Auto 2015-00018 de marzo 3 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Exp.: 110010325000201500018-00

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Actor: Federico González Campos

Demandado: Nación - Rama Judicial

Nulidad electoral - Recurso de súplica

Bogotá, D.C., marzo tres de dos mil dieciséis

Procede la Sala a resolver el recurso de súplica presentado por el señor Federico González Campos en su calidad de demandante, contra la decisión adoptada por la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez dentro de la audiencia inicial que tuvo lugar el día doce (12) de febrero de dos mil dieciséis (2016) dentro del proceso de la referencia en el cual se debate la legalidad del Acuerdo 6º de julio diecisiete (17) de dos mil quince (2015) expedido por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial modificado por el acuerdo número 07 de julio treinta (30) siguiente.

De manera concreta la decisión controvertida es la de negar el decreto de la prueba documental solicitada por el actor referente al censo de servidores de la justicia y del mapa judicial de cada distrito judicial.

Lo anterior con base en los siguientes.

I. Antecedentes

El señor Federico González Campos, actuando en nombre propio y en ejercicio de los medios de control de nulidad por inconstitucionalidad y nulidad electoral, demandó la legalidad de los acuerdos 6º y 7º de 2015 proferidos por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

Mediante providencia de enero trece de dos mil quince la magistrada ponente, al encontrar inviable la acumulación de pretensiones de nulidad simple de contenido electoral con las de nulidad por inconstitucionalidad, dispuso escindir la demanda(1).

Una vez escindida la demanda, mediante providencia de agosto trece (13) de dos mil quince (2015) se dispuso admitir la demanda con pretensiones de nulidad electoral(2).

1. Decisión suplicada

La Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, en su calidad de consejera ponente dentro del expediente de la referencia, en el curso de la audiencia inicial que tuvo lugar el día doce (12) de febrero de dos mil dieciséis (2016), negó el decreto de la prueba documental solicitada por el demandante con el fin de que oficiara al Consejo Superior de la Judicatura para que remitiera al expediente certificación del censo de servidores de la justicia y del mapa judicial para establecer numéricamente la disparidad de población y matemáticamente concluir cuál es el 20% de cada uno de los distritos judiciales.

Como fundamento de dicha decisión, expresó, en resumen, lo siguiente:

Manifestó que la prueba es inconducente toda vez que se adelanta un proceso de legalidad objetiva por lo que los parámetros numéricos derivados de los censos de los servidores de la justicia para compararlos con el mapa judicial, en nada contribuye ni ilustra el tema objeto de controversia, relacionado con la competencia de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial violación de normas de rango superior(3).

2. El recurso de súplica

Inconforme con dicha decisión el actor, interpuso el respectivo recurso de súplica.

Como fundamento del mismo, expresó en resumen lo siguiente:

Aseveró que los cargos propuestos en el caso concreto se relacionan con la violación del principio de igualdad, transparencia y publicidad en la medida en que la Comisión acusada se extralimitó en sus funciones al crear unos requisitos que el Acto Legislativo 2 de 2015 no incluía.

Señaló que los documentos son pertinentes para demostrar que faltó transparencia en este proceso, toda vez que es imposible que los candidatos supieran la cantidad de firmas que debían recaudar para poder inscribirse.

Indicó que fue abstracto, ambiguo y poco transparente lo referente al número de firmas de que cada candidato debía presentar para poderse inscribir en el proceso objeto de análisis(4).

3. Traslado a la contraparte

Surtido el traslado de los argumentos del recurrente a las demás partes, estas se pronunciaron en los siguientes términos:

El señor presidente del Consejo Superior de la Judicatura manifestó que el recurso interpuesto parece pertinente.

A su turno, el señor Pablo Bustos Sánchez, quien actúa en calidad de coadyuvante dentro de este asunto, señaló no tener ninguna objeción al recurso.

Por su parte, el apoderado del señor Vicente Calixto de Santis Caballero, quien actúa como tercero interesado dentro del proceso, solicitó negar el recurso al considerar que carece de todo fundamento.

Finalmente, el apoderado de la Rama Judicial pidió negar el recurso por cuanto el acápite correspondiente ya fue suspendido provisionalmente, y por tanto, en la práctica, a nadie se le exigió el requisito del 20%.

Agregó que este es un debate eminentemente objetivo en el que se revisa de pleno derecho la situación.

Adujo que al decretarse esa prueba se estaría dilatando un proceso que es de interés nacional(5).

Luego del análisis de los fundamentos expuestos por la consejera ponente dentro de este asunto como fundamento de su decisión y de los expresados por el recurrente sobre la necesidad del decreto de las pruebas denegadas procede la Sala a resolver los recursos de súplica formulados, previas las siguientes.

II. Consideraciones

1. Competencia

La Sala es competente para resolver el recurso de súplica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 246 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual este “procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia (…)”.

En este caso la providencia recurrida denegó el decreto de una prueba documental, decisión esta que, en principio, de conformidad con lo establecido en los numerales 9º y 3º de los artículos 243 y 321 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del Código General del Proceso(6), respectivamente, son susceptibles del recurso de apelación.

Por lo tanto, como la referida decisión fue proferida en el curso del proceso de la referencia el cual se surte en única instancia, es claro que contra la misma procede el recurso de súplica, el cual debe ser resuelto por los miembros restantes de la Sala a la que pertenece la consejera ponente.

Lo anterior, sin perjuicio de que esta Sala considera que los actos que se demandan son actos de trámite con las consecuencias que ello conlleva.

2. Problema jurídico

Según se tiene, el asunto bajo estudio se contrae a determinar si la prueba documental solicitada por la parte actora, concretamente, la referida a oficiar al Consejo Superior de la Judicatura con el fin de que remita al expediente el censo de servidores judiciales y el mapa judicial, con el fin de establecer numéricamente la disparidad de población y matemáticamente concluir cuál es el 20% de cada uno de los distritos judiciales, es conducente y en consecuencia, si debe ser decretada o no dentro de este asunto.

3. Caso concreto

En el presente caso, se debate la legalidad de los acuerdos 6º y 7º de 2015, a través de los cuales la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial convoca a los magistrados de Tribunales y jueces de la República y empleados de la Rama Judicial para elegir a su representante y conformar el Consejo de Gobierno Judicial.

En síntesis, el actor considera que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial actuó sin competencia y se extralimitó en sus funciones al expedir los referidos actos administrativos, además que los mismos se encuentran viciados de falsa motivación.

Con base en lo anterior, dentro de la audiencia inicial celebrada dentro de este asunto se estableció que el objeto del litigio consiste en determinar si los actos demandados son nulos por violación de los artículos 2º y 18 del Acto Legislativo 2 de 2015; 254 de la Constitución Política; 76, 83 y 97 de la Ley 270 de 1996; 5º y 7º del Acuerdo 1º de 1996 expedido por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y además si dicha entidad actuó en el caso concreto sin competencia y extralimitación en sus funciones.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la decisión objeto de súplica se estableció que la prueba en cuestión resultaba inconducente por cuanto en el presente caso se analiza la legalidad objetiva de los actos demandados, por lo que los parámetros numéricos derivados de los censos electorales y su comparación con el mapa judicial en nada contribuye a la resolución de la controversia planteada.

Dicha decisión fue recurrida por el actor bajo el argumento de que en este evento se invocó el desconocimiento de los principios de igualdad, transparencia y publicidad por cuanto los aspirantes nunca conocieron la cantidad de firmas que debían reunir para su postulación.

Adujo que, en consecuencia, los referidos documentos resultan pertinentes para demostrar la falta de transparencia del proceso cuestionado.

Como primera medida, la Sala se permite precisar que de conformidad el artículo 168 del Código General del Proceso - aplicable al caso por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo- es enfático en prescribir que el juez debe rechazar “las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”.

De igual forma, el artículo 164 del mismo estatuto señala que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, siempre que se relacionen con los supuestos fácticos objeto de controversia.

Sobre el punto, se debe tener en cuenta que “(…) la importancia de la prueba está en relación directa con el principio de necesidad. Se requiere ineludiblemente la prueba para demostrar los hechos que han de servir de sustento a la aplicación del derecho y el juez no está llamado a subsanar la falta de pruebas con el mero conocimiento privado o personal(7)”.

En términos de la Corte Constitucional, “(…) las pruebas judiciales son los medios señalados por el legislador para crear en el juzgador la certeza o el convencimiento sobre la verdad de los hechos que son materia de los procesos respectivos, con el fin de que el mismo aplique el ordenamiento positivo a los casos concretos(8)”.

Visto así el asunto, es claro que para que una prueba pueda ser decretada esta debe tener conexidad con los hechos objeto de controversia dentro del proceso.

Ahora bien, la doctrina ha clasificado los requisitos para la admisión de las pruebas en extrínsecos (generales para cualquier medio de prueba) e intrínsecos (según el medio de prueba de que se trate).

Los requisitos extrínsecos están contemplados en el artículo 168 del Código General del Proceso y se refieren a:

1. Pertinencia. Alude a que el juez debe verificar si los hechos resultan relevantes para el proceso.

2. Conducencia. Se refiere a que el medio de prueba debe ser el idóneo para demostrar determinado hecho.

3. Oportunidad. El juez no podrá tener en cuenta las pruebas solicitadas y aportadas por fuera de las oportunidades legales.

4. Utilidad. Indica que no se pueden decretar las pruebas manifiestamente superfluas, es decir, las que no tienen razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba.

5. Licitud. Para valorar una prueba, esta no debe contravenir derechos fundamentales constitucionales, de lo contrario será nula de pleno derecho.

Teniendo en cuenta tales criterios, en el sub exámine se resolverá el recurso formulado.

Según se tiene, la parte actora pretende que se decrete la prueba documental solicitada con el fin de demostrar que en el proceso de convocatoria de jueces, magistrados de Tribunal y empelados de la Rama Judicial para conformar el Consejo de Gobierno Judicial no se fue lo suficientemente claro y transparente a la hora de establecer lo referente al número de firmas que los aspirantes debían reunir para postularse a dichos cargos.

No obstante lo anterior, en los términos en que quedó fijado el litigio, la controversia en este caso gira entorno a puntos no susceptibles de ser demostrados a través de la prueba en cuestión.

En este caso, el litigio se fijó en los siguientes términos: “determinar si el Acuerdo 6º de 17 de julio de 2015 “por el cual se convoca a los magistrados de tribunales y jueces de la Republica (sic) y Empleados de la Rama Judicial para elegir sus representantes y conformar el Consejo de Gobierno Judicial” junto con su anexo denominado Protocolo para el proceso de elección de los magistrados de Tribunales y Jueces de la República y el Acuerdo 7º de 17 de julio de 2015 “por el cual se modifica y aclara el Acuerdo 6º del 17 de julio de 2015”, expedidos por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial son nulos por: a) violación a los artículos 2, 18 del Acto Legislativo 2 de 2015, 254 de la Constitución Política, 76, 83 y 97 de la Ley 270 de 1996, 5º y 7º del Acuerdo 1º de 1996 expedido por la Comisión Interinstitucional, b) incompetencia y, c) extralimitación de las funciones propias de la Comisión Interinstitucional(9).

Por lo tanto, la controversia gira en torno a establecer si con la expedición de los actos acusados se desconocieron una serie de normas de orden constitucional y legal, concretamente, los artículos 76, 83 y 97 de la Ley 270 de 1996; 5º y 7º del Reglamento de la Comisión Interinstitucional, 40 de la Ley 489 de 1998, 18 del Acto Legislativo 2 de 2015, 254 de la Constitución Política que disponen:

“Ley 270 de 1996.’ART. 76.—De las salas del Consejo Superior de la Judicatura. Para el ejercicio de las funciones especializadas que le atribuyen la Constitución y la ley, el Consejo Superior de la Judicatura se divide en dos salas:

1. La Sala Administrativa, integrada por seis magistrados elegidos para un período de ocho años así: Uno por la Corte Constitucional, dos por la Corte Suprema de Justicia, y tres por el Consejo de Estado; y,

2. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria, integrada por siete magistrados elegidos para un período de ocho años, por el Congreso Nacional de ternas enviadas por el Gobierno.

El Consejo en Pleno cumplirá las funciones que le atribuye la presente ley’.

‘ART. 83.—Elección de los magistrados de los consejos seccionales. Los magistrados de los consejos seccionales se designarán así:

Los correspondientes a las salas administrativas, por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Los de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las normas sobre carrera judicial.

“ART. 97.—Funciones de la Comisión. Son funciones de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial:

1. Contribuir a la coordinación de las actividades de los diferentes organismos administrativos de la Rama Judicial.

2. Solicitar informes al auditor responsable de dirigir el sistema de control interno de la Rama Judicial.

3. Emitir concepto previo para el ejercicio de las facultades previstas, los numerales 5º, 9º, 16 y 23 del artículo 85 de la presente Ley que le corresponde cumplir a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

4. Emitir concepto previo sobre el proyecto de presupuesto unificado y sobre el proyecto del plan sectorial de desarrollo para la Rama Judicial antes de que sean adoptados por la Sala Administrativa y el Consejo en pleno respectivamente.

5. Dictar su propio reglamento y el de las Comisiones Seccionales interinstitucionales de la Rama Judicial.

6. Declarado Inexequible Sentencia Corte Constitucional 37 de 1996.

7. Las demás que le atribuye la ley y el reglamento.

El Ministro de Justicia y del derecho participará por derecho propio en las reuniones de la Comisión en las que se discutan asuntos relativos al presupuesto unificado y al Proyecto de Plan Sectorial de Desarrollo para la Rama Judicial a que se refiere el numeral 4º de esta norma.

PAR.—El concepto previo de que tratan los numerales 3º y 4º del presente artículo no obligará a la Sala Administrativa”.

Acuerdo 1º de 1996. Reglamento de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. ‘ART. 5º—Funciones del presidente. Son funciones del presidente:

1. Presidir las sesiones de la Comisión.

2. Preparar el orden del día que se someterá a consideración de la Comisión.

3. Convocar a las reuniones extraordinarias, cuando se den las circunstancias previstas en la Ley Estatutaria de la Justicia. (Artículo 96 inciso tercero de la Ley Estatutaria).

4. Firmar los acuerdos, resoluciones, actas y los pronunciamientos que expida la Comisión.

Las demás que le asigne la ley”.

“ART. 7º—Funciones de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. ‘La Comisión Interinstitucional ejercerá las funciones asignadas en el artículo 97 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia’”.

Acto Legislativo 2 de 2015. “ART. 18.—El Gobierno Nacional deberá presentar antes de 1o de octubre de 2015 un proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial.

Las siguientes disposiciones regirán hasta que entre en vigencia dicha ley estatutaria:

l. Los órganos de gobierno y administración judicial serán conformados así:

a) Los miembros del Consejo de Gobierno Judicial deberán ser designados o electos dentro de dos meses contados a partir de la entrada en vigencia de este Acto Legislativo. Las elecciones del representante de los magistrados de tribunal y los jueces y del representante de los empleados judiciales serán realizadas por voto directo de sus pares de la Rama Judicial. Las elecciones serán organizadas por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

b) Los miembros permanentes y de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial deberán ser elegidos dentro del plazo de dos meses posteriores a la elección o designación de los demás miembros del primer Consejo de Gobierno Judicial.

Para la primera conformación del Consejo de Gobierno Judicial, uno de los tres miembros permanentes y de dedicación exclusiva será elegido para un período de dos años, y otro será elegido para un período de tres años.

c) Para el primer Consejo de Gobierno Judicial, los miembros de este, excluyendo el Gerente de la Rama Judicial, tendrán un plazo de dos meses a partir de su elección, para elegir al Gerente de la Rama Judicial.

d) La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en adelante se denominará Gerencia de la Rama Judicial y todas las dependencias de aquella formarán parte de esta. Todas las dependencias adscritas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura pasarán a formar parte de la Gerencia de la Rama Judicial, sin perjuicio de lo que disponga la ley o el Consejo de Gobierno Judicial.

e) La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, continuarán ejerciendo sus funciones hasta que sea integrado el Consejo de Gobierno Judicial y sea elegido el Gerente de la Rama Judicial. Estos órganos deberán realizar una rendición de cuentas sobre el ejercicio de sus funciones contempladas en la ley dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo.

f) Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial continuarán ejerciendo sus funciones hasta que se expida la ley estatutaria. También ejercerán la función prevista en el artículo 85, numeral 18, de la Ley 270 de 1996.

g) Se garantizarán, sin solución de continuidad, los derechos de carrera de los Magistrados y empleados de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, mediante la incorporación, transformación o vinculación en cargos de las corporaciones judiciales o cualquier otro de igual o superior categoría, según lo defina la ley estatutaria. También se garantizan los derechos de carrera de los empleados del Consejo Superior de la Judicatura.

h) Los concursos de méritos que en la actualidad adelanta la Unidad de Carrera Judicial seguirán su trámite por parte de la Gerencia de la Rama Judicial sin solución de continuidad.

2. Mientras se expide la ley estatutaria, el Consejo de Gobierno Judicial ejercerá las funciones previstas en el artículo 79, numerales 1, 2, 4, 5, 6 y 7; artículo 85, numerales 5, 6, 9, 10, 13, 19, 22, 25, 27 y 29; artículo 88, numerales 2 y 4; y artículo 97, numerales 1 y 2 de la Ley 270 de 1996. Además reglamentará provisionalmente los procesos de convocatoria pública que deba adelantar la Gerencia de la Rama Judicial.

3. Mientras se expide la ley estatutaria, la Gerencia de la Rama Judicial ejercerá las funciones previstas en el artículo 79, numeral 3º; artículo 85, numerales 1º, 3º, 4º, 8º, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24 y 28; artículo 88, numeral 1º; artículo 99, numerales 1º a 9º; y será la autoridad nominadora para los cargos previstos en el artículo 131, numeral 9º de la Ley 270 de 1996. Las funciones previstas en el artículo 85, numerales 8º y 11, serán ejercidas bajo la supervisión de la Comisión de Carrera.

4. La Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla" ejercerá, además de las funciones ya asignadas a ella, la prevista en el artículo 85, numeral 23, de la Ley 270 de 1996.

5. Las Altas Cortes y los Tribunales continuarán ejerciendo la función de autoridad nominadora prevista en el artículo 131, numerales 5 y 7 de la Ley 270 de 1996. En el ejercicio de esta función deberán respetar siempre las listas de elegibles.

6. La autoridad nominadora para las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial será la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La autoridad nominadora para las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, mientras subsistan, será el Consejo de Gobierno Judicial.

7. Las autoridades nominadoras previstas en el artículo 131, numerales 1º, 2º, 3º, 4º y 8º de la Ley de 270 de 1996 continuarán ejerciendo esta función.

Quedan derogados los numerales 3º, 4º, 5º y 7º del artículo 97 y el numeral 6º del artículo 131 de la Ley 270 de 1996”.

Ley 489 de 1998. “ART. 40.—Entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial. ‘El Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política se sujetan a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes’”.

Constitución Política. “ART. 254. ‘El Gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial. Estos órganos ejercerán las funciones que les atribuya la ley con el fin de promover el acceso a la justicia, la eficiencia de la Rama Judicial, la tutela judicial efectiva y la independencia judicial’”.

El Consejo de Gobierno Judicial es el órgano, encargado de definir las políticas de la Rama Judicial de acuerdo con la ley y postular las listas y ternas de candidatos que la Constitución le ordene. También corresponde al Consejo de Gobierno Judicial regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador; expedir el reglamento del sistema de carrera judicial y de la Comisión de Carrera Judicial, cuya función será la vigilancia y control de la carrera; aprobar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá ser remitido al Gobierno; aprobar el mapa judicial; definir la estructura orgánica de la Gerencia de la Rama Judicial; supervisar a esta entidad, y rendir cuentas por su desempeño ante el Congreso de la República.

El Consejo de Gobierno Judicial estará integrado por nueve miembros: los Presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; el gerente de la Rama Judicial, quien deberá ser profesional con veinte años de experiencia, de los cuales diez deberán ser en administración de empresas o en entidades públicas, y será nombrado por el Consejo de Gobierno Judicial para un período de cuatro años; un representante de los magistrados de los Tribunales y de los jueces, elegido por ellos para un periodo de cuatro años; un representante de los empleados de la Rama Judicial elegido por estos para un periodo de cuatro años; tres miembros permanentes de dedicación exclusiva, nombrados por los demás miembros del Consejo de Gobierno Judicial, para un período de cuatro años. Ninguno de los miembros del Consejo de Gobierno Judicial podrá ser reelegido.

Los miembros permanentes de dedicación exclusiva mencionados en el inciso anterior estarán encargados de la planeación estratégica de la Rama Judicial y de proponer al Consejo de Gobierno Judicial, para su aprobación, las políticas públicas de la Rama Judicial. Deberán tener diez años de experiencia en diseño, evaluación o seguimiento de políticas públicas, modelos de gestión o administración pública. En su elección se deberá asegurar la diversidad de perfiles académicos y profesionales.

La ley estatutaria podrá determinar los temas específicos para los cuales los ministros del despacho los directores de departamento administrativo, el Fiscal General de la Nación, así como representantes de académicos y de los abogados litigantes participarán en las reuniones del Consejo de Gobierno Judicial”.

Visto así el asunto, es claro que ninguna de las normas se refiere al punto esgrimido por el recurrente como fundamento de la súplica bajo estudio, concretamente la falta de información en cuanto al número de firmas que debían recaudar los candidatos para poderse inscribir para conformar el Consejo de Gobierno Judicial, por lo que, como se dejó dicho la prueba relacionada con el censo electoral no resulta conducente para solucionar el problema jurídico planteado en este caso.

Es decir, como en el asunto de la referencia se debe establecer si se desconocieron las normas de orden legal y constitucional antes citadas, y además, determinar si se actuó con falta de competencia y extralimitación de funciones, es claro que, tal y como lo decidió la ponente en este asunto, el censo de los servidores judiciales y su comparación con el mapa judicial no aporta elementos de juicio necesarios para resolver el problema jurídico planteado.

Además, los argumentos esgrimidos por el recurrente en la sustentación de la súplica bajo estudio no desvirtúan en manera alguna la inconducencia de la prueba en cuestión por cuanto los mismos solo se refieren, como se dijo, a la falta de claridad en el número de firmas necesarias para postularse en la convocatoria objeto de revisión, aspecto este que no hace parte del estudio de legalidad objetivo planteado el caso concreto.

Asimismo se advierte que la referida prueba documental tampoco serviría para establecer si la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial actuó sin competencia o se extralimitó en sus funciones al expedir los actos acusados.

Por lo tanto, como con la prueba documental solicitada por la parte actora no resulta idónea para demostrar los hechos planteados en la demanda relacionados con los cargos en que se fijó el litigio dentro de este asunto, la decisión suplicada habrá de ser confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

RESUELVE

1. Confírmase la decisión suplicada adoptada en la audiencia inicial celebrada dentro de este asunto el día doce (12) de febrero de dos mil dieciséis (2016), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. En firme esta providencia, vuelva el expediente al Despacho de la consejera ponente para lo pertinente.

Notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Rocío Araújo Oñate—Carlos Enrique Moreno Rubio—Alberto Yepes Barreiro.

1 Folio 68.

2 Folios 70 a 81.

3 Minutos 1:10:36 a 1:11:58 de la grabación contenida en el disco compacto que obra a folio 559 del expediente.

4 Minutos 1:22:05 a 1:23:40 de la grabación contenida en el disco compacto que obra a folio 559 del expediente.

5 Minuto 1:24:00 a 1:25:37 de la grabación contenida en el disco compacto visible a folio 559 del expediente.

6 El artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala las providencias que son susceptibles del recurso de apelación en materia contencioso administrativa teniendo en cuenta la autoridad judicial que las profiere, es decir, según sean proferidas por jueces o Tribunales Administrativos, únicamente.
Así las cosas, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no establece las providencias que por su naturaleza serían apelables en el evento en que sean dictadas por el Consejo de Estado, por cuanto dicho recurso no resulta aplicable en ningún caso para providencias dictadas por esta corporación.
Por lo tanto, se tiene que el tema no se encuentra regulado en dicha codificación, por lo que se hace necesario acudir por remisión6 al Código General del Proceso que en su artículo 321 enumera las providencias que por su naturaleza son susceptibles del recurso de apelación.
De la lectura de la norma es claro que establece un listado de providencias susceptibles de apelación dada la naturaleza de las mismas sin atender a la autoridad judicial que las profiere, a diferencia de lo que ocurre con el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establece como parámetro para la procedibilidad del recurso la autoridad que profiere la decisión.
En tales condiciones, como el auto que deniega el decreto o la práctica de una prueba, junto con las demás providencias enlistadas en el artículo 321 del Código General del Proceso, son susceptibles de apelación, dada su naturaleza, en virtud de dicha norma sí podría afirmarse que dichas decisiones -cuando son proferidas por el Consejo de Estado en única o segunda instancia- son susceptibles del recurso de súplica.

7 Giacomette Ferrer, Ana. Teoría General de la Prueba Judicial. Segunda Edición. Bogotá.2003.

8 Corte Constitucional. Sentencia C-830 de octubre ocho (8) de dos mil dos (2002). M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería.

9 Ver folio 549 del expediente.