Auto 2014-01216/22496 de noviembre 16 de 2017

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Magistrado ponente:

Dr. Julio Roberto Piza Rodríguez

Exp.: 25000-23-37-000-2014-01216-01

Número interno: 22496

Demandante: Famisanar Ltda.

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Bogotá D.C., Dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete

Extractos «3. Consideraciones.

La Sala decide el recurso apelación interpuesto por la UGPP contra la decisión de declarar no probadas las excepciones previas de falta de agotamiento de recursos administrativos y de indebida acumulación de pretensiones, adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, en audiencia inicial celebrada el 11 de abril de 2016.

1. De la competencia y las excepciones previas.

Corresponde definir si la Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra el auto de la referencia.

El numeral 6 del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que el recurso de apelación procede contra la decisión que resuelva sobre las excepciones previas, proferida dentro del trámite de la audiencia inicial. Además, esa norma ordena que si llega a prosperar de dichas excepciones, el juez o Magistrado Ponente dará por terminado el proceso.

El artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por su parte, prevé lo siguiente:

“ART. 243.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda.

2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.

3. El que ponga fin al proceso.

4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.

5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios.

6. El que decreta las nulidades procesales.

7. El que niega la intervención de terceros.

8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.

9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.

Los Autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia.

El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los numerales 2, 6, 7 y 9 de este artículo, que se concederán en el efecto devolutivo.

PAR. La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil.

Como se ve, el recurso de apelación se limita únicamente a las decisiones reseñadas en los numerales 1, 2, 3 y 4, esto es: (i) el rechazo de la demanda; (ii) el decreto de una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite; (iii) la que ponga fin al proceso, y (iv) la aprobación de conciliaciones judiciales o extrajudiciales. La lista completa de decisiones interlocutorias es pasible del recurso de apelación solo cuando las profiere un juzgado administrativo.

El numeral 6 del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo regula el trámite y decisión de las excepciones previas. Esa norma indica lo siguiente:

“ART. 180.—Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:

(...)

6. Decisión de excepciones previas. El Juez o Magistrado Ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.

Si excepcionalmente se requiere la práctica de pruebas, se suspenderá la audiencia, hasta por el término de diez (10) días, con el fin de recaudarlas. Al reanudar la audiencia se decidirá sobre tales excepciones.

Si alguna de ellas prospera, el Juez o Magistrado Ponente dará por terminado el proceso, cuando a ello haya lugar. Igualmente, lo dará por terminado cuando en la misma audiencia advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

El Auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso.

Si bien se había interpretado que los únicos autos susceptibles de apelación eran los previstos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que, mediante Auto del 3 de julio de 2014, la Sala Plena de esta Corporación aclaró que dicho recurso también procede contra la providencia que decida las excepciones previas(6). En lo que interesa, la Sala Plena dijo:

Así las cosas, no acertó el Tribunal en la decisión de no conceder el recurso de apelación contra la decisión que no declaró probada una excepción previa, toda vez que en los términos del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —norma especial— esa decisión es pasible o susceptible del recurso de apelación. Y, para efectos de competencia funcional, habrá que recurrir a lo dispuesto en el artículo 125 ibídem, es decir, que si la excepción que se declara probada da por terminado el proceso —por tratarse de una de aquellas decisiones a que se refieren los numerales 1 a 4 del artículo 243 de la misma codificación— tendrá que ser proferida por la respectiva Sala de decisión del Tribunal Administrativo en primera instancia; a contrario sensu, si la providencia no declara probada la excepción y, por lo tanto, no se desprende la finalización del plenario, entonces será competencia exclusiva del ponente, y en ambos casos será procedente el recurso de apelación, en el primer caso resuelto por la respectiva Sala de decisión del Consejo de Estado, y en el segundo por el Consejero Ponente a quien le corresponda el conocimiento del asunto en segunda instancia.

En efecto, el numeral 6 del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determina que “el auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso…”, lo que significa que en procesos de primera instancia será procedente la apelación, mientras que tratándose de asuntos de única instancia lo procedente será el recurso de súplica.

Como se aprecia, la expresión “según el caso” sirve de inflexión para dejar abierta la posibilidad de la procedencia del recurso de apelación o de súplica dependiendo la instancia en que se desarrolle el proceso, puesto que si se trata de un asunto cuyo trámite corresponde a un Tribunal Administrativo o al Consejo de Estado en única instancia, el medio de impugnación procedente será el de súplica, mientras que si se tramita en primera instancia por un Tribunal Administrativo procederá el de apelación, bien que sea proferido por el Magistrado Ponente —porque no se le pone fin al proceso— o por la Sala a la que pertenece este último —al declararse probado un medio previo que impide la continuación del litigio—.

De acuerdo con lo anterior y en atención a que la decisión apelada no pone fin al proceso, corresponde decidir a la Sala Unitaria.

Adicionalmente, debe decirse que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo permite que las partes y los terceros propongan excepciones previas, con el fin de sanear el proceso en su etapa inicial y evitar pronunciamientos inhibitorios. De la lectura del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se desprende que hay dos tipos de excepciones: Las previas y las mixtas.

El carácter mixto de las últimas se explica en que si bien pueden proponerse en la audiencia inicial para sanear el proceso, lo cierto es que atacan directamente la pretensión del actor. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo encontró pertinente destacar de manera enunciativa las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, sin que ello signifique que son las únicas(7).

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no se ocupó de definir taxativamente cuáles eran las excepciones previas. Por consiguiente, es procedente acudir al Código General del Proceso, con fundamento en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (8).

El artículo 100 del Código General del Proceso distingue las siguientes excepciones como previas de manera enunciativa y no taxativa:

“ART. 100.—Excepciones previas. Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda:

1. Falta de jurisdicción o de competencia.

2. Compromiso o cláusula compromisoria.

3. Inexistencia del demandante o del demandado.

4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.

5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.

6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.

7. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde.

8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.

9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.

10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.

11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada (Resaltado de la Sala).

Siendo así, es claro que la excepción de indebida acumulación de pretensiones sí está prevista en el Código General del Proceso, que, se reitera, se aplica por la remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para la Sala Unitaria, el agotamiento de los recursos de la actuación administrativa se constituye en un requisito previo para acudir a la administración de justicia. Previo a demandar, el interesado debe acudir ante la administración para que esta revise su actuación. Se trata de un privilegio que permite a la Administración reconsiderar su decisión, modificarla o revocarla, antes de ser llevada ante la jurisdicción, pero también constituye una garantía al derecho de defensa del administrado, pues puede expresar su inconformidad con el acto ante la administración que lo creó. Siendo así, es evidente que deben tratarse como excepción previa las discusiones referidas al agotamiento de los recursos obligatorios ante la administración.

En ese contexto, la Sala procederá a decidir si están probadas las excepciones de falta de agotamiento de recursos en sede administrativa e indebida acumulación de pretensiones.

2. De los hechos probados.

En el expediente está demostrado lo siguiente:

• El 25 de noviembre de 2013, la UGPP requirió a Famisanar para declarar y corregir los aportes de algunos trabajadores, por los periodos comprendidos entre el 01 de junio de 2008 y el 29 de febrero de 2012(9).

• Mediante oficio con radicado 2013-514-352276-2 del 31 de diciembre de 2014, Famisanar respondió el requerimiento(10).

• Mediante Liquidación Oficial RDO 415 del 25 de febrero de 2014, la UGPP determinó que Famisanar debía pagar $779.590.600, por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de Protección Social(11).

• La Liquidación Oficial RDO 415 del 25 de febrero de 2014 fue notificada mediante correo recibido por Famisanar el 5 de marzo de 2014(12).

• Famisanar presentó recurso de reconsideración el día 19 de marzo de 2014 con radicado 2014-514-067781-2, contra la Liquidación Oficial(13).

• Por Auto ADC 234 del 14 de abril de 2014, la UGPP inadmitió el recurso de reconsideración y requirió a Famisanar para subsanar la falta de presentación personal de ese recurso(14).

• Este Auto fue notificado por edicto fijado el 15 de mayo de 2014 y desfijado el 28 de mayo de 2014(15).

• El 26 de septiembre de 2014, Famisanar interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los siguientes actos(16):

(i) Auto ADC 234 del 14 de abril de 2014, que inadmitió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial RDO 415 de 2014.

(ii) Liquidación Oficial RDO 415 del 25 de febrero de 2014.

• El 16 de octubre de 2014, Famisanar pidió que se declarara el silencio administrativo positivo frente al recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial RDO 415 del 25 de febrero de 2014(17).

• Mediante Oficio 20146005873861 del 6 de noviembre de 2014, la UGPP denegó la solicitud de silencio administrativo positivo(18).

• Por Resolución 1628 del 30 de diciembre de 2014, la UGPP denegó la revocatoria del Oficio 20146005873861 del 6 de noviembre de 2014 y ratificó la improcedencia de la solicitud de declaratoria de silencio administrativo positivo(19).

• El 4 de febrero de 2015, Famisanar reformó la demanda, en el sentido de pedir también la nulidad los siguientes actos(20):

(i) Oficio 20146005873861 del 6 de noviembre de 2014, que denegó el silencio administrativo positivo.

(ii) Resolución 1628 del 30 de diciembre de 2014, que confirmó, en apelación, la negativa de silencio administrativo positivo.

• Por Auto del 23 de abril de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, admitió la demanda(21).

3. De la indebida acumulación de pretensiones.

Según el artículo 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en las demandas presentadas ante esta jurisdicción es posible acumular pretensiones de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que estas sean conexas y cumplan los siguientes requisitos: (i) que el juez ante el que sean presentadas sea competente para conocer de todas, salvo en los casos en los que se formulen pretensiones de nulidad, pues en este evento será competente el juez que conozca la nulidad, (ii) que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias, (iii) que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas, y (iv) que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento.

La finalidad de la acumulación de pretensiones es evitar que un mismo hecho o asunto genere diferentes procesos judiciales, en atención a los principios de economía, celeridad y seguridad jurídica.

Es posible concluir que, en principio, la acumulación pretensiones fue establecida para acumular pretensiones que correspondieran a un medio de control diferente.

No obstante, en atención a la finalidad de la norma, que no es otra sino la de evitar la multiplicidad de procesos respecto de un hecho o asunto común, puede afirmarse que también podrían acumularse pretensiones que corresponden a un mismo medio de control, siempre y cuando cumplan los requisitos generales del artículo 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: La circunstancia de acumular pretensiones propias de un mismo medio de control no es oponible con la finalidad de la norma citada y, por ende, sería viable(22).

En el sub lite, la UGPP alegó que se configuró la excepción de indebida acumulación de pretensiones, pues, a su juicio, las pretensiones son contradictorias. Textualmente, dijo “Como se puede observar se presenta una indebida acumulación de pretensiones, toda vez que son excluyentes entre sí, dado que una busca la nulidad de la Liquidación Oficial porque supuestamente la Unidad incurrió en un vicio en su expedición; por su parte la segunda de ellas, parte del principio de que no hubo vicio en la expedición del acto administrativo demandado, pero que “operó” el silencio administrativo al no haber resuelto el recurso de reconsideración dentro de los términos previstos en la Ley; además de ello, al pedir la nulidad de la Resolución DRO 415 de 2014, se reconoce de manera tácita por la parte actora que no opera el fenómeno jurídico del silencio administrativo, una razón más que hace evidente la indebida acumulación de pretensiones”(23).

En el sub lite, como ya se vio en los antecedentes, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare la nulidad del Auto ADC 234 del 14 de abril de 2014 proferido por la Directora de Parafiscales (E) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se declare admitido el recurso de reconsideración interpuesto el 19 de marzo de 2014 por la Entidad Promotora De Salud Famisanar Ltda., en contra de la liquidación oficial de Revisión RDO 415 del 25 de febrero de 2014, expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

3. Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio UGPP 20146005873861 del 6 de noviembre de 2014 proferida por el Director de Parafiscales (E) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección social - UGPP y en la Resolución 1628 del 30 de diciembre de 2014 expedida por la Directora General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP.

4. Como consecuencia de la anterior declaración, se declare que operó el silencio administrativo positivo previsto en el artículo 734 del Estatuto Tributario, a favor de la Entidad Promotora de Salud Famisanar Ltda. y que las pretensiones del recurso de reconsideración interpuesto en contra de la Liquidación Oficial de Revisión RDO 415 del 25 de febrero de 2014, expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, se entienden falladas en su favor.

5. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión RDO 415 del 25 de febrero de 2014, expedida por la Subdirectora de Determinación de Obligaciones de la Dirección de Parafiscales de la Unidad Administrativa Especial de la Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

6. Que se CONDENE en COSTAS a la demandada.

7. Que se ORDENE a la parte demandada el cumplimiento de la sentencia, en los términos de los artículos 192, 193, 194 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Subsidiarias

1. Se declare la nulidad del Auto ADC 234 del 14 de abril de 2014 proferido por la Directora de Parafiscales (E) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

2. Como consecuencia de lo anterior, se declare admitido el recurso de reconsideración interpuesto el 19 de marzo de 2014 por la Entidad Promotora de Salud Famisanar Ltda., en contra de la Liquidación Oficial de Revisión RDO 415 del 25 de febrero de 2014, expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión RDO 415 del 25 de febrero de 2014, expedida por la Subdirectora de Determinación de Obligaciones de la Dirección de Parafiscales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

4. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se declare que la Entidad Promotora de Salud Famisanar Ltda., no está obligada a pagar los mayores valores determinados por concepto de aportes al Sistema de Protección Social, por los periodos comprendidos entre el 1 de junio de 2008 al 29 de febrero de 2012.

5. Que se CONDENE en COSTAS a la parte demandada.

6. Que se ORDENE a la parte demandada al cumplimiento de la sentencia, en los términos de los artículos 192, 193 194 y 195 del Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo(24).

Para la Sala, es claro que no se configuró la excepción de indebida acumulación de pretensiones, pues no se advierte el incumplimiento de ninguno de los requisitos previstos en el artículo 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En efecto: (i) el tribunal es competente para conocer de todas las pretensiones formuladas por Famisanar, por razón de la cuantía y el sitio donde fueron expedidos los actos cuestionados; (ii) las pretensiones no se excluyan entre sí, pues fueron propuestas como principales y subsidiarias; (iii) no ha operado la caducidad respecto de ninguna pretensión, y (iv) todas las pretensiones deben tramitarse por el mismo proceso, esto es, el de nulidad y restablecimiento del derecho.

De hecho, tal y como lo advirtió la demandante, la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha señalado que la liquidación oficial debe cuestionarse conjuntamente con el acto que inadmite el recurso de reconsideración interpuesto contra esa liquidación(25). En lo que interesa, la Sala ha dicho:

No sobra advertir que para que el juez administrativo se pronuncie sobre la legalidad del auto que inadmitió el recurso de reconsideración, y posteriormente pueda estudiar el fondo de las pretensiones de la parte actora, o declarar la ocurrencia del silencio positivo, se deben demandar tanto el acto definitivo como el auto inadmisorio del recurso.

(...)

No obstante, aunque el auto que inadmite la reconsideración no resuelve el recurso administrativo, puesto que no modifica, confirma o revoca el acto definitivo, debe demandarse. Lo anterior, porque sólo así el juez administrativo puede resolver sobre su legalidad como requisito previo para analizar el fondo de la controversia tributaria.

Por consiguiente, tampoco es improcedente ni contradictorio que la demandante cuestione conjuntamente el acto inadmisorio del recurso de reconsideración y la liquidación oficial.

Queda, en consecuencia, desestimada la excepción previa de indebida acumulación de pretensiones.

4. De la falta de agotamiento de recursos obligatorios en sede administrativa

La UGPP alegó que no fueron debidamente agotados los recursos obligatorios ante la administración, pues Famisanar no interpuso reposición contra el acto que inadmitió el recurso de reconsideración ni recurso de reconsideración contra la liquidación oficial. Textualmente, la UGPP dijo: “Para el presente caso, se pone de presente que interpuso los recursos para el agotamiento de la vía gubernativa en debida forma, esto es, i) no interpuso el recurso de reposición contra el auto que inadmitió el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial y ii) no interpuso recurso de reconsideración contra la Liquidación Oficial”.

La Sala Unitaria advierte que, según el artículo 76 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el agotamiento del recurso de reposición no es obligatorio para efecto de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por consiguiente, no está probada la excepción alegada por el hecho de que Famisanar no interpusiera dicho recurso contra el acto que inadmitió el recurso de reconsideración.

Ahora bien, de acuerdo con lo demostrado en el proceso, es evidente que Famisanar sí agotó los recursos obligatorios. Veamos.

Requisito de oportunidad.

Famisanar interpuso oportunamente el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial. En efecto, la liquidación oficial fue notificada el 5 de marzo de 2014 y el recurso de reconsideración fue interpuesto el 19 de marzo de 2014, esto es, en los diez días previstos en el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012.

Requisito de presentación personal.

Es pertinente reiterar la posición de la Sala(26), en el sentido de que la presentación personal de un recurso en la vía gubernativa tiene por finalidad la de que la Administración constate la identidad de quien lo presenta. La verificación del requisito de presentación personal debe hacerla el funcionario encargado de recibir el recurso, en el momento de la presentación. A ese funcionario le corresponde dejar constancia de la forma en que fue presentado el escrito, esto es, si fue o no presentado por la persona que lo firma. Si el funcionario omite hacer dicha verificación, o la hace pero no deja constancia escrita de lo sucedido, dicha omisión no puede generar consecuencias adversas para el administrado.

En consecuencia, cuando en el documento respectivo no obra constancia escrita de presentación personal, debe asumirse que esa ausencia se debe a error de la Administración por no haber hecho la constatación a la que estaba obligada. En estos casos, debe aplicarse la presunción de buena fe y concluirse que, salvo prueba en contrario, quien aparece como firmante del documento, es quien lo presentó ante la Administración.

En el sub lite, no existe evidencia que demuestre que no se cumplió el requisito de presentación personal del recurso de reconsideración. Por consiguiente, debe tenerse por cumplido ese requisito.

Por lo expuesto, también se negará la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa.

Por último, la Sala Unitaria aclara que en la sentencia se abordará el tema correspondiente al silencio administrativo positivo. Se trata de una discusión de fondo y, por ende, no puede ser abordada con ocasión de la decisión sobre las excepciones previas.

En mérito de lo expuesto, la Sala:

RESUELVE

1. CONFIRMAR la decisión de declarar no probadas las excepciones previas propuestas por la UGPP, adoptada en audiencia inicial del 11 de abril de 2016, celebrada por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen».

6. Por auto del 3 de julio de 2014, la Sala Plena de esta Corporación aclaró el tema y precisó que contra la providencia que decida las excepciones si es procedente el recurso de apelación. Magistrado ponente Enrique Gil Botero, expediente: 25000-23-36-000-2012-00395-01(49.299)

7. En la transcripción de la Sesión del 13 de octubre de la Comisión Redactora del CAPACA se evidencia lo dicho: “Doctor Arboleda: (minutos 00:03:17 a 00:03:33 Pista 4 no se escucha).
Doctor Ostau De Lafont: No, es el mismo proyecto, ese era el mismo proyecto que se trabajó en esa comisión, yo estuve en esa comisión, inclusive delegado por el Consejo de Estado, eso fue en el 2004 cuando Alejandro Ordóñez era presidente, entonces me comisionó para ir a esa comisión y yo rendí aquí un informe del proyecto, listo, se hizo ese trabajo. De ahí en adelante el Instituto ha procurado vender la idea y ahorita se estableció con el Ministro Vargas Lleras.
Bueno, entonces… bueno, fíjate que siempre hacen falta porque Ruth trabajó esta parte de pruebas y excepciones. Pero mirémoslas.
“En relación con las excepciones previas el Código de Procedimiento Civil establece que el traslado, pruebas (cuando son necesarias) y la decisión de las excepcione, se cumple antes de la audiencia.
Por el contrario, en el proyecto de Código Contencioso Administrativo se dispone que la audiencia inicial se lleve a cabo antes de resolver las excepciones previas y antes de que se practiquen las pruebas que sean necesarias para hacerlo.
Artículo 180. Debe ser el de nosotros.
“Es más adecuada la regulación del Código de Procedimiento Civil No hay razón para que, en este aspecto el Código Contencioso Administrativo. tenga una regulación distinta. No tiene sentido tramitar la audiencia cuando — por ejemplo — el Juez puede, con anterioridad, decidir las excepciones con pruebas documentales y llega a la conclusión de que debe dar por terminado el proceso.
La regulación anterior implica modificar el término durante el cual el demandante puede reformar la demanda: Mientras en el Código de Procedimiento Civil. la demanda puede reformarse hasta "antes de resolver sobre las excepciones previas que no requieran práctica de pruebas, o antes de la notificación del auto que las decrete", término que es fácilmente manejable por el demandante que es quien va a ejercer este derecho, en el proyecto de Código Contencioso Administrativo la demanda puede reformarse "hasta al vencimiento de los diez días siguientes al traslado de la demanda”.
Pero es anterior a la audiencia, de todas maneras. Lo de la modificación de la demanda.
“La ley de descongestión amplió las denominadas excepciones mixtas, mecanismo que permite que excepciones de fondo puedan ser resueltas en esta etapa.
Se dispuso en el artículo sexto de la ley de descongestión:
También podrán proponerse como previas las excepciones de cosa juzgada, transacción, caducidad de la acción, prescripción extintiva y falta de legitimación en la causa. Cuando el juez encuentre probada cualquiera de estas excepciones, lo declarará mediante sentencia anticipada.”.
Igualmente en la transcripción de la sesión del 18 de noviembre de 2010 se habla del tema de las excepciones mixtas:
“Doctor Ostau De Lafont: No, pero puede decir que la resuelve en el fondo, en la sentencia. Yo lo que quiero decir, Mauricio, es que si admitimos la teoría de las excepciones mixtas, para mí, el juez hoy podría decir con eso: yo considero que no es el momento adecuado para resolver, o no tengo los elementos para resolver como excepción previa la caducidad. O sea, la deja para resolverla en la sentencia”.

8. “ART. 306.—Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”

9. Folio 108.

10. Ibíd.

11. Folio 35.

12. Folio 194. Se trata de un hecho alegado por Famisanar y no cuestionado por la UGPP.

13. Folio 85.

14. Folios 99 a 103.

15. Folio 104.

16. Folios 2 a 31.

17. Folios 155 a 161.

18. Folios 163 a 167.

19. Folios 177 a 183.

20. Folio 114 y 115.

21. Folios 227 y 228.

22. Ver Sentencia del 27 de marzo de 2014, expediente: 05001-23-33-000-2012-00124-01(48578), actor: Inversiones Giraldo Osorio e Hijos, Demandado: Departamento de Antioquia y Otros, Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

23. Folios 258 (vuelto) y 259.

24. Folios 192 y 193.

25. Sentencia del 14 de junio de 2007, Exp. 14589, C.P. Héctor J. Romero Díaz, reiterada en Sentencias del 25 de marzo de 2010, Exp. 16831 y del 15 de julio de 2010, Exp. 16919, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; y del 27 de marzo de 2014, Exp. 19713, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

26. Sentencia del 16 de junio de 2011, expediente 16754, Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.