Auto 20142 de octubre 4 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación 20.142

Consejero Ponente:

Alier E. Hernández Enriquez

EXTRACTOS: «Así las cosas, no puede considerarse en firme una sentencia de segunda instancia, contra la cual se ha interpuesto el recurso extraordinario de casación; lo será, como ya se indicó, cuando quede ejecutoriada la providencia que no lo conceda, o que lo inadmita o, que lo resuelva de fondo.

Por consiguiente, habrá de reiterarse el criterio seguido por la Sala sobre el particular, a saber: (4)

(4) Auto del 14 de agosto de 1997, expediente 13.258.

“...en el evento de que la víctima hubiese interpuesto el recurso extraordinario de casación en el que, como se sabe, la sentencia de segunda instancia no está en firme, no se podría demandar la responsabilidad estatal por el error jurisdiccional sino una vez se obtuviera la decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia, lo cual supone que entretanto, como no puede ejercerse la acción de reparación directa, obviamente tampoco se podrá tener en cuenta ese término para efectos de la caducidad; plazo que, en consecuencia, empezará a correr a partir de la ejecutoria de la providencia definitiva dictada por la Corte Suprema de Justicia, aunque debe reiterarse que si el supuesto error no se corrige porque no prospera el recurso de casación o se halla contenido en esta decisión, no es procedente reclamar indemnización alguna en atención al criterio señalado por la Corte Constitucional de la improcedencia del error judicial frente a las altas corporaciones de justicia del país (se resalta).

Se advierte sí que en caso de que el recurso de casación haya prosperado, es obvio que ante el contencioso administrativo sólo podrá demandarse la reparación de aquellos agravios cuyo resarcimiento no puede lograrse por la vía de dicho recurso extraordinario, ya que si bien la finalidad esencial del mismo es unificar la jurisprudencia nacional, también busca reparar los agravios inferidos a las partes con la sentencia recurrida y por tal razón, su prosperidad comporta el restablecimiento del demandante (CPC, arts. 365, 375 y 376 )” (se resalta)

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