valor.

La CDBM hizo dos abonos a la actora: el primero, el 26 de abril de 2013 por $ 487.565.539,60, y el segundo, el 28 de mayo de 2013 por $ 7.075.296,67.

La parte demandante solicitó que se librara mandamiento de pago contra la CDMB por: (i) $ 61.544.188,89 como saldo de capital y (ii) los intereses comerciales moratorios conforme con el artículo 177 del CCA, desde el 29 de mayo de 2013 (día siguiente al último abono), que se estiman en $ 33.047.262 proyectados a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de que se sigan causando hasta el pago efectivo.

Para ello, presentó la siguiente liquidación:

“(…)

4. Con fecha abril 26 de 2013, para el cumplimiento parcial a la condena ahora en ejecución, la pasiva reconoció deber $ 487.565.539,60 indexados sin intereses e hizo abono que se imputó, por el representante de la ahora ejecutante (art.. 1653 C.C.), en primer lugar a intereses.

5. Al parecer en mayo 28 de 2013 la CDMB consignó a Italcol $ 7.075.296,67 adicionales.

6. Descontado los abonos efectuados ($ 487.565.539,60 en abril 26 de 2013 y $ 7.075.296,67 en mayo 28 de 2013), si el capital indexado a la ejecutoria del fallo (noviembre 20 de 2012) en gracia de discusión fuere de $ 487.565.539 a abril 26 de 2013 se causaron intereses comerciales moratorios de $ 66.765.193,39 conforme paso a ilustrar:

icon
ver tabla
CapitalFecha inicioFecha finDíasInt. AñoMora añoMora mesTotal
$ 487.565.539,0020/11/1230/11/121120,89%31.34%2.61% $ 4.668.236,88
$ 487.565.539,0001/12/1231/12/123120,89%31.34%2.61%$ 13.155.940,31
$ 487.565.539,0001/01/1331/01/133120,75%31.13%2.59%$ 13.067.772,21
$ 487.565.539,0001/02/1328/02/132820,75%31.13%2.59%$ 11.803.149,09
$ 487.565.539,0001/03/1331/03/133120,75%31.13%2.59%$ 13.067.772,21
$ 487.565.539,0001/04/1326/04/132620,83%31.25%2.60%$ 11.002.322,69
 $ 66.765.193,39

7. Lo anterior suma: $ 554.330.732, de los que descontado el abono de $ 487.565.539,60 imputado en primer lugar a los intereses (Art. 1653, C.C.), a abril 26 de 2013 quedó un saldo a capital de: $ 66.765.193,39.

8. Para cuando la demandada CDMB abonó los referidos $ 7.075.296,67 que se imputan en primer lugar a intereses comerciales moratorios en cuantía de $ 1.854.291,97 quedó un nuevo saldo de capital de $ 61.544.188,89 (ver tabla anexa).

icon
ver tabla
CapitalFecha InicioFecha finDíasInt. AñoMora añoMora mesTotal
$ 66.765.193.3927/04/1330/04/13420,83%31.25%2.60%$ 231.786,50
$ 66.765.193.3901/05/1328/05/132820,83%31.25%2.60%$ 1.622.505,47
 $ 1.854.291,97

cuadro comas
 

9. Sobre el saldo de capital antes mencionado, con proyección a diciembre 31 de 2014, se causan intereses comerciales moratorios en cuantía de: $ 33.047.262,85, que sin perjuicio de los que se sigan causando hasta el pago efectivo, ilustro así:

icon
ver tabla
CapitalFecha inicioFecha finDíasInt. AñoMora añoMora mesTotal
$ 61.544.188.6929/05/1331/05/13320,83%31.25%2.60%$ 160.245,68
$ 61.544.188.6901/06/1330/06/133020,83%31.25%2.60%$ 1.602.456,81
$ 61.544.188.6901/07/1330/07/133020.34%30.51%2.54%$ 1.564.761,00
$ 61.544.188.6901/08/1330/08/133020.34%30.51%2.54%$ 1.564.761,00
$ 61.544.188.6901/09/1330/09/133020.34%30.51%2.54%$ 1.564.761,00
$ 61.544.188.6901/10/1331/10/133119,85%29.78%2.48%$ 1.577.967,35
$ 61.544.188.6901/11/1330/11/133019,85%29.78%2.48%$ 1.527.065,18
$ 61.544.188.6901/12/1331/12/133119,85%29.78%2.48%$ 1.577.967,35
$ 61.544.188.6901/01/1431/01/143119.65%29.48%2.46%$ 1.562.068,44
$ 61.544.188.6901/02/1428/02/142819.65%29.48%2.46%$ 1.410.900,53
$ 61.544.188.6901/03/1431/03/143119.65%29.48%2.46%$ 1.562.068,44
$ 61.544.188.6901/04/1430/04/143019.63%29.45%2.45%$ 1.510.140,53
$ 61.544.188.6901/05/1431/05/143119.63%29.45%2.45%$ 1.560.478,55
$ 61.544.188.6901/06/1430/06/143019.63%29.45%2.45%$ 1.510.140,53
$ 61.544.188.6901/07/1431/07/143119.33%29,00%2.42%$ 1.536.630,17
$ 61.544.188.6901/08/1431/08/143119.33%29,00%2.42%$ 1.536.630,17
$ 61.544.188.6901/09/1430/09/143019.33%29,00%2.42%$ 1.487.061,46
$ 61.544.188.6901/10/1431/10/143119,17%28,76% 2.40%$ 1.523.911,04
$ 61.544.188.6901/11/1430/11/143019,17%28,76%2.40%$ 1.474.752,62
$ 61.544.188.6901/12/1431/12/143119,17%28,76%2.40%$ 1.523.911,04
 $ 33.047.262,85

En la providencia apelada, el Tribunal libró mandamiento de pago con base en la liquidación elaborada por la contadora de esa corporación, el 3 de marzo de 2015, de la que se destaca lo siguiente(21):

“(...)

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ítemPeriodoNúmero de díasCapital% interés moratorio anual (1.5 veces del interés corriente anual)% Interés morat. diarioValor de los intereses
DesdeHasta
121/11/201231/12/201240467.565.539,0031.34%0,0780%$ 15.212.044,84
201/01/201330/03/201390487.565.539,0031,13%0,0776%$ 34.051.577,29
301/04/201326/04/201326487.565.539,0031.25%0,0779%$ 9.875.152,44
 $ 59.138.774,56

6. Con un valor de intereses moratorios por $ 59.138.774,56, el primer abono por $ 487.565.539,60, se aplica a intereses y luego a capital, y el saldo es el siguiente:

2 b
 

7. Con relación al segundo abono por $ 7.075.296,67 realizado el 28 de mayo de 2013 y un saldo de obligación por $ 59.138.774,56 a este último valor se le liquidan intereses moratorios desde el 27 de abril de 2013 al 28 de mayo de 2013 y el resultado es el siguiente:

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Item
PeriodoNúmero de díasCapital% interés moratorio anual (1.5 veces del interés corriente anual)% Interés morat. diarioValor de los intereses
DesdeHasta
127/04/201328/05/201332$ 59.138.774.5631.25%0,0779%$ 1.474.211,37
Total intereses$ 1.474.211,37

8. En suma, el capital adeudado a mayo 28 de 2013, queda establecida en la suma de $ 53.537.689,26, según se observa a continuación:

3
3
 

En desacuerdo con la decisión adoptada por el Tribunal, el 7 de abril de 2015, Italcol interpuso recurso de reposición(22) y, en subsidio apelación, porque se negó parcialmente el mandamiento de pago pretendido, dado que el monto liquidado por el Tribunal fue inferior. Por tal razón, pidió que se modificara el mandamiento ejecutivo conforme con la liquidación presentada en la demanda y se precisara que los intereses sobre el capital que se ordenan pagar son los comerciales moratorios, conforme con el artículo 177 del CCA.

Teniendo en cuenta que la tasa de interés moratorio es la del Código de Comercio, el Despacho procede a hacer la liquidación de los intereses moratorios que corresponde pagar, de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, es decir, el equivalente a una y media veces del interés bancario corriente, establecido por la Superintendencia Financiera.

En el caso de estudio, para determinar el interés remuneratorio y el de mora, la Superintendencia Financiera certificó que estos no podían exceder 1.5 veces el interés bancario corriente, es decir, que para los trimestres: (i) del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2012(23), no podía exceder del 31.34% E.A. (24); (ii) del 1º de enero de 2013 al 31 de marzo del 2013, no podía exceder del 31.13% E.A.25 y; (iii) del 1º de abril al 26 de abril de 2013, no podía exceder del 31.25% E.A26.

En este orden de ideas, al capital adeudado por la CDMB, que ascendía a $ 487.568.539,60 (monto que no es objeto de discusión en esta demanda), se deben calcular intereses a partir del 21 de noviembre de 2012, fecha de ejecutoria de la sentencia condenatoria, hasta el 26 de abril de 2013 (día anterior al primer abono hecho por la CDMB a favor Italcol), así:

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Capital $Fecha InicialFecha FinalDíasTasa E.A.Tasa NominalInterés DiarioTotal
$ 487.565.539,60 21/11/201231/12/20124131.34%0,2727364.300$ 14.936.300
$ 487.565.539,6001/01/201331/03/20139031,13%0,2711362.160$ 32.594.400
$ 487.565.539,6001/04/201326/04/20132631.25%0,272363.383$ 9.447.958
Total      $ 56.978.658

En atención a lo anterior, el monto adeudado al 26 de abril de 2013, ascendía a $ 544.544.198, que resulta de la suma del capital y los intereses.

El 27 de abril de 2013, CDMB pagó a Italcol $ 487.565.539,60, que debían imputarse primero a intereses, lo que arroja un saldo de capital de $ 56.978.658 así:

4
 

El 28 de mayo de 2013, CDMB abonó a la actora $ 7.075.296,67. Por ello, se liquidan los intereses moratorios por el lapso transcurrido entre el 27 de abril de 2013 y el 28 de mayo de 2013(27) (32 días), aplicable al saldo de capital de $ 56.978.658, como se observa a continuación:

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Saldo de capitalFecha inicialFecha FinaldíasTasa E.A.Tasa NominalInterés DiarioTotal
$ 56.978.65827/04/201328/05/20133231.25%0.27242.466$ 1.358.912

Así, al saldo de capital a 26 de abril de 2013, se suman los intereses causados hasta el 28 de mayo de 2013 y a esta suma se resta el abono así:

5
 

Precisado lo anterior, el saldo pendiente de la deuda corresponde a la suma de $ 51.262.272 más los intereses de mora generados desde el 29 de mayo de 2013 hasta la fecha en la cual se efectúe el pago total de la obligación. Para el efecto, se aplica la fórmula liquidatoria de los intereses prevista en la Resolución 00033 de 24 de enero de 2014, expedida por la DIAN28.

Por tanto, el mandamiento de pago debe librarse por $ 51.262.272. Sin embargo, en atención a lo dispuesto en el artículo 328 del CGP(29), se mantendrá la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de no hacerle más gravosa la situación al apelante único.

En consecuencia, el Despacho declara no probada la excepción de ausencia de conciliación extrajudicial y en lo demás, se confirma la providencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sala Unitaria,

RESUELVE

Declárase no probada la excepción de ausencia de conciliación extrajudicial.

En lo demás, Confirmase la providencia apelada.

Reconócese personería a María Angélica Fajardo Ruiz como apoderado de la CDMB, según poder que obra en el folio 102 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

Concejero: Milton Chaves García

(1) Folios 10 - 27 c.p.

(2) Folios 29 - 50 c.p.

(3) Folios 53 c.p.

(4) Folios 54 c.p.

(5) Folios 68 - 70 c.p

(6) Folios 72 - 73 c.p.

(7) Folios 74 - 80 c.p.

(8) Folios 83 - 84 c.p.

(9) Folios 89 - 90 c.p.

(10) Folios 86 - 87 cdno. ppal.

(11) “Art. 297. Título Ejecutivo. Para los electos de este Código, constituyen título ejecutivo: 1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

(…)”

(12) Expediente 11001-03-25-000-2014-01534-00, actor: José Arístides Pérez Bautista; Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares; M.P. William Hernández. En la citada providencia se precisó lo siguiente: “Este artículo (se refiere al 306 del CGP) constituye una clara aplicación del factor de conexidad como determinante de la competencia, pues tal y como lo prevé dicha norma, el juez que profiere una sentencia de condena es el mismo que la ejecuta a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Parte de la doctrina nacional, al analizar los contenidos normativos de la Ley 1437 y los diversos pronunciamientos del Consejo del Estado, coincide con esta postura y concluye que la regla especial de competencia prevista para el proceso ejecutivo derivado de una providencia de condena, que establece que ella recae en el mismo juez que la profirió, “[...] parte de un principio moderno del derecho procesal consistente en que el administración de justicia de la acción deber ser el mismo de la ejecución, que por demás, resulta respaldada por la tendencia legislativa (...)”.

(...)

En cuanto al punto relacionado con la competencia, en ambos casos la ejecución debe tramitarla el juez que conoció el proceso en primera instancia, así este no haya proferido la sentencia de condena; lo anterior, con el fin de preservar los objetivos perseguidos con el factor de conexidad ya analizado”.

(13) Acción de Tutela, Expediente 11001-03-15-000-2013-02318-00; Actor: Carlos Enrique Marín Ramírez; M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(14) Rad. 2009-00089-01 (18057), Actor: Banco Davivienda; M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(15) Sobre el tema, ver: Ospina, Fernández, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. Editorial Temis 2005. Pág. 49.

(16) “ART. 422.—Títulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia y los demás documentos que señale la ley.

La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”

(17) En cuanto a la eficacia de la acción ejecutiva, el profesor Guillermo Ospina Fernández dice: “El ideal jurídico en punto del cumplimiento de las obligaciones, sería el de que el acreedor siempre pudiera obtener estricta y cabal satisfacción de su derecho, bien fuera porque el deudor se allanara voluntariamente a ejecutar la prestación debida, bien porque, en caso contrario, el acreedor o el Estado tuviera poder real suficiente para llegar al propio resultado, venciendo la renuente voluntad de aquel: que si la obligación fuera de dar, el acreedor adquiera de toda maneras el derecho real correspondiente; que si la obligación fuera de hacer, el deudor ejecutara a cabalidad el hecho debido y que si la obligación fuera de no hacer, el acto violatorio pudiera ser evitado o sus efectos totalmente destruidos.” Op.cit.

(18) Así, por ejemplo, el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, señala que son títulos ejecutivos los siguientes:

“1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho a la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.”

(19) Derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.

(20) Sentencia C-604 de 2012

(21) Folios 65 - 66, cdno. ppal.

(22) Folios 72 - 73, cdno. ppal.

(23) Este es el trimestre en el que quedó ejecutoriada la sentencia que ordenó la devolución (20 de noviembre de 2012).

(24) www.superfinanciera.gov.co. Comunicado de prensa del 28 de diciembre de 2012: “La Superintendencia Financiera de Colombia (...) expidió 0128 de septiembre la Resolución 1528, por medio de la cual certifica el Interés Bancario Corriente para los siguientes períodos y modalidades de crédito:

Consumo y Ordinario: entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 2012

(...)

Interés remuneratorio y de mora: En atención a lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, en concordancia con lo señalado en los artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del Decreto 2555 de 2010, los intereses remuneratorio y moratorio no podrán exceder 1.5 veces el Interés Bancario Corriente, es decir, el 53.45% efectivo anual para la modalidad de microcrédito y el 31.34% efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.”

(25) www.superfinanciera.gov.co. Comunicado de prensa del 28 de diciembre de 2012: “La Superintendencia Financiera de Colombia (...) expidió el 28 de diciembre la Resolución 2200, por medio de la cual certifica el Interés Bancario Corriente para el siguiente período y modalidad de crédito:

Consumo y Ordinario: entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2013.

(…)

Interés remuneratorio y de mora: En atención a lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, en concordancia con lo señalado en los artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del Decreto 2555 de 2010, los intereses remuneratorio y moratorio no podrán exceder 1.5 veces el Interés Bancario Corriente, es decir, el 31.13% efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.”

(26) www.superfinanciera.gov.co. Comunicado de prensa del 28 de diciembre de 2012: “La Superintendencia Financiera de Colombia (4 expidió el 27 de marzo la Resolución 0605 por medio de la cual certifica el Interés Bancario Corriente para el siguiente período y modalidad de crédito:

Consumo y Ordinario: entre el 1º de abril y el 30 de junio de 2013.

(...)

Interés remuneratorio y de mora: En atención a lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, en concordancia con lo señalado en los artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del Decreto 2555 de 2010, los intereses remuneratorio y moratorio no podrán exceder 1.5 veces el Interés Bancario Corriente, es decir, el 31.25% efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.”

(27) www.superfinanciera.gov.co. Comunicado de prensa del 28 de diciembre de 2012: “La Superintendencia Financiera de Colombia (...) expidió el 27 de marzo la Resolución 0605, por medio de la cual certifica el Interés Bancario Corriente para el siguiente periodo y modalidad de crédito:

Consumo y Ordinario: entre el 1º de abril y el 30 de junio de 2013.

(...)

Interés remuneratorio y de mora: En atención a lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, en concordancia con lo señalado en los artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del Decreto 2555 de 2010, los intereses remuneratorio y moratorio no podrán exceder 1.5 veces el Interés Bancario Corriente, es decir, el 31.25% efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.”

(28) Resolución 000033 de 24 de enero de 2014, proferida por la DIAN. “Por medio de la cual se adopta la fórmula para la liquidación de los intereses en el pago de sentencias y conciliaciones.”

“ART. 1º—Las siguientes son las definiciones de los conceptos a tener en cuenta:

I. Intereses moratorios a reconocer: Son los intereses que debe reconocer la Entidad a favor de los beneficiarios de las sentencias y conciliaciones por la mora en el pago del capital.

k. Capital: Es el valor que ordena pagar el Juzgado, Tribunal o Consejo de Estado en las sentencias o conciliaciones que conllevan una obligación a cargo de la Entidad.

i. Tasa Intereses a aplicar: Una y media veces la tasa efectiva anual, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, o entidad que haga sus veces como interés bancario corriente para cada periodo a calcular. Lo anterior para el caso de liquidación de intereses del artículo 177 del CCA

Para el caso de liquidación de intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF de que trata el numeral 4º del Art. 195 de la Ley 1437 de 2011, es la tasa fijada por el Banco de la República o entidad que haga sus veces semanalmente para los depósitos a Término fijo a noventa (90) días.

j. Tasa de interés nominal diaria a aplicar equivalente a “i” según sea el caso. Esta tasa de interés a aplicar es la tasa vigente para el día en que se están liquidando los intereses moratorios.

n. =1 (Teniendo en cuenta que los intereses de mora se causan y liquidan diariamente). Cuando corresponda a un año bisiesto se deberá ajustar al número de días del año, es decir, 366 días.

“ART. 2º—Para los pagos de sentencias y conciliaciones a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se aplicará, cuando haya lugar a ello, en la liquidación de intereses moratorios que se deben causar y liquidar diariamente en aplicación del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y del numeral 4º del artículo 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), las siguientes fórmulas: Fórmula Nº 1: Aplicable para el cálculo del interés causado un (1) día de mora.

garfica
 

Fórmula Nº 2: Aplicable para la conversión del interés efectivo anual en interés nominal anual diario, el cual es base para el cálculo de los intereses a liquidar.

fromula 2
 

Fórmula Nº 3: Aplicable para el cálculo de los intereses causados por todo el período de mora.

Para calcular, con base en los valores que para cada día arroje la utilización de la fórmula antes mencionada, el total de los intereses a pagar por el total de días durante los cuales se ha incurrido en mora se utilizará la siguiente fórmula:

garfica 2
 

Donde:

IMC y NOP = Intereses de Mora Causados y NO Pagados

L = Total de días en los que se causan los intereses de mora

En concordancia con el Decreto 2469 de 2015, proferido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público “por el cual se adicionan los capítulos 4, 5 y 6 al Título 6 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, que reglamenta el trámite para el pago de los valores dispuestos en sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones hasta tanto entre en funcionamiento el Fondo de Contingencias de que trata el artículo 94 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”

(29) “ART. 328 CGP.—Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la, que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.