Auto 2014-03766/1296-2015 de julio 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Exp.: 250002342000 201403766 01 (1296 - 2015)

Consejera Ponente:

Dra. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Proceso: Ejecutivo

Ejecutante: Josué Jaimes Monsalve

Ejecutado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

Trámite: Decreto 01 de 1984

Asunto: Caducidad del proceso ejecutivo se contabiliza desde la fecha en que la obligación se hace exigible, de conformidad con lo establecido por el artículo 177 del Decreto 01 de 1984

Bogotá D.C., 14 de julio de 2016

La Sala decide(1) el recurso de apelación que la parte ejecutante interpuso contra el auto de 18 de diciembre de 2014 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “C” mediante la cual se rechazó, por caducidad, la demanda ejecutiva presentada por el señor Josué Jaimes Monsalve

Antecedentes

Josué Jaimes Monsalve a través de apoderado y en ejercicio del proceso ejecutivo presenta demanda contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares con la finalidad de obtener mandamiento ejecutivo por la suma de trescientos millones ochocientos ochenta y seis mil cientos cuarenta y seis pesos ($300.886.146.00), por concepto de los valores correspondientes a la prima de actualización desde el 1º de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1995(2).

El auto apelado

Lo profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “C” el 18 de diciembre de 2014 y rechazó la demanda ejecutiva por caducidad. Para el efecto consideró que de acuerdo con la constancia que obra en el proceso(3), la sentencia de segunda instancia cobró ejecutorio el 27 de septiembre de 2002, por tanto, a partir de esta fecha se contabilizan los 5 años que dispone el literal k) del numeral 1º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 para presentar la demanda.

Manifestó que de acuerdo con el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, las condenas contra las entidades públicas se pueden ejecutar 18 meses luego de su ejecutoria.

Señaló que en este caso la ejecutoria de la sentencia se configuró el 27 de septiembre de 2002, por tanto, el plazo de los 18 meses corrieron hasta el 26 de marzo de 2004.

Concluyó que el último día para presentar la demanda era el 26 de marzo de 2009 y como se instauró el 4 de abril de 2014 para esta fecha ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la caducidad(4).

El recurso de apelación

La parte ejecutante presentó el recurso de apelación contra el auto del Tribunal y para el efecto manifestó que se trata de un proceso ejecutivo especial toda vez que consta de dos títulos: la sentencia con su confirmación y la resolución de la entidad que da cumplimiento al fallo.

Señaló que el proceso ejecutivo sirve para pedir el cumplimiento forzado de las obligaciones a cargo de las entidades públicas que consten en actos administrativos ejecutoriados o en las providencias judiciales. Agregó que por regla general en los procesos ejecutivos que se promuevan con fundamento en providencias judiciales el título ejecutivo es complejo pues está conformado por la sentencia y el acto que expide la administración en cumplimiento de aquella.

Indicó que en este caso el proceso ejecutivo se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta toda vez que la entidad demandada cumplió parcialmente la sentencia porque no se pagó la nivelación de acuerdo con el grado del demandante(5).

Consideraciones

Competencia

De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 597 de 1988, artículo 2º, y por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, el Consejo de Estado en segunda instancia, es competente para conocer el recurso de apelación. Dice la norma:

“ART. 129.—El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto de que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión” (Se resalta).

De acuerdo con la norma transcrita, en este caso, el Consejo de Estado tiene competencia para resolver el recurso de apelación que se presentó contra la providencia que rechazó la demanda ejecutiva, pues, en segunda instancia, conoce de las apelaciones contra los autos susceptibles de ser apelados como es el caso del auto mencionado.

Procedencia

En relación con la procedencia del recurso de apelación para el caso de la referencia, se debe consultar el artículo 181 del Decreto 01 de 1984 vigente para la época de los hechos. Dice la norma:

“ART. 181.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales, de los Jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus Secciones o Subsecciones, según el caso; o por los Jueces Administrativos.

1. El que rechace la demanda (…)” (Se resalta).

Se trata en este caso del recurso de apelación que la parte ejecutante presentó contra el auto de 18 de diciembre de 2014 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio del cual se rechazó la demanda, por caducidad de la acción ejecutiva, por tanto, está comprendido dentro del numeral 1º del artículo 181 del Decreto 01 de 1984, es decir, la decisión del A quo tiene recurso de apelación.

Entonces, siendo competente la Corporación y proceder el recurso de apelación que se interpuso en este asunto contra el auto que rechazó la demanda, se procede a su estudio y decisión.

El Problema Jurídico

En este caso se trata de establecer si de conformidad con el artículo 136, numeral 11 del Decreto 01 de 1984(6), en concordancia con el artículo 177 ibídem, se debe revocar o confirmar el auto de 18 de diciembre de 2014 mediante el cual se rechazó la demanda ejecutiva presentada por Josué Jaimes Monsalve, por caducidad.

Planteado el problema jurídico y antes de proceder a su resolución, se considera necesario realizar algunas precisiones respecto del título ejecutivo, así:

Del Título Ejecutivo

El Código de Procedimiento Civil al referirse al título ejecutivo, en el artículo 488, lo definió de la siguiente manera:

“ART. 422.—Títulos Ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.

La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 294”.

Conforme a la norma anterior, se pueden demandar ejecutivamente las obligaciones que reúnan las siguientes condiciones:

1. Obligaciones expresas, claras y exigibles.

2. Que emanen del deudor o de su causante, o que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.

3. Que constituyan plena prueba contra él.

Luego, la definición contenida en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil permite inferir que el título ejecutivo contiene requisitos de forma y de fondo, siendo los primeros “que se trate de documentos que (…) tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este”(7) y los segundos, “que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero”(8).

Ahora, en relación con los requisitos de fondo del título ejecutivo, la doctrina(9) ha señalado: 1) Que la obligación sea expresa, 2) Que sea clara y, 3) Que sea exigible.

(…) La obligación es expresa cuando aparece manifiesta de la redacción misma del contenido del título, sea que consista ésta en un solo documento o en varios que se complementen formando una unidad jurídica. Faltará este requisito cuando se pretenda deducir la obligación por razonamientos lógicos jurídicos, considerándola una consecuencia implícita o una interpretación personal indirecta.

Pero existen ciertas consecuencias del incumplimiento de la obligación expresa, que por consagrarlas la ley no hace falta que aparezcan en el título, como la de pagar intereses durante la mora al mismo que la misma ley consagra y la de indemnizar los perjuicios que por ese incumplimiento sufra la otra parte; esas consecuencias se deben considerar como parte de la obligación consignada en el título, aun cuando este no las mencione.

La obligación es clara cuando además de expresa aparece determinada en el título en cuanto a su naturaleza y sus elementos (objeto, termino o condición y si fuere el caso su valor líquido o liquidable por simple operación aritmética), en tal forma que de su lectura no quede duda seria respecto de su existencia y sus características.

Obligación exigible es la que debía cumplirse dentro de un término ya vencido, o cuando ocurriera una condición ya acaecida, o para la cual no se señaló termino y cuyo cumplimiento solo podía hacerse dentro de cierto tiempo, que ya transcurrió, y la que es pura y simple por no haberse sometido a plazo ni condición (C.C., arts. 1680 y 1536 a 1542). Por eso, cuando se trate de obligación condicional, debe acompañarse la plena prueba del cumplimiento de la condición.

Cuando la obligación no debía cumplirse necesariamente dentro de cierto tiempo, ni se estipulo plazo o condición, será exigible ejecutivamente en cualquier tiempo, a menos que la ley exija para el caso concreto la mora del deudor, pues entonces será indispensable requerirlo previamente, como dispone el ordinal 3º del artículo 1608 del código civil; es decir, salvo el caso de excepción mencionada (que la ley la exija) no se requiere la mora para que la obligación sea exigible y pueda cobrarse ejecutivamente, si el otro título reúne los otros requisitos.”(10)

Así, pues, quien pretenda que se libre mandamiento de pago está en la obligación de aportar el correspondiente título ejecutivo, el cual debe ser suficiente para acreditar los requisitos de forma y de fondo referidos en precedencia.

En el presente caso, la parte apelante solicita que se revoque la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se rechazó la demanda porque la acción se encuentra caducada, es decir, no se acudió oportunamente dentro del plazo señalado en la ley para hacer efectivo el derecho declarado en la sentencia que así lo reconoció.

Efectuadas las precisiones anteriores respecto del título ejecutivo, se procede a continuación al estudio y análisis de la situación fáctica y jurídica que presenta el proceso, así:

El Caso Concreto

En vigencia del Decreto 01 de 1984, el plazo para instaurar la acción ejecutiva estaba previsto en el artículo 136, numeral 11, y decía:

“11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial”.

La norma mencionada señala el término de cinco años para la ejecución de los títulos ejecutivos que se deriven, entre otros, de las decisiones judiciales, y también indican la oportunidad a partir de la cual se debe contar el término, es decir, desde que la obligación contenida en la sentencia, se hace exigible.

Pues bien, en el sub lite, se debe tener en cuenta que el título que se ejecuta es el contenido en la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 26 de febrero de 2001(11) por la que se accedió a las pretensiones de la demanda, esto es, el reconocimiento de la prima de actualización, la cual se confirmó por el Consejo de Estado mediante la sentencia de 25 de abril de 2002(12).

Las sentencias se profirieron en vigencia del Decreto 01 de 1984, cuyo artículo 177 consagraba la oportunidad para exigir el cumplimiento de la sentencia, así:

“ART. 177.—Efectividad de condenas contras entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial, o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien se competente para ejercer las funciones del Ministerio Público frente a la entidad condenada.

El agente del Ministerio Público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuesto básicos o los adicionales, para exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir en forma completa las condenas, todo conforme a las normas de la ley orgánica del presupuesto.

El Congreso, las asambleas, los concejos, el Contralor General de la República, los contralores departamentales, municipales y distritales, el Consejo de Estado y los tribunales contencioso administrativos y las demás autoridades del caso deberán abstenerse de aprobar o ejecutar presupuestos en los que no se hayan incluido partidas o apropiaciones suficientes para atender al pago de todas las condenas que haya relacionado el Ministerio Público.

Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la jurisdicción ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria (…)” (Se resaltó).

Vista la regulación legal relacionada con la oportunidad para presentar la demanda ejecutiva, se considera del caso citar decisiones del Consejo de Estado referidas al punto de la caducidad que se estudia en el presente caso.

La Jurisprudencia

El Consejo de Estado(13), Sección Tercera, sobre la caducidad de la acción ejecutiva contractual, dijo:

“…Teniendo en cuenta que, antes de la vigencia de la Ley 446 de 1998 no existía una disposición legal en materia de caducidad de los procesos ejecutivos contractuales, el Consejo de Estado aplicaba lo dispuesto en el artículo 2.536 del Código Civil, esto es, el término de prescripción de 10 años para dicha acción. Luego a partir del 8 de julio de 1998, la Sala (auto nov. 12/98, exp. 15.299) interpretó el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136 del CCA, y previó el término de caducidad de 5 años para las acciones ejecutivas derivadas de providencias judiciales. Así, con fundamento en la figura de la analogía consagrada en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, esta Corporación aplicó que a pesar de que la Ley 446 de 1998 no señaló el término de caducidad respecto de los procesos ejecutivos contractuales, lo cierto es que como el artículo 44 ibídem previó el término de 5 años para las acciones ejecutivas derivadas de providencias judiciales, dicha disposición resulta aplicable a los títulos ejecutivos contractuales. Cabe precisar que, en los casos en los cuales el título ejecutivo hubiere nacido a la vida jurídica antes del 8 de julio de 1999, resultará aplicable el término de prescripción de 10 años previsto en el artículo 2.536 del C.C., sin reforma; y aquellos que se originaron con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, tendrán un término de caducidad de 5 años. En cualquier caso, el término se cuenta a partir del momento en el cual la obligación sea exigible…”.

En pronunciamiento posterior de la Sección Segunda de la misma Corporación(14), en lo relacionado con la caducidad que se estudia, señaló:

“(…) Los términos para interponer la acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales se encuentra claramente establecida por 177 del CCA, señala que “Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria de su ejecutoria”. Por su parte, el numeral 11 del artículo 136 ibídem, establece que: “11. La acción ejecutiva derivada de esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad prevista por la respectiva decisión judicial”. De la normatividad señalada, se concluye que en caso bajo examen ha tenido acción, si se tiene en cuenta que la sentencia de 10 de abril de 1996 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, cuaderno 1 del expediente, quedó ejecutoriada el 22 de abril de 1996, es decir, que al tenor del artículo 177 del C.C. después de su ejecutoria, el 22 de octubre de 1997, fecha a partir de la cual la accionante contaba con un lapso de 5 años (artículo 136 ibídem), esto es, hasta el 22 de octubre de 2002, cosa que no sucedió, pues la demanda sólo vino a interponerse cuando habían transcurrido más de cuatro (4) años después de vencido el término establecido para instaurar la acción ejecutiva, de la relación fáctica del expediente, tal como pasa a ilustrarse (…)”(Se resalta).

Las dos providencias citadas son unánimes en señalar que el término para presentar la demanda ejecutiva caduca al vencimiento de los cinco (5) años contados a partir de la fecha en que la obligación se hizo exigible, y que no existe otra oportunidad legal que permita presentarse por fuera de ese término.

Ahora, en lo que tiene que ver con exigibilidad del título ejecutivo, esta Corporación(15) también ha dicho lo siguiente:

“…De conformidad con el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, para que una obligación pueda demandarse ejecutivamente requiere las siguientes características: -Que la obligación sea expresa: Quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patente. -Que sea clara: Esto es, que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor). -Que sea exigible: Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta. -Que la obligación provenga del deudor o de su causante: El título ejecutivo exige que el demandado sea el suscriptor del correspondiente documento o heredero de quien lo firmó o cesionario del deudor con consentimiento del acreedor. -Que el documento constituya plena prueba contra el deudor: La plena prueba es la que por sí misma obliga al juez a tener por probado el hecho a que ella se refiere, o en otras palabras, la que demuestra sin género alguno de duda la verdad de un hecho, brindándole al juez la certeza suficiente para que decida de acuerdo con ese hecho. Por consiguiente, para que el documento tenga el carácter de título ejecutivo, deberá constituir plena prueba contra el deudor, sin que haya duda de su autenticidad y sin que sea menester complementarlo con otro elemento de convicción, salvo los eventos de título complejo como en el presente caso…” (Se resalto).

En recientes pronunciamientos de la Corporación(16) sobre la caducidad de la acción ejecutiva se ha seguido la misma línea de contabilizar el término desde la fecha en que la obligación se hace exigible teniendo en cuenta lo que al respecto señala el artículo 177 del Decreto 01 de 1984.

Pues bien, analizada la normatividad y la jurisprudencia referida al punto relacionado con la caducidad de la acción ejecutiva y la exigibilidad de la obligación contenida en la sentencia que accedió a las pretensiones del ejecutante, en el presente caso se observa que efectivamente la acción ejecutiva se encuentra caducada por cuanto la sentencia quedó ejecutoriada el 27 de septiembre de 2002(17) y los 18 meses de exigibilidad del artículo 177 del Decreto 01 de 1984 vencieron el 27 de marzo de 2004.

Conforme a lo anterior, el demandante disponía hasta el 27 de marzo del 2009 para instaurar la demanda y como quiera que la presentó el 4 de abril de 2014(18), ya para esta fecha había caducado la acción ejecutiva, en los términos del artículo 136, numeral 11 del Decreto 01 de 1984.

Ahora, en el caso de las condenas impuestas a las entidades públicas a través de las sentencias proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el Decreto 01 de 1984 señaló un plazo para la efectividad de las mismas y es el previsto en el artículo 177, en donde se dispone que “Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria…”, lo que significa que solo hasta el vencimiento de este plazo, la condena impuesta a una entidad de derecho público se hace exigible y por ende ejecutable.

Visto lo anterior, la Sala precisa que la exigibilidad del título ejecutivo o de la obligación contenida en él, es aquélla característica que permite hacerla efectiva sin que para el efecto sea necesario el cumplimiento de condición o plazo alguno. Es decir, solo se pueden ejecutar las obligaciones puras y simples, esto es, aquéllas que no están sujetas a ningún plazo o condición, o las que al estar sometidas a plazos, éstos se han vencido o la condición se ha cumplido. Sin embargo, aquellas obligaciones que están sujetas al complimiento de algún plazo o condición solo se pueden ejecutar cuando tales circunstancias, es decir, el plazo o la condición se han superado. En otras palabras, la obligación se convierte en exigible cuando se ha vencido el término concedido al deudor para cubrir o pagar la deuda y no lo ha hecho dentro del término concedido para el efecto.

Lo expuesto permite concluir que la demanda ejecutiva del señor Josué Jaimes Monsalve, no se presentó oportunamente, en tal virtud, se confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que la rechazó por caducidad.

Por lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección B,

Resuelve

1. Confirmar el auto de dieciocho (18) de diciembre de dos mil catorce (2014) proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “C”, en el proceso ejecutivo adelantado por el señor Josué Jaimes Monsalve mediante el cual se rechazó la demanda ejecutiva por caducidad de la acción, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Por la secretaría de la Sección Segunda de la Corporación devuélvase el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y déjense las constancias de rigor.

Aprobado en la sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Los Consejeros

Magistrados: Sandra Lisset Ibarra Vélez—William Hernández Gómez (E)—Carmelo Perdomo Cuéter.

(1) El proceso ingresó al Despacho el 29 de enero de 2016

(2) Folio 99

(3) Folio 74

(4) Folio 113

(5) Folio 117

(6) Norma vigente para la época de los hechos

(7) El Proceso Civil, parte especial, 7ª edición 1991, págs. 822 a 824

(8) ib.

(9) Davis Echandía.

(10) ib.

(11) Folio 41

(12) Folio 61

(13) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera. C.P. (e): Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia de 26 de mayo de 2010, Actor: Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial - Codeter. Demandado: Departamento de Cundinamarca. Expediente 25000-23-26-000-1998-02996-01 (25803).

(14) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección “A”, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Expediente 25000232500020070052801 192607. Auto. 27 de mayo de 2010. Actor: Olga Molina de Paz. Demandado: Departamento de Cundinamarca. Acción Ejecutiva Rechazo.

(15) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Expediente 44001-23-31-000-1996-0686-01 (13435). Actor: Eduardo Uribe Duarte. Demandado: Departamento de la Guajira. 22 de junio de 2001.

(16) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez Bogotá D.C., 16 de julio de 2015. Expediente 250002325000 2014-04132 01 (1307 - 2015) Oliverio Avendaño Osma c/. Caja de retiro de las fuerzas militares.

Consejo de estado sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 5 de noviembre de 2015. Expediente 250002342000 2014-03437 01 (3002 - 2015) demandante: Luis Eduardo Fontecha Hernández demandado: Caja de retiro de las Fuerzas Militares tramite: Decreto 01 de 1984.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 10) de diciembre de 2015 Expediente 680012333000 2015-00290 01 (3686 - 2015) demandante: Gerardo Suarez Rangel demandado: caja de retiro de las Fuerzas Militares

(17) Folio

(18) Folio 100 vuelto