Auto 2015-00004 de febrero 26 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 11001-03-28-000-2015-00004-00

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil quince.

Actor: Ministerio de Educación Nacional

Demandado: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Procede la Sala a pronunciarse sobre la admisión de la demanda presentada por el Ministerio de Educación Nacional y respecto de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo por medio del cual se designó a Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia “UPTC”, período 2015-2018.

Antecedentes

En ejercicio del medio de control de nulidad electoral la parte actora presentó demanda en procura de que se declare la nulidad de la designación del señor Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, rector de la UPTC, periodo 2015-2018.

Consideraciones

1. Admisión de la demanda.

Toda vez que la presente demanda reúne los requisitos contemplados en los artículos 162, 163 y 166 del CPACA; y se instauró dentro del término legalmente exigido en el literal a) del numeral 2º del artículo 164 del mismo estatuto y por ser competente la Sala para conocer del proceso en única instancia y de la suspensión provisional(1), ya que se trata del acto de elección del rector de la UPTC, ente autónomo universitario del orden nacional(2), se procederá a su admisión.

2. Suspensión provisional.

La fuerza ejecutiva y ejecutoria que tienen los actos administrativos una vez quedan en firme como prerrogativa y pilar fundamental de la actuación pública, determinan su impostergable cumplimiento así sean demandados judicialmente; pero al mismo tiempo y como contrapartida y garantía de los administrados(3) implica que estos puedan solicitar ante el juez la suspensión de sus efectos mientras se tramita el correspondiente proceso donde se cuestiona su legalidad.

La herramienta fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico en 1913 con la Ley 130 y regulada posteriormente con las leyes 80 de 1935 y 167 de 1941 y el Decreto 1 de 1984. Sin embargo, constitucionalmente sólo fue establecida hasta 1945 con el Acto Legislativo 1 en su artículo 193.

Con el cambio constitucional en el año 1991 es el artículo 238 el que establece la posibilidad de aplicar la suspensión como medida provisoria frente a la efectividad de los actos administrativos, disposición desarrollada ahora en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —L. 1437/2011— (arts. 229 y ss.).

El Estado de derecho supone por antonomasia el acatamiento de las normas jurídicas tanto por parte de la administración como de los particulares y nuestra tradición jurídica nos reconduce al cumplimiento de estas reglas jurídicas a través de la coherencia y congruencia normativa que implica, dentro del sistema jerárquico y piramidal, la no contradicción entre unas y otras; y en caso de presentarse tal fenómeno, la posibilidad de desactivar, definitiva o transitoriamente, la disposición transgresora en garantía del principio de legalidad. Pues es precisamente esa posibilidad de dejar sin efecto temporal la norma, el objeto de la denominada “suspensión provisional”.

En la actualidad el artículo 229 del CPACA, consagra la medida en comento exigiendo una “... petición de parte debidamente sustentada”, y el 231 impone como requisito la “... violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”.

Entonces, las disposiciones precisan que la medida cautelar i) se debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o en lo que el demandante sustente al respecto en escrito separado o en la misma demanda, pero en todo caso que sea específica y propia para la procedencia de la medida excepcional, o una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en el concepto de violación y; ii) al resolver se debe indicar si la violación de las disposiciones invocadas surge de la confrontación entre el acto demandado y las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

De esta manera, el cambio sustancial respecto al régimen del anterior Código Contencioso Administrativo radica en que, a la luz del artículo 231 del nuevo CPACA, el operador judicial puede analizar la transgresión bien sea con la confrontación entre el acto y las normas superiores invocadas o con el estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, sin que ello implique prejuzgamiento(4).

3. Caso concreto.

En el presente asunto el actor solicitó en el escrito de la demanda que se decretara la medida cautelar de suspensión provisional del acto de designación del señor Álvarez Álvarez esgrimiendo como fundamento “... los argumentos utilizados en el acápite normas violadas y concepto de violación”.

Así las cosas, la Sala procederá a mencionar las normas que la parte actora considera vulneradas y el respectivo concepto de la violación expuesto en el escrito de demanda:

a) Artículos 29(5) y 209(6) de la Constitución Política: respecto de los artículos 29 y 69 afirmó que la publicación en el Diario Oficial de los actos administrativos que antecedieron a la designación del rector de la UPTC, se realizó de manera “... extemporánea, cuando ya se habían surtido etapas establecidas en los cronogramas y que fueron concluyentes para la elección como lo son las fases de inscripción y de consulta”.

Precisó que “la constitucionalización del derecho al debido proceso” implica la protección superior de las garantías mínimas de carácter sustancial y procedimental que deben respetar las autoridades judiciales y administrativas en desarrollo de sus actuaciones y para imponer límites al abuso de poder.

De los anteriores postulados, entre otros, es que surge la obligatoriedad de publicar los actos administrativos que rigen el proceso de designación pues es la herramienta que permite a los interesados conocer las reglas y los tiempos del proceso de selección. Entonces, es claro que la publicación extemporánea tiene la virtualidad de afectar este derecho y de privar de transparencia el citado procedimiento administrativo. Argumento que fundó en apartes trascritos de la Sentencia C-012 de 2013 de la Corte Constitucional.

b) En relación con el artículo 69(7): se limita a exponer que de conformidad con este precepto las instituciones de educación superior están facultadas para regirse por sus propios estatutos, potestad que se convierte simultáneamente en una obligación en su desarrollo académico y administrativo. Así las cosas, al no publicarse a tiempo los actos administrativos dictados en el proceso eleccionario de rector de la UPTC, se evidencia que “... no se sometieron al cumplimiento de todos los requisitos necesarios para entrar a regir, en consecuencia, conforme lo establecen los estatutos se violó igualmente el artículo 69 constitucional que ordena que las universidades deban regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. Situación que, en su criterio, se configura desde el mismo momento en que no se da estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma que la misma UPTC estableció.

c) Artículo 119(8) de la Ley 489 1998: Señaló que a pesar de la calidad de entes autónomos las instituciones de educación superior deben atender los postulados de la mentada Ley 489 de 1998 (sin precisar cuáles) y también los contenidos en el artículo 65(9) del CPACA.

De acuerdo con lo expuesto expuso que partiendo del hecho que el cronograma que establece las reglas y procedimientos que regirían el proceso de designación del rector de la UPTC, se publicó de manera extemporánea y “... se ejecutó cuando no estaba en firme”, resulta evidente que las actuaciones subsiguientes (entre otras inscripción de candidatos, la consulta y la publicación de candidatos que cumplían requisitos), tampoco se realizaron en el tiempo estipulado y también se ejecutaron sin estar en firme “... careciendo así de obligatoriedad y por ende restando validez a los actos posteriores en los que se basaron en este caso el Acuerdo 42 de 2014, de designación de rector para el periodo 2015-2018”.

Además, afirmó que vía jurisprudencial la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 29 de mayo de 2014(10) dejó claramente establecido que la publicación en el Diario Oficial de los actos generales resulta una actuación obligatoria para las entidades y órganos del orden nacional, incluyendo las autónomas y se constituye en requisito de eficacia y oponibilidad frente a terceros.

d) Artículos 29(11) y 67(12) de la Ley 30 de 1992. 

En relación con dicha normativa alegó que la publicación extemporánea de los actos administrativos evidencia la vulneración de las normas estatutarias y legales que rigen este tipo de procedimientos. Además, afirmó que “... es claro además que los miembros del Consejo Superior cumplen funciones públicas encomendadas y en razón a ello deben preservar los principios del artículo 209 de la Carta Constitucional, así como acatar lo señalado en el parágrafo del artículo 119 de la Ley 489 de 1998. Y de la misma forma de acuerdo con la normativa y la jurisprudencia señalada, por ser una institución universitaria del orden nacional, tal como consta en el estatuto general, tiene la obligación de publicar en el Diario Oficial los actos administrativos de carácter general que expida”.

e) Estatuto del Consejo Superior Universitario —Ac. 66/005—: únicamente expuso que “El artículo 13 del Acuerdo 66 de 2005 ratifica la obligación establecida para los miembros del Consejo Superior de designar rector y que esa designación debió hacerse acatando lo preceptuado por la ley sobre la publicación de los actos administrativos, y se deja ver en esta demanda y de las pruebas que se solicitan(13) en ella que el Consejo Superior no cumplió esa función, más aun teniendo en cuenta que la reglamentación expedida para la designación de rector se contempló de manera expresa la publicación en el Diario Oficial, irrespetando uno de los supuestos de legalidad necesarios como es la publicación oportuna del acto de carácter general en el que se soporta el particular Acuerdo 42 de 2014”.

Allega como sustento probatorio de lo anterior, entre otros, los siguientes documentos:

— Acuerdo 39 de 2014 “Por el cual se establece el reglamento para designar el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para el periodo 2015-2018 y se fija el calendario” (fls. 11 y 12).

— Acuerdo 40 de 2014 “Por el cual se modifica el Acuerdo 39 de 2014 “Por el cual se establece el reglamento para designar el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para el periodo 2015-2018”” (fls. 13 y 14).

— Acuerdo 41 de 2014 “Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 4º del Acuerdo 40 del 25 de octubre de 2014, para la consulta prevista en el estatuto general, artículo 18 del Acuerdo 66 de 2005” (fls. 15 al 17).

— Acuerdo 66 de 2005 “Por el cual se expide el estatuto general de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia” (fls. 18 al 32).

— Copia parcial del Diario Oficial 49354 del 3 de diciembre de 2014 en el que consta la publicación del Acuerdo 42 de 2014 “Por medio del cual se designa rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Periodo 2015-2018” (fl. 36).

Solución del caso

De conformidad con los argumentos en que se funda la solicitud de suspensión provisional se tiene que el reparo del actor recae en la publicación extemporánea en el Diario Oficial de los acuerdos:

— 39 de 2014 “Por el cual se establece el reglamento para designar el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para el periodo 2015-2018 y se fija el calendario”.

— 40 de 2014 “Por el cual se modifica el Acuerdo 39 de 2014 “Por el cual se establece el reglamento para designar el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para el periodo 2015-2018”” (fls. 13 y 14).

— 41 de 2014 “Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 4º del Acuerdo 40 del 25 de octubre de 2014, para la consulta prevista en el estatuto general, artículo 18 del Acuerdo 66 de 2005”.

Toda vez que con esa actuación extemporánea la universidad aplicó actos administrativos que no estaban vigentes, en el entendido que con la publicación el acto adquiere ejecutividad y oponibilidad frente a terceros, irregularidad que fundó en las normas antes descritas.

De entrada advierte la Sala que de la confrontación del acto acusado con el contenido de los artículos 29(14), 69(15) y 209(16) de la Constitución Política, 119(17) de la Ley 489 1998, 29(18) y 67(19) de la Ley 30 de 1992 y 13 del estatuto del Consejo Superior Universitario —Ac. 66/2005— y teniendo claro que el actor funda sus reparos en la presunta extemporaneidad de la publicación de los acuerdos que se dictaron en el proceso que culminó con la designación del demandado como rector de la UPTC, no se advierte la vulneración alegada por las siguientes razones:

a) la normativa invocada por el demandante en ningún aparte fija un término para la publicación de los actos administrativos a los que se alude en la demanda;

b) si acudiéramos a las consecuencias que devienen de la tardía publicación de dichos actos administrativos, en la medida en que a través de esa actuación se configuran los requisitos de eficacia y oponibilidad frente terceros, se debe manifestar que no obra prueba que permita a la Sala evidenciar la existencia de los posibles perjuicios causados por esta circunstancia y;

c) si lo pretendido es dictar la medida cautelar porque se ejecutaron acuerdos antes de su publicación, se debe advertir que el demandante omitió acreditar la publicación de los actos administrativos que dice no estaban en firme para su ejecución, razón por la cual es necesario agotar la etapa de pruebas y realizar el respectivo estudio de fondo.

Ahora bien, respecto del análisis del acto demandado frente a las pruebas allegadas con la solicitud, la Sala advierte que el demandante se limitó a mencionar las fechas de publicación de los acuerdos dictados en el trámite del proceso que culminó con la designación del demandado, pero no aportó copia de las correspondientes publicaciones. Esta situación genera que en este momento no se tenga certeza de la fecha en la cual se surtieron las publicaciones que se dice extemporáneas.

En síntesis, la Sala concluye que de la confrontación del acto acusado con las normas invocadas, en este momento procesal, no es posible advertir la presunta irregularidad que presenta el acuerdo de designación cuestionado. Además, al analizar la documentación aportada con la demanda no aparecen suficientes elementos de juicio que permitan elucubrar sobre una hipotética irregularidad en la designación de Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, rector de la UPTC.

Por lo tanto, en este momento procesal y con el material probatorio allegado, no es posible acceder al decreto de la medida cautelar solicitada.

Por las anteriores razones y con fundamento en los artículos 231 y 277 del CPACA la Sala,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR la demanda de nulidad electoral promovida por la apoderada del Ministerio de Educación Nacional contra la designación de Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, por lo que se dispone:

1. NOTIFÍQUESE a Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, de conformidad con el numeral 1º del artículo 277 del CPACA. Para ese efecto, se comisiona al Tribunal Administrativo de Boyacá. Por secretaría líbrese despacho comisorio al señor presidente de esa corporación, con los insertos del caso, remitiéndole copia de la demanda y de sus anexos, a fin de que por el Magistrado a quien corresponda por reparto el asunto, se adelante la actuación pertinente.

2. NOTIFÍQUESE personalmente al Consejo Superior Universitario de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 277 del CPACA.

3. NOTIFÍQUESE personalmente al señor agente del Ministerio Público ante esta Sección como lo dispone el numeral 3º del artículo 277 del CPACA.

5.(sic) NOTIFÍQUESE por estado a la parte actor.

6. INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso como lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del CPACA.

SEGUNDO: NO DECRETAR la suspensión provisional del Acuerdo 42 de 2014 “Por medio del cual se designa rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, período 2015-2018”.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Lucy Jeannette Bermúdez BermúdezSusana Buitrago Valencia—Alberto Yepes Barreiro.

1 “Artículo 149 del CPACA. Competencia del Consejo de Estado en única instancia (...). 4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus cámaras y sus comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional el Consejo Superior de la Judicatura, la Junta Directiva o Consejo Directivo de los entes autónomos del orden nacional y las comisiones de regulación”.

“Artículo 1º del Acuerdo 55 de 2004 que modificó el 13 del Acuerdo 58 de 1999. Distribución de negocios entre las secciones (...) Sección Quinta (...). 3. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos”

“Artículo 277 CPACA (...). En el caso de que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, la que debe solicitarse en la demanda, se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual debe ser proferido por el juez, la sala o sección. (...)”.

2 De conformidad con lo expuesto por el artículo 1º del Acuerdo 066 de 2005 “Por el cual se expide el estatuto general de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia”.

3 González Rodríguez, Miguel, “Derecho Procesal Administrativo”, Ed. Jurídicas Wilches, Bogotá 1989.

4 Artículo 229 inciso segundo del CPACA.

5 “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

6 “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

7 “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.

El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”.

8 “Publicación en el Diario Oficial. A partir de la vigencia de la presente ley, todos los siguientes actos deberán publicarse en el Diario Oficial:

a) Los actos legislativos y proyectos de reforma constitucional aprobados en primera vuelta;

b) Las leyes y los proyectos de ley objetados por el gobierno;

c) Los decretos con fuerza de ley, los decretos y resoluciones ejecutivas expedidas por el Gobierno Nacional y los demás actos administrativos de carácter general, expedidos por todos los órganos, dependencias, entidades u organismos del orden nacional de las distintas ramas del poder público y de los demás órganos de carácter nacional que integran la estructura del Estado.

PAR.—Únicamente con la publicación que de los actos administrativos de carácter general se haga en el Diario Oficial, se cumple con el requisito de publicidad para efectos de su vigencia y oponibilidad”.

9 “Deber de publicación de los actos administrativos de carácter general. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso.

Las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad podrán divulgar esos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la página electrónica o por bando, en tanto estos medios garanticen amplia divulgación.

Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general, se comunicarán por cualquier medio eficaz.

En caso de fuerza mayor que impida la publicación en el Diario Oficial, el Gobierno Nacional podrá disponer que la misma se haga a través de un medio masivo de comunicación eficaz.

PAR.—También deberán publicarse los actos de nombramiento y los actos de elección distintos a los de voto popular.

10 Exp: 2011-00059-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

11 “La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente ley en los siguientes aspectos:

a) Darse y modificar sus estatutos.

b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.

c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos.

d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión.

e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos.

f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.

g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.

PAR.—Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se requiere notificación al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes”.

12 Los integrantes de los consejos superiores o de los consejos directivos, según el caso, que tuvieren la calidad de empleados públicos y el rector, estarán sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la ley y los estatutos así como las disposiciones aplicables a los miembros de juntas o consejos directivos de las instituciones estatales u oficiales. Todos los integrantes del Consejo Superior Universitario o de los consejos directivos, en razón de las funciones públicas que desempeñan, serán responsables de las decisiones que se adopten.

13 Aclara la Sala que en el acápite de pruebas de la demanda no se menciona solicitud alguna (fl. 12 adv.).

14 “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.

Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

15 “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.

El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”.

16 “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

17 “Publicación en el Diario Oficial. A partir de la vigencia de la presente ley, todos los siguientes actos deberán publicarse en el Diario Oficial:

a) Los actos legislativos y proyectos de reforma constitucional aprobados en primera vuelta;

b) Las leyes y los proyectos de ley objetados por el gobierno;

c) Los decretos con fuerza de ley, los decretos y resoluciones ejecutivas expedidas por el Gobierno Nacional y los demás actos administrativos de carácter general, expedidos por todos los órganos, dependencias, entidades u organismos del orden nacional de las distintas ramas del poder público y de los demás órganos de carácter nacional que integran la estructura del Estado.

PAR.—Únicamente con la publicación que de los actos administrativos de carácter general se haga en el Diario Oficial, se cumple con el requisito de publicidad para efectos de su vigencia y oponibilidad”.

18 “La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente ley en los siguientes aspectos:

a) Darse y modificar sus estatutos.

b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.

c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos.

d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión.

e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos.

f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.

g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.

PAR.—Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se requiere notificación al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes”.

19 Los integrantes de los consejos superiores o de los consejos directivos, según el caso, que tuvieren la calidad de empleados públicos y el rector, estarán sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la ley y los estatutos así como las disposiciones aplicables a los miembros de juntas o consejos directivos de las instituciones estatales u oficiales. Todos los integrantes del Consejo Superior Universitario o de los consejos directivos, en razón de las funciones públicas que desempeñan, serán responsables de las decisiones que se adopten.