Auto 2015-00018 de agosto 25 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad. 110010328000201500018-00

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Actor: Federico González Campos

Demandado: Nación (rama judicial - dirección ejecutiva de administración judicial)

Auto que resuelve la solicitud de medida de suspensión provisional

Nulidad de contenido electoral

Bogotá, D.C., veinticinco de agosto de dos mil quince.

Una vez admitida la demanda de contenido electoral presentada por el ciudadano Federico González Campos contra los acuerdos 6(1) y 7(2) del 17 y 30 de julio 2015, respectivamente, proferidos por la comisión interinstitucional de la rama judicial, procede el despacho, a pronunciarse sobre solicitud de suspensión provisional de urgencia de los efectos de los citados actos administrativos.

I. Antecedentes

1. Demanda y pretensiones.

En ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, la parte actora incoó demanda con el objeto de que se declare la nulidad de los acuerdos 6 y 7 de 17 y 30 de julio de 2015, ambos proferidos por la comisión interinstitucional de la rama judicial y solicitó la medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los actos demandados (fls. 102 y 103 de cuaderno de solicitud de la medida cautelar).

2. Hechos.

Como fundamentos fácticos, en síntesis, se plantearon los siguientes:

2.1. El 7 de julio de 2015(3), el Congreso de la República publicó el Acto Legislativo 2 de 1º de julio de 2015, por medio del cual se adoptó la llamada reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictaron otras disposiciones que modificaron la estructura de gobierno y administración del poder judicial.

2.2. Con el artículo 15 de ese acto legislativo se reemplazó el artículo 254 de la Constitución Política y se creó el consejo de gobierno judicial como autoridad encargada, entre otras competencias, de definir las políticas de la rama judicial, y en el artículo 18 transitorio de la citada reforma constitucional, se consagró que el Gobierno Nacional antes del 1º de octubre de 2015 debía presentar un proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial y hasta tanto esta se apruebe y entre en vigencia, los miembros del consejo de gobierno judicial serían designados mediante elecciones que “serán organizadas por la comisión interinstitucional de la rama judicial”.

2.3. El artículo 18 del Acto Legislativo 2 de 2015 consagró como disposición transitoria en el literal a) del numeral primero que las elecciones de los representantes de magistrados de tribunal y los jueces y de los empleados judiciales serán organizadas por la comisión interinstitucional de la rama judicial, así:

“ART. 18.—Transitorio. El Gobierno Nacional deberá presentar antes de 1º de octubre de 2015 un proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial.

Las siguientes disposiciones regirán hasta que entre en vigencia dicha ley estatutaria:

l. Los órganos de gobierno y administración judicial serán conformados así:

a) Los miembros del consejo de gobierno judicial deberán ser designados o electos dentro de dos meses contados a partir de la entrada en vigencia de este acto legislativo. Las elecciones del representante de los magistrados de tribunal y los jueces y del representante de los empleados judiciales serán realizadas por voto directo de sus pares de la rama judicial. Las elecciones serán organizadas por la comisión interinstitucional de la rama judicial”.

2.4. El último inciso del mismo artículo 18 del Acto Legislativo 2 de 2015 derogó los numerales 3º, 4º, 5º y 7º del artículo 97 y el numeral 6º del artículo 131 de la Ley 270 de 1996.

2.5. Si bien con los acuerdos demandados se pretendió dar cumplimiento a lo previsto en la parte final del literal a), numeral primero del artículo 18, es lo cierto que, además de organizar las elecciones, la comisión interinstitucional realizó la convocatoria pública y asignó funciones a otros órganos del poder público.

2.6. Que los actos demandados se fundamentan en los artículos 97 de la Ley 270 de 1996 y 5º del reglamento de la comisión interinstitucional (Ac. 1/96). El primero derogado expresamente por el inciso final del artículo 18 del Acto Legislativo 2 de 2015 (L. 270/96, art. 97, nums. 3º, 4º, 5º y 7º) y el segundo refiere únicamente a las funciones del presidente de la comisión interinstitucional, dentro de las cuales no se asigna la competencia de convocar a elecciones.

2.7. Del artículo 97 de la Ley 270 de 1996, solo quedan vigentes los numerales 1º y 2º que señalan:

“1. Contribuir a la coordinación de las actividades de los diferentes organismos administrativos de la rama judicial.

2. Solicitar informes al auditor responsable de dirigir el sistema de control interno de la rama judicial”.

2.8. La única competencia estatuida por el constituyente delegado era la referida a “organizar” las elecciones de los representantes de las bases judiciales al consejo de gobierno judicial.

II. Consideraciones

1. De la petición de la medida cautelar de urgencia.

1.1. De las medidas cautelares: concepto y finalidades.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el vocablo cautelar como:

“1. adj. Der. Preventivo, precautorio. U. t. en sent. fig.

2. adj. Der. Dicho de una medida o de una regla: Destinada a prevenir la consecución de determinado fin o precaver lo que pueda dificultarlo. Acción, procedimiento, sentencia cautelar”(4).

De tal acepción se puede inferir que las medidas cautelares tienen, entre otros, el objeto de prevenir un hecho o una situación jurídica, pero además de tal propósito también pueden ser conservativas, anticipativas o de suspensión.

La Corte Constitucional en la Sentencia C-379 de 2004(5) al referirse al concepto de las medidas cautelares sostuvo que:

“... son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido”.

En relación con su fundamento constitucional, la Corte, en la citada sentencia, precisó que:

“Las medidas cautelares tienen amplio sustento constitucional, puesto que desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia, son un elemento integrante del derecho de todas las personas a acceder a la administración de justicia y contribuyen a la igualdad procesal. Sin embargo, la Corte ha afirmado que ‘aunque el legislador, goza de una considerable libertad para regular el tipo de instrumentos cautelares y su procedimiento de adopción, debe de todos modos obrar cuidadosamente, por cuanto estas medidas, por su propia naturaleza, se imponen a una persona antes de que ella sea vencida en juicio. Por ende, (...) los instrumentos cautelares, por su naturaleza preventiva, pueden llegar a afectar el derecho de defensa y el debido proceso, en la medida en que restringen un derecho de una persona, antes de que ella sea condenada en un juicio”.

Así, las medidas cautelares, son mecanismos jurídicos, establecidos por el legislador con fundamento constitucional, que tienen como finalidad garantizar la eficacia de las providencias judiciales que ponen fin a un proceso.

Teniendo de presente los aspectos generales de las medidas cautelares es importante profundizar frente a estas en los medios de control de lo contencioso administrativo, para lo cual el despacho retoma lo dicho en ocasión pretérita(6), cuando se señaló que:

“Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, para la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no se regulaba medio de cautela diferente a la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, la cual tuvo su primera aparición con el desarrollo legal de la Ley 130 de 1913 —primer Código de lo Contencioso Administrativo(7)— y luego en la Carta de 1886(8), a la que se introdujo mediante Acto Legislativo 1 de 1945, disponiéndose que solo procedía para ciertos procesos ordinarios que se adelantaran ante esta jurisdicción, es decir, aquellos orientados al control de legalidad de actos administrativos.

Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, se establecieron medidas cautelares distintas a la de ‘Suspensión provisional’(9), las cuales como se indicó se clasificaron según su naturaleza en preventiva, conservativa y anticipativa, y se pueden decretar según el derecho que se reclama(10)”.

En este evento el demandante ha deprecado con el carácter de urgente la tradicional y propia del derecho contencioso administrativo, esto es, la suspensión provisional del acto demandado, prevista en el artículo 238 de la Carta Política y desarrollada ahora en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011— (arts. 229 y ss.).

Hoy en día el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo consagra la medida en comento exigiendo una “petición de parte debidamente sustentada”, y el 231 impone como requisito la “... violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”.

Pero el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo fue aún más allá y consagró las llamadas medidas cautelares de urgencia, previendo para ellas un trámite expedito y muy ágil, en los términos del artículo 234: “Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete”.

Entonces, las disposiciones generales, a las cuales hay que remitirse, precisan que la medida cautelar: i) se debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o en lo que el demandante sustente al respecto en escrito separado —siempre que se encuentre en término para accionar— o en la misma demanda, pero en todo caso que sea específica y propia para la procedencia de la medida excepcional, o una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en el concepto de violación contenida en la demanda y ii) al resolver se debe indicar si la violación de las disposiciones invocadas surge de la confrontación entre el acto demandado y las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

De esta manera, el cambio sustancial respecto al régimen del anterior Código Contencioso Administrativo radica en que, a la luz del artículo 231 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el operador judicial puede analizar la transgresión bien sea con la confrontación entre el acto y las normas superiores invocadas o con el estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, sin que ello implique prejuzgamiento.

1.2. De la competencia para decidir la medida cautelar solicitada.

En relación con la competencia para resolver la medida cautelar de urgencia en ejercicio del medio de control de nulidad, el legislador estableció en el artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que “Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar...”, por ende, procede este despacho a decidir sobre la medida cautelar deprecada.

1.3. De la decisión de la medida cautelar solicitada.

El señor Federico González Campos en escrito aparte a la demanda, solicita como medida cautelar de urgencia la suspensión provisional de los efectos de los acuerdos 6, junto con su anexo “Protocolo para el proceso de elección de los magistrados de tribunales y jueces de la república, y empleados de la rama judicial para integrar el consejo de gobierno judicial”, y 7 de 17 y 30 de julio de 2015, ambos proferidos por la comisión interinstitucional de la rama judicial.

Indica que además de los argumentos expuestos en el citado escrito remite a lo planteado en el libelo de la demanda, en el que se precisa que, el actor pretende la anulación de los actos demandados por considerar que: (i) no está dentro de las funciones atribuidas a la comisión interinstitucional la de convocar a elecciones de los representantes de jueces y magistrados y empleados al consejo de gobierno judicial y, (ii) los artículos 2º, 3º, 5º, 10, 11, 12 y 15 del Acuerdo 6 de 2015, junto con el protocolo para el proceso de elección, desbordan la competencia de “organizar” dichas elecciones asignada a la comisión interinstitucional según el artículo 18 del Acto Legislativo 2 de 2015.

Ahora bien, como se indicó el juez al resolver la medida cautelar debe analizar si el acto demandado transgrede las normas superiores invocadas o si estas son vulneradas a partir de la petición o de las pruebas allegadas con la misma.

Así las cosas, y comoquiera que el asunto en debate es de puro de derecho, procederá el despacho a: i) relacionar y determinar el contenido de los actos acusados; ii) identificar las censuras a los mismos; para finalmente iii) analizar si los acuerdos demandados vulneran las normas invocadas.

1.3.1. Del contenido de los actos acusados.

Procede el despacho a analizar cada una de las normas que se solicita se declare la nulidad y se decrete la suspensión provisional:

• Acuerdo 6 de 17 de julio de 2015 “Por el cual se convoca a los magistrados de tribunales y jueces de la República y empleados de la rama judicial para elegir su representante y conformar el consejo del gobierno judicial”, proferido por la comisión interinstitucional de la rama judicial. Específicamente los siguientes artículos (subrayados por el actor):

Acuerdo 6 de 2015Acuerdo 7 de 2015
Artículo 2º
“La comisión interinstitucional de la rama judicial dará aplicación a este reglamento para la elección del representante de los magistrados de tribunales y jueces de la República y del representante de los empleados de la rama judicial que conformarán el consejo de gobierno judicial, o cuando se susciten ausencias definitivas por retiro del servicio, retiro de la carrera judicial, renuncia o la representación y muerte; o temporales, por comisión de estudios, comisión especial o licencias”
 
Artículo 3º
“Tendrán derecho a ser elegidos los magistrados de tribunales y jueces de la República y los empleados de la rama judicial que acrediten su calidad de servidores de la justicia y no hayan sido sancionados disciplinariamente en los últimos 5 años”.
 
Artículo 5º literal b)
“En el momento de la inscripción, los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos:
(...).
b) Adjuntar a su aspiración una planilla con un número de firmas de sus pares que respalden su candidatura equivalentes al menos el veinte por ciento (20%) del número de empleados aptos para votar en su respectivo distrito judicial, siempre y cuando la ley no regule un porcentaje diferente. Dichas planillas deben contener el nombre del servidor judicial, número de cédula de ciudadanía y despacho o dependencia a la cual pertenece, información que será verificada por la dirección ejecutiva seccional del distrito judicial al que se encuentre vinculado el candidato”.

b) Los candidatos en el momento de la inscripción deben adjuntar a su aspiración una planilla con un número de firmas de sus pares, que respalden sus candidaturas equivalentes al 20% del número de funcionarios o empleados aptos para votar en la respectiva seccional, siempre y cuando la ley no regule un porcentaje diferente. Dichas planillas deben contener el nombre del servidor público, número de cédula de ciudadanía y despacho dependencia a la cual pertenece, información que será verificada por la dirección ejecutiva de la seccional a la que se encuentre vinculado el candidato.
PAR.—La regla aplica para la inscripción de los candidatos por cada seccional. Las elecciones se realizarán con base en los dos listados generales consolidados por la comisión interinstitucional nacional, esto es un listado de los candidatos para representar a los magistrados de tribunales y jueces de la República y otro listado nacional para los empleados judiciales.
Artículo 10
“De los jurados de votación: cada mesa de votación contará con dos servidores judiciales, uno para cada uno de los magistrados de tribunales y jueces de la república, y otro para la urna de los empleados de la rama judicial...”
Parágrafo 2º
“El proceso de designación de jurados de votación se hará en presencia de un testigo designado por la Procuraduría General de la Nación”.
 
Artículo 11
“Para efectos de la votación las comisiones interinstitucionales seccionales, junto con las direcciones ejecutivas seccionales y con el apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, serán las encargadas de la ubicación estratégica de las mesas de votación, de acuerdo con el censo electoral y el mapa judicial en cada distrito
 
Artículo 12
“Los despachos judiciales del país que tengan dificultades de conectividad contarán con kioscos ‘vive digital’ y puntos ‘vive digital’, facilitados para este fin por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que están instalados en todos los municipios del país”.
 
Artículo 15
La presidencia de la Comisión Interinstitucional Nacional, en presencia de un delegado de la Procuraduría General de la Nación, realizará la consolidación de los resultados de votación y señalará el 28 de agosto hasta la media noche los candidatos con mayor número de votos.
 

• Anexo al Acuerdo 6 de 2015 “Protocolo para el proceso de elección de los magistrados de tribunales y jueces de la República y empleados de la rama judicial para integrar el consejo de gobierno judicial”.

• Acuerdo 7 de 30 de julio de 2015 “Por el cual se modifica y aclara el Acuerdo 6 de 17 de julio de 2015” Expedido por la comisión interinstitucional de la rama judicial”.

1.3.2. De los cargos alegados.

a. Incompetencia de la comisión interinstitucional de la rama judicial para convocar elecciones porque:

• El artículo 126 de la Constitución Política, establece que las convocatorias para la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas es de reserva legal.

• Dentro de las competencias atribuidas a la comisión interinstitucional de la rama judicial, no se encuentra la de “convocar elecciones y adelantar el proceso de elección de los miembros del consejo de gobierno judicial”, puesto que los numerales 3º, 4º, 5º y 7º del artículo 97 de la Ley 270 de 1996, de donde derivaría dicha competencia fueron expresamente derogados por el artículo 18 del Acto Legislativo 2 de 2015. Y el artículo 5º del Acuerdo 1 de 1996, expedido por la comisión interinstitucional de la rama judicial no es fundamento para convocar elecciones de los representantes de los jueces y magistrados y empleados de la rama judicial, pues refiere únicamente a las funciones del presidente de la comisión interinstitucional, y no se encuentra asignada dicha función.

b. Incompetencia de la comisión interinstitucional de la rama judicial para regular requisitos y procedimientos en la elección de los representantes de los jueces y magistrados de tribunal y empleados de la rama judicial, porque:

El Acto Legislativo 2 de 2015, en su artículo 18 otorga una única función a la comisión interinstitucional de la rama judicial, que es la referida a “organizar” las elecciones de los representantes de las bases judiciales al consejo del gobierno judicial, y el demandante considera que los artículos 2º, 3º, 5º, 10, 11, 12 y 15 del Acuerdo 6 de 2015, junto con el protocolo para el proceso de elección, que establece que las direcciones ejecutivas seccionales y las comisiones interinstitucionales levanten el censo electoral de cada circuito, desbordan esa competencia que es de reserva legal estatutaria (el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial) y ordinaria (requisitos de la convocatoria) del Congreso de la República.

1.3.3. De las normas invocadas como violadas.

Artículos 18 del Acto Legislativo 2 de 2015, 97 de la Ley 270 de 1996, 5º y 7º del Acuerdo 1 de 1996 expedido por la comisión interinstitucional y 40 de la Ley 489 de 1998, porque los actos demandados se expidieron sin competencia, falsa motivación y extralimitación de las funciones propias del organismo que las expidió.

El artículo 18 del Acto Legislativo 2 de 2015, puesto que dicha normativa solo habilita a la comisión interinstitucional para “organizar elecciones” de los representantes de las bases judiciales en el nuevo órgano de gobierno de la rama judicial en el periodo de transición.

El artículo 126 de la Constitución Política, que establece que las convocatorias para la elección de servidores públicos atribuidas a corporaciones públicas son de reserva legal, ya que incluyen fijación de requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.

Entonces, considera el demandante, que la competencia atribuida a la comisión interinstitucional de la rama judicial es meramente instrumental, en tanto está dirigida a facilitar los mecanismos logísticos y operativos propios de cualquier organización electoral que no corresponde a la determinación de requisitos y procedimientos necesarios para que cualquier convocatoria se lleve a cabo en los términos constitucionales indicados en el artículo 2º del Acto Legislativo, es decir en ningún momento se otorgó facultad reglamentaria.

Es así como, para efectos de adelantar el proceso de convocatoria pública para la elección de los servidores que integrarán el consejo de gobierno judicial, se requiere la existencia de una ley previa que fije requisitos y procedimientos de la convocatoria pública respectiva.

Específicamente, señaló el demandante, que los artículos 2º, 3º, 5º, 10, 11, 12 y 15 del Acuerdo 6 de 2015, regulan aspectos de requisitos y procedimientos de la convocatoria que deben ser contenidos en una ley, puesto que: (i) regula situaciones administrativas con vocación de permanencia para lo cual la comisión interinstitucional carece de habilitación constitucional y legal (art. 2º), (ii) establece causales de inhabilidad (art. 3º), (iii) consagra requisitos habilitantes para participar en la convocatoria (art. 5º), y (iv) establece mecanismos de garantía del principio de transparencia y asignación de competencias por vía de reglamento a órganos de control, autoridades administrativas y Registraduría (arts. 10, 11, 12 y 15)

2. Caso concreto.

Conviene precisar entonces que el actor presenta en escrito separado de la demanda (fls. 102-103) la sustentación para la medida cautelar.

Invocó como justificación de la urgencia de la medida cautelar desde los siguientes derroteros: a) al no otorgarse la medida se causa un perjuicio irremediable al adelantarse un proceso electoral sin competencia para ello y con abierta vulneración de las normas en las que debería fundarse; b) los efectos de la sentencia resultarían ineficaces por el adelantamiento de un proceso eleccionario sin competencia y con abierta usurpación de funciones asignadas constitucionalmente al legislativo, c) la violación de los artículo 2º y 18 del Acto Legislativo 2 de 2015, el artículo 97 de la Ley 270 de 1996, los artículos 5º y 7º del Acuerdo 1 de 1996 y 40 de la Ley 489 de 1998 es flagrante y; d) porque las elecciones se realizarán el 31 de agosto de 2015, una vez recibidos y verificados los resultados de la votación nacional, razón por la cual se cumpliría dicho trámite con violación directa de la Constitución y la ley (véase Ac. 6/2015, art. 16 ).

El actor afirmó que se configuran los requisitos de procedencia de la medida cautelar previstos en los artículos 231 y 234 puesto que el acuerdo demandado resulta abiertamente violatorio de la Constitución Política y la ley, encuadrando entonces en la primera posibilidad que da el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al analizar la contraposición entre el acto acusado y las normas constitucionales invocadas como vulneradas, por cuanto la formulación de la medida cautelar la hizo exclusivamente en términos de legalidad objetiva, razón por la cual el despacho analizará a continuación cada censura:

Primer cargo. Incompetencia de la comisión interinstitucional de la rama judicial para convocar elecciones por:

• Violación del artículo 126 de la Constitución Política (mod. A.L. 2/2015) y por violación a la reserva legal: porque la comisión interinstitucional para hacer convocatorias a procesos de selección de servidores públicos requería de ley que le viabilice constitucionalmente esa competencia.

Para efectos de proceder al estudio de la censura y en atención a que el Acto Legislativo 2 de 2015 es de reciente creación, el despacho considera importante cotejar los textos antes y después de la reforma de equilibrio de poderes:

Constitución Política de 1991Acto Legislativo 2 de 2015
(En subrayas lo nuevo)
ART. 126.—Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación.
Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos.

Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente.
Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior.
Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos en cargos de carrera.
Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.
Quien haya ejercido en propiedad alguno de los cargos en la siguiente lista, no podrá ser reelegido para el mismo. Tampoco podrá ser nominado para otro de estos cargos, ni ser elegido a un cargo de elección popular, sino un año después de haber cesado en el ejercido de sus funciones:
Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, miembro de la comisión de aforados, miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Registrador Nacional del Estado Civil.

El aparte en negrilla que corresponde al inciso 4º del Acto Legislativo 2 de 2015, es la disposición que sustenta la medida cautelar. Ahora bien, dentro el estado del arte se advierte que el propio acto legislativo en mención y dado que se trataba de la reestructuración organizativa de ramas del poder público, concretamente la supresión del Consejo Superior de la Judicatura dio pautas que morigeraran el impacto que implica abolir, crear y reasignar funciones, misiones y propósitos de una entidad que desaparece y que es reemplazada por otra.

En efecto, consciente de esa circunstancia, en el parágrafo 18 transitorio conminó al Congreso para que antes del 1º de octubre regulara el funcionamiento de los órganos de control de gobierno y administración judicial, a saber: consejo de gobierno judicial; gerencia de la rama judicial; comisión interinstitucional de la rama judicial y la comisión nacional de disciplina judicial. No obstante, quedó incluida la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla; las altas cortes y tribunales en ejercicio de la función nominadora.

El Constituyente derivado mantiene, mientras el llamado paso de transición entre el viejo y el nuevo sistema, parte de la estructura antigua y otorga soluciones, a efectos de atenuar el impacto tanto de las medidas de supresión como de creación.

En efecto, frente a la conformación de los órganos de gobierno y administración judicial, se lee:

a) Miembros del consejo de gobierno judicial.

Los miembros del primer consejo de gobierno judicial:

• Deben ser designados o electos dentro de los dos (2) meses contados desde la entrada en vigencia del acto legislativo (a partir de jul. 1º/2015).

• Las elecciones del representante de los magistrados de tribunal y jueces y del representante de los empleados judiciales se realizan por voto directo de sus pares en la rama judicial.

• Las elecciones serán organizadas por la comisión interinstitucional de la rama judicial.

• Uno de los tres miembros permanentes y de dedicación exclusiva será elegido para un periodo de dos (2) años; otro, para un periodo de tres (3) años.

Los miembros permanentes y de dedicación exclusiva:

• Deben ser elegidos dentro de los dos (2) meses posteriores a la elección o designación de los demás miembros del primer consejo de gobierno judicial.

b) La gerencia de la rama judicial reemplazará a la extinta dirección ejecutiva de administración judicial.

El primer gerente será elegido por el consejo de gobierno judicial, dentro de los dos (2) meses a partir de la elección del consejo de gobierno judicial.

c) La comisión interinstitucional y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura continúan ejerciendo funciones hasta que sea integrado el consejo de gobierno judicial y sea elegido el gerente de la rama judicial.

Estas son algunas de las medidas transitorias que se observan del texto del acto legislativo, conforme a las cuales se advierte en vía del análisis de suspensión provisional de urgencia que si algunos de los órganos anteriores aún cobran existencia, resultaría inane y por demás se tornaría en una imposibilidad jurídica normativa restringir su actuar mientras no entren en funcionamiento y se implementen las medidas para dar plena aplicación a los nuevos entes.

Por otra parte, aplicar el rigorismo del artículo 126 en su inciso cuarto, al exigir que deba estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, como en efecto acontecerá en el futuro cercano, pues nótese que el Constituyente exhortó al Congreso para expedir la ley estatutaria antes del 1º de octubre de 2015, imposibilitaría la aplicación de las medidas transitorias dispuestas precisamente en el acto de reforma constitucional, de ahí el mérito del sistema híbrido que actualmente se advierte sustentado en el propio Acto Legislativo 2 de 2015.

No resulta claro para el despacho, a diferencia de lo dicho por el actor, que la conformación del primer consejo de gobierno judicial que dará vida y existencia a la primera gerencia de la rama judicial y que deberá afrontar la implementación de todo el engranaje establecido en el mencionado acto legislativo y en la ley estatutaria a expedir por el Congreso, haya sido contrario a la norma constitucional invocada, cuando el mismo Constituyente derivado es claro en manifestar que la comisión interinstitucional continúa ejerciendo sus funciones hasta que sea integrado el consejo de gobierno judicial y elegido el gerente de la rama judicial.

Es tal el imposible jurídico, que se generaría con la tesis del demandante, que si se esperara a la expedición de la ley de convocatoria que prevé el artículo 126 Constitucional, para lo cual y en específico el Constituyente dio un plazo a 1º de octubre de 2015, siendo apenas una expectativa, sobrarían por ser inanes todas las normas transitorias establecidas por el acto legislativo.

Claramente puede afirmarse que el bloque de constitucionalidad se aplica en toda su extensión armonizado con el régimen transitorio que el acto legislativo de marras, que por lo demás también hace parte de aquel.

Así las cosas no se advierte por vía de la suspensión provisional la transgresión a la norma constitucional en cita.

• La derogatoria expresa por el artículo 18 del Acto Legislativo 2 de 2015 de los numerales 3º, 4º, 5º y 7º del artículo 97 de la Ley 270 de 1996, de donde derivaría dicha competencia para la convocatoria y que el artículo 5º del Acuerdo 1 de 1996, expedido por la comisión interinstitucional de la rama judicial no es fundamento para convocar elecciones de los representantes de los jueces y magistrados y empleados de la rama judicial, pues refiere únicamente a las funciones del presidente de la comisión interinstitucional, y no se encuentra asignada dicha función.

El corpus del acto administrativo demandado para realizar la convocatoria dijo apoyarse en la Ley Estatutaria 270 de 1996, concretamente en el artículo 97 y en el reglamento de la comisión interinstitucional, cuyo contenido es totalmente ajeno a la materia regulada, además que fueron derogadas precisamente por el acto legislativo en cita.

Al respecto, se observa que en efecto en el inciso final del artículo 18 transitorio se lee la siguiente disposición: “Quedan derogados los numerales 3º, 4º, 5º y 7º del artículo 97 y el numeral 6º del artículo 131 de la Ley 270 de 1996”.

Y que en el numeral 2º, de ese mismo artículo y frente al artículo 97 se prevé que: “mientras se expide la ley estatutaria, el consejo de gobierno judicial ejercerá las funciones previstas (...) en (...) artículo 97, numerales 1º y 2º de la Ley 270 de 1996”.

Frente a lo anterior, ha de recordarse que el artículo 97 de la Ley 270 de 1996, es del siguiente tenor:

“ART. 97.—Funciones de la comisión. Son funciones de la comisión interinstitucional de la rama judicial:

1. Contribuir a la coordinación de las actividades de los diferentes organismos administrativos de la rama judicial.

2. Solicitar informes al auditor responsable de dirigir el sistema de control interno de la rama judicial.

3. Emitir concepto previo para el ejercicio de las facultades previstas, los numerales 5º, 9º, 16 y 23 del artículo 85 de la presente ley que le corresponde cumplir a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

4. Emitir concepto previo sobre el proyecto de presupuesto unificado y sobre el proyecto del plan sectorial de desarrollo para la rama judicial antes de que sean adoptados por la sala administrativa y el consejo en pleno respectivamente.

5. Dictar su propio reglamento y el de las comisiones seccionales interinstitucionales de la rama judicial.

6. Declarado inexequible sentencia Corte Constitucional 37 de 1996.

7. Las demás que le atribuye la ley y el reglamento.

El Ministro de Justicia y del Derecho participará por derecho propio en las reuniones de la comisión en las que se discutan asuntos relativos al presupuesto unificado y al proyecto de plan sectorial de desarrollo para la rama judicial a que se refiere el numeral 4º de esta norma.

PAR.—El concepto previo de que tratan los numerales 3º y 4º del presente artículo no obligará a la Sala Administrativa”.

Aunado a lo anterior el artículo 18 transitorio agregó una competencia más respecto de las elecciones de los miembros del consejo de gobierno judicial y fue la de organizar las elecciones (véase numeral a) del numeral 1º del artículo precitado.

En consecuencia, no puede afirmarse per se que existe incompetencia por la derogatoria de la Ley 270 de 1996 y del reglamento de la comisión interinstitucional contenido en el Acuerdo 1 de 1996, por cuanto queda incólume el sustento normativo constitucional en que se apoyó y sustentó el acuerdo demandado, esto es, precisamente el Acto Legislativo 2 de 2015, que como ya se vio le asignó a la comisión interinstitucional, en forma temporal, por una parte, organizar las elecciones del primer consejo de gobierno judicial y, por otra, continuar en el ejercicio de sus funciones “hasta que sea integrado el consejo de gobierno judicial y sea elegido el gerente de la rama judicial”.

Se puede afirmar entonces que estamos frente a la figura de la retrospectividad o ultra-actividad de la norma constitucional frente al régimen y sistema anterior debido a la etapa de transición en la que se encuentra el reemplazo de la estructura directiva de la rama judicial, sin que sea viable entender, como lo pretende el actor desde una interpretación exegética, que el alcance sistemático y acorde al régimen de transición determinado por el Constituyente derivado es que aún no se logre implementar en forma exacta la organización conforme a la nueva reforma constitucional y que el mismo acto legislativo permitió al establecer esa transición.

Frente al artículo 5º del Acuerdo 1 de 1996 que establece como las funciones el presidente de la comisión interinstitucional las siguientes:

“1. Presidir las sesiones de la comisión.

2. Preparar el orden del día que se someterá a consideración de la comisión.

3. Convocar a reuniones extraordinarias, cuando se den las circunstancias previstas en la ley estatutaria de la justicia (art. 96 inciso tercero de la ley estatutaria)

4. Firmar los acuerdos, resoluciones, actas y los pronunciamientos que expida la comisión.

5. Las demás que le asigne la ley”.

Tal como lo indica el actor, no se señalan competencias de realizar procesos eleccionarios, pero, aunque no lo menciona el demandante, el artículo 19 del mismo acuerdo establece que la comisión interinstitucional señalará el procedimiento para las elecciones de los representantes, así:

“De los representantes ante las comisiones interinstitucionales y seccional interinstitucional de la rama judicial. La comisión interinstitucional señalará el procedimiento para la elección del representante de los funcionarios y empleados de la rama judicial prevista en los incisos primeros de los artículos 96 y 102 de la ley estatutaria de la justicia”.

En consecuencia, no es dable afirmar que la comisión interinstitucional carecía de competencia para organizar y/o señalar el procedimiento para la elección de los representantes de los jueces, magistrados y empleados de la rama judicial. Por lo tanto el cargo no prospera.

Segundo cargo. Incompetencia de la comisión interinstitucional de la rama judicial para regular requisitos y procedimientos en la elección de los representantes de los jueces y magistrados de tribunal y empleados de la rama judicial, porque el Acto Legislativo 2 de 2015, en su artículo 18 otorga una única función a la comisión interinstitucional de la rama judicial, que es la referida a “organizar” las elecciones de los representantes de las bases judiciales al consejo del gobierno judicial, y se excedió dicha competencia en los artículos 2º, 3º, 5º, 10, 11, 12 y 15 del Acuerdo 6 de 2015.

Específicamente porque (i) regula situaciones administrativas con vocación de permanencia para lo cual la comisión interinstitucional carece de habilitación constitucional y legal (art. 2º), (ii) establece causales de inhabilidad (art. 3º), (iii) consagra requisitos habilitantes para participar en la convocatoria (art. 5º), (iv) Regula mecanismos de garantía del principio de transparencia y asignación de competencias por vía de reglamento a órganos de control, autoridades administrativas y Registraduría (arts. 10, 11, 12 y 15), y v) Regula aspectos como jurados de votación (art. 10), participación de veedurías (arts. 10 y 15), voto electrónico y censo electoral (anexo Ac. 6/2015. Protocolo para el proceso de elección de los magistrados de tribunales y jueces de la República y empleados de las rama judicial para integrar el consejo de gobierno judicial), que por ser parte esencial de las garantías son competencia del legislador, precisa el demandante.

Frente a lo anterior considera el despacho, es menester profundizar en la competencia asignada a la comisión interinstitucional —señalada en el artículo 18 transitorio del Acto Legislativo 2 de 2015—, relacionada con la organización de elecciones para escoger a los representantes de los magistrados de tribunal y los jueces y de los empleados judiciales.

Efectivamente como lo manifiesta el demandante el literal a) del numeral 1) del artículo 18 transitorio del Acto Legislativo 2 de 2015 otorga a la comisión interinstitucional únicamente la facultad de “organizar las elecciones”.

Organizar, de conformidad con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (edición 22ª) tiene las siguientes acepciones:

“1. tr. Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando las personas y los medios adecuados. U. t. c. prnl.

2. tr. Poner algo en orden.

3. tr. Hacer, producir algo. Organizaron una pelea. U. t. c. prnl.

4. tr. desus. Disponer el órgano para que esté acorde y templado.

5. prnl. Dicho de una persona: Ordenarse las actividades o distribuirse el tiempo”.

Y las elecciones, conforme a la misma obra:

“1. f. Acción y efecto de elegir.

2. f. Designación, que regularmente se hace por votos, para algún cargo, comisión, etc.

3. f. Libertad para obrar.

4. f. pl. Emisión de votos para designar cargos políticos o de otra naturaleza.

Elecciones primarias.

1. f. pl. Elecciones que se hacen para designar a un candidato en unas futuras elecciones”.

Es así como, de sus acepciones se tiene que, la facultad otorgada tiene que ver únicamente con establecer, reformar disponer, poner en orden la designación por votos para un cargo.

(i) En el caso concreto, el actor señala que el artículo 2º del Acuerdo 6 de 2015, regula situaciones administrativas con vocación de permanencia para lo cual la comisión interinstitucional carece de habilitación constitucional y legal, al señalar:

“La comisión interinstitucional de la rama judicial dará aplicación a este reglamento para la elección del representante de los magistrados de tribunales y jueces de la República y del representante de los empleados de la rama judicial que conformarán el consejo de gobierno judicial, o cuando se susciten ausencias definitivas por retiro del servicio, retiro de la carrera judicial, renuncia o la representación y muerte; o temporales, por comisión de estudios, comisión especial o licencias”.

En este punto, como ya fue señalado anteriormente en este mismo auto, la comisión interinstitucional ejercerá sus funciones hasta que sea integrado el gobierno judicial y sea elegido el gerente de la rama judicial y se le asignó, de forma temporal, la competencia para organizar las elecciones del primer consejo de gobierno judicial.

Así mismo, hasta tanto no se expida una ley estatutaria que regule el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial, en aras de garantizar la permanente presencia y participación de los sectores de jueces y magistrados, por un lado, y empleados, por el otro, y teniendo en cuenta que la autorización para organizar las elecciones sectoriales solo se ha otorgado por el Constituyente derivado por una vez (la primera), considera el despacho que parte de esa logística organizacional debe procurar la consecución de dichos fines y reconocer que existen situaciones administrativas que pueden limitar o hacer nugatorio tal propósito, las circunstancias que pueden afectar la prestación del servicio público y, por ende, la pertenencia al consejo de gobierno judicial, para permitir que en el evento de acaecer —como parte del primer proceso eleccionario— se posibilite realizar las elecciones de los reemplazos de los representantes que se hallen incursos en determinadas circunstancias administrativas, que impliquen la separación del cargo como son las ausencias definitivas o la imposibilidad de ejercer la representación en determinadas ausencias temporales como la comisión especial de estudios o licencias.

Por lo tanto, considera este despacho, que la regulación sobre las elecciones de los representantes de los magistrados de tribunales, jueces y empleados judiciales en casos de ausencias, plasmadas en este artículo, no son contrarias a su competencia de organización bajo el entendido que son aplicables únicamente mientras se expide la ley estatutaria que regule el tema.

En consecuencia, en este punto el cargo no prospera.

(ii) Indica el demandante que el artículo 3º del Acuerdo 6 de 2015 consagra una causal de inhabilidad al señalar que:

“Tendrán derecho a ser elegidos los magistrados de tribunales y jueces de la República y los empleados de la rama judicial que acrediten su calidad de servidores de la justicia y no hayan sido sancionados disciplinariamente en los últimos 5 años”.

Al respecto considera este despacho que frente a la obligación de acreditar la calidad de servidores de la justicia no existe contradicción ni desbordamiento alguno, respecto a las normas constitucionales y legales que enmarcan la competencia de la comisión interinstitucional de organizar las elecciones, puesto que estas normas señalan que se trata del proceso y procedimiento (11) para elegir a los representantes de los jueces y magistrados, por una parte, y empleados de la rama judicial, por la otra. Por lo tanto, exigir tal acreditación de servidor público de la rama judicial no excede la facultad de organización de elecciones otorgada, toda vez que se entiende como una consecuencia propia del proceso de verificación para ser representante de los jueces, magistrados y empleados en la medida en que el artículo 18 del Acto Legislativo 2 de 2015 señala que su elección será realizada por voto directo de sus pares (lit. a), num. 1º), condición que impone que elegido y elector pertenezcan al mismo sector: jueces y magistrados, por un lado, y empleados, por el otro, condición que pretende garantizar la democratización en el manejo del gobierno judicial.

No sucede igual en cuanto a “que no hayan sido sancionados en los últimos 5 años”, para ser elegidos representantes de los jueces, magistrados y empleados de la rama judicial, condición respecto de la cual advierte este despacho que sí se excede la facultad otorgada, puesto que establecer tal condición no hace parte de las funciones de organización electoral, que tienen que ver con señalar un procedimiento, un conjunto de pasos para lograr la elección de los representantes, sino que, se establece un requisito que, además, no existe en ninguna norma superior para ejercer como servidor público.

Es así que el artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario, establece como causal inhabilitante para ser servidor público haber sido sancionado 3 veces en los últimos 5 años(12) y en los artículos 150(13) y 151(14) de la Ley 270 de 1996, que regulan la inhabilidades para los servidores de la rama judicial no aparece tal causal.

En virtud de lo anterior, el cargo sí prosperará y se suspenderá el aparte “... que no hayan sido sancionados disciplinariamente en los últimos 5 años”, por cuanto se ha creado una inhabilidad por un órgano diferente al Congreso de la República, sin que exista autorización constitucional que ampare tal actuar.

(iii) Manifiesta el actor que el artículo 5º del Acuerdo 6 de 2015. Modificado por el Acuerdo 7 de 2015, establece requisitos habilitantes al señalar que:

“b) Los candidatos en el momento de la inscripción deben adjuntar a su aspiración una planilla con un número de firmas de sus pares, que respalden sus candidaturas equivalentes al 20% del número de funcionarios o empleados aptos para votar en la respectiva seccional, siempre y cuando la ley no regule un porcentaje diferente. Dichas planillas deben contener el nombre del servidor público, número de cédula de ciudadanía y despacho dependencia a la cual pertenece, información que será verificada por la dirección ejecutiva de la seccional a la que se encuentre vinculado el candidato.

PAR.—La regla aplica para la inscripción de los candidatos por cada seccional. Las elecciones se realizaran con base en los dos listados generales consolidados por la comisión interinstitucional nacional, esto es un listado de los candidatos para representar a los magistrados de tribunales y jueces de la República y otro listado nacional para los empleados judiciales”.

Observa el despacho, que la exigencia de acompañar la inscripción con firmas que equivalgan el 20% del número de funcionarios o empleados aptos para votar en la respectiva seccional, no es un paso o escalón, dentro del procedimiento para elegir los representantes de los magistrados, jueces y empleados de la rama, sino que se constituye en un requisito, que a todas luces es contrario a la facultad otorgada de organización electoral.

Exigir firmas que representen el 20% del número de funcionarios o empleados de la seccional, es una carga adicional que estableció la comisión interinstitucional, sin estar facultada para ello, y que además no tiene ningún fundamento, pues establecer el 20% resulta arbitrario ya que no existen estudios o argumentos que sustenten esa cifra y puede ser cualquier otra: el 15% o 5% o el 30%.

Tal como ya se ha señalado, la competencia de la comisión en materia de las elecciones de los representantes, es únicamente para organizar el proceso electoral, que culmine con la escogencia de los representantes por votos de sus compañeros, pero no tiene facultad reglamentaria ni extraordinaria de legislador, ni puede de ninguna manera equiparar estas elecciones sectoriales a elecciones populares o a los mecanismos de participación ciudadana que requieren apoyos de firmas para su inscripción o para el inicio del proceso. Pues en esos casos los apoyos por firmas van a respaldar inscripciones de candidatos para elecciones por voto popular y/o iniciativas en mecanismos de participación en los que interviene la ciudadanía en general, que nada tienen que ver con elecciones sectoriales, como las de los representantes de los jueces, magistrados y empleados de la rama judicial, en las que la participación se limita a estos sectores.

Tal exigencia se erige entonces en una limitación al ejercicio del derecho para el que el Acto Legislativo 2 de 2015 no ha autorizado a la comisión interinstitucional, por lo que su estudio solo puede abordarse por el encargado de la expedición de la ley estatutaria a la que el Constituyente derivado defirió —como corresponde al tenor de lo previsto por el artículo 150 constitucional— la consagración de todos estos aspectos.

Por lo anterior, el cargo prospera en lo referente al requisito para la inscripción de planillas con el 20% de apoyos por firmas, establecido en el literal b) y parágrafo del artículo 5º. Por ende, se suspenderán los efectos del siguiente aparte de dicha norma que se resalta en negrilla:

Los candidatos en el momento de inscripción deben adjuntar a su aspiración una planilla con un número de firmas de sus pares, que respalden sus candidaturas equivalentes al 20% del número de funcionarios o empleados aptos para votar en la respectiva seccional, siempre y cuando la ley no regule un porcentaje diferente.

(...)”.

Así mismo, teniendo en cuenta que el artículo 6º del Acuerdo 6 de 2015 remite a lo previsto por el artículo 5º que se viene de transcribir y que será suspendido en sus efectos, tal remisión habrá de ser entendida con la decisión que aquí se tomará y, por ende ha de dársele un alcance armónico, en el sentido que no se puede exigir para la inscripción de aspirantes el requisito del 20% de respaldo del censo de la respectiva seccional, contemplado en el literal b) del artículo 5º suspendido.

“ART. 6º—(...) con la documentación señalada en el artículo 5º de este acuerdo”.

Ahora bien, como consecuencia de la anterior declaración, el despacho considera que se hace necesario modificar el calendario electoral que prevén los acuerdos 6 (arts. 6º, 7º, 8º y 9º) y 7 de 2015 (arts. 1º, 2º y 3º, toda vez que se debe garantizar la participación de todos los integrantes de la rama judicial y no solo de aquellas personas que se inscribieron con el apoyo del 20% que contemplaba la disposición objeto de suspensión.

Valga la pena aclarar que las inscripciones ya realizadas deben ser respetadas de conformidad con el principio de confianza legítima(15) y en garantía de la seguridad jurídica que se predica de dichas situaciones, pues se adelantaron según la normativa vigente al momento de la inscripción. En otras palabras, esto significa que los inscritos con el apoyo del 20%, por ese solo hecho, no se haya efectuado irregularmente.

Razón por la cual, el despacho considera que estas inscripciones deberán concurrir con las nuevas inscripciones a las cuales, según lo expuesto, no se les podría exigir el apoyo de firmas en aplicación del principio de armonización concreta que impide que se busque la efectividad de un derecho mediante el sacrificio o restricción de otro(16).

En efecto, el citado principio de armonización concreta obliga al intérprete, en este caso el operador judicial, a que maximice la efectividad de cada bien jurídico en juego. En este caso, además, se encuentra la necesidad de adoptar una decisión que sea indispensable para permitir la máxima efectividad del Acto Legislativo 2 de 2015.

Las leyes y los actos administrativos llamados a desarrollar dicha modificación constitucional deben propender por la dinamización y por la eficacia de la norma a la cual deben su existencia. Además, deben responder a los principios expresos e insitus constitucionales “mediante su armonización en la situación concreta (...) cuando se toma en serio la finalidad social del Estado de garantizar la efectividad de los principios como derechos y deberes consagrados en la Constitución (C.P., art. 2º) y se pretende impedir que, por la vía de la restricción injustificada de los derechos, termine por socavarse el contenido de uno o varios derechos”(17).

Dentro de este contexto, el despacho reitera que es evidente que se necesita adecuar los citados artículos que contienen las fechas del calendario electoral a fin de que estas se adapten al derecho político que tienen los miembros de la rama judicial a participar efectivamente y en condiciones de igualdad en la elección de los representantes de los magistrados de tribunales y jueces de la República y empleados de la rama judicial a fin de conformar el consejo de gobierno judicial.

De lo contrario, la decisión cautelar devendría inane y desconocería los principios básicos del Estado social de derecho, en especial, el marco jurídico, democrático y participativo llamado a garantizar el orden político y social justo, incluso respecto de los estamentos institucionales cuando de elecciones internas se trate.

Por contera y en estos términos se hace necesario ponderar dos aspectos:

— El primero tiene que ver con el hecho de que una de las finalidades del Acto Legislativo 2 de 2015 fue democratizar la administración y organización de la rama judicial permitiendo la participación de los representantes de magistrados de los tribunales, de los jueces de la República y de los empleados de la rama judicial en la conformación del consejo de gobierno judicial. El único requisito que se previó para tal efecto, se reitera, es pertenecer a uno de dichos sectores.

— El segundo hace referencia a que debe tenerse presente que el constituyente en el artículo 18 transitorio, numeral 1º, literal a), fue enfático en prescribir que los miembros del consejo de gobierno judicial debían ser designados o electos dentro de dos meses contados a partir de la entrada en vigencia de este acto legislativo, es decir, a partir del primero de julio de 2015. Además los actos administrativos demandados (acuerdos 6 y 7 de 2015) fueron expedidos el 17 y 30 de julio de 2015, respectivamente y la demanda se presentó el 31 de julio(18).

Bajo tales condiciones, el despacho advierte que si bien lo ideal sería establecer para los candidatos que se presenten con ocasión de la decisión que contiene esta providencia un término de inscripción (y por ende candidatura) igual al que preveía el acto legislativo de marras y del cual gozaron los inicialmente inscritos, lo cierto es que ese plazo de dos meses establecido por el Constituyente derivado ha corrido en varios días, razón por la cual desde una ponderación(19) razonada de la situación concreta y en aras de establecer un equilibrio práctico entre los derechos de los implicados —que garantice su efectivo ejercicio y que a su vez haga viable el proceso eleccionario—, se establecerán unos plazos que permitan la concurrencia de todos los miembros de la rama judicial(20).

En consecuencia, se entiende que los plazos previstos en los artículos 6º, 7º, 8º y 9º del Acuerdo 6 de 17 de julio de 2015 y los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo 7 de 30 de julio de 2015, respecto de los candidatos que se inscriban con ocasión de lo resuelto en esta providencia(21) son los siguientes:

FechaActividad
Miércoles 26 y jueves 27 de agosto de 2015Inscripciones
Viernes 28 agosto de 2015Elaboración listas de inscritos por cada comisión seccional interinstitucional
Sábado 29 de agosto de 2015Sorteo: Se sortearán los números de identificación de los candidatos, únicamente de los nuevos inscritos (se mantendrán los números de identificación ya sorteados y se partirá del número siguiente no asignado para realizar el sorteo de los nuevos inscritos).
La comisión interinstitucional elaborará la lista definitiva de inscritos a nivel nacional la cual dará a conocer y publicará el mismo sábado en la página web de la rama judicial.
Martes 1º de septiembre de 2015Elecciones*, envío de datos verificados y consolidados, y consolidación de resultados en que se establezcan los candidatos con mayor número de votos.
Miércoles 2 de septiembre de 2015Declaratoria de elección

*El Acto Legislativo 2 de 2015 señala el término de dos meses para realizar las elecciones.

(iv) Los artículos 10, 11, 12 y 15 del Acuerdo 6 de 2015, regulan mecanismos de garantía del principio de transparencia y asignación de competencias por vía de reglamento a órganos de control, autoridades administrativas y Registraduría respecto de los cuales la comisión interinstitucional carece de competencia.

“ART. 10.—De los jurados de votación: cada mesa de votación contará con dos servidores judiciales, uno para cada uno de los magistrados de tribunales y jueces de la República, y otro para la urna de los empleados de la rama judicial...”.

“PAR. 2º—El proceso de designación de jurados de votación se hará en presencia de un testigo designado por la Procuraduría General de la Nación”.

“ART. 11.—Para efectos de la votación la camisones interinstitucionales seccionales, junto con las direcciones ejecutivas seccionales y con el apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, serán las encargadas de la ubicación estratégica de las mesas de votación, de acuerdo de las mesas de votación, de acuerdo con el censo electoral y el mapa judicial en cada distrito”.

“ART. 12.—Los despachos judiciales del país que tengan dificultades de conectividad contarán con kioscos ‘vive digital’ y puntos ‘vive digital’, facilitados para este fin por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que están instalados en todos los municipios del país”.

“ART. 15.—La presidencia de la comisión interinstitucional nacional, en presencia de un delegado de la Procuraduría General de la Nación, realizará la consolidación de los resultados de votación y señalará el 28 de agosto hasta la media noche los candidatos con mayor número de votos”.

Efectivamente, tal como lo manifiesta el demandante, asignar competencias a entidades autónomas como la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, es abiertamente inconstitucional e ilegal, por una vía como la que se materializa a través de los actos cuestionados, pues viola todos los principios generales establecidos en la Constitución del estado de derecho, tridivisión de poderes, y autonomía de los organismos de control, entre otros; sin embargo, entiende el despacho que la regla ha de analizarse bajo el entendido que la presencia de funcionarios de los organismos de control y el apoyo de la organización electoral y el ministerio de las comunicaciones, tiene que ver con el mandato de separación funcional y colaboración armónica de las entidades estatales, dentro de sus competencias, asignadas por la Constitución y la ley, tal como lo advierte el inciso final del artículo 113 de la Carta(22); no se trata de la asignación de nuevas competencias, sino de solicitudes de acompañamiento y apoyo por parte de la comisión interinstitucional a otros organismos del Estado siempre dentro del marco de sus facultades y competencias constitucionales y legales, destinatarios estos que al atender las solicitudes deberán verificar si su marco funcional les permite tal apoyo.

Por lo tanto no prospera el cargo.

v) Por último el actor refiere que la reglamentación obre jurados de votación, veedurías, voto electrónico y censo electoral, por ser aspectos que forman parte esencial de las garantías que deben rodear la convocatoria son de competencia exclusiva del legislador.

Al respecto este despacho considera que las disposiciones sobre estas temáticas tienen que ver con el procedimiento de elección, con el paso a paso de la organización de las elecciones pues son aspectos operativos y logísticos necesarios para elegir a los representantes de los jueces, magistrados y empleados judiciales y, por ende, se encuentran dentro de la órbita de competencia asignada a la comisión interinstitucional; por lo tanto el cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 231 y 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el despacho,

III. Resuelve

1. DECRETAR la suspensión provisional de los siguientes apartes de los artículos 3º y 5º del Acuerdo 6 de 2015, con sus respectivas modificaciones en el Acuerdo 7 de 2015, expedidos por la comisión interinstitucional de la rama judicial el 17 y 30 de Julio de 2015 respectivamente:

“ART. 3º—(...) y no hayan sido sancionados disciplinariamente en los últimos 5 años”.

“ART. 5º—(...) b) Los candidatos en el momento de la inscripción deben adjuntar a su aspiración una planilla con un número de firmas de sus pares, que respalden sus candidaturas equivalentes al 20% del número de funcionarios o empleados aptos para votar en la respectiva seccional, siempre y cuando la ley no regule un porcentaje diferente. Dichas planillas deben contener el nombre del servidor público, número de cédula de ciudadanía y despacho dependencia a la cual pertenece, información que será verificada por la dirección ejecutiva de la seccional a la que se encuentre vinculado el candidato.

PAR.—La regla aplica para la inscripción de los candidatos por cada seccional. Las elecciones se realizaran con base en los dos listados generales consolidados por la comisión interinstitucional nacional, esto es un listado de los candidatos para representar a los magistrados de tribunales y jueces de la República y otro listado nacional para los empleados judiciales”.

En consecuencia, se DISPONE:

2. ENTIÉNDASE que los plazos previstos en los artículos 6º, 7º, 8º y 9º del Acuerdo 6 de 17 de julio de 2015 y los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo 7 de 30 de julio de 2015, respecto de los candidatos que se inscriban con ocasión de lo resuelto en esta providencia serán los siguientes:

Miércoles 26 y jueves 27 de agosto de 2015Inscripciones
Viernes 28 agosto de 2015Elaboración listas de inscritos por cada comisión seccional interinstitucional
Sábado 29 de agosto de 2015Sorteo: Se sortearán los números de identificación de los candidatos, únicamente de los nuevos inscritos (se mantendrán los números de identificación ya sorteados y se partirá del número siguiente no asignado para realizar el sorteo de los nuevos inscritos).
La comisión interinstitucional elaborará la lista definitiva de inscritos a nivel nacional la cual dará a conocer y publicará el mismo sábado en la página web de la rama judicial.
Martes 1º de septiembre de 2015Elecciones*, envío de datos verificados y consolidados, y consolidación de resultados en que se establezcan los candidatos con mayor número de votos.
Miércoles 2 de septiembre de 2015Declaratoria de elección

*El Acto Legislativo 2 de 2015 señala el término de dos meses para realizar las elecciones.

3. ENTIÉNDASE que el alcance del artículo 6º del Acuerdo 6 de 2015, modificado por el artículo 1º, del Acuerdo 7 de 2015 debe ser armónico a la medida de suspensión provisional del literal b) del artículo 5º del Acuerdo 6 de 2015, en el sentido de que no se puede exigir el requisito del 20% del censo de la respectiva seccional.

4. COMUNÍQUESE a la Nación (rama judicial - dirección ejecutiva de administración judicial), a la comisión interinstitucional (todos sus miembros de conformidad con el artículo 96 de la Ley 270 de 1996), al actor, al agente el Ministerio Público, a las personas inscritas en el proceso eleccionario, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notifíquese(23) y cúmplase.

Magistrada: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

(1) “Por el cual se convoca a los magistrados de tribunales y jueces de la República y empleados de la rama judicial para elegir su representante y conformar el consejo de gobierno judicial”.

(2) “Por el cual se modifica y se aclara el Acuerdo 6 del 17 de julio de 2015”.

(3) Según el Diario Oficial Nº 49.560, la promulgación del Acto Legislativo 2 de 2015 ocurrió el 1º de julio de 2015.

(4) http://lema.rae.es/drae/?val=cautelar

(5) M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(6) Ver salvamento de voto de quien aquí funge como ponente emitido dentro de la acción de tutela 2013-06871-01.

(7) La Ley 130 de 1913, en el artículo 59 señaló:
“Recibida la demanda en el Tribunal Administrativo Sección y repartida que sea, se dicta por el magistrado sustanciador un auto en que se ordene:
(...).
d) La suspensión provisional del acto denunciado, cuando ella fuere necesaria para evitar un perjuicio notoriamente grave”.
Posteriormente, el artículo 94 de la Ley 167 de 1941 —segundo Código Contencioso Administrativo— dispuso:
“El Consejo de Estado y los tribunales administrativos pueden suspender los efectos de un acto o providencia, mediante las siguientes reglas:
1º Que la suspensión sea necesaria para evitar un perjuicio notoriamente grave.
Si la acción es la de nulidad, basta que haya manifiesta violación de una norma positiva de derecho.
Si la acción ejercitada es distinta de la de simple nulidad del acto, debe aparecer comprobado, aunque sea sumariamente, el agravio que sufre quien promueve la demanda.
2º Que la medida se solicite de modo expreso, en el libelo de demanda o por escrito separado, antes de dictarse el auto admisorio de aquella.
3º Que la suspensión no esté prohibida por la ley”.
Así mismo. El Código Contencioso Administrativo —Decreto 1 de 1984—, en su artículo 152, estableció:
“El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos:
1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida.
2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.
3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor”.

(8) Artículo 193: La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente los actos de la administración por los motivos y con los requisitos que establezca la ley.

(9) “La suspensión provisional es una medida cautelar de carácter material, como quiera que, con el decreto de aquella, se suspenden los atributos de fuerza ejecutiva y ejecutoria del acto administrativo, con la finalidad de proteger los derechos subjetivos o colectivos que se pueden ver conculcados con la aplicación o concreción del acto administrativo cuya constitucionalidad o legalidad se cuestiona” (C.E., Sec. Tercera, auto dic. 1º/2008, M.P. Enrique Gil Botero).

(10) El artículo 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que las medidas deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda y señaló que el juez o magistrado, podrá decretar una o varias de las siguientes:
“1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el juez o magistrado ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé ligar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello, fuere posible el juez o magistrado ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes obligaciones de hacer o no hacer”.

(11) Entendido proceso como el conjunto de etapas organizadas secuencial e independientemente que permiten la consecución de un resultado; y procedimiento como la descripción de las actividades que se requieren para el adelantamiento de ese proceso, señalando la actividad, los responsables, etc.

(12) “ART. 38.—Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:
(...) 2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción”.
(13) “ART. 150.—Inhabilidades para ejercer cargos en la rama judicial. No podrá ser nombrado para ejercer cargos en la rama judicial:
1. Quien se halle en interdicción judicial.
2. Quien padezca alguna afección mental que comprometa la capacidad necesaria para el desempeño del cargo, debidamente comprobada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
3. Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional.
4. Quien esté suspendido o haya sido excluido de la profesión de abogado. En este último caso, mientras obtiene su rehabilitación.
5. Quien haya sido destituido de cualquier cargo público.
6. Quien haya sido declarado responsable de la comisión de cualquier hecho punible, excepto por delitos políticos o culposos.
7. El que habitualmente ingiera bebidas alcohólicas y el que consuma drogas o sustancias no autorizadas o tenga trastornos graves de conducta, de forma tal que puedan afectar el servicio.
PAR.—Los nombramientos que se hagan en contravención de lo dispuesto en el presente artículo y aquellos respecto de los cuales surgiere inhabilidad en forma sobreviniente, serán declarados insubsistentes mediante providencia motivada, aunque el funcionario o empleado se encuentre escalafonado en la carrera judicial”.

(14) “ART. 151.—Incompatibilidades para ejercer cargos en la rama judicial. Además de las provisiones de la Constitución Política, el ejercicio de cargos en la rama judicial es incompatible con:
1. El desempeño de cualquier otro cargo retribuido, o de elección popular o representación política; los de árbitro, conciliador o amigable componedor, salvo que cumpla estas funciones en razón de su cargo; de albacea, curador dativo y, en general, los de auxiliar de la justicia.
2. La condición de miembro activo de la fuerza pública.
3. La calidad de comerciante y el ejercicio de funciones de dirección o fiscalización en sociedades, salvo las excepciones legales.
4. La gestión profesional de negocios y el ejercicio de la abogacía o de cualquier otra profesión u oficio.
5. El desempeño de ministerio en cualquier culto religioso.
PAR. 1º—Estas prohibiciones se extienden a quienes se hallen en uso de licencia.
PAR. 2º—Los funcionarios y empleados de la rama judicial podrán ejercer la docencia universitaria en materias jurídicas hasta por cinco horas semanales siempre que no se perjudique el normal funcionamiento del despacho judicial. Igualmente, con las mismas limitaciones, puede realizar labor de investigación jurídica e intervenir a título personal en congresos y conferencias.
PAR. 3º—Las inhabilidades e incompatibilidades comprendidas en los artículos 150 y 151 se aplicarán a los actuales funcionarios y empleados de la rama judicial”.

(15) “El principio de confianza legítima brinda ‘protección jurídica a las expectativas razonables, ciertas y fundadas que pueden albergar los administrados con respecto a la estabilidad o proyección futura de determinadas situaciones jurídicas de carácter particular y concreto, cuando ellas han sido promovidas, permitidas, propiciadas o toleradas por el propio Estado”.
La jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa se ha valido del principio de confianza legítima para proteger los derechos fundamentales de los administrados entendiéndolo como un principio que, a pesar de ser derivado de otros, adquiere una ‘identidad propia en virtud de las propias reglas que se imponen en la relación entre administración y administrado’, por lo que la confianza en el Estado no es solo deseable, sino también jurídicamente exigible” Consejo de Estado - Sección Quinta, sentencia del 12 de diciembre de 2013. M.P. Alberto Yepes Barreiro (E).

(16) Sentencia T-425 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(17) Ibídem.

(18) Fue corregida el 20 de agosto pasado.

(19) “En el caso de colisión entre derechos constitucionales, corresponde al juez llevar a cabo la respectiva ponderación. Mediante esta, se busca un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos enfrentados. La consagración positiva del deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, elevó a rango constitucional la autocontención de la persona en el ejercicio de sus derechos. La eficacia constitucional de este deber, en consecuencia, exige de los sujetos jurídicos un ejercicio responsable, razonable y reflexivo de sus derechos, atendiendo a los derechos y necesidades de los demás y de la colectividad” T-425 de 1995.

(20) Necesaria se hace esta ponderación en razón a que el acto legislativo previó que el plazo máximo para que se adelante la elección corre hasta el próximo 1º de septiembre de 2015, so pena de que al vencer tal plazo la materialización del propósito de la reforma constitucional pueda verse en peligro, en la medida en que aun cuando pudiere ser discutible se podría plantear que la elección luego del 1º de septiembre violaría la norma constitucional y con el mismo rigor y propósito opuesto que ante la ausencia de norma que establezca pérdida de competencia por vencimiento del término bien podría adelantarse. Pero, en todo caso generándose una discusión que desde ahora puede y debe zanjarse a través de los juicios de armonización, proporcionalidad y ponderación a los que en diversas oportunidades ha acudido la propia Corte Constitucional.

(21) Los plazos en relación con los candidatos ya inscritos son los que ya se surtieron y su inscripción ha de mantenerse incólume.

(22) “Los diferentes órganos del estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.

(23) Esto por la naturaleza del medio de control del que se trata y del auto cuya orden debe cumplirse inmediatamente al tenor de lo previsto por el artículo 234, pero siendo interlocutorio debe ser notificado.