Auto 2014-03008 de octubre 30 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Magistrado Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Rad.: 11001-03-15-000-2014-03008-00(PI)

Actor: Mónica Adriana Segura González

Demandado: Juan Carlos Rivera Peña

Bogotá, D.C., treinta de octubre de dos mil catorce.

Se decide sobre la admisión de la demanda de pérdida de investidura presentada por la abogada Mónica Adriana Segura González, que solicitó que “se declare la Pérdida de Investidura tanto de Diputado como de Representante a la Cámara del ciudadano Juan Carlos Rivera Peña”.

El presente caso, ab initio, presenta ciertas particularidades fácticas y jurídicas que obligan al juez a ejercer los poderes que tiene sobre las demandas abiertamente improcedentes, en aras de asegurar el cumplimiento de los principios de eficacia, celeridad y economía, principios que gobiernan la función pública judicial.

Antecedentes

En los antecedentes la sala unitaria expondrá una síntesis de los hechos alegados por la parte actora y dos datos o elementos relevantes, que son bien conocidos y que servirán para sustentar esta decisión.

1. Hechos extraídos de la demanda.

De la propia demanda, se destacan los siguientes hechos:

Que el señor Juan Carlos Rivera Peña fue elegido diputado del departamento de Risaralda, para el periodo 2012-2015.

Que, el 29 de noviembre de 2013, el señor Rivera Peña presentó renuncia ante la asamblea departamental de Risaralda.

Que, el 30 de noviembre de 2013, la asamblea departamental de Risaralda le aceptó la renuncia a Juan Carlos Rivera Peña.

Que, el 6 de diciembre de 2013, Juan Carlos Rivera Peña se inscribió como candidato a la Cámara de Representantes por Risaralda, con el aval del Partido Conservador.

Que, el 9 de marzo de 2014, se llevaron a cabo las elecciones para el Congreso de la República, en las que resultó elegido Juan Carlos Rivera Peña, como Representante a la Cámara por Risaralda, para el periodo legislativo 2014-2018, según da cuenta el formulario E-26 del Consejo Nacional Electoral.

Dos elementos relevantes que la sala unitaria destaca para sustentar esta decisión:

1. Elemento normativo. Existe el numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, que elimina la inhabilidad relacionada con la coincidencia de periodos, si media renuncia de uno de los destinos, previamente a la elección del cargo al que luego se aspira. Y este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional, por Sentencia C-093 de 1994, que hizo tránsito a cosa juzgada.

2. Elemento judicial. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por sentencia del 8 de octubre de 2014, acaba de negar la nulidad de la elección como congresista del señor Juan Carlos Rivera Peña, nulidad que se había pedido por la supuesta inhabilidad para ser congresista después de haber renunciado al cargo de diputado de la asamblea departamental de Risaralda, esto es, por los mismos hechos en que se funda la demanda de pérdida de investidura cuya admisión se estudia.

2. Argumentos de la demanda de pérdida de investidura.

Para sustentar la pretensión de la demanda de pérdida de investidura, la señora Mónica Adriana Segura González ha alegado, en síntesis, lo siguiente:

Que, conforme con el artículo 179-8 C.P., el congresista Juan Carlos Rivera Peña estaba inhabilitado porque antes había sido elegido para más de una corporación pública y coinciden de manera parcial los periodos para ejercer como diputado y representante a la cámara por Risaralda.

Que la renuncia presentada por Juan Carlos Rivera Peña para ejercer como diputado de Risaralda no hace desaparecer la inhabilidad, pues así se puede entender de la interpretación literal del artículo 179-8 C.P.

Que si bien tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han concluido que la renuncia aceptada sí hace desaparecer la inhabilidad en cuestión, lo cierto es que existen ciertas posiciones jurídicas en sentido contrario(1). Que, por tanto, se justifica estudiar este caso para cambiar la tesis jurisprudencial imperante y establecer que la renuncia no sanea la inhabilidad del artículo 179-8 C.P.

Consideraciones

El despacho anticipa que rechazará la demanda de investidura, básicamente por dos razones: i) porque la demandante no cumplió con la carga de invocar la causal de inhabilidad en que habría incurrido el congresista demandado y ii) porque lainhabilidad que se imputa al demandado ya fue desestimada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, al resolver la pretensión de nulidad contra el acto de elección.

1. Imposibilidad jurídica de acreditar el cumplimiento del requisito previsto en el literal c) del artículo 4º de la Ley 144 de 1994, esto es, la obligación del demandante de invocar y sustentar la causal de pérdida de investidura.

El literal c) del artículo 4º de la Ley 144 de 1994 establece que en la demanda debe invocarse “la causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y; su debida explicación”. Esa exigencia supone, como es obvio, que la conducta denunciada esté prevista como causal de pérdida de investidura de congresista e impone la obligación al demandante de ofrecer razones que demuestren que la conducta encaja en la causal.

Empero, no basta con que la causal se identifique formalmente, es decir, que simplemente se invoque una norma. Lo importante es que el demandante cumpla con la carga de explicar con precisión los fundamentos de hecho y de derecho en que se funda la pretensión de pérdida investidura. Que la pérdida de investidura sea una acción pública, esto es, que pueda ser ejercida por cualquier ciudadano, no significa que la demanda pueda presentarse sin ningún rigor jurídico y por fuera de un marco razonable sujeto al ordenamiento propio de la acción judicial. Todo lo contrario, la exigencia cobra mayor importancia porque la institución de la pérdida de investidura cuestiona la conducta de un ciudadano y pone en duda la dignidad para ejercer como congresista, quedando así comprometidos los derechos fundamentales al buen nombre y el derecho a ser elegido.

La demanda, entonces, viene a ser una especie de acusación que debe formularse con la mayor precisión posible no solo para que el congresista pueda ejercer los derechos de defensa y contradicción, sino para que el juez cuente con un marco delimitado y examine la conducta del demandado, a la luz del régimen jurídico de la pérdida de investidura, se insiste.

En la Sentencia C-273 de 2012, la Corte Constitucional estimó que las garantías de defensa y contradicción son las que mayor riesgo corren en el proceso de pérdida de investidura, “pues, a más del corto tiempo que se tiene para responder la demanda —tres días, de acuerdo con el artículo 9º de la Ley 144 de 1994—, sería una carga desproporcionada el no tener claridad sobre el concepto de la acusación, en orden a establecer con precisión cuál es el camino para controvertir, matizar o, simplemente, aceptar lo expresado en la solicitud”. La Corte explicó que:

“... la exigencia de debida explicación de la forma en que para el caso concreto opera la causal invocada, no solo i) no resulta una exigencia desproporcionada para quien solicita el levantamiento de la investidura de un miembro del Congreso; sino que, además, ii) supone una garantía al derecho de defensa del sujeto pasivo de dicha solicitud, pues sabrá de forma específica cómo, en concepto del demandante, una situación fáctica dada encuadra dentro de una causal de pérdida de investidura.

Contrario sensu, la indeterminación de cómo unos hechos expuestos en el escrito de demanda implican la concreción de una causal de pérdida de investidura, obligaría al demandado a suponer, a presumir e, incluso, adivinar las razones, los matices y el camino argumentativo de la posible acusación y, además, a defenderse de la misma. Esto a todas luces ubica al derecho a la defensa ante un riesgo desproporcionado, no sólo por el doble trabajo de hacer cábalas sobre la acusación y responderlas en la contestación de la demanda, sino, además, porque es posible que el juez natural de la causa entienda de forma diferente el sentido de la acusación y, por consiguiente, convierta en fútil la defensa del sujeto pasivo en el proceso de pérdida de investidura”.

En el sub lite, la demandante alegó que Juan Carlos Rivera Peña incurrió en la inhabilidad prevista en el numeral 8 del artículo 179 C.P.(2) porque fue elegido para más de una corporación pública (la asamblea departamental de Risaralda y el Congreso de la República) en periodos que se superponen de manera parcial (2012-2015, el de la asamblea departamental, y 2014-2018, el del congreso). Según la actora, la renuncia como diputado no habilitaba al señor Rivera Peña para inscribirse como candidato del Partido Conservador para la cámara de representantes por Risaralda ni menos para ser elegido. Y como eso no ocurrió, que, entonces, hay que castigar al señor Rivera Peña con pérdida de investidura.

En apariencia, la causal está identificada y estarían consignadas las razones que justifican la pretensión de la demanda. Empero, el despacho advierte que la abogada Mónica Adriana Segura González lo que pretende es imponer una interpretación personal de la causal de inhabilidad, diferente a la que expuso la Corte Constitucional en la Sentencia C-093 de 1994 cuando examinó la constitucionalidad del numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992(3), norma que, en esencia, coincide con la inhabilidad del artículo 179-8 C.P., y estimó que la renuncia aceptada sí habilitaba a una persona para inscribirse como candidato a otra corporación pública, así coincidan los periodos.

Es decir, la demandante está sosteniendo que la interpretación de la causal de inhabilidad que hizo la Corte Constitucional desbordó el espíritu del artículo 179-8 C.P. porque no es cierto que la renuncia aceptada haga desaparecer la inhabilidad. Que, por tanto, es pertinente que la Sala Plena del Consejo de Estado avoque el conocimiento de esta demanda de pérdida de investidura y acoja su particular interpretación, lo que, según la actora, mejoraría la interpretación de la inhabilidad.

En aquella sentencia la Corte Constitucional manifestó:

“De conformidad con el numeral 8º, del artículo 179 de la Constitución, le está prohibido a cualquier ciudadano ser elegido simultáneamente para más de una corporación o cargo público, o para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. De ahí que la norma en referencia utiliza la expresión ‘nadie podrá’, para cobijar en la mencionada prohibición a todos los ciudadanos.

Lo anterior implica, no solamente la imposibilidad de ejercer simultáneamente dos cargos, para más de una corporación o empleo público, sino también, la prohibición previa de la elección como congresista en las circunstancias anotadas, lo que equivale a entender que quien aspire a esta dignidad, no podrá encontrarse como concejal o diputado, ni tampoco tener la calidad de servidor público, en el momento de la inscripción como candidato al Congreso, salvo la de Senador o Representante a esa corporación. En dicho caso, se requiere haberse formalizado la renuncia correspondiente en ese momento, a fin de evitar que el concejal o diputado o servidor público candidato a congresista pudiese estar dentro de la prohibición de que trata el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política”.

A juicio del despacho, la interpretación que quiere imponer la demandante desconoce que la argumentación vertida en la Sentencia C-093 de 1994 viene a integrarse al propio texto del artículo 280-8 de la Ley 5ª de 1992. De modo que en el orden jurídico vigente la renuncia a una corporación pública permite que el ciudadano que renuncie sí pueda aspirar a otra corporación, así coincidan los periodos. Y es obvio que la acción de pérdida de investidura no tiene por objeto “mejorar” la interpretación de la causal de inhabilidad.

Siendo así, el despacho no encuentra cumplido el requisito de identificar y sustentar la causal, pues lo cierto es que los supuestos de hecho y de derecho en que se funda la demanda indican que la conducta que se atribuye al congresista Juan Carlos Rivera Peña no es causal de pérdida de investidura.

Se insiste, no basta la invocación formal, sino la invocación material de la causal para que exista real certeza de cuál es la conducta que se atribuye al congresista demandado. Si el juez de la pérdida de investidura advierte, ab initio, la evidencia de que no hay causal de inhabilidad porque los supuestos en que se funda la demanda no encajan en la causal, o encajan en la salvedad, lo procedente es que se abstenga de tramitar una demanda que se anticipa impróspera.

2. De la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que concluyó que el congresista Juan Carlos Rivera Peña no incurrió en la inhabilidad del artículo 179-8 C.P.

La sala unitaria conoce que Mónica Adriana Segura González también promovió acción electoral para que se anulara la elección de Juan Carlos Rivera Peña como representante a la cámara por Risaralda para el periodo 2014-2018. Y que, de hecho, mediante sentencia del 8 de octubre de 2014(4), la Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó que el congresista demandado no incurrió en la inhabilidad prevista en el artículo 179-8 C.P., esto es, la de haber sido elegido para dos corporaciones públicas en periodos coincidentes.

En esa sentencia, la Sección Quinta del Consejo de Estado se ocupó de resolver el siguiente problema jurídico: “si la renuncia al cargo de diputado a la asamblea departamental de Risaralda para el período 2012-2015, impide que se configure la inhabilidad establecida en el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política, denominada ‘coincidencia de períodos’, para ser elegido como representante a la cámara para el período 2014-2018”.

Y al resolver ese cuestionamiento, la Sección Quinta estimó que el artículo 179-8 CP debía interpretarse en el entendido de que la renuncia aceptada para ejercer en una corporación pública habilita a una persona para ser elegida en otra de esas corporaciones. A juicio de la Sección Quinta, esa interpretación era ajustada a derecho por las siguientes razones:

“1. Porque la ley consagró de manera expresa que en caso de los congresistas, la presentación y aceptación de la renuncia impide la configuración de la inhabilidad denominada ‘coincidencia de períodos’.

En efecto, el numeral 8º del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992 establece:

‘ART. 280.— Casos de inhabilidad. No podrán ser elegidos congresistas:

(...).

8. Quienes sean elegidos para más de una corporación o cargo público, o para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden con el tiempo, así sea parcialmente. Salvo en los casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o dignidad antes de la elección correspondiente’. (resaltado fuera de texto)

Aunque la ley replica lo establecido por la Constitución en el numeral 8º del artículo 179, esta consagró una excepción a la configuración de dicha inhabilidad, según la cual se encuentra plenamente facultado para ejercer un cargo público o desempeñarse en una corporación pública, incluso si los períodos se traslapan en el tiempo, quien con anterioridad a la elección correspondiente, haya presentado renuncia a la dignidad que venia (sic) desempeñando.

2. Porque, incluso si se considera que el legislador desbordó su potestad al añadir una excepción que la Constitución no contempló, el medio idóneo para denunciar dicho exceso es la acción pública de inconstitucionalidad, mecanismo que se agotó cuando la Corte Constitucional al conocer de la demanda(5) contra el numeral 8º del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, declaró, mediante Sentencia C-093 de 1994, la exequibilidad de tal precepto.

Cabe resaltar que dicha providencia es una decisión de control ‘concreto’ de constitucionalidad y que se caracteriza por: i) hacer transito (sic) a cosa juzgada absoluta y ii) tener efecto ‘erga omnes’, toda vez que la decisión allí contenida tiene efectos generales y vincula a todos los poderes públicos.

Las características de este fallo, permiten concluir que es de imperioso cumplimiento, tanto para los ciudadanos y como para el poder judicial, la decisión allí contenida.

3. Porque atendiendo al carácter de ‘ley orgánica’ de la Ley 5ª de 1992(6), debe preferirse una interpretación sistemática y armónica entre la Constitución y la ley y no una interpretación literal y exegética del artículo 179 Superior. Este argumento, adopta mayor fuerza si se tiene en cuenta, que las leyes orgánicas conforman el ‘bloque de constitucionalidad en sentido lato’ y en esa medida, sirven como ‘parámetro de interpretación de la Constitución’(7). Por ello, la inhabilidad contenida en el texto constitucional se debe entender en armonía, con la salvedad establecida por el constituyente derivado en la Ley 5ª de 1992. En consecuencia, no puede la Sala optar por una interpretación que desconozca las prescripciones que trae dicha normativa, en lo que atañe a la inhabilidad por ‘coincidencia de períodos’.

4. Porque si bien la Corte Constitucional en Sentencia C-145 de 1994 sostuvo que la renuncia no sanea o elimina la inhabilidad, variando su postura en lo que respecta a la interpretación del numeral 8º del artículo 179 Superior; este cambio jurisprudencial se presentó en un caso muy concreto.

Ciertamente, dicha aseveración se realizó cuando la Corte estudió la constitucionalidad del artículo 22 de la Ley 84 de 1993, el cual establecía en su parte final que: ‘el texto del numeral 8 del artículo 179 de la Constitución es inaplicable a Senadores y Representantes que resulten elegidos Presidente o Vicepresidente de la Nación’. Por lo anterior, es evidente que la afirmación de la Corte, se realizó en un contexto específico, en el que además aseguró que le estaba vedado al legislador establecer discriminaciones a favor de los Senadores o Representantes que aspirasen a la Presidencia o Vicepresidencia de la República.

Pese a lo anterior, como se expuso al inicio del capítulo 2º de esta providencia, el proceso de la referencia esta orientando (sic) a que el juez electoral determine si un diputado que resultó electo como Representante a la Cámara podía acceder legítimamente a este cargo, y no a establecer si un congresista podía aspirar, sin estar inhabilitado, al cargo de presidente o vicepresidente de la República. Por consiguiente, mal podría esta corporación aplicar una tesis proferida en un contexto determinado, a uno en que no tiene esas particularidades.

5. Finalmente y aunado a lo expuesto, porque se evidencia que el caso sub examine tiene más puntos de contacto con la Sentencia C-093 de 1994, toda vez que en ella se examinó si la renuncia impedía la configuración de la inhabilidad de ‘coincidencia de períodos’ en el caso de los congresistas. Por ello, el análisis ahí realizado se compagina plenamente con el problema jurídico planteado.

Es tal la relación que el caso sub judice tiene con dicha providencia, que incluso los argumentos de la demandante van encaminados a contrariar las posturas que la Corte Constitucional plasmó en aquella decisión, para lo cual usa precisamente los salvamentos de voto que en el marco de la discusión de esa providencia se produjeron. Por consiguiente, y atendiendo a los criterios de racionalidad y congruencia es evidente que es bajo la óptica adoptada en ese fallo, bajo el cual se debe analizarse la situación del señor Rivera Peña.

Así las cosas y pese a la sugestiva propuesta hermenéutica planteada por la parte demandante, no escapa a la Sala, el hecho de que el régimen de inhabilidades, en sí mismo, implica la restricción al derecho fundamental a elegir y ser elegido, y por tanto, el mayor o menor grado de limitación de éste corresponde definirlo al Constituyente o al legislador ordinario, y al juez electoral, aplicarlo e interpretarlo con el criterio hermenéutico apropiado para el cumplimiento de su finalidad.

Por ello, no puede esta Sección desconocer ni la ley ni la cosa juzgada constitucional, que avalaron la postura según la cual la renuncia a la dignidad que la persona que venia desempeñando (sic), impide la configuración de la inhabilidad contemplada en el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución.

No es ajeno para esta Sala que la Asamblea Nacional Constituyente pretendió formular un régimen de inhabilidades estricto y rígido para las personas que aspiraran a conformar el Congreso de la República, su objetivo era materializar los principios de transparencia, moralidad, probidad e idoneidad. Pese a la validez y originalidad del argumento según el cual la ‘renuncia’ no garantiza la finalidad que el constituyente previo para esta inhabilidad, se reitera que por las razones expuestas, no puede la Sala apadrinar dicha tesis.

En suma, se debe concluir que tal y como se encuentra conformado en la actualidad el ordenamiento jurídico en lo que respecta a la inhabilidad por ‘coincidencia de períodos’, es la primera interpretación la que debe adoptarse esto es, que la presentación de renuncia impide la configuración de la inhabilidad consagrada en el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución”.

Y ya al referirse al caso particular del congresista Juan Carlos Rivera Peña, la Sección Quinta explicó que la pretensión de nulidad del acto de contenido electoral no podía prosperar, por lo siguiente:

“En la parte inicial de esta providencia se evidenció que en el expediente está plenamente probado que: (i) el señor Juan Carlos Rivera Peña ejerció, con anterioridad a su elección como congresista, el cargo de diputado de la asamblea departamental de Risaralda y (ii) que los períodos del cargo de asambleísta y Representante a la Cámara, por disposición constitucional, coinciden parcialmente en el tiempo específicamente entre el 20 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.

No obstante lo anterior, no es menos cierto que: (i) el demandado presentó renuncia al cargo de diputado, acto que ‘ha sido concebido por la ley y la jurisprudencia como la expresión de la voluntad de quien la suscribe, de cesar en el ejercicio del empleo que se viene desempeñando’(8), y que (ii) dicha dimisión fue aceptada por la asamblea departamental de Risaralda el día 30 de noviembre de 2014 en sesión ordinaria en cuya acta se lee:

‘El presidente con base en el artículo quinto del reglamento [de la corporación], en la función de protocolo numeral 1º, pone en consideración [de la Asamblea], la renuncia del diputado Juan Carlos Rivera Peña a la asamblea departamental de Risaralda y es aprobada por los disputados Hugo Armando Arango, Jhon Jairo Arias, Fernán Caicedo Cuero, Alexander García Morales, Julio César Londoño Guevara, Alonso Molina Corrales, José María Rosero, Juan Carlos Rivera y Diomedes de Jesús Toro’(9).

Así las cosas, como la aceptación de la renuncia presentada por el entonces diputado Juan Carlos Rivera Peña, por parte de la asamblea departamental de Risaralda es un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, y que por lo tanto está encaminado a producir todos los efectos jurídicos que de él se derivan, aquel es suficiente para desvirtuar la materialización de la causal de inhabilidad endilgada al demandado.

En suma, es claro para la Sala que el Representante a la Cámara se encuentra amparado en la excepción contemplada en el numeral 8º del artículo 280 de la Ley 5ª del 1992, y que por consiguiente no se configuró inhabilidad alguna en cabeza del señor Juan Carlos Rivera Peña.

Es por lo anterior que el acto acusado, esto es, el de elección del señor Rivera Peña como representante a la Cámara, contenido en el formulario E-26 CA, no se encuentra viciado en su legalidad por la causal de nulidad contemplada en el numeral 5º del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

La transcripción, in extenso, de la sentencia del 8 de octubre de 2014 permite al despacho concluir que el elemento de la tipicidad de la conducta ya fue examinado por el juez de la legalidad del acto de elección (en este caso, la Sección Quinta) y, por ende, resulta inane, y contrario a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, que la Sala Plena trámite la demanda de pérdida de investidura que se sustenta en la misma causal que ya se desestimó, esto es, la del artículo 179-8 C.P.

En otras palabras: si el juez que examina objetivamente la legalidad de la elección del congresista concluye que no se configuró la inhabilidad, resulta improcedente reformular la pretensión de nulidad, pero bajo la modalidad de acción de pérdida de investidura, siendo que los hechos son idénticos.

Ahora, si bien el rechazo in limine no está expresamente autorizado en materia de pérdida de investidura, lo cierto es que se trata de un mecanismo judicial plenamente válido cuando de entrada el juez advierte la abierta improcedencia de la demanda.

El juez de la pérdida de investidura tiene plena competencia para examinar la admisibilidad de las demandas y determinar si está razonablemente fundada la pretensión, pues está siempre obligado a observar los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, que justamente podrían desconocerse si se obliga al órgano judicial a tramitar una demanda que se anticipa infundada.

Es más, es ya improcedente pretender que la Sala Plena de esta corporación decida también sobre la pérdida de la investidura de diputado que tenía Juan Carlos Rivera Peña, por cuanto la competencia se circunscribe a estudiar los casos de pérdida de investidura de congresistas.

En suma, la demanda no puede admitirse porque no se invocó materialmente la causal de inhabilidad y porque, de hecho, no es posible invocar la causal del artículo 179-8 C.P. si medió renuncia aceptada a uno de los cargos antes de la nueva elección, pues la ley estipula una salvedad nítida avalada ya por la Corte Constitucional y menos si, además, como en este caso, la Sección Quinta del Consejo de Estado ya examinó la conducta del congresista Rivera Peña y concluyó que no incurrió en la inhabilidad del artículo 179-8 C.P.

Por lo expuesto, el despacho,

RESUELVE:

1. Rechazar in limine la demanda de pérdida de investidura presentada por la abogada Mónica Adriana Segura González contra el señor Juan Carlos Rivera Peña, elegido Representante a la Cámara por Risaralda, para el periodo legislativo 2014-2018.

2. Notifíquese y, luego, archívese el expediente.

Notifíquese y cúmplase.

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas 

(1) En los folios 34-35, la demandante aludió a los salvamentos de voto de la sentencia del 10 de marzo de 2011, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, expediente 110001-03-28-000-2010-00020-00, M.P. Susana Buitrago Valencia, y a los consignados en la Sentencia C-145 de 1994 de la Corte Constitucional.

(2) Artículo 179. No podrán ser congresistas:

(…)

8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente.

(3) ART. 280.Casos de inhabilidad. No podrán ser elegidos congresistas:

(…)

8. Quienes sean elegidos para más de una corporación o cargo público, o para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden con el tiempo, así sea parcialmente.

Salvo en los casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o dignidad antes de la elección correspondiente.

(4) Expediente 1100103150002014003200, M.P. Alberto Yepes Barreiro. La magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez aclaró el voto, simplemente para decir que la Registraduría Nacional del Estado Civil no tenía legitimación en la causa para actuar como demandada en la acción electoral, por cuanto no intervino en la expedición del acto de elección, sino que cumple competencias meramente logísticas para organizar la jornada electoral.

(5) “En efecto, con similares argumentos a los expuestos por la parte demandante en este proceso, los promotores de la acción de inconstitucionalidad contra el numeral 8° del art. 280 de la Ley 5ª de 1992 señalaron que la inhabilidad contenida en el numeral 8° del artículo 179 Constitucional, no admite interpretaciones ni adiciones por parte del legislador, debido a que es una norma clara y concisa, y que por lo tanto la expresión ‘salvo que’ contenida en el artículo acusado, es contraria a la Carta Política. Asimismo, afirmaron que la salvedad establecida por el legislador hace nugatoria la inhabilidad consagrada por el Constituyente”.

(6) “Según el artículo 151 de la Constitución, por medio de las leyes orgánicas ‘se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras’. En efecto la Ley 5ª de 1992 se dictó para expedir ‘el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes’”.

(7) “Quinche Ramírez Manuel. Derecho Constitucional Colombiano de la Carta de 1991 y de sus Reformas. Editorial Universidad del Rosario. Tercera Edición. 2009, pág. 120”.

(8) “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Alfonso Vargas Rincón, sentencia de julio 29 de 2010, radicación 25000-23-25-000-2002-06703-01(0600-08), Actor: Orlando Rodríguez Avendaño, Demandado: Fiscalía General de la Nación”.

(9) “Folio 189 del expediente”.