Auto 2014-01048 de julio 27 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Ref.: Expediente 2014-01048-01

Recurso de apelación interpuesto contra el auto de 9 de marzo de 2015, proferido por la Sección Primera —Subsección A— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Actora: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.

Tesis: Se revoca el auto apelado por cuanto la vinculación de Colombia Telecomunicaciones no reúne las calidades exigidas para tenerla como coadyuvante de la Superintendencia, pues entre dicha sociedad y la demandada no existe una relación sustancial; además, en caso de que prosperen las súplicas de la demanda no se observa algún tipo de afectación o beneficio para la vinculada.

Bogotá, D.C., veintisiete de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

El presente asunto se contrae a establecer si resulta procedente la vinculación de Colombia Telecomunicaciones al proceso de la referencia, pues a juicio del recurrente no existe una relación sustancial entre dicha sociedad y la SIC como tampoco una afectación o un interés en el resultado del asunto. Además, la Sala deberá aclarar en qué calidad se surtió la mencionada vinculación, es decir, si a título de litis consorte necesario o de coadyuvante.

Se observa que, en la providencia cuestionada el Tribunal denomina el asunto a tratar como “Vinculación litis consorte necesario”, sin embargo, tanto en su parte motiva como en la resolutiva se fundamenta en la vinculación prevista en el artículo 71 del CGP.

Al analizar dicha preceptiva, encuentra la Sala que esta prevé la coadyuvancia, instituto jurídico que se refiere al tercero que interviene dentro del proceso, y que concurre con la finalidad de velar por sus intereses legítimos, a quien no se le extienden los efectos de la sentencia, pero en forma subordinada a una de las partes principales a la que ayuda y se adhiere.

En el presente asunto, se advierte que la SIC solicitó vincular a Colombia Telecomunicaciones como tercero con interés en las resultas del proceso, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 71 del CGP, por lo que el Tribunal mediante auto de 9 de marzo de 2015, le reconoció dicha calidad, en atención a que había sido notificada de la apertura de la investigación administrativa mediante Resolución 4077 de 7 de febrero de 2013.

La SIC sustentó su solicitud, entre otras, en lo siguiente:

“(...).

Si para esa etapa de la actuación administrativa la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP tenía un legítimo interés en lo que respecta a la problemática tratada en los actos demandados, mucho más lo tiene ahora en la resultas del presente proceso, en el que se pretende la anulación de los actos que tuvieron como probados la gran mayoría de las conductas imputadas a Comcel Claro y que la afectaron en gran medida.

Adicionalmente, la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP tuvo una participación activa durante toda la actuación administrativa, e incluso aportó material probatorio que tuvo una gran relevancia en la decisión adoptada en los actos administrativos.

Por otro lado, no puede perderse de vista que la mencionada sociedad resulta ser un agente económico del mercado de Voz Saliente Móvil, e incluso, como se precisó precedentemente, sobre portaciones numéricas por parte de Comcel Claro, así como de las demás conductas sancionadas en los actos sometidos a control jurisdiccional, lo que evidentemente demuestra un claro interés en que los actos demandados permanezcan incólumes en nuestro ordenamiento jurídico, pues estos tienen un fin eminentemente represivo respecto de tales conductas para impedir que se vuelvan a repetir en el mercado previamente citado.

Llegados a este punto, es del caso precisar que esa Colegiatura ha precisado que existe interés directo cuando:

“(…).

En tales condiciones, contrario a lo afirmado por la juez a quo, en este caso el señor Juan Carlos Celis Ariza si tiene interés directo en las resultas del proceso, toda vez que, fue a partir de su petición, queja o reclamo que se originó la expedición de los actos administrativos cuya finalidad se pretende.

Visto así el asunto, el señor Juan Carlos Celis Ariza deberá ser vinculado al proceso, como tercero con interés en las resultas del proceso.

(…)”(3).

(...).

Así las cosas, al haberse reconocido a la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP como tercero con interés dentro de la actuación administrativa en la que se expidieron las resoluciones 54403 de 3 de septiembre de 2013 y 66934 de 19 de noviembre de 2013, resulta más que evidente que tiene un claro interés en las resultas del presente proceso, por lo que se impone la necesidad de ordenar su vinculación.

Por todo lo anterior, resulta palmaria la vinculación de la mencionada sociedad, en calidad de tercero con interés en las resultas del presente proceso, pues de lo contrario podría devenir una causal de nulidad de las actuaciones que se surtan, pues se le estaría cercenando la posibilidad de ejercer su derecho de defensa (...)”

Comcel no se encuentra de acuerdo con la solicitud de la SIC y la decisión el a quo, debido a que considera que Colombia Telecomunicaciones no se vería afectada si se decretara la nulidad de los actos administrativos demandados, pues la única llamada a responder por su legalidad es la Superintendencia; además, argumenta que la vinculada fue igualmente denunciada por las mismas presuntas infracciones que la demandante.

Al analizar la actuación administrativa acusada se observa que la actora fue sancionada por habérsela encontrado responsable de infringir los artículos 1º de la Ley 155 de 1959(4) y 50, numeral 6, del Decreto 2153 de 1992(5), al realizar prácticas tendientes a limitar la libre competencia y abusar de su posición dominante por obstruir a terceros el acceso a los canales de comercialización, con fundamento en el bloqueo de las bandas de los equipos móviles y por realizar conductas relacionadas con el abultamiento de cifras de portabilidad numérica móvil.

Encuentra la Sala que Colombia Telecomunicaciones fue vinculada a la actuación administrativa debido al uso dado por Comcel al proceso de portabilidad numérica móvil, el cual incidió en la posibilidad de que pudiera captar usuarios nuevos así como de los consumidores que pertenecían a otras redes; de igual forma, porque el bloqueo de las bandas podría haber imposibilitado la activación de ciertos usuarios en la red móvil de la sociedad vinculada.

Para dilucidar la controversia es menester traer a colación el contenido y alcance de las siguientes disposiciones de carácter procesal.

El artículo 171, numerales 1 y 3 del CPACA, establece:

“(...) El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, mediante auto en el que dispondrá:

1. Que se notifique personalmente a la parte demandada y por Estado al actor.

(...).

3. Que se notifique personalmente a los sujetos que, según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso. (...)”.

Del texto de la norma transcrita se extrae que en el proceso administrativo intervienen la parte actora, la parte demandada y los terceros con interés directo, es decir, los que tienen una verdadera vocación de parte, sin cuya comparecencia no podría proferirse la sentencia porque los afecta directamente(6). Verbigracia en materia marcaria, cuando se demanda la nulidad de un acto que concedió un registro, necesariamente desde el auto admisorio de la demanda debe vincularse al titular del mismo, pues de prosperar las pretensiones se le estaría afectando en su derecho.

Igualmente sucede en el caso en el que se demandan actos administrativos expedidos por las autoridades de transporte, a través de los cuales se autorizan rutas y horarios a una empresa para la prestación del servicio público de transporte y el presunto afectado con tales decisiones pretende dejarla sin efecto. Lo lógico es que la empresa destinataria de tales actos deba vincularse al proceso, pues la decisión que allí se adopte le afecta directamente.

Por su parte, el artículo 224, ibidem, prevé:

“Desde la admisión de la demanda y hasta antes de que se profiera el auto que fija fecha para la realización de la audiencia inicial, en los procesos con ocasión de pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, contractuales y de reparación directa, cualquier persona que tenga interés directo, podrá pedir que se la tenga como coadyuvancia o impugnadora, litisconsorte o como interviniente ad excludendum.

El coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio.

En los litisconsorcios facultativos y en las intervenciones ad excludendum es requisito que no hubiere operado la caducidad. Igualmente, se requiere que la formulación de las pretensiones en demanda independiente hubiera dado lugar a la acumulación de procesos.

De la demanda del litisconsorte facultativo y el interviniente ad excludendum, se dará traslado al demandado por el término establecido en el artículo 172 de este código”.

De esta disposición se colige que en el proceso administrativo pueden intervenir otra clase de terceros, distintos de aquellos que tienen una verdadera vocación de parte cuya vinculación no proviene directamente del juez sino de la voluntad de los mismos. Tal es el caso de los coadyuvantes. Respecto de estos y en aplicación del principio de integración normativa, es preciso resaltar que aunque el CPACA no alude directamente a una clasificación, bien puede acudirse a las disposiciones del CGP, en las cuales se establece que los litisconsortes facultativos (art. 60) y los intervinientes excluyentes (art. 63), pueden tener su propia pretensión, que la formulan en demanda independiente y que cuando comparecen al proceso deben tomarlo en el estado en que se encuentra. Es decir, que no hay obligación de notificarles el auto admisorio de la demanda, como sí ocurre con los terceros a los que alude el artículo 171, numeral 3, del CPACA cuya omisión puede acarrear una nulidad y en caso de que esta se decrete se debe retrotraer todo el procedimiento.

Al examinar el expediente, tal como lo manifestó la demandante, la Sala no encuentra que entre la SIC y Colombia Telecomunicaciones exista la relación sustancial a que se contrae el artículo 71 del CGP(7), pues aunque esta haya participado al interior de la investigación como tercera interesada, lo cierto es que la decisión que hoy se censura no le afecta, toda vez que las resoluciones cuestionadas únicamente sancionan pecuniariamente a la actora por haberla encontrado responsable de infringir los artículos 1º de la Ley 155 de 1959 y 50, numeral 6, del Decreto 2153 de 1992. Igualmente, de la demanda tampoco se desprende un interés directo.

Así las cosas, es claro que en el presente asunto no resulta procedente la vinculación decretada, habida cuenta de que no se acreditó, como ya se dijo, una relación sustancial entre la demandada y la vinculada, ni que en el evento de que se declarara la nulidad de los actos administrativos acusados junto con el restablecimiento del derecho solicitado, referentes a la declaratoria de responsabilidad de la actora de infringir la normativa mencionada y la consecuente sanción pecuniaria de $53.909’775.000 y 33.840’247.500, se podría afectar o beneficiar a Colombia Telecomunicaciones. Adicionalmente, cabe resaltar, que en caso de que llegasen a prosperar las súplicas de la demanda, la única entidad llamada a responder por dicha decisión sería la SIC.

En este orden de ideas, se revocará el auto apelado y, en su lugar, se dejará sin efecto la vinculación decretada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

REVÓCASE el auto de 9 de marzo de 2015 y, en su lugar, se deja sin efecto el mismo, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En firme la presente decisión, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

Magistrados: Roberto Augusto Serrato Valdés, presidente—María Elizabeth García González— Hernando Sánchez Sánchez.

1 El 17 de julio de 2015, el doctor Guillermo Vargas Ayala se declaró impedido para conocer del proceso de la referencia, el que le fue aceptado por la Sala en auto 31 de agosto de ese año. Mediante proveído de 28 de abril de 2016, se ordenó oficiar a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que remitiera copia del auto apelado, dado que no obraba en las copias remitidas por dicha Corporación, cuya respuesta se allegó el 29 de agosto de ese año.

2 Por medio de la cual se abrió la investigación en contra de Comcel.

3 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, auto de 2 de agosto de 2012, expediente 2012-00045-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

4 “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas”.

5 “por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones”.

6 Que son los mismos litis consortes necesarios a que se refiere el artículo 61 del CGP.

7 Dicha disposición prevé: “Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia.
El coadyuvante tomará el proceso en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención y podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio.
La coadyuvancia solo es procedente en los procesos declarativos. La solicitud de intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya y a ella se acompañarán las pruebas pertinentes.
Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará las peticiones que hubiere formulado el interviniente.
La intervención anterior al traslado de la demanda se resolverá luego de efectuada esta”.