Auto 2014-01400/56850 de febrero 7 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil dieciocho.

Radicación número: 25000-23-36-000-2014-01400-01(56850)

Actor: Diseño Urbanos S.A.S. y otros

Demandado: Superintendencia Financiera de Colombia

Referencia: Medio de control de reparación directa

Procede la Sala a pronunciarse sobre el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra de la providencia proferida el 25 de febrero de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en el marco de la audiencia inicial, mediante la cual se negó la excepción de falta de legitimación por pasiva propuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia (fls. 357 a 361 -cd-, c. ppal.).

I. Antecedentes.

1. Mediante escrito presentado el 17 de septiembre de 2014 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, las sociedades Diseño Urbano S.A.S., Inmuebles Comerciales S.A.S., Inversiones Quinzanas S.A.S., i+Constructora S.A. y Vivienda y Proyectos S.A., por intermedio de apoderado, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Superintendencia Financiera de Colombia para que sea declarada patrimonialmente responsable de los perjuicios causados como consecuencia de la falla del servicio derivada de su omisión en la inspección, vigilancia y control sobre Interbolsa S.A., Interbolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa e Interbolsa S.A. Sociedad Administradora de Inversión (fls. 24 a 64, c. 1), para lo cual planteó las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Que se declare que la Superintendencia Financiera de Colombia incurrió en omisiones constitutivas de falla del servicio por cuenta de haber omitido el cumplimiento de sus funciones, entre ellas, la dispuesta por el literal c) del artículo 6º de la Ley 964 de 2005, al ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades Interbolsa S.A., Interbolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa e Interbolsa S.A. Sociedad Administradora de Inversión.

SEGUNDA: Que se declare que dichas omisiones fueron la causa de los perjuicios que sufrieron las sociedades Diseño Urbano S.A., Inmuebles Comerciales S.A.S., Inversiones Quinzanas S.A.S., i+Constructora S.A. y Viviendas y proyectos S.A.

TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, se declare que la Superintendencia Financiera de Colombia es patrimonialmente responsable de los perjuicios que sufrieron las sociedades Diseño Urbano S.A., Inmuebles Comerciales S.A.S., Inversiones Quinzanas S.A.S., i+Constructora S.A. y Viviendas y Proyectos S.A.

CUARTA: Que, como consecuencia de la declaración tercera anterior y a título de reparación directa, se condene a la Superintendencia Financiera de Colombia a pagarle a la sociedad Diseño Urbano S.A. la suma de cinco mil ciento veinte millones seiscientos ochenta mil ciento catorce pesos con noventa y cuatro centavos (COP$ 5.123.680.114,94) (sic), o la suma que por perjuicios se pruebe en el proceso.

QUINTA: Que, como consecuencia de la declaración tercera anterior y a título de reparación directa, se condene a la Superintendencia Financiera de Colombia a pagarle a la sociedad Inmuebles Comerciales S.A.S. la suma de ciento dieciséis millones ochocientos treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y cinco pesos con catorce centavos (COP$ 116.834.255,14), o la suma que por perjuicios se pruebe en el proceso.

SEXTA: Que, como consecuencia de la declaración tercera anterior y a título de reparación directa, se condene a la Superintendencia Financiera de Colombia a pagarle a sociedad Inversiones Quinzanas S.A.S. la suma de ciento diecisiete millones ciento treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos con ochenta y dos centavos (COP$ 117,135.454,82), o la suma que por perjuicios se pruebe en el proceso.

SÉPTIMA: Que, como consecuencia de la declaración tercera anterior y a título de reparación directa, se condene a la Superintendencia Financiera de Colombia a pagarle a la sociedad i+Constructora S.A. la suma de setecientos noventa y cinco millones sesenta y siete mil seiscientos treinta y tres pesos con cincuenta y cinco centavos (COP$ 795.067.633,55), o la suma que por perjuicios se pruebe en el proceso.

OCTAVA: Que, como consecuencia de la declaración tercera anterior y a título de reparación directa, se condene a la Superintendencia Financiera de Colombia a pagarle a la sociedad Viviendas y Proyectos S.A. la suma de dos mil doscientos cincuenta y dos millones doscientos cincuenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro pesos con un centavo (COP$ 2.252.251.664,01), o la suma que por perjuicios se pruebe en el proceso.

NOVENA: Que se condene a la Superintendencia Financiera de Colombia a pagarle a las sociedades Diseño Urbano S.A., Inmuebles Comerciales S.A.S., Inversiones Quinzanas S.A.S., i+Constructora S.A. y Viviendas y Proyectos S.A. la actualización monetaria sobre las sumas de dinero a que hacen referencia las pretensiones cuarta a octava anteriores, y los intereses corrientes o moratorios a los que haya lugar, calculados desde la fecha en que causó inicialmente el daño y hasta el momento del pago.

DÉCIMA: Que se condene a la Superintendencia Financiera de Colombia a pagarle a las sociedades Diseño Urbano S.A., Inmuebles Comerciales S.A.S., Inversiones Quinzanas S.A.S., i+Constructora S.A. y Viviendas y Proyectos S.A. las costas del proceso y las agencias en derecho (fls. 25 a 27, c. 1).

2. De lo relacionado en el escrito de demanda y las pruebas que obran en el proceso se extraen los siguientes hechos relevantes:

2.1. Las sociedades demandantes aducen que el Grupo Empresarial Interbolsa estaba compuesto por Interbolsa S.A. –Interbolsa Holding, Interbolsa S.A. Sociedad Comisionistas de Bolsa, Interbolsa S.A. Sociedad Administradora de Inversión –Interbolsa SAI, las cuales de conformidad con el artículo 75 de la Ley 964 de 2005 estaban sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia.

2.2. Diseño Urbano S.A. se vinculó a Interbolsa Comisionista mediante formulario de apertura de venta con código winsiob Nº 49251 desde noviembre de 2009.

2.3. Inmuebles Comerciales S.A. se vinculó a Interbolsa Comisionista mediante formulario de apertura de venta con código winsiob Nº 29435 desde febrero de 2010.

2.4. i+Constructora S.A. se vinculó a Interbolsa Comisionista mediante formulario de apertura de venta con código winsiob Nº 52546 desde julio de 2010.

2.5. Al momento de la vinculación, las sociedades antes mencionadas instruyeron a Interbolsa Comisionista para invertir los recursos depositados en valores de calificación igual superior a A+, de alta liquidez y con vencimientos menores a 180 días.

2.6. Con el propósito de vender a mayor precio de compra, los socios y administradores de Interbolsa Holding e Interbolsa Comisionista iniciaron gestiones para adquirir acciones de Fabricato, empresa esta última acudió que acudió al Grupo Interbolsa para obtener autorización de cupos de endeudamiento que le permitieran realizar operaciones repo. Así, Interbolsa Holding utilizó recursos de sus clientes para adquirir las acciones de Fabricato.

2.7. El 26 de enero de 2010, el representante legal de Fabricato mediante oficio con radicado 201000484 informó a la Superintendencia Financiera sobre el aumento de la participación accionaria en la empresa por parte de un mismo beneficiario real por medio de diferentes vehículos, desconociendo las regulaciones del Decreto 2555 de 2010. Las demandantes aducen que, pese a esa información la aquí demandada no tomó las medidas necesarias para hacer cumplir la normatividad.

2.8. En octubre de 2010, la Cartera Colectiva Interbolsa Credit administrada por SAI descontó unos pagarés a las sociedades de Grupo Corridori, los cuales fueron utilizados para adquirir acciones de Fabricato, sobre las cuales se realizaron operaciones de reporto o repo.

2.9. Refiere la parte demandante que la Superintendencia Financiera tuvo conocimiento de las situaciones irregulares referidas, como consecuencia de una inspección in situ realizada el 29 de abril de 2011 a Interbolsa Comisionista, sin que se hubiese dispuesto suspensión de las prácticas ilegales, omitiendo así sus funciones.

2.10. Adicionalmente, las sociedades demandantes refieren que la Superintendencia Financiera omitió las funciones asignadas en la Ley 964 de 2005 y el Decreto 2555 de 2010 pues también conoció de las irregularidades sometido por Interbolsa SAI, a través de la Superintendencia delegada de supervisión de riesgos de mercado e integridad.

2.11. De igual forma, se expone el escrito de demanda que Interbolsa Comisionista llegó a niveles insostenibles de concentración de riesgo afectando el mercado de valores y a las sociedades demandantes, pues la inversión en operaciones repo que realizó sobre las acciones de Fabricato superaba el doble de su patrimonio.

2.12. Las demandantes argumentaron en el libelo que el 18 de julio de 2012, la Superintendencia Financiera realizó una reunión en torno a las operaciones irregulares sobre las acciones Fabricato sin que se tomaran medidas de suspensión sobre la comercialización de estas acciones.

2.13. A sentir de los demandantes, lo anterior facilitó la configuración de los perjuicios sufridos, ya que Interbolsa Comisionista tomó recursos de los clientes —hoy demandantes— sin autorización para pagar operaciones vencidas que la entidad no tenía como pagar entre los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2012.

2.14. Por otra parte, se refirió que mediante Resolución 1795 del 2 de noviembre de 2012, la Superintendencia Financiera tomó posesión de Interbolsa Comisionista y, luego, por Resolución 1812 del 7 de noviembre de 2012 ordenó su liquidación administrativa forzosa.

2.15. Las sociedades demandantes refieren que pese a haber tenido conocimiento de las circunstancias irregulares la Superintendencia Financiera actuó de manera tardía, pues solamente cuando se causaron los daños ordenó la suspensión de la acción de Fabricato e informó a la Fiscalía General de Nación de las irregularidades.

2.16. El 21 de diciembre de 2012, los demandantes presentaron al liquidador de Interbolsa Comisionista las reclamaciones por las sumas de la operaciones repo y simultaneas que fueron realizadas sin su autorización, pero mediante Resolución 003 del 5 de mayo de 2013 dichos valores fueron excluidos de la masa de liquidación de la entidad comisionista.

2.17. Finalmente, las demandantes refieren que mediante Resolución 035 del 7 de marzo de 2014 les fueron reconocidos unos montos como acreencia por fuera de la masa de liquidación a su favor, sin embargo, aclaran que a la fecha existen sumas que han aún no han sido canceladas.

3. A través de auto del 19 de enero de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, admitió la demanda (fls. 68 a 71, c. 1).

4. Mediante escrito radicado el 27 de mayo de 2015, la Superintendencia Financiera contestó la demanda, en el cual alegó que los hechos fácticos de la demanda imposibilitan hacerle una imputación de responsabilidad a la Superintendencia Financiera (fls. 103 a 119, c. 1).

5. Posteriormente, por auto del 25 de enero de 2016 se programó la audiencia inicial del proceso para el día 25 de febrero de 2016 (fl. 343 y 344, c. 1)

II. Providencia impugnada.

En el marco de la audiencia inicial que se adelantó el 25 de febrero de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no declaró probada la excepción de falta de legitimación por pasiva propuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia (fls. 357 a 361 -cd-, c. ppal.). Los argumentos en los que basó el a quo para tomar la decisión se resumen a continuación (minuto 5:01 a 10:20 del magnético obrante a folio 361 del cuaderno principal):

De las excepciones propuestas por la parte demandada en su escrito de contestación, la primera instancia solamente estudió como excepción previa la relativa a la falta de legitimación por pasiva, pues consideró que las otras correspondían al fondo del asunto.

Conforme a lo anterior, al estudiar la excepción de falta de legitimación por pasiva, el a quo consideró que los argumentos esbozados no tenían la vocación de prosperar, toda vez que en esa etapa procesal simplemente se hace una verificación de la legitimación de hecho y no a una legitimación material.

En este sentido, indicó que la jurisprudencia ha establecido que la legitimación en la causa es la titularidad de los derechos de acción y de contradicción, donde la legitimación de hecho corresponde al interés del que se da muestra al inicio del proceso y la legitimación material está atada al objeto de prueba pues de ella dependen la posibilidad de salir avante en sus pretensiones.

Respecto al caso concreto, el juez de primera instancia consideró que al estar la demanda orientada a declarar la responsabilidad de la Superintendencia Financiera de Colombia por sus omisiones en el cumplimiento de sus funciones de inspección y vigilancia sobre la sociedad comisionista de bolsa Interbolsa, en esta etapa procesal se encuentra la demandada formalmente legitimada de hecho, por lo que se consideró que debe mantenerse vinculada al extremo pasivo.

III. Recurso de apelación.

En el marco de la audiencia inicial, el apoderado de la parte demandada presentó recurso de apelación debidamente sustentado contra la providencia que declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva (minuto 10:23 a 19:02 del magnético obrante a folio 361 del cuaderno principal). En resumen, sus argumentos de inconformidad fueron los siguientes:

El recurrente basó su recurso en que no existe ni siquiera una legitimación de hecho de la Superintendencia Financiera de Colombia pues de las circunstancias fácticas expuestas en la demanda no se extrae que dicha entidad sea la causante del perjuicio alegado, ya que de ellas solo se deducen unas consecuencias generadas por un incumplimiento contractual de una comisionista de bolsa.

Adicionalmente, indicó que la parte demandante pretende traer a colación algunas circunstancias de las que se tuvo conocimiento para alegar omisiones de la Superintendencia Financiera, y que el propósito de esas afirmaciones es recuperar las pérdidas originadas en un negocio fallido que las demandadas realizaron.

Para fundamentar lo anterior, insistió en que los hechos relacionados en el escrito de demanda, las sociedades demandantes hacen referencia a la realización de operaciones sin su consentimiento por parte de la Comisionista Interbolsa, situación que claramente deviene en una inconformidad por un incumplimiento de índole contractual. En este sentido, argumentó que no es posible vincular al proceso al supervisor financiero alegando una omisión, toda vez que este no está facultado para invadir la órbita de los contratos.

Así, teniendo en cuenta que las funciones de la Superintendencia Financiera son administrativas y no judiciales, esta solo está facultada a dar órdenes tendientes a evitar que se evada la ley; sin embargo, no puede revocar actos de ejecución contractual, ni ordenar la reparación de perjuicios, ni determinar si hubo o no perjuicio.

En el recurso se insistió en que las demandantes reconocen que el daño causado fue ocasionado por un tercero, pues solicitaron su reparación haciéndose parte en el trámite de liquidación de Interbolsa, el cual aún no ha culminado. Así, teniendo en cuenta que tal como lo reconocen las accionantes en la demanda, a la fecha no se les han cancelado algunos rubros, lo que se puede concluir es que, el propósito de vincular a la Superintendencia Financiera es una forma desesperada de recuperar el valor de sus inversiones ante la demora del liquidador.

Con base en lo anterior, la entidad recurrente alega su falta de legitimación en la causa por pasiva de hecho, ya que las sociedades demandantes alegan la configuración de una omisión por parte de la Superintendencia Financiera sin observar que en el mercado de valores no se puede exigir responsabilidad del Estado por un incumplimiento contractual.

IV. Traslado del recurso.

Surtido el traslado del recurso en la audiencia, la parte demandante solicita que se confirme la decisión de negar la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto considera que lo que se busca con la demandada es que se declare la responsabilidad de la Superintendencia Financiera por incurrir en una serie de omisiones que llevaron a que las demandantes sufrieron algunos perjuicios por las operaciones irregulares de Interbolsa.

Además, adujo la parte demandante que si bien existía un vínculo contractual, es claro que las operaciones realizadas por Interbolsa sin el consentimiento de las sociedades demandantes no habrían tenido lugar si la Superintendencia Financiera hubiera cumplido con sus funciones de supervisión y control; más aún cuando desde el año 2010 recibió documentación que daba cuenta de las operaciones irregulares realizadas por Interbolsa para adquirir las acciones de Fabricato S.A.

V. Problema jurídico.

Con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto, la Sala considera necesario establecer si la parte demandada está legitimada por pasiva en el presente proceso o si por el contrario, no se encontraba legitimada por los motivos expuestos en el recurso de apelación.

VI. Competencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta corporación conoce en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos por los tribunales administrativos, frente a los cuales sea procedente este medio de impugnación.

Así mismo, se encuentra que la Sala es competente para decidir el recurso de apelación presentado, toda vez que el artículo 125 ibídem le atribuye la facultad de proferir la presente decisión interlocutoria por encontrarse inmersa en el numeral 3 del artículo 243 del C.P.A.C.A.

VII. Consideraciones.

La Sala confirmará la decisión del 25 de febrero de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por los motivos que se exponen a continuación:

7.1. Respecto a la legitimación en la causa por pasiva el Consejo de Estado en varias oportunidades ha establecido que la misma está determinada por la capacidad para ser parte del proceso, en los siguientes términos:

La legitimación en la causa hace referencia a la posibilidad de que la persona formule o contradiga las pretensiones de la demanda, por ser el sujeto activo o pasivo con interés en la relación jurídica sustancial debatida en el proceso. La legitimación en la causa está directamente relacionada con el objeto de la litis, es decir, se trata de un elemento sustancial vinculado con la pretensión, en ese sentido, no constituye un presupuesto procesal, como sí lo es la legitimación para el proceso; por el contrario, la legitimación en la causa ha sido entendida como un presupuesto para la sentencia de fondo. En ese orden de ideas, la ausencia de legitimación en la causa no genera la nulidad del proceso, lo que enerva es la posibilidad de obtener una decisión sobre el asunto.

La legitimación en la causa por pasiva, en el proceso contencioso administrativo, necesariamente debe entenderse a la luz del concepto de capacidad para ser parte. En otros términos, la falta de legitimación por pasiva sólo puede predicarse de las personas que tienen capacidad para ser parte en el proceso, y no de los órganos o de los representantes de éstos que acuden al proceso en nombre de la persona jurídica de derecho público. Así, es claro que en los casos en los que se demanda a la Nación, pero ésta no estuvo representada por el órgano que profirió el acto o produjo el hecho, sino por otra entidad carente de personería jurídica, no se está en presencia de falta de legitimación en la causa, sino de un problema de representación judicial(1) (negrilla fuera del texto).

7.2. De igual forma, esta corporación ha determinado la existencia de dos tipos de legitimación, a saber: i) una de hecho que hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal y ii) una material que da cuenta de la participación o vínculo que tienen las personas -siendo o no partes del proceso-, con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demandada. En este sentido, no siempre quien se encuentra legitimado de hecho tiene que estarlo materialmente, en consideración a que si bien puede integrar una de las partes de la litis, ello no implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto. Al respecto, esta corporación ha expuesto:

Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por activa— y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(2) (negrilla fuera del texto).

7.3. Así mismo, la corporación(3) se ha encargado destacar la distinción entre la legitimación de hecho en la causa y la legitimación material en la causa, con el propósito de concluir que en las etapas iniciales del proceso la legitimación que debe acreditarse es la primera de ellas, la cual está determinada por los hechos y las pretensiones que configuran la litis del proceso, así:

La legitimación de hecho en la causa es entendida como la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado. Quien cita a otro y atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. Vg.: A demanda a B. Cada uno de estos está legitimado de hecho.

La legitimación material en la causa alude, por regla general, a situación distinta cual es la participación real de las personas en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que dichas personas o hayan demandado o que hayan sido demandadas.

7.4. De acuerdo con lo anterior, en lo que respecta a la legitimación por pasiva, es claro que, la que debe ser acreditada en la etapa inicial del proceso es la de hecho, por lo tanto, no es posible pretender deducir en el marco de la audiencia inicial si la entidad demandada —Superintendencia Financiera—, tiene o no responsabilidad en la causación del daño atribuido, tal como lo pretende la parte recurrente, pues esto solo puede verificarse luego de recaudas todas las pruebas solicitadas por las partes y agotadas las etapas correspondientes del proceso.

7.5. En este sentido, encuentra la Sala que el juez de primera instancia acertó cuando tuvo por acreditada la legitimación de hecho por pasiva de la Superintendencia Financiera, ya que es evidente de las pretensiones que se exponen en el escrito de demanda (fls. 25 a 27, c. 1), que las mismas están orientadas a establecer la responsabilidad de la entidad demandada por las presuntas omisiones que facilitaron la producción de los perjuicios causado a las sociedades demandantes, con las operaciones realizadas por Interbolsa.

7.6. Además, de los hechos descritos en la demanda también se desprende que la Superintendencia Financiera debe mantenerse vinculada al proceso a fin de que pueda controvertir los señalamientos que se le imputan, los cuales platean una presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones de vigilancia, inspección y control de las actividades realizadas por las empresas integrantes del Grupo Interbolsa, las cuales pudieron haber generado perjuicios a las demandantes.

7.7. De igual forma, es preciso advertir que los argumentos planteados en el recurso hacen referencia a que la Superintendencia Financiera no tuvo responsabilidad en la causación de las afectaciones económicas de los demandantes, aspectos que corresponden como tal a la legitimación material y que por tal motivo, no puede ser objeto de decisión en la audiencia inicial por comprometer el estudio de fondo del asunto puesto a consideración de la jurisdicción.

7.8. Lo anterior, en razón a que determinar si la Superintendencia Financiera debe responder por los efectos del incumplimiento contractual por parte de Interbolsa a las sociedades accionantes, es preciso el centro de la defensa ejercida por la demandada, que solo se podrá resolverse una vez sean valoradas la pruebas que se recauden en el proceso.

7.9. Ahora bien, para la Sala es claro que el recurrente pretende que se defina el propósito que tienen las sociedades demandantes con la interposición de la demanda, aspecto que de acuerdo a lo expuesto no es del resorte de esta etapa procesal, pues para ostentar la legitimación de hecho por pasiva basta con que los hechos y las pretensiones de la demanda vinculen a la Superintendencia Financiera para que esta pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción. De este modo, establecer si las accionantes alegan una responsabilidad del Estado para perseguir una reparación de un incumplimiento contractual o una demora en el pago de las acreencias por parte del liquidador, resultan ser cuestiones a valorar en las resultas del proceso y no en la audiencia inicial.

7.10. De acuerdo a lo expuesto, y comoquiera que los hechos y las pretensiones de la demanda pretenden atribuir una responsabilidad por omisión a la Superintendencia Financiera en relación a las actividades realizadas por Interbolsa y que podrían haber afectado a las sociedades Diseño Urbano S.A.S., Inmuebles Comerciales S.A.S., Inversiones Quinzanas S.A.S., i+Constructora S.A. y Vivienda y Proyectos S.A., para la Sala resulta acreditada la legitimación hecho por pasiva en el presente asunto.

7.11. Por último, se advierte a las partes que esta decisión no compromete la responsabilidad que se pueda probar en el trámite del proceso, toda vez que este es un mero pronunciamiento frente a la legitimación de hecho de la demandada.

En este orden de ideas, la Sala se abstendrá de revocar la decisión adoptada por el a quo, por la cual se negó las prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Superintendencia Financiera.

En mérito de lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión adoptada el 25 de febrero de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual se negó la excepción de falta de legitimación por pasiva, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

2. NOTIFÍQUESE esta providencia por estado conforme lo dispone la ley.

3. Por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

Stella Conto Diaz Del Castillo, Presidenta de la Sala.

Danilo Rojas Betancourth—Ramiro Pazos Guerrero, Magistrados.

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, Sentencia del 25 de septiembre de 2013, exp. 1997-50330, C.P. Enrique Gil Botero. También ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Sentencia del 13 de noviembre de 2014, exp. 34313, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 28 de julio de 2011, exp. 19753, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 22 de noviembre de 2001, exp. 13356, C.P. María Elena Giraldo Gómez.