Auto 2014-03952 de julio 14 de 2016

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera Ponente:

Dra. Rocío Araújo Oñate

Rad.: 11001-03-15-000-2014-03952-02

Actor: William Octavio Navarrete Gómez

Accionado: Nueva Empresa Promotora de Salud EPS S.A. - Nueva EPS

Bogotá D.C., catorce de julio de dos mil dieciséis

Incidente de desacato - decisión de primera instancia - impone sanción por encontrar demostradas las fases objetiva y subjetiva del incumplimiento - reitera posición de la Sala.

Procede la Sala a resolver el incidente de desacato propuesto por el señor William Octavio Navarrete Gómez en relación con el fallo de tutela dictado por esta Sección el 5 de febrero de 2015 que amparó su derecho fundamental a la salud.

I. Antecedentes

1. Acción de tutela

Mediante escrito(1) radicado el 1º de diciembre de 2014 en la Secretaría General de esta Corporación, el señor William Octavio Navarrete Gómez, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra la Nueva Empresa Promotora de Salud EPS S.A., en adelante Nueva EPS, a fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la salud y a la seguridad social.

Consideró vulnerados tales derechos por parte de esa Entidad Promotora de Salud, porque a la fecha de presentación de la demanda de tutela el Comité Técnico Científico no se había pronunciado respecto de la solicitud del 30 de septiembre de 2014, relacionada con la orden de entrega del medicamento Pegvisomant de 20 mg. que le fue ordenado por la médico endocrinologa, para tratar la afección que padece, esto es, acromegalia y gigantismo hipofisiario.

En fallo del 5 de febrero de 2015, esta Coporación amparó el derecho fundamental del accionante a la salud y ordenó “… a la Nueva EPS, que en el término de 24 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, autorice y suministre el medicamento Pegvisomant de 20 mg, por el tiempo que la médico endocrinologa tratante lo considere necesario”.(2)

Para arribar a la citada resolutiva, la Sala consideró que la Empresa Promotora de Salud accionada ha vulnerado el derecho a la salud del accionante, al no haber proferido a la fecha la autorización para la entrega del medicamento Pegvisomant de 20 mg, solicitada el 30 de septiembre de 2014.

Destacó que la petición de entrega del medicamento se sometió en una segunda oportunidad a consideración del Comité Técnico Cientifico, no obstante que éste habia dado concepto aprobatorio y que el paciente lo requiere con urgencia, pues tal y como lo indicó la médico endocrinologa, en la prescripción del medicamento del 11 de agosto de la misma anualidad, dicha medicina es necesaria para controlar los niveles de IGF1 (factor de crecimiento insulínico tipo 1), toda vez que a medida que progrese la enfermedad aumenta el riesgo de muerte.

2. Incidente de Desacato

2.1. Solicitud

En escrito del 2 de mayo del 2016(3), el señor William Octavio Navarrete Gómez, presentó solicitud de apertura de incidente de desacato contra la Nueva Empresa Promotora de Salud EPS —Nueva EPS—, considerando que incurrió en incumplimiento de la orden de tutela proferida por esta Sección en fallo del 5 de febrero del 2015, en el marco del expediente de tutela de la radicación citada en la referencia, a través del cual se dispuso:

“1. AMPARAR el derecho fundamental a la salud del señor William Octavio Navarrete Gómez.

2. ORDENAR a la Nueva EPS, que en el término de 24 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, autorice y suministre el medicamento Pegvisomant de 20 mg, por el tiempo que la médico endocrinóloga tratante lo considere necesario.”(4)

Como fundamento de la solicitud, indicó que el 8 de marzo del año en curso, su medica tratante, doctora Claudia Milena Gómez, prescribió la entrega de la medicina referida, para ser aplicada en una dosis de 60 mg. cada 7 días, para lo cual dispuso que se suministraran 2 cajas por 20 semanas, para un total de 60 ampollas.

Relató que la EPS accionada, en un claro incumplimiento de la orden tutelar, dividió la entrega del medicamento en dos momentos, los cuales debían ser reclamados en la farmacia Audifarma, sin que a la fecha de presentación del incidente de desacato hubiera realizado el suministro efectivo, a pesar de que, con la determinación médica, la provisión del mismo debía estar garantizada hasta la última semana de abril.

Concluyó que el incumplimiento referido, afecta en forma grave su estado de salud, dado que con la medicina señalada, cuya entrega fue autorizada por el juez constitucional, ha visto una mejora en los síntomas de la enfermedad que le aqueja y resulta de especial gravedad la interrupción del tratamiento.

2.2. Trámite del incidente

En Auto del 13 de mayo de 2016(5) la Consejera Ponente requirió al Director Territorial de la Nueva EPS - Regional Bogotá, para que en el término improrrogable de dos (2) días hábiles, informara al despacho sobre el cumplimiento de la medida de tutela dispuesta en el fallo del 5 de febrero de 2015.

Al evidenciarse la indebida notificación efectuada por la Secretaría General de esta Corporación, toda vez que el auto anterior fue comunicado al Ministerio del Trabajo, en providencia del 1º de junio del 2016(6), se ordenó corregir dicha actuación procesal, para oficiar nuevamente a la entidad accionada y requerir el cumplimiento de lo dispuesto en el auto del 13 de mayo de 2016.

En cumplimiento de lo anterior, se dispuso la notificación a la Nueva EPS, en la Dirección Territorial de Bogotá, en la Carrera 85K # 46A-66 de esta Ciudad(7). Efectuada en debida forma la notificación se recibió el oficio del 15 de junio de 2015, suscrito por el señor Luis Hernán Soriano Bermúdez, en su condición de Coordinador Jurídico para tutelas de la entidad, quien informó que la actual gerente regional de la Nueva EPS Regional Bogotá, es la doctora Zulma Francenneth Acuña Mora, que es la persona encargada de dar cumplimiento al fallo de tutela.

Refirió que la entidad inició los trámites de importación del medicamento requerido por el accionante, los cuales actualmente se encuentran en el INVIMA. Informó que “… una vez se termine el trámite se contactará al afiliado y a su familia, para que se acerquen a la Farmacia Audifarma para la entrega del medicamento ya autorizado por la Nueva EPS”.

Agregó que la entidad ha dispuesto de todo el recurso humano, técnico, científico y administrativo necesario para otorgar un oportuno y adecuado servicio de salud al actor, bajo parámetros de eficiencia, con fundamento en la evolución de la patología que lo afecta.

Por Auto del 17 de junio de 2016 se dispuso la formal apertura del incidente de desacato en contra de Zulma Francenneth Acuña Mora, en su condición de Directora Regional Bogotá de la Nueva EPS, por el presunto incumplimiento de la Sentencia del 5 de febrero de 2015, proferida por la Sección Quinta de esta Corporación.

En la misma providencia se le concedió a la funcionaria un término de dos (2) días para que informara sobre el cumplimiento de la orden de tutela y ejerciera el derecho de defensa que le asiste y se ordenó notificarle en forma personal el auto de apertura.

El auto de apertura del incidente fue notificado el 17 de junio de 2016 por medios electrónicos a la funcionaria encargada del cumplimiento de la orden a los correos electrónicos suministrados por la entidad y se le remitió comunicación a la dirección obrante en el expediente, según constancias visibles a folios 49 a 60 del expediente. Adicionalmente, se dejó aviso de notificación en la dirección de la funcionaria el 28 de junio del año en curso, visible a folio 63 del expediente.

En esta oportunidad procesal, el actor en tutela reiteró la solicitud de cumplimiento de la orden, afirmando que se ha presentado en varias oportunidades a recibir el medicamento, sin que el mismo le haya sido entregado, de tal manera que lleva más de dos (2) meses sin el medicamento y allegó copia de la historía clínica para demostrar el grave riesgo para su salud que se presenta al no serle entregado el medicamento y las nuevas ordenes de suministro suscritas por su medica tratante para garantizar la continuidad del tratamiento(8).

La funcionaria encargada del cumplimiento del fallo guardó silencio, no obstante estar debidamente notificada del auto de apertura del incidente.

II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en grado de consulta del incidente de desacato promovido por el señor William Octavio Navarrete Gómez contra Zulma Francenneth Acuña Mora en su condición de Directora de la Regional Bogotá de la Nueva EPS, de conformidad con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 y en virtud de haber conocido en primera instancia de la acción de tutela cuyo cumplimiento se pretende.

3. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes problemas jurídicos:

i) ¿Si Zulma Francenneth Acuña Mora, en su condición de Directora de la Regional de la Nueva EPS incurrió en desacato en relación con la orden de tutela impartida en providencia del 5 de febrero de 2015, que concedió el amparo del derecho fundamental del accionante a la salud y dispuso la entrega del medicamento Pegvisomant de 20 mg, de conformidad con lo ordenado por el médico, para el tratamiento de la enfermedad denominada agromegalia y gigantismo hipofisiario que padece?

ii) ¿Si el incumplimiento de la orden de tutela obedece al actuar culposo o doloso de la funcionaria?

4. Razones jurídicas de la decisión

4.1. Marco normativo y conceptual que informa el incidente de desacato

En relación con el cumplimiento del fallo de tutela, el Decreto 2591 de 1991, por medio del cual se reglamentó el artículo 86 de la Constitución Política, estableció en su artículo 27, lo siguiente:

Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirlo sin demora.

Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y lo requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente disciplinario contra aquel. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan la sentencia. (Resaltado fuera de texto).

En punto al desacato de la orden de tutela, señaló la Corte Constitucional:

“Incidente de desacato y responsabilidad subjetiva

Dice el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 que ‘La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de veinte salarios mínimos mensuales, salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar’. Es, por lo tanto, una sanción y por lo mismo susceptible al debido proceso.

(…)

Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento…”(9).

En relación con la naturaleza jurídica del incidente de desacato, ha establecido la Corporación de cierre en materia de derechos fundamentales que:

“El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal que procede a petición de la parte interesada, de oficio o por intervención del Ministerio Público, el cual tiene como propósito que el juez constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias, sancione con arresto y multa a quien desatienda las órdenes de tutela mediante las cuales se protejan derechos fundamentales. De acuerdo con su formulación jurídica, el incidente de desacato ha sido entendido como un procedimiento: (i) que se inscribe en el ejercicio del poder jurisdiccional sancionatorio; (ii) cuyo trámite tiene carácter incidental. La Corte Constitucional ha manifestado que la sanción que puede ser impuesta dentro del incidente de desacato tiene carácter disciplinario, dentro de los rangos de multa y arresto, resaltando que, si bien entre los objetivos del incidente de desacato está sancionar el incumplimiento del fallo de tutela por parte de la autoridad responsable, ciertamente lo que se busca lograr es el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada y, por ende, la protección de los derechos fundamentales con ella protegidos”.

En la Sentencia C-367 del 11 de junio 2014(10) la Corte Constitucional consideró que incumplir una providencia judicial, además de afectar el acceso a la justicia, desconoce la prevalencia del orden constitucional y la realización de los fines del Estado, vulnera los principios de confianza legítima, de buena fe, de seguridad jurídica y de cosa juzgada, máxime si se trata de una sentencia de tutela en la cual se están garantizando derechos fundamentales.

Esta Sección ha considerado que “Ante una manifestación de incumplimiento formulada por alguna de las partes de la acción de tutela, el juez tiene dos posibilidades independientes, no excluyentes entre sí: 1) Iniciar el trámite tendiente a obtener el cumplimiento del fallo y 2) Iniciar un incidente de desacato; ii) el trámite para el cumplimiento tiene como única finalidad asegurar de manera efectiva y real el acatamiento de las órdenes contenidas en la sentencia de tutela; iii) en cambio, el incidente de desacato, tiene como finalidad la de sancionar al responsable de ese incumplimiento y, iv) el trámite para el cumplimiento del fallo es de naturaleza objetiva. Sólo interesa demostrar que la sentencia no fue cumplida en los precisos términos en que fue proferida. El incidente de desacato, por el contrario, es de naturaleza subjetiva, ya que allí es necesario, además de demostrar el incumplimiento, determinar el grado de responsabilidad —a título de culpa o dolo— de la persona o personas que estaban obligadas a actuar en pro del cumplimiento de la sentencia”(11).

4.2. Caso concreto

4.2.1. Análisis de las fases objetiva y subjetiva del incumplimiento de la orden de tutela

El incidente objeto de decisión debe ser resuelto bajo los parámetros jurisprudenciales anotados, dada su naturaleza sancionatoria, siendo obligatorio considerar el aspecto subjetivo, pues nuestro ordenamiento —entre sus principios rectores— proscribe la responsabilidad objetiva, exigiendo que sea el resultado de una acción u omisión ejecutada dolosa o culposamente por el agente, de tal manera que no sólo se debe determinar si la funcionaria contra quien se inició el trámite incumplió la orden de tutela(12), sino además verificar la responsabilidad subjetiva(13).

En torno al primer aspecto, se tiene que en el fallo de tutela proferido el 5 de febrero de 2015, esta Sección ordenó “… a la Nueva EPS, que en el término de 24 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, autorice y suministre el medicamento Pegvisomant de 20 mg, por el tiempo que la médico endocrinologa tratante lo considere necesario”.(14).

De las pruebas allegadas a la actuación, en especial de la historía clínica del 8 de marzo de 2016 y las órdenes emitidas por los médicos tratantes le fue prescrito el medicamento Pegvisomat 20 mg., dejándose la siguiente constancia:

“Se indica a la eps importancia de entrega oportuna de toda la medicación (y en especial pegvisomat) para lograr un adecuado control de la enfermedad y disminuir riesgo de complicaciones asociadas a éstas que incluye muerte de origen cardiovascular”(15).

De lo expuesto se tiene que la funcionaria encargada de cumplir la orden de tutela(16), no lo hizo poniendo en riesgo la vida del paciente, tal como lo dejó consignado el médico tratante, de tal manera que aparece acreditada —en grado de certeza— la fase objetiva del desacato, esto es la materialidad de la conducta omisiva, correspondiendo el análisis de la fase subjetiva o de responsabilidad.

4.1.2. Garantía del debido proceso en el trámite del incidente

En torno a la individualización de la funcionaria adscrita a la entidad accionada que tenía a su cargo el cumplimiento de la orden se advierte, con fundamento en los informes rendidos en el trámite incidental y la competencia funcional, que es la Directora Regional de Bogotá, quien se encuentra debidamente vinculada a la actuación y tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y aportar las pruebas para acreditar las actuaciones de la entidad encaminadas a cumplir la orden de amparo, no obstante lo cual guardó silencio.

Tal ausencia de respuesta que, sin lugar a dudas, debe considerarse como demostración del desacato, de conformidad con la presunción de veracidad consagrada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, aplicable igualmente al incidente de desacato, tal como lo ha previsto la Corte Constitucional:

“(...) la presunción contemplada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 conforme a la cual se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano la solicitud de amparo en aquellos eventos en los que el juez constitucional requiere informaciones de los demandados sin que éstos las proporcionen en el término procesal o informen sobre las razones que tengan para no hacerlo es una forma de evitar que la incuria o desidia de las autoridades públicas o los particulares contra quienes se ha impetrado el amparo, entorpezca la celeridad y especialidad propias de la tutela como mecanismo de protección eficaz de los derechos fundamentales.

En este sentido la Corte Constitucional ha señalado que “La presunción de veracidad consagrada en esta norma (Art. 20 D.L. 2591/91) encuentra sustento en la necesidad de resolver con prontitud sobre las acciones de tutela, dado que están de por medio derechos fundamentales, y en la obligatoriedad de las providencias judiciales, que no se pueden desatender sin consecuencias, bien que se dirijan a particulares, ya que deban cumplirlas servidores o entidades públicas”(17).

Del trámite dado al incidente de desacato se tiene que Zulma Francenneth Acuña Mora, no obstante encontrarse debidamente notificada del auto que dispuso la apertura del incidente de desacato y ordenó el cumplimiento inmediato para preservar la vida del paciente, no realizó manifestación alguna encaminada a justificar el incumplimiento en la entrega efectiva de los medicamentos prescritos ni demostró que se encontrara imposibilitada para hacerlo.

Cabe destacar que en el trámite previo a la apertura del incidente de desacato, en el cual se requirió a la entidad para que acreditara el cumplimiento de la orden de amparo para garantizar la efectividad del derecho conculcado, el asesor jurídico de la Nueva EPS afirmó que el medicamento prescrito se encontraba en trámite de importación, al cual tan sólo le dio inicio el 12 de mayo del 2016, encontrándose debidamente autorizado por el INVIMA desde el 7 de junio de la presente anualidad, sin que hasta la fecha se haya acreditado la entrega efectiva del medicamento al accionante, por lo que la Sala considera que esta alegación no tiene la posibilidad de justificar el incumplimiento de la orden de tutela que se impartió desde el 5 de febrero del 2015 por parte de este juez constitucional, con la advertencia de que la entidad no podía imponer barreras administrativas para el suministro continuo de un medicamento necesario para evitar que se pusiera en riesgo la vida del paciente.

La Sala destaca que en el trámite del incidente se garantizó el debido proceso de la funcionaria encargada de cumplir la orden de tutela y la decisión de sancionarla se edifica en la concurrencia de los requisitos objetivo y subjetivo del incumplimiento de la orden de tutela impartida.

En virtud de lo expuesto, resulta imperativo declarar que Zulma Francenneth Acuña Mora, en su condición de Directora de la Regional de Bogotá de Nueva EPS S.A. Nueva EPS, incurrió en desacato, en razón del incumplimiento de la orden impartida en el fallo de tutela del 5 de febrero de 2015 y la sancionará con multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes que deberá consignar, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente decisión, a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura en la cuenta prevista para tal efecto, que le será suministrada a la sancionada por la Secretaría General de esta Corporación, dineros que deberán salir de su propio patrimonio.

Se deberá igualmente advertir a la funcionaria sancionada que en el evento de no pago oportuno de la multa impuesta procederá el cobro coactivo por la autoridad correspondiente.

4.2.3. Análisis sobre la proporcionalidad de la sanción

La Sala precisa que la sanción que se impone tiene la virtualidad de hacer cumplir el fallo de tutela y resulta proporcionada frente a la referida finalidad, de conformidad con los parámetros establecidos jurisprudencialmente por la Corte Constitucional, sin que resulte necesario imponer adicionalmente sanción de arresto. Al respecto, la Sentencia C-033 de 2014 estableció:

“El test de proporcionalidad es un instrumento hermenéutico que permite establecer si determinada medida resulta adecuada y necesaria para la finalidad perseguida, sin que se sacrifiquen valores, principios o derechos de mayor entidad constitucional para el caso concreto que se analiza.

El primer aspecto que debe abordarse con ese propósito, es la finalidad de la medida, a efectos de constatar si ella persigue un objetivo legítimo a la luz de la Constitución.

(…)

El siguiente paso del test de proporcionalidad indaga por la idoneidad de la medida para alcanzar el objetivo propuesto. Este es uno de los pocos casos en que, por excepción, le es permitido al juez constitucional adentrarse en el estudio de los efectos previsibles de la aplicación de la norma acusada.

(…)

Igualmente, la Corte encuentra proporcional en stricto sensu la medida analizada, como quiera que no tiene la entidad para anular por sí misma las libertad de locomoción o la iniciativa privada, como tampoco la dignidad humana, el derecho al trabajo o el debido proceso; por el contrario, permite que se materialicen y protejan como se explica a continuación, por lo tanto, el legislador no ha excedido las funciones que constitucionalmente le son reconocidas en la materia.(18) (Resaltado del texto original).

El test de proporcionalidad aplicado sobre una medida como la impuesta en esta oportunidad —multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes— requiere del análisis de tres aspectos: (i) que la finalidad perseguida a través de la misma constituya un objetivo acorde a la Constitución, (ii) que sea idónea para conseguir dicho objetivo, y (iii) que sea proporcional en sentido estricto.

En el caso concreto concurren los presupuestos referidos toda vez que la multa en la cuantía referida persigue un fin acorde con la Constitución Política, en consideración a que se pretende la garantía de los derechos fundamentales a la salud y a la vida del accionante que se encuentran en riesgo por la omisión de la funcionaria, pretendiéndose el cumplimiento del fallo de tutela proferido por esta Sección desde el mes de febrero de 2015.

En relación con la idoneidad para conseguir dicho objetivo la Sala destaca que la sanción pretende conminar a la funcionaria para que cumpla con la orden impartida, la cual ha venido dilatando sin justificación alguna y en el fallo de tutela se advirtió que no podía interponer barreras de índole administrativa para evadir el cumplimiento, dado el carácter esencial de los derechos fundamentales amparados en el sub lite.

En relación con la proporcionalidad en sentido estricto, estima la Sala que la sanción que se impone a la funcionaria corresponde a la gravedad de la conducta en relación con los derechos fundamentales que está desconociendo.

Finalmente, en aras de garantizar los derechos fundamentales a la salud y a la vida del paciente se dispondrá que la entidad accionada garantice el suministro de los medicamentos prescritos al señor William Octavio Navarrete Gómez, en un término que no podrá exceder de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, so pena de incurrir en una nueva sanción.

Decisión

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. DECLARAR que la señora Zulma Francenneth Acuña Mora, en su condición de Directora de la Regional de Bogotá de la Nueva EPS S.A. Nueva EPS, incurrió en desacato, en razón del incumplimiento de la orden impartida en el fallo del 5 de febrero de 2015 y sancionarla con multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, suma que deberá consignar dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura, en la cuenta prevista para tal fin, los cuales deberán salir de su propio patrimonio.

2. ORDENAR que la entidad accionada garantice la continuidad en la prestación de los servicios médicos y el suministro de los medicamentos prescritos al señor William Octavio Navarrete Gómez, en un término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, so pena de que le sea impuesta una nueva sanción.

3. DISPONER que la EPS accionada informe a esta corporación sobre el cumplimiento de la orden impartida en esta providencia, lo cual deberán hacer en el término perentorio e improrrogable de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de esta providencia.

4. NOTIFÍQUESE en forma personal a la funcionaria sancionada y remítase el expediente a la Sección Primera del Consejo de Estado, con el fin de surtir el grado jurisdiccional de consulta.

Notifíquese y cúmplase

La presente decisión se discutió y aprobó en sesión de la fecha.

Consejeros: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Presidente—Rocío Araújo Oñate—Carlos Enrique Moreno Rubio —Alberto Yepes Barreiro.

1. Folios 1-6.

2. Folio 38 del expediente.

3. Folio 1.

4. Folio 12.

5. Folio 15.

6. Folio 34.

7. Folio 35. La información sobre la dirección puede ser consultada en el link http://www.nuevaeps.com.co/Institucional/Sedes.aspx, consultado el día 17 de junio del 2016, siendo las 10:13 am.

8. Folios 64 a 82.

9. Corte Constitucional, Sentencia T-763 de 1998. Exp. 161333. M. P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

10. Corte Constitucional, Sentencia C-367 del 11 de junio de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.

11. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Auto de 22 de enero de 2009. Actor Guillermo Alberto Pulido Mosquera. C.P. Susana Buitrago Valencia.

12. Fase objetiva.

13. Fase subjetiva.

14. Folio 38 del expediente.

15. Folio 72.

16. La que se encuentra debidamente individualizada e identificada.

17. Corte Constitucional. Sentencia T-631 de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo.

18. Corte Constitucional, Sentencia C-033 de 2014. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.