Auto 2014-01544 de julio 1 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001-03-15-000-2014-01544-00

Consejero Ponente (E):

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Accionante: Enrique Alfredo Daza Gamba

Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta

Admisión de acción de tutela con solicitud de medida provisional

Bogotá, D. C., primero de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «I. Consideraciones

Corresponde al consejero ponente resolver sobre i) la admisión de la acción de tutela instaurada por el ciudadano Enrique Alfredo Daza Gamba contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta, y ii) la medida cautelar para que se suspenda provisionalmente el Decreto 1609 de 2013 y se decrete la nulidad del auto de 28 de marzo de 2014 proferido por la autoridad judicial accionada dentro del proceso de simple nulidad radicado bajo el Nº 11001-03-24-000-2013-00534-00.

Para resolver sobre estas solicitudes, el consejero ponente debe hacer las siguientes precisiones:

1. La acción de la referencia se dirige contra una providencia judicial: auto que decidió una súplica y revocó la medida de suspensión provisional del Decreto 1609 de 2013, en el trámite de un proceso de simple nulidad.

Sobre este punto es necesario indicar que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012(1) unificó el criterio sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, sin distinguir entre autos y fallos.

Como consecuencia de esa decisión, la corporación dejó de lado la discusión sobre la procedencia del amparo constitucional frente a providencias judiciales, y viene admitiendo esta acción no solo contra sentencias sino contra autos, cuando estos puedan resultar contrarios a los derechos fundamentales de una de las partes o terceros con interés en el proceso.

En esos casos, es decir, cuando el proceso está en curso, la procedencia de la acción de tutela debe ser analizada con mayor rigorismo, a efectos de evitar que el juez constitucional no resulte invadiendo la competencia del ordinario o natural, llamado, igualmente, a ser el garante de los derechos de las partes en el proceso.

2. En el caso de la referencia, el ciudadano Enrique Alfredo Daza Gamba dirige la acción de la referencia contra el auto de la Sección Cuarta que revocó la medida de suspensión provisional del Decreto 1609 de 2013, por considerar que este desconoció sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Es decir, se afirma que en un proceso en curso en donde se tomó una decisión que es provisional y que puede ser objeto de modificaciones en el cualquier momento, se presentó la vulneración de los derechos en mención.

3. En relación con las medidas de cautela y, en específico con la suspensión provisional que regula el nuevo Código Contencioso Administrativo, en sentencia de unificación de 5 de marzo de 2014(2), la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, señaló que esta “tiene la misma eficacia y prontitud que la acción de tutela”, es decir, cuando el juez contencioso decide una solicitud de cautela lo hace como si se tratase del juez constitucional, razón por la que no es posible acudir a la acción de tutela para solicitar la adopción de esta medida, pues es al juez de lo contencioso al que le compete decidir sobre la misma.

4. En consecuencia y bajo esa lógica, la acción de tutela contra la providencia que decide una medida de cautela, en principio debería ser objeto de rechazo por tratarse de una providencia judicial en la que se insiste, el juez de lo contencioso se entiende que actúa como un juez de tutela. En otros términos, la decisión cautelar materialmente es una decisión de tutela, contra la que no puede proceder, por tanto, el mismo mecanismo de amparo.

5. No obstante lo anterior, en el presente caso las razones esbozadas contra la providencia que revocó y negó la medida de suspensión provisional, se fundamentan en la competencia, formalidades y límites que tiene el juez de lo contencioso al momento de decidir una solicitud de medida cautelar. En ese sentido, se discute, principalmente, aspectos que se relacionan con la nueva teleología de las medidas cautelares y el papel que debe desempeñar el juez de lo contencioso frente a ellas y no sobre el fondo del asunto.

6. En ese sentido, corresponde al juez constitucional pronunciarse sobre esos aspectos que, se itera, no tocan con el fondo de la controversia, frente a la cual, solo el juez de lo contencioso tiene la facultad para decidir sobre su procedencia o no.

7. En ese orden de ideas y bajo esos presupuestos, el magistrado ponente ordenará la admisión de la solicitud de amparo por reunir los requisitos del artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el inciso segundo del numeral 2 del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.

8. En lo que concerniente a la solicitud de medida provisional para amparar los derechos fundamentales que se dicen vulnerados, se considera que no hay lugar a su concesión en los términos del artículo 7º del Decreto 2591 de 1991. Veamos las razones:

El artículo 7º del Decreto 2591 de 1991 establece los requisitos para que una medida provisional se conceda en el auto que admite una acción de tutela, así: i) debe evidenciarse de manera clara, directa y precisa, la amenaza o vulneración del derecho fundamental que demanda protección y, ii) se debe demostrar que es necesaria y urgente en razón del alto grado de afectación de los derechos fundamentales que se dicen amenazados o la inminente ocurrencia de un daño mayor sobre los derechos presuntamente quebrantados.

Valorados esos requisitos frente a la solicitud específica de tutela, el despacho del consejero sustanciador observa que de los argumentos expuestos en el escrito de la tutela y de los documentos anexos a ella, no es posible establecer que se cumplan las exigencias que fijó el legislador extraordinario para la concesión de una medida provisoria.

En efecto, no se evidencia de manera clara, directa y precisa, la amenaza o vulneración frente los derechos fundamentales que se dicen vulnerados ni la inminencia de un daño sobre estos, por la decisión que adoptó la Sección Cuarta, que lleven a la convicción que esta debe dejarse sin efectos en este momento procesal.

Por tanto, corresponderá a la Sección determinar si el auto contra el que se dirige la acción de tutela vulneró los derechos fundamentales alegados, en cuanto a la competencia y límites del juez de lo contencioso para decidir la suspensión provisional del CPACA, y determinar si la Sección Cuarta excedió sus facultades cautelares cuando revocó la medida de suspensión que había concedido un integrante de la Sección Primera.

En ese mismo orden, no es este el momento procesal para decretar ni la nulidad del auto del pasado 28 de mayo ni mucho menos la suspensión provisional del Decreto 1609 de 2013, que es el objeto de decisión en el proceso de simple nulidad. En consecuencia, se negará la medida provisoria solicitada por el señor Enrique Alfredo Daza Gamba.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

Primero. ADMITIR la solicitud de tutela presentada por el señor Enrique Alfredo Daza Gamba contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Segundo. NEGAR la medida provisional solicitada en el escrito de tutela.

Tercero. Por secretaría general NOTIFICAR el presente auto al actor y a los consejeros que integran la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Cuarto. Por secretaría general NOTIFICAR la presente providencia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; al Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado como terceros interesados en las resultas del proceso.

Quinto. INFORMAR a los accionados y a los terceros interesados que si a bien lo tienen, pueden allegar las pruebas y/o rendir los informes que consideren pertinentes sobre los fundamentos de la solicitud que se admite.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela - importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. C. P. María Elizabeth García González.

(2) Consejo de ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso. Ref.: Exp. 2013-06871-01. Acción de tutela - importancia jurídica. Actor: Gustavo Petro Urrego. C. P. Alfonso Vargas Rincón.