Auto 2015-00005 de mayo 15 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001-03-28-000-2015-00005-00

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actor: Edgar Humberto Silva González

Demandado: Consejo Nacional Electoral

Bogotá, D. C., quince de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «SE CONSIDERA:

El artículo 161-1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo exige como presupuesto de procedibilidad para instaurar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que verse sobre asunto conciliable, que se acredite previamente el trámite de conciliación extrajudicial.

Examinados los anexos de la demanda se advierte que no obra acreditación en el sentido de que se haya atendido a esta exigencia.

La apoderada del demandante considera que en el presente caso no existe obligación de agotar este presupuesto procesal debido a que en la demanda se solicita medida cautelar de carácter patrimonial, consistente en decretar “la suspensión provisional de la Resolución 3049 del 29 de julio de 2014” que sancionó al Partido de la U con multa de $5.821.848 y además, que el acto administrativo acarrea pérdida del empleo de su representado, “lo que de manera directa genera consecuencias patrimoniales”.

Que así lo establece el inciso segundo del artículo 613 del Código General del Proceso.

Estudiada la sustentación del recurso y la alegación del demandante se tiene:

La medida cautelar solicitada en la demanda corresponde a la de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 3049 del 29 de julio de 2014 y de su confirmatoria 3347 del 20 de octubre de 2014 del Consejo Nacional Electoral.

Se trata de acto administrativo sancionatorio de naturaleza pecuniaria.

Pero en cambio, la medida cautelar que se depreca: que se suspendan sus efectos, en sí misma no tiene un contenido patrimonial. No concierne a que el juez produzca una orden provisional de protección al objeto del proceso y para la efectividad de la sentencia, que materialmente y de manera directa se refiera a que el demandado para cumplir tal orden deba hacer erogaciones económicas.

Así, una cosa es que los actos demandados tengan un carácter patrimonial porque imponen una sanción pecuniaria (multa), y otra diferente es que la medida cautelar también posea este carácter, cosa que para el presente caso no ocurre así, si se parte de que la solicitud concierne a que el juez provisionalmente dicte una orden cuya ejecución o cumplimiento no conlleva en forma directa e inmediata para el demandado efectuar gastos o inversiones de carácter económico.

En consecuencia, como se omitió verificar este requisito cuando se admitió la demanda, es preciso revocar tal decisión para, en su defecto, inadmitirla a fin de solicitarle al demandante que la corrija en el sentido de que acredite que atendió al requisito de procedibilidad de que trata el numeral 1 del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, el trámite de la conciliación extrajudicial.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1: DEJAR SIN EFECTO los ordinales segundo y tercero del auto de 24 de marzo de 2015, esto es en cuanto se admitió la demanda y se ordenó correr traslado de la misma, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2: INADMITIR la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor Edgar Humberto Silva González, con el objeto de que se anule Resolución 3049 del 29 de julio de 2014 “Por medio de la cual se sanciona al Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U, por violación de los límites de ingresos y gastos de la campaña electoral a la alcaldía municipal de Puerto Gaitán - Meta del candidato Edgar Humberto Silva González, vulnerando lo dispuesto en el artículo 10 numeral 4 de la Ley 1475 de 2011” y la Resolución 3347 del 20 de octubre de 2014 que al resolver el recurso de reposición interpuesto contra la anterior, la confirmó, ambas proferidas por el Consejo Nacional Electoral.

3: ORDENAR al demandante que en el plazo de diez (10) días de que trata el artículo 170 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo corrija la demanda en el sentido de acreditar el cumplimiento del requisito de que trata el numeral 1 del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notifíquese y cúmplase».