Auto 2014-01602 de octubre 6 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Ref.: Expediente 11001031500020140160200 (PI)

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Recurso ordinario de súplica

Actor: Pablo Bustos Sánchez

Demandado: Representante a la Cámara Holger Horacio Díaz Hernández

Bogotá, D.C., seis de octubre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

II.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer y decidir el recurso ordinario de súplica interpuesto por el señor Pablo Bustos Sánchez frente a la providencia a través de la cual se resolvió denegar el decreto y la práctica de unas pruebas, por las siguientes razones:

El artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, regula lo atinente a las decisiones susceptibles del recurso de apelación así:

“ART. 243.—Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales y de los jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda

2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.

3. El que ponga fin al proceso

4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.

5. El que resuelva la liquidación de los perjuicios.

6. El que decreta las nulidades procesales.

7. El que niega la intervención de terceros.

8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.

9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.

Los autos a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia”.

“El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los numerales 2º, 6º, 7º y 9º de este artículo, que se concederán en el efecto devolutivo.

“PAR.—La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rija por el procedimiento civil”.

La Sala reitera que la norma en comento incorporó dos reglas para la procedencia del recurso de apelación de autos: la primera está referida a la naturaleza de la decisión, razón por la cual estableció un listado de providencias pasibles de impugnación, y la segunda es atinente al aspecto subjetivo, esto es, el concerniente al juez que los profiere(1).

Sobre este último aspecto, resulta evidente el trato diferencial del precepto normativo respecto de la actuación de los jueces unipersonales frente a los colegiados, en lo que atañe a la procedencia del recurso dentro de los procesos tramitados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En efecto, mientras que el legislador consagró en el precitado artículo 243 que los autos allí enumerados(2), que hayan sido proferidos por los Jueces Administrativos, son susceptibles del recurso de apelación, en tratándose de decisiones adoptadas por los Tribunales Administrativos únicamente serán objeto de alzada las contenidas en los numerales 1º, 2º, 3º y 4º de dicha disposición, es decir, aquellos que pongan fin al proceso, los que rechacen la demanda, los que decreten una medida cautelar y los que aprueben una conciliación prejudicial o judicial.

Como se observa, lo que hizo el legislador, en el marco de los principios de celeridad y eficacia que rigen toda actuación dentro de la administración de justicia, fue limitar las decisiones interlocutorias que pueden ser objeto del recurso de apelación, de tal forma que tan sólo lo serán las contenidas en los numerales 1º a 4º del artículo 243, cuando se trate de asuntos tramitados, se repite, en tribunales administrativos u órganos colegiados.

Lo anterior tiene sentido, en la medida que guarda armonía y coherencia con lo establecido en el artículo 125 del CPACA, norma que consagra lo referente a la competencia para la expedición de providencias dentro de los procesos tramitados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en la cual se dispuso que “en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 del Código serán de la Sala, excepto en los procesos de única instancia”.

De esta manera, es dable colegir que si bien es cierto que, cuando se trata de jueces colegiados, los autos señalados en los primeros cuatro numerales del artículo 243 plurimencionado(3) deben ser proferidos por la Sala y, por ende, son susceptibles del recurso de apelación, también lo es que los autos interlocutorios a que hacen referencia los numerales 5º a 9º ejusdem, por tratarse de decisiones expedidas por el ponente, dada la expresa voluntad del legislador, escapan del control a través del recurso de alzada, a menos que cualquier otra disposición del CPACA les otorgue el carácter de auto apelable, como ocurre en los eventos consagrados en los artículos 180.6, 193, 226, 232, 240, 241, entre otros.

Ahora, el artículo 246 del CPACA dispone que el recurso súplica procede contra los autos que por su naturaleza son apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia.

La naturaleza apelable de los autos debe definirse en los términos del artículo 243 del CPACA y de las demás normas concordantes, toda vez que la intención del legislador fue clara en el sentido de que sólo serán apelables los que expresamente se consagren como tales, como lo establece el parágrafo del mencionado artículo 243, en los siguientes términos:

“PAR.—La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rija por el procedimiento civil”.

En este contexto, atendiendo la regla general formulada con base en el derecho a la impugnabilidad de las providencias —artículo 31 de la Constitución Política—, considera la Sala que toda vez que el numeral 9º del artículo 243 señala que el auto que deniegue el decreto o práctica de pruebas por su naturaleza es apelable y que el presente proceso se tramita en única instancia en los términos del artículo 1º de la Ley 144 de 1994(4), el recurso procedente es el de súplica, motivo por el cual debe ser decidido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

II.2. El caso concreto.

La Ley 144 de 1994, por medio de la cual se establece el procedimiento de pérdida de investidura de los Congresistas, regula en sus artículos 9º y 10 la solicitud y decreto de pruebas; disposiciones normativas que reiteran los principios de conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba, establecidos en los artículos 164, 167 y 168 del Código General del Proceso, CGP(5), que al respecto disponen:

“ART. 164.—Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho”.

“ART. 167.—Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.

“ART. 168.—Rechazo de plano. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.

Por su parte, la regulación en cuanto al interrogatorio de parte y la prueba testimonial se refiere, se encuentra en los artículos 198, 208, 212 y 213 del mencionado estatuto procesal(6).

De conformidad con las citadas normas, en atención a los argumentos que sustentan el recurso de súplica y teniendo en cuenta la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, la Sala revocará parcialmente la providencia recurrida por las siguientes razones:

II.2.1. Interrogatorio de parte del Congresista Holger Horacio Díaz Hernández.

En razón a la altísima dignidad que supone el ejercicio del cargo de Congresista de la República y dada la importancia de la institución parlamentaria dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho, la Constitución Política ha previsto una sanción especialmente “drástica” para las infracciones cometidas por ellos, consistente en la pérdida de tal calidad, concurrente con la inhabilitación permanente para el ejercicio de cargos de elección popular.

El carácter sancionatorio que tiene el proceso de pérdida de investidura se deriva del ejercicio del “ius puniendi” del Estado, por lo que la actuación correctiva está gobernada por las reglas del derecho de defensa y por el respeto de las garantías constitucionales(7), específicamente por la prohibición de la autoincriminación que se encuentra consagrada en el texto del artículo 33 de la Constitución Política(8). La disposición en comento dispone:

“ART. 33.—Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.

Respecto de la aplicación del principio de no autoincriminación, la Corte Constitucional, en Sentencia C-426 de 1997(9), señaló que esta garantía solo podía ser “en los asuntos criminales, correccionales y de policía”, e hizo referencia a las palabras de José María Samper quien afirmaba que “en otras Constituciones de la República había figurado esta disposición, y era necesario mantenerla o restablecerla, dado que es abiertamente inmoral que la ley obligue a alguna persona, contra natura, a declarar, en asunto de que pueda resultar pena (criminal, correccional o de policía), contra sí mismo o contra sus parientes más cercanos”.

Sin embargo, posteriormente, la misma Corporación(10) sostuvo que la norma constitucional tenía una mayor amplitud y que era exigible en todos los ámbitos de la actuación de las personas; al respecto precisó:

"Considera la Corte que más que a la naturaleza específica de los asuntos de que se trate debe atenderse como criterio preponderante, definidor del ámbito de aplicación de la regla contenida en el artículo 33 constitucional, el carácter relevante de la información en función de la protección de la garantía de no autoincriminación, que se repite, puede proyectarse en los más variados ámbitos de la interrelación de las personas con el Estado”.

Ahora bien, el alcance y la aplicación del principio de no autoincriminación, así como la correlativa improcedencia del interrogatorio de parte en procesos de pérdida de investidura, ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Sala Plena de esta Corporación(11), en los que se ha sostenido que los Congresistas demandados no están obligados a declarar contra sí mismos en razón al especial régimen de sujeción en que se encuentran. Al respecto, la Sala prohíja lo sostenido por esta Corporación en las siguientes providencias:

1. Auto interlocutorio de 20 de mayo de 2003, radicación 2003-0001 (PI-059), Actor: Pablo Bustos Sánchez, C.P. Dr. Tarsicio Cáceres Toro.

“En varios procesos de pérdida de investidura ha sido negada esta prueba tal como ocurrió en el auto de 29 de mayo de 2000 en el proceso AC-9875, C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, al desatar el recurso de reposición donde se revocó la concesión de dicha prueba, con los siguientes argumentos:

“… el proceso de pérdida de investidura, de acuerdo con reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional y de esta Corporación, tiene naturaleza disciplinaria de muy especiales características, en cuanto entraña la imposición de una pena, que además viene a ser la más drástica de todas las consagradas en esta materia, en cuanto el sancionado queda permanentemente inhabilitado para desempeñar cargos de elección popular.

Desde esta perspectiva bien puede asimilarse dicho proceso al de estirpe penal y, en consecuencia, le es aplicable la prohibición consagrada en el artículo 33 de la Carta Política, habida consideración de que el interrogatorio de parte está instituido para provocar la confesión del declarante, la cual conlleva que éste, necesariamente, admita hechos que lo perjudican”.

2. Sentencia de 11 de marzo de 2008, radicación 2007-01054. Actora: Brigitte Agudelo Patiño, C.P. Dra. Susana Buitrago Valencia.

“Según jurisprudencia del Consejo de Estado, en los procesos de pérdida de investidura no es jurídicamente de recibo interrogar bajo juramento al enjuiciado, con miras a obtener de él una confesión judicial puesto que tal procedimiento encaja en la prohibición prevista por el artículo 33 de la Constitución Política”.

3. Auto interlocutorio de 13 de julio de 2010, radicación 2010-00183. Actor: Pablo Bustos Sánchez, C.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.

“Así lo ha precisado la jurisprudencia del Consejo de Estado que, de forma consistente, ha sostenido que en los procesos de pérdida de investidura no se puede interrogar al enjuiciado bajo juramento, para obtener de éste una confesión.

Lo anterior, porque la prohibición del artículo 33 Superior no se restringe a los procesos penales, por el contrario, tiene un campo de aplicación amplio en el que es viable considerar que para el proceso de pérdida de investidura también aplica la prohibición, dado el carácter punitivo que lo caracteriza, pues, es la vía para imponer a los congresistas la sanción más drástica de la que pueden ser objeto”.

En este orden de ideas, en el sub lite y como bien lo expuso el Despacho Sustanciador, no resulta admisible el medio de prueba referido en los juicios de pérdida de investidura por “la evidente oposición entre dicha prueba y la naturaleza de la causa”. En efecto, la jurisprudencia ha sido pacífica en sostener que en esta clase de proceso el interrogatorio de parte implica, per se, la búsqueda de una confesión, lo cual a la luz de las garantías constitucionales no resulta admisible. Así lo reiteró la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, cuando en sentencia de 25 de marzo de 2009 (exp. 2002-00079-01), reiterada el 22 de abril de 2014 (exp. SC4809-2014), precisó: “no puede confundirse la confesión con la declaración de parte, habida cuenta que la confesión es un medio de prueba por el cual la parte capacitada para ello relata en forma expresa, consciente y libre hechos personales o que conoce, y que a ella le son perjudiciales, o por lo menos resultan favorables a la contraparte. La última es la versión rendida a petición de la contraparte o por mandato judicial oficioso, por medio de la cual se intenta provocar la confesión judicial … En consecuencia, la declaración de parte solo adquiere relevancia probatoria en la medida en que el declarante admita hechos que lo perjudiquen o, simplemente, favorezcan al contrario”.

De conformidad con lo expuesto, no resultan válidas las consideraciones del recurrente consignadas en el numeral 1.4.1 de esta providencia, en tanto el propósito fundamental del interrogatorio de parte, como medio de prueba, precisamente radica en provocar la confesión del declarante; por tal razón la Sala confirmará la decisión como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

II.2.2. Testimonios del señor Carlos Gustavo Palacino Antía, en su calidad de expresidente de Saludcoop EPS y del doctor Luis Eduardo Montealegre Lynett, Fiscal General de la Nación.

En cuanto a la negativa del decreto y práctica de las pruebas testimoniales, la Sala recuerda que tal decisión obedeció al incumplimiento, por parte del peticionario de la prueba, de los requisitos previstos en el artículo 212 del Código General del Proceso, asociados al deber de suministrar el domicilio, residencia y lugar donde pueden ser citados los declarantes; e, igualmente, a la omisión del solicitante en enunciar los hechos objeto de la prueba.

II.2.2.1. Testimonio del señor Carlos Gustavo Palacino Antía.

El actor solicitó la recepción del testimonio del señor Carlos Gustavo Palacino Antía en los siguientes términos:

“… para que deponga de cuanto sepa y conozca sobre los hechos de la presente demanda, a saber:

Dr. Carlos Palacino, en su calidad de presidente o gerente general de Saludcoop y su grupo empresarial, cuya dirección de residencia bajo la gravedad del juramento desconozco, pero que puede ser aportada por EL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, DR. EDUARDO MONTEALEGRE, para lo cual solicito se le interrogue y/o oficie, quien en razón de los servicios profesionales prestados a SALUDCOOP como apoderado, así como su grado de amistad, así como en virtud del cargo que ostenta donde el mismo deponente ha sido recibido en declaración conoce dicho paradero del mismo en la ciudad de MIAMI, en cuyo consulado se realizará la diligencia” (fls. 17 y 18, cdno. 1).

De la lectura del escrito contentivo de la solicitud de pruebas, la Sala advierte, como lo expuso el Despacho Sustanciador, que el demandante no dio cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 212 del Código General del Proceso, pues aunque aludió al objeto de la prueba, omitió señalar la dirección de notificación del testigo, argumentando que la misma podía ser aportada por el señor Fiscal General de la Nación, Dr. Eduardo Montealegre (…) quien en razón de los servicios profesionales prestados a Saludcoop, (…) así como en virtud de cargo que ostenta (…) conoce dicho paradero en la ciudad de MIAMI”; información que además de imprecisa resulta insuficiente para efectos de garantizar la comparecencia del precitado testigo.

Igualmente se aprecia que al momento en que el actor hizo alusión al objeto del testimonio del doctor Palacino Antia, se refirió genéricamente a que dicho declarante se manifestaría respecto de “cuanto sepa y conozca sobre los hechos de la presente demanda”, sin efectuar precisiones adicionales.

Sin perjuicio de lo anterior, nótese que la versión que de los hechos llegue a rendir el expresidente de Saludcoop ESP, permitirá establecer la veracidad o no de los supuestos fácticos y jurídicos que sirvieron de fundamento a la demanda de pérdida de investidura instaurada por el señor Pablo Bustos Sánchez. Para ratificar lo anterior cabe traer a colación el contenido mismo de los supuestos jurídicos y fácticos que en palabras del actor, permiten afirmar la configuración de las causales de tráfico de influencias y de violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, que se atribuyen al demandado. Dice la demanda:

“1. En su calidad de representante a la Cámara por el Departamento de Santander, haber exigido y percibido irregularmente dinero de CARLOS PALACINO y/o o del Grupo Saludcoop, por su gestión parlamentaria y legislativa a favor de dicho grupo.

2. Haber participado en la deliberación y decisión de la Reforma a la Salud hallándose en conflicto de intereses derivado del vínculo de su esposa con CARLOS PALACINO y/o GRUPO SALUDCOOP, así como de la percepción o gestión de ingresos o recursos procedentes de Saludcoop” (fl. 3, cdno. ppal. Mayúsculas del original).

Sumado a lo anterior, no puede pasar desapercibido el hecho consistente en que el actor afirma en la demanda la existencia de un “correo electrónico, en poder de Contraloría que salió de la cuenta holgerdiaz@hotmail.com a la del presidente de Saludcoop Carlos Palacino carlospalacino@hotmail.es. Y que dice: “Buenas noches, te envío el texto definitivo del proyecto aprobado en las comisiones séptimas te quiero molestar porque hace dos meses no han vuelto a consignar, NIT 804010319-3. Muchas gracias Holger” (fl. 4, cdno. ppal. resaltado y subrayado del texto).

Con base en lo expuesto, el medio de prueba busca, entonces, que el doctor Palacino Antia testifique sobre su conocimiento respecto de los supuestos fácticos que estructuran las causales de tráfico de influencias y de violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, que estructuran la demanda de pérdida de investidura, especialmente los atinentes a: (i) formas y períodos de vinculación —laboral o contractual— que tuvo con Saludcoop ESP la cónyuge del demandado; (ii) información respecto del contenido del correo electrónico antes referido, y (iii) conocimiento respecto de los aportes presuntamente recibidos por el Congresista demandado, de conformidad con lo consignado en el citado correo electrónico.

De allí que la Sala considere que la prueba en mención resulta pertinente y útil para esclarecer la controversia que nos ocupa, siendo válido hacer alusión al pronunciamiento que en un caso similar al que nos ocupa, profirió la Sala Plena de esta Corporación, la que al resolver un recurso de súplica interpuesto frente al auto que negó el decreto y práctica de unos testimonios por falta de precisión en cuanto al objeto de la prueba(12), consideró lo siguiente:

“La Sala observa, que los testimonios en los que insiste el demandado tienen por objeto demostrar las circunstancias que rodearon los hechos con fundamento en los que se estructura la causal de pérdida de investidura, razón por la cual, contrario a lo que se afirmó en el auto suplicado, son pertinentes, conducentes y necesarios, por lo que se decretarán en esta providencia”.

Ahora bien, en lo que atañe a la falta de suministro, por parte del actor, de los datos relacionados con el domicilio, la residencia y el lugar donde puede ser citado el testigo, también resulta pertinente aludir al auto de 13 de julio de 2010, en el que se resolvió un caso similar al que nos ocupa, en los siguientes términos(13):

“En cuanto a la falta de dirección para citar a quienes se quiere interrogar como testigos, esta circunstancia no autoriza por sí a denegar la solicitud de su comparecencia. Corresponde privilegiar la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial y aplicar la interpretación más favorable de las normas. Por ello, antes de negar la prueba nada impide averiguar sobre el posible lugar de la citación de los testigos”.

En este mismo sentido, debe resaltarse que obran en el expediente copias de las actuaciones penales y disciplinarias que tanto la Fiscalía General de la Nación (fls. 295 y 296) como la Procuraduría General de la Nación (fls. 166 y 167), adelantaron o adelantan en contra del doctor Carlos Gustavo Palacino Antia, por lo que resulta pertinente obtener, a través de dichos organismos, el domicilio y lugar de residencia actual del señalado testigo.

A manera de conclusión, es de advertir que el juez, dentro del proceso de pérdida de investidura, debe proveerse de los medios de prueba necesarios para determinar, de acuerdo con las reglas de la sana crítica(14), si los hechos alegados en la demanda se adecúan o no a la causal o causales invocadas por el actor.

En este contexto, atendiendo la necesidad de la prueba, y en aras de privilegiar el derecho sustancial frente al procedimental o adjetivo, la Sala revocará el auto suplicado y, en su lugar, dispondrá que se provea lo necesario para la recepción del testimonio solicitado.

II.2.2.2. Testimonio del doctor Luis Eduardo Montealegre Lynett - Fiscal General de la Nación.

El actor solicitó la recepción del testimonio del Fiscal General Luis Eduardo Montealegre Lynett, en los siguientes términos:

“… para que deponga de cuanto sepa y conozca sobre los hechos de la presente demanda, a saber: (…)

EL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, DR. EDUARDO MONTEALEGRE, a quien solicito se interrogue sobre los hechos de la demanda y su contestación en razón de los multimillonarios servicios profesionales prestados a SALUDCOOP como apoderado y asesor en el área de salud —tras haber sido Presidente de la Corte Constitucional, y Viceprocurador General de la Nación—, así como su grado de amistad personal, y vecindad, con CARLOS PALACINO cabeza del GRUPO SALUDCOOP, así como en virtud del cargo que ostenta donde el mismo deponente ha sido recibido con relación a los mentados hechos” (fl. 18, cdno. ppal., Mayúsculas del original).

De la lectura de la solicitud en comento, la Sala observa que la misma no cumple con los requisitos exigidos por los artículos 164 y 168 del Código General del Proceso.

En efecto, la Sala estima, como lo consideró el Consejero Ponente, que el actor pretende, sin efectuar precisiones adicionales, que se recaude el testimonio del señor Fiscal General de la Nación para que declare sobre los hechos de la demanda y su contestación, “en razón” a “los multimillonarios servicios profesionales prestados a SALUDCOOP como apoderado y asesor en el área de salud”, así como por “su grado de amistad personal, y vecindad, con CARLOS PALACINO”; lo que significa que la petición de declaración invoca como elementos justificantes: (i) las sumas canceladas por Saludcoop S.A. ESP al entonces abogado litigante Luis Eduardo Montealegre Lynett, con ocasión de los servicios profesionales prestados por éste a aquella entidad, y (ii) la amistad y vecindad del mismo doctor con el doctor Carlos Gustavo Palacino Antía. Así las cosas, no resulta posible encontrar relación alguna entre el objeto de dicha prueba y los hechos que sustentan las causales de pérdida de investidura invocadas frente al Congresista demandado, doctor Holger Horacio Díaz Hernández, referidas éstas al tráfico de influencias y conflicto de intereses.

De esta manera, para la Sala es una prueba de la que no es posible predicar la pertinencia ni su utilidad, razón por la que se mantendrá la decisión de no decretarla.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena,

RESUELVE:

1. REVÓCASE parcialmente el numeral 2º de la providencia suplicada, esto es, el auto de 10 de abril de 2015, proferido en Sala Unitaria por el Consejero Alfonso Vargas Rincón, magistrado encargado del Despacho de la exconsejera Bertha Lucía Ramírez de Páez. En su lugar, DECRÉTASE el testimonio del señor Carlos Gustavo Palacino Antía, para lo cual el Magistrado Ponente deberá disponer lo necesario para su práctica, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. CONFÍRMASE en lo demás el auto recurrido, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese y cúmplase.»

1 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia de 25 de junio de 2014, radicación 2012-00395, M.P. Dr. Enrique Gil Botero.

2 Numerales 1º a 9º.

3 Se dejan a salvo las disposiciones especiales que consagran la procedencia del recurso de apelación dentro del articulado del estatuto procesal. Ver Sentencia C-329 de 27 de mayo de 2015. Corte Constitucional, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.

4 Artículo 1º de la Ley 144 de 1994. “El Consejo de Estado en pleno conocerá y sentenciará en única instancia los procesos relativos a la pérdida de la investidura de los Congresistas a solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución”.

5 Normas aplicables a los procesos de pérdida de investidura al no existir regulación en la Ley 144 de 1994. Al respecto ver auto de 6 de julio de 2015, radicación 2015-1564, M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

6 “ART. 198.—Interrogatorio de las partes. El juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso.

Las personas naturales capaces deberán absolver personalmente el interrogatorio.

Cuando una persona jurídica tenga varios representantes o mandatarios generales cualquiera de ellos deberá concurrir a absolver el interrogatorio, sin que pueda invocar limitaciones de tiempo, cuantía o materia o manifestar que no le constan los hechos, que no esté facultado para obrar separadamente o que no está dentro de sus competencias, funciones o atribuciones. Para estos efectos es responsabilidad del representante informarse suficientemente.

Cuando se trate de incidentes y de diligencias de entrega o secuestro de bienes podrá decretarse de oficio o a solicitud del interesado el interrogatorio de las partes y de los opositores que se encuentren presentes, en relación con los hechos objeto del incidente o de la diligencia, aun cuando hayan absuelto otro en el proceso.

Si se trata de terceros que no estuvieron presentes en la diligencia y se opusieron por intermedio de apoderado, el auto que lo decrete quedará notificado en estrados, no admitirá recurso, y en él se ordenará que las personas que deben absolverlo comparezcan al juzgado en el día y la hora señalados; la diligencia solo se suspenderá una vez que se hayan practicado las demás pruebas que fueren procedentes.

Practicado el interrogatorio o frustrado este por la no comparecencia del citado se reanudará la diligencia; en el segundo caso se tendrá por cierto que el opositor no es poseedor (…).

“ART. 208.—Deber de testimoniar. Toda persona tiene el deber de rendir el testimonio que se le pida, excepto en los casos determinados por la ley”.

“ART. 212.—Petición de la prueba y limitación de testimonios. Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba”.

El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba, mediante auto que no admite recurso”.

“ART. 213.—Decreto de la prueba. Si la petición reúne los requisitos indicados en el artículo precedente, el juez ordenará que se practique el testimonio en la audiencia correspondiente”.

7 Corte Constitucional. Sentencia C-207 de 2003, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.

8 Lo anterior guarda coherencia con el artículo 8º de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a “no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”.

9 Corte Constitucional. Sentencia C-426 de 1997, M.P. Dr. Jorge Arango Mejía.

10 Corte Constitucional. Sentencia C-422 de 2002, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis.

11 Ver entre otras las siguientes providencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: Auto de 7 de julio de 2006, radicación 2006-00192, C.P. Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá); Sentencia de 11 de marzo de 2008, radicación 2007-01054, C.P. Dra. Susana Buitrago Valencia; Sentencia de 27 de marzo de 2008, radicación 2007-00521, C.P. Dra. Martha Sofía Sanz Tobón.

12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 2 de agosto de 2011, radicación 2010-1324, C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 13 de julio de 2010, radicación 2010-00183, C.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.

14 Artículo 176 del Código General del Proceso, CGP.