Auto 2014-01213/3402-2016 de noviembre 7 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Exp.: 050012333000201401213 01

Número interno: 3402-2016

Consejera ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Demandante: Universidad de Antioquia

Demandado: Diego Cañarte Vélez

Tema: Resuelve recurso de apelación contra auto que declaró no probada la excepción de “falta de integración del litisconsorcio” por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Bogotá D.C., siete de noviembre de dos mil diecisiete

Ha venido el proceso de la referencia con informe secretarial de la Sección Segunda del 10 de agosto del 2016(1), después de surtidas a cabalidad las demás etapas procesales y de establecer que no obra en el proceso irregularidades o nulidades procesales que deban ser saneadas, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la decisión de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, que declaró la no prosperidad de la excepción denominada “falta de integración del litisconsorcio”, con respecto a la Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones.

I. Antecedentes

1.1. Pretensiones(2). 

La Universidad de Antioquia, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en modalidad de lesividad, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 del 2011, presentó demanda encaminada a obtener la nulidad de la Resolución 549 del 16 de noviembre del 2005, por la cual se ordenó pagar al demandado “(…) temporalmente el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no reconoce el Seguro Social, al señor Diego Cañarte Vélez identificado con cédula de ciudadanía 14.963.475, a partir del 01 de agosto de 2005, por valor de quinientos noventa mil novecientos cincuenta y un pesos ($ 590.951) mensuales, hasta que el Seguro Social lo reconozca bien a motu proprio o por orden judicial, suma que se incrementará anualmente según lo establecido en los artículos 21 y 36 de la Ley 100.”

A título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) la restitución de los dineros pagados en virtud del acto administrativo demandado, las cuales ascienden a $ 100.975.437, más los valores que se generen con posterioridad hasta que la sentencia quede en firme; y ii) condenar en costas.

1.2. Hechos(3). 

El Despacho resume los hechos expuestos por la parte demandante de la siguiente manera:

Señaló que el señor Diego Cañarte Vélez se vinculó al servicio de la Universidad de Antioquia el 11 de agosto de 1975, como profesor de tiempo completo adscrito a la Facultad de Ingeniería.

Indicó que con la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para el nivel territorial, esto es, el 30 de junio de 1995(4), la Universidad de Antioquia procedió a efectuar la afiliación de sus empleados al Instituto de Seguros Sociales, en lo que sigue ISS, y a realizar los aportes correspondientes por los riesgos de invalidez, vejez y muerte, esto en virtud del artículo 25 del Decreto 692 de 1994(5).

Sostuvo que la Universidad de Antioquia realizó cotizaciones al ISS teniendo en cuenta todos los factores constitutivos de salario, incluso, sobre las primas de navidad, servicios y vacaciones, aportes que fueron devueltos, por cuanto “(…) la inclusión de los factores salariales ingreso base de cotización de los servidores públicos (y de particulares) no depende del instituto ni del empleador sino de la Ley, en forma taxativa, en este caso, de lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1159 de 1994 que no ordena la inclusión de los factores correspondientes a las primas de servicios, navidad y de vacaciones en la conformación de tal base.”

Manifestó que a través de la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la Universidad de Antioquia dispuso subrogarse en la parte de la obligación pensional que tiene y no reconoce el ISS con sus servidores, así:

“ART. 1º—Subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la Universidad, en régimen de transición, y que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la misma.

(…)

“ART. 3º—La Universidad continuará con las acciones administrativas y judiciales necesarias, a fin de que el Instituto de Seguros Sociales asuma debidamente su obligación.

(…)”

Arguyó que a través de la Resolución 16628 de 1999, la Universidad de Antioquia en su artículo 1º estableció quienes serían los destinatarios del beneficio establecido en la Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999, de la siguiente manera:

“Empleados públicos docentes y los empleados públicos no docentes de la Universidad de Antioquia, que se encuentren en el régimen de transición, y que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su derecho y cuya pensión es reconocida, liquidada y pagada por el Instituto de Seguros Sociales, sin tener en cuenta el promedio de lo devengado por el servidor, conforme lo ordena el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.”

Informó que mediante comunicación del 31 de mayo del 2005, presentó renuncia al cargo de profesor de tiempo completo que ocupaba en la Universidad de Antioquia, la cual fue aceptada mediante la Resolución Rectoral 20973 del 9 de junio del 2005 y comunicada por el Oficio 1010 - 0428 del 10 de junio de la misma anualidad, a partir del 31 de julio del mismo año.

Afirmó que a través de la Resolución 14773 del 22 de agosto del 2005, el ISS le reconoció al demandado una pensión de vejez en cuantía de $ 2.608.468 a partir del 31 de julio del 2005, sin incluir las primas de navidad, servicios y vacaciones.

Señaló que con el objeto de participar en la financiación de la pensión de vejez del demandado, mediante la Resolución 88 del 11 de marzo del 2005, la Universidad de Antioquia reconoció y autorizó el pago del bono pensional a favor del demandado por un valor de $ 378.026.000 el cual fue consignado al ISS.

Manifestó que de conformidad con las Resoluciones 12094 y 16628 de 1999, la Universidad de Antioquia profirió la Resolución 549 del 16 de noviembre del 2005, en la que Lse ordenó:

“ART. 1º—Pagar temporalmente el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no reconoce el Seguro Social, al señor Diego Cañarte Vélez identificado con cédula de ciudadanía 14.963.475, a partir del 1º de agosto de 2005, por valor de quinientos noventa mil novecientos cincuenta y un pesos ($ 590.951) mensuales, hasta que el Seguro Social lo reconozca bien motu proprio o por orden judicial, suma que se incrementa anualmente según lo establecido en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.”

Sostuvo que la Universidad de Antioquia el 15 de abril del 2012 presentó demanda contra el ISS de manera conjunta con algunos pensionados, con la finalidad de que se ordenara la reliquidación de las pensiones con la inclusión de las primas de servicios, navidad y vacaciones, junto con el reconocimiento de las sumas pagadas; proceso que fue de conocimiento del Juzgado Octavo laboral del Circuito, quien en sentencia del 14 de agosto del 2009, negó las pretensiones y que fue confirmada por la Sala Quinta Laboral de Decisión de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín a través de la providencia del 31 de agosto del 2010.

Arguyó que a través de escrito del 19 de noviembre del 2012, la Universidad de Antioquia solicitó a Colpensiones la reliquidación de las pensiones reconocidas por el ISS a sus servidores con la inclusión de las primas de servicios, navidad y vacaciones y el cruce de cuentas por los dineros pagados por dichos factores por la demandante, petición que fue resuelta mediante oficio del 4 de febrero del 2013, en la que daba a entender “que aquellas personas a las que la Universidad les reconoció el pago temporal, no harían parte de dicho reconocimiento, pues al 4 de agosto de 2010 gran parte de los actos administrativos de reconocimiento de la pensión por parte del Seguro Social, se encontraban en firme.”

Informó que los pagos efectuados por la Universidad de Antioquia al señor Diego Cañarte Vélez, desde el 1º de agosto del 2005 al 31 de marzo del 2014, ascienden a la suma de $ 100.975.437.

Finalmente, señaló que mediante la Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre del 2012, se derogó la Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999, en la cual en su artículo 1º se ordenó a la Vicerrectoría Académica de resolver las situaciones de carácter individual y concreta, creadas a partir de la Resolución 12094, conforme a los principios, normas jurídicas y jurisprudencia vigentes en la materia.

1.3. El auto objeto de apelación(6). 

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto proferido en audiencia inicial del 25 de febrero del 2016, declaró no probada la excepción previa denominada “falta de integración del litisconsorcio” respecto de Colpensiones, para lo cual manifestó:

“En relación con la excepción de falta de integración del litisconsorcio respecto de Colpensiones, como administradora de pensiones del demandado, advierte este Despacho que la misma no está llamada a prosperar, en tanto la eventual nulidad o no del acto administrativo demandado afectaría los derechos del demandado y su correspondiente mesada pensional, pero solo en las obligaciones asumidas por la universidad no en las que tienen que ver con Colpensiones, por lo que su presencia no es necesaria en el presente proceso.

Ahora, si se tratara de un litisconsorcio facultativo no les dable a esta agencia judicial proponer el mismo en la presente instancia, así las cosas se niega la excepción propuesta”.(7)

1.4. Recurso de apelación(8). 

La parte demandada, a través de su apoderado interpuso recurso de apelación contra el auto proferido en audiencia inicial del 25 de febrero del 2016, que declaró no probada la excepción de “falta de integración del litisconsorcio” con relación a Colpensiones, bajo los siguientes argumentos.

Manifestó que en el presente asunto a Colpensiones le asiste un interés directo en el resultado del proceso, pues en la resolución acusada lo mencionan como obligado a reconocer y pagar al demandado el valor que de conformidad con el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993(9) debe pagarle, y que según las consideraciones del acto acusado y lo resuelto por él, en principio la Universidad de Antioquia se subroga hasta cuando la entidad, ya sea de forma voluntaria o mediante orden judicial, se obligue al pago total de la pensión. Esto con apoyo en la sentencia del Consejo de Estado del 27 de julio del 2015(10).

II. Consideraciones.

Conforme al artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 del 2011, el Despacho es competente para decidir de plano el recurso de apelación interpuesto contra la providencia que negó la excepción de “falta de integración de litisconsorcio” con respecto a Colpensiones, al encontrarse prevista en el artículo 180 ibídem y haberse interpuesto y sustentado dentro de la oportunidad prevista por el numeral 1º del artículo 244 de la misma codificación.

2.1. Problema jurídico.

De acuerdo con los cargos formulados por la parte demandante contra el auto proferido en la audiencia inicial celebrada el 25 de febrero del 2016 que declaró no probada la excepción de “falta de integración del litisconsorcio”, le corresponde al Despacho determinar si en un proceso iniciado en ejercicio de la acción de lesividad cuyo debate es la legalidad del acto dictado por la Universidad de Antioquia donde se subrogó en parte de la obligación pensional que corresponde a Colpensiones; es necesaria la intervención del ente previsional para poder decidir de fondo.

Para resolverlo, se analizará i) el contexto normativo del litisconsorcio necesario y la jurisprudencia sobre el particular y ii) el estudio del caso concreto.

i. Del litisconsorcio necesario.

En el artículo 61 del Código General del Proceso, se encuentra la figura del litisconsorcio necesario e integración del contradictorio, así:

“(…)

“ART. 61.—Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de ésta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.

En el caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezca. El proceso se suspenderá durante dicho término.

Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas.

Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos.

Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio.

(…)”.

De acuerdo con la norma anterior, se tiene que el litisconsorcio es necesario cuando en el proceso deben estar presentes todos los sujetos a quienes determinado acto o relación jurídica los afecta, esto significa que no se puede resolver el asunto si un sujeto, tanto de la parte activa como pasiva.

En efecto el litisconsorcio necesario en la parte activa se presenta cuando la relación o acto jurídico ocurre entre los sujetos demandantes; en tanto que en la parte pasiva se presenta cuando en tal relación son varias las personas demandadas. En el primer caso, la demanda debe presentarse por todos los sujetos interesados en esa relación o acto jurídico y; en el segundo caso, aquella se debe dirigir contra todas las personas o sujetos que intervinieron o debieron intervenir en la causa petendi.

En este orden la Corte Suprema(11) de Justicia Sala de Casación Civil expresó:

“(…) El litisconsorcio como bien se sabe, implica la presencia de una pluralidad de personas integrando una de las partes de la relación jurídico procesal, identificándose tres tipos de litisconsorcio; activo, pasivo y mixto, según que la pluralidad de sujetos se halle en la parte demandante o la demandada, o en una o en otra”.

Así mismo, la jurisprudencia del Consejo de Estado(12) refiriéndose al litisconsorcio necesario, ha señalado lo siguiente:

“(…) El litisconsorcio necesario se presenta cuando la cuestión litigiosa tiene por objeto una relación jurídica material, única e indivisible, que debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos que integran la parte correspondiente (art. 51 C de P.C.), lo cual impone su comparecencia obligatoria al proceso, por ser un requisito imprescindible para adelantarlo válidamente. El elemento diferenciador de este litisconsorcio con el facultativo es la unicidad de la relación sustancial materia del litigio; mientras que en el litisconsorcio facultativo los sujetos tienen relaciones jurídicas independientes, en el necesario existe una unidad inescindible respecto del derecho sustancial en debate. El litisconsorcio necesario tiene su fundamento en la naturaleza de la relación sustancial objeto del litigio, definida expresamente por la ley o determinada mediante la interpretación de los hechos y derechos materia del proceso. En el primer evento basta estarse a lo dispuesto por la ley, pero cuando se trata de establecerlo con fundamento en la relación objeto del litigio, se impone un análisis cuidadoso para establecer la naturaleza del asunto y la imposibilidad de proferir un pronunciamiento de fondo, sin la comparecencia de un número plural de sujetos.”

De acuerdo con lo anterior, el litisconsorcio necesario como su nombre lo indica es aquel que se presenta cuando la cuestión litigiosa tiene por objeto una relación jurídica material, única e indivisible, que debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos que integran la parte correspondiente de conformidad con el artículo 61 del Código General del Proceso (antes 51 del Código de Procedimiento Civil) y que impone su comparecencia obligatoria al proceso, por ser un requisito imprescindible para adelantarlo válidamente.

ii. Caso en concreto.

En el presente asunto, el señor Diego Cañarte Vélez considera que se debe integrar el litisconsorcio con Colpensiones, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley 1437 del 2011(13), por cuanto, en su sentir, esta entidad tiene interés, pues es la obligada a reconocer y pagar al demandado el valor que de conformidad con el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 debe pagarle, y que según las consideraciones del acto acusado y lo resuelto por él, en principio la Universidad de Antioquia se subroga hasta cuando la entidad, ya sea de forma voluntaria o mediante orden judicial, se obligue al pago total de la pensión

Conforme a los planteamientos expuestos en la formulación de la excepción y con el fin de proveer sobre la resolución de ésta, el Despacho destaca que el mecanismo ejercitado por la Universidad de Antioquia corresponde a la acción de lesividad, que es una modalidad de los contenciosos de nulidad, en este caso medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en donde la autoridad que emite un acto administrativo busca su extinción del ordenamiento jurídico y el cese de sus efectos, por acaecer en él algunos de los eventos descritos por la ley que afectan su estructura intrínseca.

Esta Corporación, con relación al otorgamiento irregular de derechos prestacionales, ha señalado que es la acción de lesividad la herramienta idónea para que la administración logre la anulación de su reconocimiento, siendo oportuno recordar que:

“Si las pretensiones de la demanda formulada en acción de lesividad sólo fueran admisibles cuando se observa una afectación del erario o una conducta reprochable del particular, la acción “perdería todo su contenido normativo y axiológico pues lo que ella busca es restablecer el orden jurídico quebrantado con el acto administrativo proferido en contra de los ordenamientos procedimentales o sustanciales que regulaban su creación(14).”

“En conclusión, si la administración consideraba que el reconocimiento extinguido era ilegal, el único camino jurídico - legal de que disponía, era el de demandar su propio acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, hecho que no ocurrió. Con base en todo lo anterior, entendiendo la irrenunciabilidad del derecho pensional y la carga de la Administración de demandar su propio acto, a fin de determinar que no le asiste el derecho de devengar la pensión de beneficiaria a la actora, carga que no puede trasladarse al administrado (…)(15)

Entonces, el objeto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en modalidad de lesividad, es dilucidar la legalidad de un acto administrativo a solicitud de la misma autoridad que lo expidió, al estimar que en el proceso de formación se desconocieron preceptos normativos superiores, en busca de su desaparición del ordenamiento positivo.

Tratándose de actos simples, es la misma entidad que emitió el acto la que ante circunstancias de ilegalidad, debe ejercer la respectiva demanda en busca de su nulidad, cuando dentro de la actuación no intervino ninguna otra autoridad, caso de los actos complejos.

Representa esta hipótesis, la existencia de relaciones sustanciales entre los sujetos que integran el extremo activo procesal, porque intervinieron con trascendencia en la gestación de la voluntad administrativa.

Lo que precede, dista de aquellas situaciones donde los efectos del acto administrativo se extienden hacia múltiples personas, en cuyo caso, al pretenderse la nulidad por parte de la misma Administración, es deber vincular a todas los sujetos que tengan interés en el resultado final del proceso, atendiendo lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 del 2011.

Pues bien, aterrizando al caso materia de estudio, encuentra el Despacho que a través de la presente demanda de lesividad, la Universidad de Antioquia persigue la nulidad del acto administrativo por ella emitido para reconocer al demandado el valor que resultó de la correcta aplicación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, la reliquidación de la pensión incorporando factores desconocidos por el ISS al momento del reconocimiento, al considerar que es incompetente para ello.

Es claro entonces, que con ello deberá definirse la validez de la Resolución 549 del 16 de noviembre del 2005, proferida por la Universidad de Antioquia, en cuanto a la competencia de ésta para subrogarse en la obligación de reliquidar la pensión del demandado por incorporación de la totalidad de factores en el IBL pensional.

Por ello, conforme al contenido de la pretensión y a la naturaleza del medio de control invocado, se descarta que deba definirse si la accionada tiene o no el derecho a la reliquidación pensional, puesto que como precisamos, el debate jurídico propuesto por los argumentos de la demanda, lleva al análisis de si le era potestativo a la entidad actora reconocer derechos pensionales pese a afiliar a sus trabajadores al ISS a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para el sector territorial, esto es 30 de junio de 1995.

Debe quedar claro, que el Despacho en modo alguno se está pronunciando si al demandado le asiste o no el derecho a que su IBL pensional contenga la totalidad de factores de salario, pues como se indicó, ello no es el objeto del proceso. Lo que se está haciendo, es representar la situación fáctica del asunto y lo que la rodea, para determinar a partir de la naturaleza del medio de control incoado y del rol que cada extremo procesal desarrolla, si es necesaria la comparecencia de Colpensiones, tal como fue alegado en la alzada.

En este orden de ideas, Colpensiones, quien se subrogó en las obligaciones pensionales del régimen de prima media previsto en la Ley 100 de 1993 que en anterior oportunidad era administrado entre otros, por el ISS(16), para los efectos de decidir la legalidad del acto emitido por la Universidad de Antioquia que reconoció al pensionado accionado la diferencia por los factores no incorporados por el ente previsional al determinar el IBL pensional respectivo; no es interviniente necesario del proceso, pues ha quedado claro, que pese a ser el obligado a reconocer la pensión de la parte demandada, no está en discusión ni el derecho a ella ni su reliquidación.

Contrario sería, que el pensionado buscara la reliquidación de su pensión ante la Universidad de Antioquia como su antiguo empleador, so pretexto de que Colpensiones fue renuente a incorporar en el IBL pensional la totalidad de factores, en cuyo caso, si era totalmente necesaria la comparecencia de éste, que al reconocerle el derecho, en principio estaría llamada a responder por aquella pretensión.

También sería viable, si el demandado habiendo agotado la respectiva vía gubernativa ante Colpensiones y su empleador para lograr la reliquidación de su pensión por inclusión de factores; en este proceso de lesividad hubiere formulado demanda de reconvención(17), obligando así al juez administrativo a pronunciarse respecto de la causa del demandante hacia el demandado y viceversa.

Pero como los dos escenarios descritos, son ajenos a la realidad que demuestra este proceso, los razonamientos de esta providencia arriban a las mismas conclusiones del Tribunal de primera instancia, en cuanto a la innecesaria comparecencia de Colpensiones para resolver de fondo esta causa.

Sin embargo, debe el Despacho aprovechar esta oportunidad para rectificar la posición contenida en el auto del 27 de julio de 2015, Expediente 1470 - 2015, con ponencia de la suscrita, en cuanto a la temática del litisconsorcio necesario.

En efecto, luego de un análisis más minucioso del asunto, y después de haber proferido la Sala de Subsección B de la Sección Segunda de ésta Corporación(18), a la cual pertenece la Ponente de esta providencia, decisiones de fondo sobre controversias similares a la presente; se puede concluir que, cuando la Universidad de Antioquia demanda los actos en virtud de los cuales reconoció de manera autónoma diferencias económicas y de naturaleza pensional sin afectar la pensión reconocida por Colpensiones, es innecesario que comparezca ésta como litigante forzoso.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. Confirmar el auto proferido en audiencia inicial del 25 de febrero del 2016 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala tercera de Oralidad, que declaró no probada la excepción de “falta de integración del litisconsorcio” en relación con la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelanta la Universidad de Antioquia contra el señor Diego Cañarte Vélez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Consejera: Sandra Lisset Ibarra Vélez. 

(1) Folio 621.

(2) Folio 66.

(3) Folios 2 - 11.

(4) Artículo 151 de la Ley 100 de 1993. “Vigencia del sistema general de pensiones. El Sistema General de Pensiones previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1º de abril de 1994. No obstante, el Gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras de los fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones contempladas en la presente Ley, a partir de la vigencia de la misma.
“PAR.—El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental.”

(5) “ART. 25.—Obligaciones del empleador en relación con las cotizaciones.
Los empleadores están obligados a solicitar a los trabajadores que se vinculen a la respectiva empresa a partir del 1º de abril de 1994, que les informen por escrito, sobre el régimen de pensiones que desean seleccionar y la respectiva administradora. Lo anterior con el fin de efectuar oportunamente el pago de las cotizaciones y de no incurrir en las sanciones por mora.
En el evento de que el trabajador no manifieste su voluntad de acogerse a uno de los dos regímenes, o no seleccione la administradora, el empleador cumplirá la obligación de que trata el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, trasladando las sumas por concepto de aportes a cualquiera de las entidades administradoras del sistema general de pensiones legalmente autorizadas para el efecto, sin perjuicio de que con posterioridad, el trabajador se traslade de régimen o de administradora.
Parágrafo. Lo previsto en el presente artículo se aplicará a los empleadores o empresas que no se encontraban afiliados al ISS, caja o fondo de previsión del sector público. No obstante, lo dispuesto en el inciso 1º de este artículo se aplicará una vez la Superintendencia Bancaria autorice el funcionamiento de dos o más administradoras de pensiones. Lo anterior sin perjuicio de que a partir del 1º de abril de 1994, el empleador descuente del salario de sus trabajadores los aportes correspondientes, los cuales serán trasladados a la administradora respectiva una vez se efectúe la selección.”

(6) Folios 593 - 594.

(7) Cd. que reposa a folio 618A, minutos 3:27 a 4:07.

(8) Cd. que reposa a folio 618A, minutos 5:23 a 8:00.

(9) “ART. 36.—Régimen de transición. (…)
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el Dane. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.” El texto resaltado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-168 de 1995.

(10) Consejo de Estado, Sección 2, Subsección B, 27 de julio del 2015, Expediente 050012333000201400058 - 01 (1470 - 2015), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

(11) Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria. Expediente 5753. Sentencia de 22 de julio de 1998.

(12) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - C.P. Ricardo Hoyos Duque. 3 de mayo de 2004. Radicación 50422-23-31-000-1994-0467-01(15321). Actor: Andina de Construcciones Ltda. y Otro. Demandado: Departamento de Antioquia y Otros.

(13) “ART. 171.—Admisión de la demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, mediante auto en el que dispondrá:
1. Que se notifique personalmente a la parte demandada y por Estado al actor.
2. Que se notifique personalmente al Ministerio Público.
3. Que se notifique personalmente a los sujetos que, según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso.
4. Que el demandante deposite, en el término que al efecto se le señale, la suma que los reglamentos establezcan para pagar los gastos ordinarios del proceso, cuando hubiere lugar a ellos. El remanente, si existiere, se devolverá al interesado, cuando el proceso finalice. En las acciones cuya pretensión sea exclusivamente la nulidad del acto demandado no habrá lugar al pago de gastos ordinarios del proceso.
5. Que cuando se demande la nulidad de un acto administrativo en que pueda estar interesada la comunidad, se informe a esta de la existencia del proceso a través del sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior, sin perjuicio de que el juez, cuando lo estime necesario, disponga simultáneamente la divulgación a través de otros medios de comunicación, teniendo en cuenta el alcance o ámbito de aplicación del acto demandado.
PAR. TRANS.—Mientras entra en funcionamiento o se habilita el sitio web de que trata el numeral 5º del presente artículo, el juez dispondrá de la publicación en el sitio web del Consejo de Estado o en otro medio de comunicación eficaz.”

(14) Sentencia del 12 de agosto de 2010. Sección Segunda, Subsección “B”. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Radicación 25000-23-25-000-2004-01080-01(0423-09)

(15) Sentencia del 8 de marzo de 2010, Sección Segunda, Subsección “A”. C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Radicación 25000-23-15-000-2009-01920-01(AC)

(16) ART. 2º—Decreto 2011 de 2012 “Por el cual se determina y reglamenta la entrada en operación de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, y se dictan otras disposiciones.”

(17) Tal como lo autoriza el artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 del 2011.

(18) Consultar sentencia del 21 de abril de 2017, Expediente 0804-2016; y del 27 del mismo mes y año, expedientes 0862-2016 y 2366-2016, todas con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez.