Auto 2014-01230 de julio 12 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Radicación número: 25000-23-36-000-2014-01230-01(56947)

Actor: Construcciones El Condor S.A. - Mincivil S.A. - S.P. Ingenieros S.A.S. y otro

Demandado: Superintendencia Financiera

Referencia: Acción reparacion directa

Bogotá, D.C., doce de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Legislación aplicable al presente asunto

Previo a pronunciarse de fondo respecto del recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia Financiera contra el auto de 11 de marzo de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, estima el Despacho pertinente señalar que la demanda se presentó el 22 de agosto de 2014, por lo que al presente asunto le resulta aplicable el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011-, así como las disposiciones del Código General del Proceso(19), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del estatuto procesal en materia de lo contencioso administrativo.

2. La procedencia del recurso de apelación y la competencia para conocerlo

En lo que hace a la procedencia del recurso de apelación establecido en los artículos 180 numeral 6°, 243 y 244 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho encuentra que el auto recurrido tiene carácter de apelable según lo dispuesto de manera especial en el mencionado artículo 180 ibídem, toda vez que se trata de una providencia que resolvió sobre una excepción en audiencia inicial; así mismo, se advierte que el recurso fue interpuesto de manera oportuna y debidamente sustentado(20).

2.1. Sobre la interpretación del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo consideró que la Ley 1437 de 2011 contempló otros autos que no fueron expresados de manera taxativa en el artículo 243 ibídem, los que, al igual que éstos últimos, también eran susceptibles del recurso de apelación, conclusión a la que arribó recurriendo al criterio lex specialist derogat generali(21), luego entonces dejó sentado que el precepto era enunciativo(22).

Como corolario de lo anterior se solucionó la tensión suscitada entre los artículos 180 numeral 6°(23) y el 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en tanto se determinó que por la especialidad que predica el auto que resuelve una excepción en audiencia inicial, debía ser pasible de apelación(24).

Así mismo, estableció la competencia funcional para efectos de determinar si el auto que resuelve el recurso de apelación debe ser proferido por el ponente o si, por el contrario, debía ser adoptado por la Sala. Dijo en esa ocasión:

Así las cosas, no acertó el tribunal en la decisión de no conceder el recurso de apelación contra la decisión que no declaró probada una excepción previa, toda vez que en los términos del artículo 180 del CPACA —norma especial esa decisión es pasible o susceptible del recurso de apelación. Y, para efectos de competencia funcional, habrá que recurrir a lo dispuesto en el artículo 125 ibídem, es decir, que si la excepción que se declara probada da por terminado el proceso –por tratarse de una de aquellas decisiones a que se refieren los numerales 1 a 4 del artículo 243 de la misma codificación– tendrá que ser proferida por la respectiva sala de decisión del Tribunal Administrativo en primera instancia; a contrario sensu, si la providencia no declara probada la excepción y, por lo tanto, no se desprende la finalización del plenario, entonces será competencia exclusiva del ponente, y en ambos casos será procedente el recurso de apelación, en el primer caso resuelto por la respectiva sala de decisión del Consejo de Estado, y en el segundo por el Consejero Ponente a quien le corresponda el conocimiento del asunto en segunda instancia”(25) (Se destaca).

De conformidad con lo transcrito, forzoso viene a ser que la decisión que resuelva el recurso de apelación interpuesto en contra del auto proferido el 11 de marzo de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que declaró no probadas las excepciones de agotamiento de jurisdicción y cosa juzgada, debe ser adoptada mediante auto de ponente.

3. Aspectos generales sobre las excepciones 

En primer lugar, de acuerdo con el profesor Devis Echandía se tiene que “la excepción es una especial manera de ejercitar el derecho de contradicción o defensa en general que le corresponde a todo demandado, y que consiste en oponerse a la demanda para atacar las razones de la pretensión del demandante, mediante razones propias de hecho, que persigan destruirla o modificarla o aplazar sus efectos”(26).

Al respecto, es necesario recordar que las excepciones son medios de defensa dispuestos por el ordenamiento a favor de los demandados, ya que tienden, o bien a enderezar el procedimiento para evitar nulidades en el mismo, caso en el cual corresponden a impedimentos procesales que no atacan directamente a las pretensiones, o bien a desvirtuar las pretensiones elevadas en su contra por el demandante, en forma definitiva o temporal, por lo cual constituyen un verdadero ataque a la cuestión de fondo.

Existen también las denominadas excepciones mixtas, consistentes en hechos encaminados directamente a desvirtuar las pretensiones, es decir excepciones de fondo o perentorias, que se pueden alegar y decidir de manera previa(27).

La excepción, en palabras de la doctrina, “se presenta cuando el demandado alega hechos diferentes de los propuestos o invocados por el demandante y que se dirigen a desconocer la existencia del derecho reclamado por éste, o bien, sin rechazarlo, oponerle circunstancias que tiendan a evitar su efectividad en determinado proceso. (…) es la propia razón del demandado que la opone a la invocada por el demandante. Es una especie de contraprestación, por constituir argumentos propios, basados en hechos diferentes, que tienden a dejar sin fundamento la pretensión del demandante”(28).

Las excepciones perentorias, llamadas también de fondo y que pueden ser definitivas o temporales, están constituidas por hechos que i) desvirtúan las pretensiones, al ser demostrativos de la inexistencia del derecho alegado por el demandante, bien sea porque el mismo nunca surgió a su favor o porque habiendo existido, se extinguió; o ii) son demostrativos de que la reclamación del derecho resulta inoportuna, por estar sujeta a un plazo o condición que no se haya cumplido(29). Sobre esta clase de excepciones se ha pronunciado la Jurisprudencia de Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencia de casación de junio 11 de 2001, expediente 6343:

“(...) la excepción de mérito es una herramienta defensiva con que cuenta el demandado para desmerecer el derecho que en principio le cabe al demandante; su función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a impedir que el derecho acabe ejercitándose (...) A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no tiene más diana que la pretensión misma; su protagonismo supone, por regla general, un derecho en el adversario, acabado en su formación, para así poder lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que es lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos”(30).

4. Caso concreto: la censura del recurrente 

Ahora bien, conviene recordar que el caso bajo estudio se contrae a discurrir acerca de la prosperidad, o no, de la excepción de agotamiento de jurisdicción y, subsidiariamente la de cosa juzgada, propuestas por la Superintendencia Financiera, toda vez que, mediante auto proferido en audiencia inicial de 11 de marzo de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, decidió declararlas no probadas.

Inconforme con la anterior decisión la Superintendencia Financiera interpuso recurso de apelación, por considerar, en síntesis: i) que la tesis de unificación jurisprudencial referida al agotamiento de jurisdicción para las “acciones” populares era aplicable a las de grupo; ii) que la parte demandante no solicitó la exclusión de la demanda de grupo que cursaba en el Tribunal Administrativo de Antioquia; y iii) que el proceso de grupo tenía identidad de objeto y causa con el sub judice.

A la luz de lo anterior, para efectos de resolver el caso concreto es menester aludir a la figura del agotamiento de jurisdicción, en tanto que, de confirmarse, como lo consideró el a quo, que en las demandas de reparación de perjuicios ocasionados a un grupo es improcedente dicha institución, resultaría innecesario resolver los demás puntos de la apelación.

4.1. El agotamiento de jurisdicción

Sea lo primero señalar que la figura del agotamiento de jurisdicción ha sido objeto de unificación jurisprudencial en lo que hace a las acciones populares; para tal efecto, se consideró que tal precepto era procedente cuando existiera una identidad en la causa petendi; que, además, ella tuviera como fundamento los mismos hechos y, finalmente, que estuviera dirigida contra los mismos demandados(31).

Además, es necesario precisar que la procedencia de la figura del agotamiento de jurisdicción tiene su origen cuando sobre un mismo derecho colectivo y circunstancias fácticas se haya iniciado previamente un proceso judicial, en relación al mismo objeto que el actor popular considera vulnerado o amenazado, habida consideración al hecho de que las “acciones” populares tienen como finalidad el amparo de los derechos e intereses colectivos que incumben a toda la comunidad, sustrayendo de su órbita la satisfacción de intereses individuales, puesto que es el interés general el que debe motivar la protección de los derechos colectivos y no la búsqueda de intereses particulares(32).

También, expuso la Sala en aquella ocasión, que la figura de agotamiento de jurisdicción era aplicable para aquellos casos en que el juez de instancia constate la existencia de una cosa juzgada general o absoluta(33), por lo que su procedencia dependía, además, del alcance que se le haya otorgado al fallo proferido para amparar o no, los mismos derechos colectivos(34).

Ahora bien, comoquiera que el recurrente consideró que el agotamiento de jurisdicción resulta aplicable a las demandas de grupo, a la luz de lo cual solicitó que fuera declarada probada la excepción propuesta en el sub judice, conviene realizar una breve síntesis de las características de dicha “acción”.

4.1.1. Sobre la reparación de los perjuicios ocasionados a un grupo

Al respecto la Sección Tercera(35), atendiendo los criterios fijados en la Sentencia C – 215 de 1999(36), señaló como características de la hoy denominada pretensión de reparación de perjuicios ocasionados a un grupo, las siguientes:

i) Tiene carácter indemnizatorio, en tanto tiene por objeto la reparación de los daños de “contenido subjetivo o individual de carácter económico”(37), que provienen de un “daño ya consumado o que está produciéndose”(38); ii) Se tramita por un procedimiento especial y preferente, contenido en la Ley 472 de 1998; iii) Es de carácter principal, puesto que procede a pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial para pretender la reparación de los daños sufridos(39); iv) Sólo están legitimados quienes conforman un grupo, pues la demanda deberá interponerse por uno o todos los integrantes del grupo, en el que se identifiquen al menos 20 de las personas que reúnan condiciones uniformes respecto de la causa que originó perjuicios individuales(40); v) Debe tratarse de la reparación de un daño que tenga repercusión social, puesto que la demanda de grupo pretende el resarcimiento del perjuicio atendiendo un número plural de damnificados y un impacto generalizado del mismo, que por sus condiciones y dimensiones deben ser atendidas con prontitud, inmediatez y efectividad(41); vi) Se distingue por los efectos del fallo, por cuanto la sentencia constituye cosa juzgada en relación con quienes fueron parte del proceso y de las personas que, perteneciendo al grupo interesado no manifestaron oportuna y expresamente su exclusión del mismo(42).

Ahora bien, resulta menester precisar que para la procedencia de la demanda de grupo resulta indiferente que el perjuicio individual haya sido originado en la vulneración de un derecho colectivo o de naturaleza fundamental o legal, pues es claro que el objetivo de tal reparación no es la protección de tales derechos, en relación con los cuales proceden las “acciones” populares, de tutela u ordinarias, respectivamente, sino la reparación de los perjuicios patrimoniales que el demandado haya causado al demandante con el desconocimiento de cualquiera de estos derechos, siempre y cuando haga parte del grupo(43).

Por lo anterior, viene a ser claro para el Despacho que la figura del agotamiento de jurisdicción es improcedente para las demandas de reparación los perjuicios causados a un grupo, en tanto con tal precepto se busca evitar la congestión judicial en atención a decisiones tomadas sobre un mismo derecho colectivo que hicieron tránsito a cosa juzgada.

La aplicación de la figura del agotamiento de jurisdicción se restringió a los procesos de derechos e intereses colectivos, precisamente porque ellos no consisten, en estricto sentido, en una controversia con presencia de “partes” opuestas entre sí y donde exista “litis”, puesto que pretenden la protección de derechos colectivos cuya existencia no es materia de debate, lo que sí es discutible es su amenaza o vulneración por la parte accionada(44).

Sobre el alcance del agotamiento de jurisdicción y en atención a su improcedencia para demandas de grupo, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha expuesto lo siguiente:

“Es menester, además, clarificar la figura del agotamiento de la jurisdicción, como quiera que se trata de una teoría desarrollada por la Sección Tercera de esta Corporación aplicable al trámite de las acciones populares, que opera cuando se presenta una demanda en ejercicio de la acción popular, y al tiempo coexiste otra con el mismo objeto y que ya fue notificada al demandado. En tal virtud, la aplicación a los juicios de acciones populares del instituto del agotamiento de jurisdicción pretende impedir la coexistencia de procesos paralelos en tanto ello entraña una amenaza latente a la igualdad en la aplicación de la ley dado el grave riesgo de decisiones contradictorias. La razón por la que el agotamiento de la jurisdicción opera en acciones populares reside en la naturaleza misma de la acción, dado que encarna la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos.

Así pues, cuando un ciudadano ejerce la acción popular lo está haciendo en representación de toda la comunidad. Por otro lado, en la acción de grupo no puede operar este fenómeno, pues ello devendría en una violación del derecho al acceso a la administración de justicia de las personas que han sufrido daños provenientes de una causa común, por tal motivo lo que debe hacer el juez en el evento de existir dos demandas con el mismo objeto, en ejercicio de la acción de grupo, es procurar la integración del grupo, en los términos del artículo 55 de la ley 472 de 1998”(45) (Se destaca).

Conforme a lo transcrito, es menester precisar que el juez de conocimiento se encuentra en el deber de prohijar la acumulación de demandas interpuestas en ejercicio de la pretensión de reparación a un grupo cuando tengan identidad de objeto y causa petendi; sin embargo, dicho supuesto no es aplicable ante la existencia de una demanda de reparación directa y una de grupo, pues, a diferencia del primer supuesto, en este último caso la manifestación de voluntad del interesado en demandar individualmente, excluye la posibilidad de acumular las controversias.

Ahora bien, en el sub judice se advierte que las pretensiones tanto de la reparación directa como la de grupo ostentan similitud en cuanto al “hecho dañoso”, esto es, la orden de liquidación del Grupo Empresarial Interbolsa, no obstante dicho supuesto per se no es suficiente para que se prohíje la integración de las demandas, en tanto con la interposición de la demanda de reparación directa debe entenderse que las sociedades hoy demandantes expresaron su intención de excluirse de la de grupo.

Máxime si se tiene en cuenta que la Ley 472 de 1998 posibilitó la acumulación de las demandas individuales a las de grupo únicamente a “solicitud del interesado”, cuando se hayan interpuesto por los mismos hechos, aspecto que ratifica la improcedencia del agotamiento de jurisdicción en el presente caso(46).

Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política y el artículo 47 de la Ley 472 de 1998, puede decirse que el legislador posibilitó la interposición de demandas de reparación directa encaminadas a la indemnización de los perjuicios que se consideraran irrogados a un grupo, luego entonces no se puede pretender que a la luz del artículo 56 ibídem(47) sea aplicada la figura del agotamiento de jurisdicción.

Además, requerir la exclusión del grupo, previo a promover una demanda individual, supondría la acreditación de un requisito de procedibilidad que no se encuentra previsto en el ordenamiento jurídico, el que, de solicitarse, soslayaría el derecho de acceso a la justicia, en tanto pretendería que el interesado accionar conociera todas las demandas iniciadas por las mismas circunstancias relacionadas con su caso.

Empero, comoquiera que no existe una prohibición expresa para el ejercicio de la pretensión de reparación directa en aquellos eventos en los que, por los mismos hechos, se haya iniciado una demanda de grupo, forzoso viene a ser que sea procedente el ejercicio del derecho de acción a través de dicha pretensión aún dada esa situación(48).

Como corolario de lo anterior, debe precisarse que se encuentra al arbitrio del interesado ejercer su derecho de acción bien sea través de una demanda de grupo o, si lo considera pertinente, mediante una de reparación directa para solicitar la indemnización de los perjuicios que le hayan sido irrogados; y si lo considera necesario, una vez ejercida una que tenga condiciones uniformes a la de grupo, podrá solicitar su acumulación(49).

Así las cosas, con todo lo visto forzoso viene a ser confirmar la decisión proferida en la continuación de la audiencia inicial, el 11 de marzo de 2016, pues la figura del agotamiento de jurisdicción deviene improcedente para las demandas de interpuestas con ocasión de la reparación de un grupo, dada la naturaleza de la misma y la autorización legal para ejercer procesos individuales sin necesidad de agruparse; luego entonces, por sustracción de materia, no resulta necesario pronunciarse sobre lo demás puntos de censura propuestos por el recurrente ni sobre la excepción subsidiaria de cosa juzgada.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en la continuación de la audiencia inicial celebrada el 11 de marzo de 2016, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Por secretaría, luego de ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y Cúmplase».

1 Folio 62 - 96 del cuaderno principal de primera instancia nro. 1.

2 Folio 121 - 124 del cuaderno principal de primera instancia.

3 Folio 127 del cuaderno principal de primera instancia.

4 Folio 128 del cuaderno principal de primera instancia.

5 Folios 45 - 104 del cuaderno de primera instancia.

6 También propuso las excepciones de: inexistencia del demandante; falta de capacidad del demandante para ser parte; indebida representación de la parte demandante; inepta demanda por la indebida escogencia del medio de control y falta de legitimación en la causa por pasiva. Obrantes a folios 396 – 445 del cuaderno principal de primera instancia.

7 Excepción de agotamiento de jurisdicción, obrante a folios 428 – 438 del cuaderno de primera instancia.

8 Para tal efecto, citó la Sentencia de 6 de octubre de 2005, Exp. 41001-23-31-000-2001-00948-01 (AG); M.P.: Dra. Ruth Stella Correa Palacio.

9 Tal aseveración la hizo con apoyo en la Sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 11 de septiembre de 2012, Exp. 14001-33-31-004-2009-00030-01 (AP), M.P.: Dra. Susana Buitrago Valencia.

10 Escrito presentado el 21 de julio de 2015, obrante a folios 446 – 459 del cuaderno principal nro. 2.

11 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Acta de la audiencia obrante a folios 714 – 724 del cuaderno principal nro. 2.

12 Solicitud probatoria decretada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hora 2:28 – 2:21 del CD de la audiencia inicial del 15 de diciembre de 2015.

13 Certificación obrante a folio 3 del cuaderno de pruebas nro. 12. Copia del proceso de la demanda de reparación de grupo obrante de folios 4 a 219 del cuaderno de pruebas nro. 12.

14 Minutos 9:52 – 16:07 del CD de la continuación de la audiencia inicial del 11 de marzo de 2016.

15 Minutos 16:09 del CD de la continuación de la audiencia inicial del 11 de marzo de 2016.

16 Minutos 19:35 – 26:14, 27:00 – 29:56, 39:23 – 41:46, 44:50 – 51:53 del CD de la continuación de la audiencia inicial del 11 de marzo de 2016.

17 Minuto 52:00 - 58:26 del CD de la continuación de la audiencia inicial del 11 de marzo de 2016.

18 Continuación de la audiencia inicial, auto de 11 de marzo de 2016, minuto 58:47 - 59:02.

19 Ley 1564 de 2012, Según el criterio hermenéutico fijado en auto de Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación del pasado 25 de junio de 2014, C.P. Enrique Gil Botero, Expediente 49299, en el cual, en virtud del principio del efecto útil de las normas, se llegó a la siguiente conclusión: “En consecuencia, el Despacho fija su hermenéutica en relación con la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, para señalar que su aplicación plena en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como en materia arbitral relacionada con temas estatales es a partir del 1° de enero de 2014”, Comoquiera que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo desde la expedición de la Ley 1437 de 2011 cuenta con la implementación del sistema mixto –principalmente oral-, resultaría carente de armonía dejar de aplicar el Código General del Proceso desde su entrada en vigencia, esto es, el 1 de enero de 2014, dado que ya existen las condiciones físicas y logísticas para ello.

20 Sobre las providencias susceptibles del recurso de apelación ante el Consejo de Estado y la interpretación del parágrafo del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consultar Auto de 5 de noviembre de 2015, Exp. 51.775.

21 Ley 57 de 1887, Artículo 5°. (…) 1ª. La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general.

22 “Se trata de una sub especie del criterio cronológico, estos es, que la norma posterior deroga la anterior; sin embargo, los artículos de un código se expiden al mismo tiempo, sí tienen un orden de enumeración, lo que permite establecer que, frente un conflicto de disposiciones de un código, prevalecerá la consignada en un artículo o disposición posterior, salvo que el asunto esté contenido en un acápite o capítulo especial que regule el asunto de manera distinta a los postulados generales”, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto de 25 de junio de 2014, expediente 49.299, C.P. Enrique Gil Botero, reiterado por la Subsección C de la Sección Tercera en auto de ponente de 31 de julio de 2014, expediente 49.106, C.P. Enrique Gil Botero.

23 “el auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso”

24 Frente a la tensión suscitada entre los artículos 180 numeral 6 y el 243 del Código Contencioso Administrativo, la Sala plena decidió darle solución conforme al numeral primero del artículo 5 de la Ley 57 de 1887, la que se refiere a la preferencia de la norma especial sobre la general. Véase Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto de 25 de junio de 2014, expediente 49.299, C.P. Enrique Gil Botero.

25 Providencia de Sala Plena del Consejo de Estado de 25 de junio de 2014, número de radicación 250002336000201200395 01 (49299), M.P. Doctor Enrique Gil Botero. Dte: Cafesalud EPS S.A. Ddo: Nación – Ministerio de Salud y de la Protección Social.

26 DEVIS ECHANDIA, Hernando, Compendio de derecho procesal, Teoría general del proceso, Tomo I, 13ª edición, Diké, Medellín, 1994. Pág. 245.

27 Al respecto consultar, Sentencia de 12 de febrero de 2014, Exp. 26886.

28 AZULA CAMACHO, Jaime; Manual de Derecho Procesal, T. I, Teoría General del Proceso. Editorial Temis, 8ª ed., 2002, pgs. 316 y 317.

29 Para el tratadista Hernán Fabio López Blanco, las excepciones perentorias pueden agruparse en tres, así: “Pueden agruparse las excepciones perentorias en tres grandes grupos: 1. Excepciones perentorias definitivas materiales que son las que niegan el nacimiento del derecho base de la pretensión, o aceptando en alguna época su existencia se afirma su extinción, en fin cualquiera de los medios típicos y atípicos de extinción de las obligaciones. 2. Excepciones perentorias temporales, en las cuales el derecho pretendido existe, no se ha presentado ninguna causa que lo extinga, pero se pretende su efectividad antes de la oportunidad debida para hacerlo, como cuando se demanda el cumplimiento de una obligación estando aún pendiente el plazo pactado o sin cumplirse la condición estipulada. 3. Excepciones perentorias de raigambre netamente procesal cuando no existe legitimación en la causa respecto de cualquiera de las partes como sucede, por ejemplo, si quien demanda no está asistido por el derecho sustancial o cuando estándolo la dirige contra quien no es el obligado, hipótesis que es diversa de las dos anteriores pues las primeras parten de la base de que la relación jurídico material se dio entre las partes, mientras que en la última jamás ha existido”. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Instituciones de derecho procesal civil colombiano. Parte General. Tomo I. Bogotá. Dupré editores. 2005, p. 555.

30 G. J. XLVI, 623; XCI, pág. 830.

31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto de 11 de septiembre de 2012, M.P.: Dra. Susana Buitrago Valencia. “De esta manera, la Sala Plena del Consejo de Estado unifica su postura sobre la materia, en el sentido de determinar que, con apoyo en los principios de economía, de celeridad y de eficacia que rigen la función judicial, y que por expresa disposición del artículo 5° de la Ley 472 de 1998 deben orientar el trámite de las acciones populares, cuando se esté ante demandas de acción popular en las cuales se persiga igual causa petendi, basada en los mismos hechos, y contra igual demandado, lo que procede es dar aplicación a la figura del agotamiento de jurisdicción”.

32 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto de 19 de julio de 2007, Exp. 250002325000200402035 01 (AP) M.P.: Mauricio Fajardo Gómez.

33 Ibídem. “Al respecto la Sala considera que, justamente, a fin de darle cabal aplicación a los antes mencionados principios que se consagran en el artículo 5° de la Ley 472 de 1998, que se insiste, es norma especial que reglamenta la acción popular, es preciso que igualmente se aplique la figura del agotamiento de jurisdicción para aquellos eventos cuando se esté en presencia de una nueva demanda y de entrada el juez constata que existe cosa juzgada general o absoluta: sentencia estimatoria debidamente ejecutoriada y por tanto con efectos erga omnes, y que ahora se promueve idéntica petición judicial fundada en los mismos supuestos fácticos y jurídicos y respecto del mismo demandado; o también, cuando existe sentencia ejecutoriada que si bien es denegatoria de las pretensiones y por tanto hizo tránsito a cosa juzgada relativa, es decir sólo frente a esos hechos y a esas pruebas, lo cierto es que la nueva demanda coincide plenamente en estar fundada en esos mismos supuestos fácticos y probatorios”.

34 Ibídem. “En definitiva, la viabilidad de aplicar el agotamiento de jurisdicción por la existencia de cosa juzgada y que proceda el rechazo de la nueva demanda de acción popular, depende de los alcances que tenga el fallo anterior dictado en el proceso relativo a derechos colectivos”. También, consultar, Corte Constitucional, Sentencia C – 622 de 2007.

35 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia 18 de octubre de 2001. Exp. 25000-23-27-000-2000-0023-01(AG-021). M.P.: Ricardo Hoyos Duque.

36 Corte Constitucional, Sentencia C – 215 del 14 de abril de 1999, M.P.: Dra. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano (E). “En concreto, las acciones de grupo tienen las siguientes características: i) No involucran derechos colectivos. El elemento común es la causa del daño y el interés cuya lesión debe ser reparada, que es lo que justifica una actuación judicial conjunta de los afectados ; ii) En principio, por tratarse de intereses individuales privados o particulares, los criterios de regulación deben ser los ordinarios ; iii) Los mecanismos de formación del grupo y la manera de hacer efectiva la reparación a cada uno de sus miembros sí deben ser regulados de manera especial, con fundamento en la norma constitucional, atendiendo a las razones de economía procesal que inspiran su consagración en ese nivel”.

37 Sentencia de la Corte Constitucional C-1062 del 16 de agosto de 2000.

38 Sentencia de la Corte Constitucional T-678 del 12 de noviembre de 1997.

39 Ley 472 de 1998, Artículo 47. Caducidad. Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerable causante del mismo.

40 Ley 472 de 1998. Artículo 46. Procedencia de las Acciones de Grupo. Las acciones de grupo son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de los elementos que configuran la responsabilidad. La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios. El grupo estará integrado al menos por veinte (20) personas. Al respecto consultar, Corte Constitucional, Sentencias C – 569 de 2004 y C – 116 de 2008. Además, sobre las condiciones uniformes la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha pronunciado en Auto de 10 de febrero de 2016, Exp. 050012333000201500934 01 (AG).

41 Sobre el particular consultar Sentencia T – 528 del 18 de septiembre de 1992. “(...) las Acciones de Clase o de Grupo. Estas, igualmente regulables por la ley, no hacen referencia exclusiva a los Derechos Constitucionales Fundamentales, ni sólo a los Derechos Colectivos, pues también comprenden a los Derechos Subjetivos de origen constitucional o legal y necesariamente suponen la existencia, reclamo y demostración de un perjuicio o daño causado y cuya reparación se puede pedir ante el juez; empero, exigen siempre que este daño sea de los que son causados en ciertos eventos a un número plural de personas que por sus condiciones y por su dimensión deben ser atendidas con prontitud, inmediatez, efectividad y sin mayores requisitos procesales dilatorios”. Dicha tesis fue reiterada en Sentencias SU-067 de 1993 y C-1062 del 16 de agosto de 2000.

42 Ley 472 de 1998. Artículo 66. Efectos de la Sentencia. La sentencia tendrá efectos de cosa juzgada en relación con quienes fueron parte del proceso y de las personas que, perteneciendo al grupo interesado no manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del grupo y de las resultas del proceso.

43 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia 18 de octubre de 2001. Exp. 25000-23-27-000-2000-0023-01(AG-021). M.P.: Ricardo Hoyos Duque.

44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto de 11 de septiembre de 2012, M.P.: Dra. Susana Buitrago Valencia. “El proceso de acción popular no consiste en estricto sentido en una controversia con presencia de ‘partes’ opuestas entre sí y donde exista ‘litis’. Es más un reclamo de protección para la garantía de derechos colectivos cuya existencia no es materia de debate, lo que discute el actor popular es que dichos derechos están siendo amenazados o vulnerados por la accionada”.

45 Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto de 19 de mayo de 2011. M.P.: Dr. Enrique Gil Botero.

46 Ley 472 de 1998. Artículo 55. “(…) Las acciones individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo, a solicitud del interesado. En este evento, el interesado ingresará al grupo, terminará la tramitación de la acción individual y se acogerá a los resultados de la acción de grupo(Se destaca).

47 Artículo 56. Exclusión del Grupo. Dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda, cualquier miembro de un mismo grupo podrá manifestar su deseo de ser excluído del grupo y, en consecuencia, no ser vinculado por el acuerdo de conciliación o la sentencia. Un miembro del grupo no quedará vinculado a los efectos de la sentencia en dos situaciones: a) Cuando se haya solicitado en forma expresa la exclusión del grupo en el término previsto en el inciso anterior; b) Cuando la persona vinculada por una sentencia pero que no participó en el proceso, demuestre en el mismo término que sus intereses no fueron representados en forma adecuada por el representante del grupo que hubo graves errores en la notificación. Transcurrido el término sin que miembro así lo exprese, los resultados del acuerdo o de la sentencia lo vincularán. Si decide excluirse del grupo, podrá intentar acción individual por indemnización de perjuicios.

48 Al respecto consultar, Auto de 10 de mayo de 2012, Exp. 42875, M.P.: Dra. Stella Conto Díaz del Castillo. “No existe, en el ordenamiento, una prohibición para el ejercicio de la acción de reparación directa en aquellos eventos en los que, por los mismos hechos, se haya iniciado una acción de grupo; máxime cuando la Carta Política (…) De modo que, al haberse impetrado la acción ordinaria en este caso, quedó exteriorizada la manifestación de voluntad del actor, en el sentido de demandar individualmente”.

49 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia 18 de octubre de 2001. Exp. 25000-23-27-000-2000-0023-01(AG-021). M.P.: Ricardo Hoyos Duque. “En otros términos, queda al arbitrio del demandante ejercer en los casos en que ésta procede o bien la acción de grupo o la correspondiente acción ordinaria”.