Auto 2015-00002 de abril 7 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera Ponente:

Rocío Araújo Oñate

Bogotá, D.C, siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016).

Rad.: 11001-03-28-000-2015-00002-00

Acumulados 2015-00001; 2000-00002 y 2015-00004

Demandante: Carlos Julio Martínez Becerra, Gilberto Forero y Ministerio de Educación Nacional.

Demandado: Acto de elección de Gustavo Orlando Álvarez Álvarez como rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UTPC.

Naturaleza: Electoral. Única Instancia

Electoral. Resuelve solicitudes de aclaración y adición

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala las solicitudes de aclaración y adición del fallo del 3 de marzo de 2016, dictado en el proceso de la referencia, que declaró la nulidad del Acuerdo Nº 042 del 26 de noviembre de 2014 por medio del cual se eligió a Gustavo Orlando Álvarez Álvarez como rector de la UPTC para el período 2015-2018.

I. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Y ADICIÓN

Mediante escrito radicado el 8 de marzo del año en curso en la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado, el demandado Gustavo Orlando Álvarez Álvarez confirió poder al abogado Iván Mauricio Álvarez para que “inicie, trámite y lleve hasta su terminación solicitud de aclaración y adición de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 03 de marzo de 2016”(1).

Con fundamento en el poder conferido, el profesional presentó escrito de la misma fecha en el que solicitó la aclaración y adición del fallo, con fundamento en lo establecido en los artículos 290 y 291 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 285 y 287 del Código General del Proceso.

El peticionario expuso los siguientes argumentos:

(i) La sentencia no determinó bajo qué causal se declaraba la nulidad, para de allí poder derivar las consecuencias y efectos de la misma. Al respecto, afirmó que el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 consagra las causales de nulidad de los actos de nombramiento y elección, pero a ellas deben adicionarse las relacionadas con las causales de nulidad de los actos administrativos, toda vez que en el acápite de normas violadas y concepto de violación el demandante señala diversas situaciones que no prosperaron.

Consideró que existe incertidumbre en torno a las consecuencias y efectos del fallo, por lo que solicita aclarar cuál fue la causal por la que se declaró la nulidad del acuerdo.

(ii) Afirmó que al resolver el caso concreto corresponde la aplicación del principio pro homine, por cuanto —a su juicio— la interpretación que se realizó por parte de la Sala no fue para favorecer al accionado y afectado directamente con la decisión “... con el agravante de no determinar las consecuencias del fallo, frente a la persona como lo protege el principio”(2).

(iii) Consideró que se debe aclarar “... si el acto demandado es el de elección proferido por el Consejo Superior de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA – UPTC, era competencia del Consejo de Estado para conocer sobre la legalidad de dicho acto ajeno a las funciones de esa corporación, más aún si se tiene en cuenta que la universidad por regulación especial goza de la Autonomía Universitaria la cual le permite autoregularse...”(3) (Sic para lo transcrito).

Por su parte, el abogado que venía ejerciendo la representación del demandado en el proceso, presentó escrito del 9 de marzo de 2016 en el cual solicitó la aclaración de la sentencia “... en el sentido del alcance del fallo toda vez que no se declaró la nulidad de los acuerdos 39 del 10 de septiembre de 2014, 40 del 25 de octubre de 2014 y 41 del 5 de noviembre del 2014, sino por el contrario declarándose la nulidad del acuerdo 42 del 26 de noviembre de 2014”.

En consecuencia, pretende que se aclare si se debe realizar el proceso electoral completo para la designación del rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, o si por el contrario los acuerdos Nos. 39, 40 y 41 no quedaron viciados de nulidad.

Finalmente, la representante judicial de la Nación-Ministerio de Educación Nacional, mediante escrito del 17 de marzo de 2016 otorgó poder al abogado Luis Gabriel Arbeláez Marín, para que ejerciera la representación judicial en el caso concreto, quien solicitó que le fuera reconocida personería adjetiva para actuar en el proceso en consideración a que si bien se dictó sentencia de única instancia, se encuentra pendiente la decisión sobre las solicitudes de adición y aclaración.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011(4) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer en única instancia del proceso de la referencia, por tratarse de la nulidad del acto de elección dictado por el Consejo Directivo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, UPTC, y por haber dictado la sentencia cuya aclaración y adición se solicita.

2. Cuestión previa.

En consideración a que el demandado Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, mediante escrito del 8 de marzo del año en curso, confirió poder al abogado Iván Mauricio Álvarez para que en su nombre y representación presentara las solicitudes de aclaración y adición del fallo, se le reconocerá personería adjetiva para actuar, sin que se tenga por terminado el mandato conferido al profesional Carlos Andrés Fandiño Aristizábal.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el inciso primero del artículo 76 del Código General del Proceso que establece que el poder termina con la radicación en la secretaría del escrito en virtud del cual se designe otro apoderado “... a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas dentro del proceso”.

Así, teniendo en cuenta la solicitud de aclaración presentada por el abogado Carlos Andrés Fandiño Aristizábal, como apoderado inicial del demandado, y la petición en el mismo sentido elevada por el apoderado especial constituido para el presente trámite de aclaración y adición del fallo, para efectos de resolución en esta oportunidad se estudiarán los respectivos argumentos.

3. Marco normativo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 290 de la Ley 1437 de 2011, norma especial electoral, hasta los dos días siguientes al de la notificación de una sentencia podrán las partes o el Ministerio Público pedir que aquella se aclare, así:

“ART. 290.—Aclaración de la sentencia. Hasta los dos (2) días siguientes a aquel en el cual quede notificada, podrán las partes o el Ministerio Público pedir que la sentencia se aclare. La aclaración se hará por medio de auto que se notificará por estado al día siguiente de dictado y contra él no será admisible recurso alguno. En la misma forma se procederá cuando la aclaración sea denegada”.

Sobre la adición de la sentencia, el artículo 291 ejusdem tan sólo establece que “Contra el auto que niegue la adición no procede recurso alguno”.

Por su parte, el Código General del Proceso(5) precisa que la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, indica que “podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella”(6).

En virtud del precepto reseñado, “la aclaración sólo es permitida para concretar conceptos o enmendar frases que ofrezcan serias dudas, siempre que integren la parte resolutiva o influyan directamente en ella, sin que esto signifique que el juez pueda reformar o revocar la providencia o que la solicitud de aclaración constituya una oportunidad procesal para que las partes reclamen una evaluación diferente”(7).

En relación con la figura jurídica de la adición, el artículo 287 del Código General del Proceso advierte que deberá dictarse sentencia complementaria cuando se omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento.

4. Oportunidad en la presentación de la solicitud.

El fallo cuya aclaración y adición se solicita fue notificado personalmente(8) al señor Gustavo Orlando Álvarez Álvarez y a su apoderado mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales el 7 de marzo de 2016, lo que implica que las partes tenían hasta el 9 de marzo para solicitar su aclaración. Las peticiones en ese sentido se presentaron el 8 y 9 del mismo mes y año, esto es, dentro del término legal.

5. Procedencia de la solicitud de aclaración.

5.1. Alegación referida a la causal de nulidad del acto administrativo.

El primer argumento expuesto por el peticionario consiste en que la Sala no expresó bajo qué causal se declaraba la nulidad del Acuerdo Nº 042 del 26 de noviembre de 2014, para de allí poder derivar las consecuencias y efectos de la misma, sin que indicara de forma concreta cómo tal circunstancia incide en el sentido de la decisión.

Lo anterior implica que esta alegación no da lugar a que la Sala analice de fondo la solicitud de aclaración, no obstante lo cual, contrario a lo afirmado por el memorialista, desde la fijación del litigio en la audiencia inicial se determinó como problema jurídico a resolver el siguiente:

“Si el acto que designó como rector de la UPTC al señor Gustavo Álvarez Álvarez, esto es el Acuerdo Nº 042 del 26 de noviembre de 2014, se expidió con infracción de las normas en que debía fundarse, por expedición irregular, por falsa motivación y por haberse elegido un candidato que no reúne las calidades y requisitos de elegibilidad, en los términos del numeral 5 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por:

— Vulneración del Parágrafo del artículo 1º del Acuerdo No. 008 del 12 de marzo de 2014 del CSU de la UPTC, por cuanto esta norma no prevé que el rector de la Universidad sea a su vez candidato a dicho cargo, como sucedió con el demandado. Además, por cuanto la norma violada no dispone que la reelección está permitida para quien “sea rector” sino “quien haya sido rector” y el demandado nunca dejó de serlo”.

Guardando absoluta concordancia con la fijación del litigio, en la sentencia cuya aclaración se solicita se analizó la legalidad del acto de elección de cara a las normas jurídicas en que debía fundarse, en el caso concreto, los estatutos generales de la UPTC y el ordenamiento superior.

No sobra recordar que la disposición contenida en el artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al consagrar las causales de nulidad electoral, integra también los eventos contemplados en el artículo 137 del mismo estatuto, cuyos efectos, de prosperar las pretensiones, se establecen de manera general y erga omnes en los artículos 137 y 189 ejusdem, excluyendo pronunciamientos particulares y de restablecimiento del derecho, como ha venido considerando esta sección(9).

5.2. Alegación sobre aplicación del principio pro homine. 

Para la Sala resulta evidente que este argumento se encuentra encaminado a reabrir el debate del proceso y controvertir la decisión adoptada en la sentencia, pretendiendo utilizar la figura jurídica de la aclaración a manera de recurso contra el fallo, lo cual resulta contrario a su finalidad.

5.3. Competencia del Consejo de Estado.

Con respecto a la alegación sobre falta de competencia del Consejo de Estado por la autonomía del ente universitario, la Sala recuerda que este cuestionamiento no fue planteado en las contestaciones a la demanda presentadas ni tampoco fue objeto de debate en la audiencia inicial donde se fijó el litigio y se sanearon las posibles irregularidades en que se pudiera haber incurrido.

En virtud de lo expuesto y en consideración a que no concurren en el caso concreto los presupuestos exigidos para la procedencia de la aclaración del fallo de única instancia del 3 de marzo de 2016, por cuanto el mismo no contiene frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, contenidas en la parte resolutiva de la decisión o con clara influencia en la misma, se negará la solicitud.

Se advierte que, por el contrario, el solicitante utiliza la institución procesal de la aclaración de la sentencia, como si ésta fuera un recurso de instancia adicional a los consagrados en la ley para adoptar la decisión de fondo, por lo que se concluye, estaría ejerciendo de forma abusiva dicho mecanismo.

6. Procedencia de la adición de la sentencia.

En relación con la fijación de los efectos del fallo derivado de haberse declarado únicamente la nulidad del acto de elección, la Sala pone de presente que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 139 y 163 de la Ley 1437 de 2011, en materia electoral el acto que debe atacarse en nulidad es el que declara la elección y sobre el cual el juez contencioso debe resolver acerca de su legalidad, lo cual conllevó a que en la parte resolutiva de la sentencia del 3 de marzo del año en curso la Sala únicamente se pronunciara respecto del acto demandado, esto es el Acuerdo Nº 42 del 26 de noviembre de 2014, y no sobre los actos preparatorios proferidos en el trámite de la elección.

Si bien resulta viable en sede de nulidad electoral que se revisen actos intermedios que puedan viciar el acto final de elección, tal circunstancia no se presentó en el caso concreto en el cual los Acuerdos Nos. 039, 040 y 041 no se examinaron, toda vez que la ilegalidad del acto final de elección surgió de la calidad de rector-candidato del elegido y no del procedimiento adelantado.

Tal situación jurídica hace imperativo que la Sala se pronuncie en el caso concreto sobre los efectos de la nulidad, por lo que adicionará el fallo en el sentido de indicar que la declaratoria de nulidad implica la realización de una nueva citación para llevar a cabo la sesión en la que el Consejo Superior Universitario habrá de elegir al rector de la UPTC, de la lista definitiva de candidatos admitidos(10).

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

1. NEGAR la solicitud de aclaración del fallo del 3 de marzo de 2016, presentada por el apoderado judicial del demandado.

2. ADICIONAR el fallo del 3 de marzo de 2016 en los términos indicados en la parte motiva de esta decisión.

3. RECONOCER personería adjetiva al abogado Iván Mauricio Álvarez para actuar en representación del demandado Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, en el trámite de las solicitudes de aclaración y adición del fallo del 3 de marzo de 2016, sin que se entienda revocado el poder anterior, por las consideraciones expuestas en la parte motiva.

4. RECONOCER personería adjetiva al abogado Luis Gabriel Arbeláez Marín para actuar en representación del Ministerio de Educación, en los términos y para los efectos del memorial visible a folio 1151 del cuaderno principal del expediente.

Notifíquese y cúmplase.

La presente decisión se discutió y aprobó en sesión de la fecha.

Consejeros: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, presidente—Rocío Araújo Oñate—Carlos Enrique Moreno Rubio—Alberto Yepes Barreiro—Antonio Agustín Aljure Salame, conjuez.

1 Fl. 1068.

2 Fl. 1071.

3 Fl. 1072.

4 “ART. 149.—Competencia del consejo de estado en única instancia: El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 4º De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus cámaras y sus comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la judicatura, la junta directiva o consejo directivo de los entes autónomos del orden nacional y las comisiones de regulación”. (Subrayas fuera de texto).

5 Aplicable al caso por virtud del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, ante la ausencia de norma expresa que regule la materia en el estatuto procesal administrativo.

6 Artículo 285.

7 Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto del 13 de octubre de 2011, Rad. Interna: 2010-0030, 2010-0039, 2010-0042 y 2010-0052, C.P. Mauricio Torres Cuervo.

8 En los términos del último inciso del artículo 197 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del 203 del mismo estatuto. En efecto se observa que la notificación personal de la sentencia se efectuó mediante correo electrónico como se evidencia a folios 1048 a 1050.

9 Ver, entre otros, el auto de 16 de julio de 2014, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. 11001-03-28000-2013-00024-00.

10 Sobre la procedencia de la adición en casos como el que ocupa la atención de la Sala, con el objeto de indicar los efectos de la declaratoria de nulidad, se dio en el proceso de nulidad electoral adelantado contra Jhon James Fernández López, director general de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Auto del 22 de octubre de 2015, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Exp. 2014-00132.