Auto 2015-00018 de septiembre 25 de 2015

 

Auto 2015-00018 de septiembre 25 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 11001-03-28-000-2015-00018-00(S)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Actor: Federico González Campos

Demandado: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Bogotá, D.C., veinticinco de septiembre de dos mil quince.

Procede la Sala a resolver el recurso de súplica interpuesto por el actor contra el auto de agosto veinticinco (25) de 2015, dictado por la consejera conductora de este proceso, mediante el cual decretó parcialmente la suspensión provisional de los artículos tercero y quinto del Acuerdo 6 de julio diecisiete (17) de 2015, expedido por la comisión interinstitucional de la Rama Judicial, con las modificaciones hechas mediante Acuerdo 7 de julio treinta (30) de 2015.

Antecedentes

En su propio nombre y en ejercicio de la acción de nulidad, el señor Federico González Campos presentó demanda contra el Acuerdo 6 de julio diecisiete (17) de 2015 expedido por la comisión interinstitucional de la Rama Judicial, modificado por el Acuerdo 7 de julio treinta (30) del presente año, por el cual se convocó a los magistrados de tribunales, jueces de la República y empleados de la Rama Judicial para elegir a sus representantes y conformar el consejo de gobierno judicial.

Luego de la admisión de la demanda, mediante auto de agosto veinticinco (25) del año en curso, la consejera conductora del proceso resolvió la medida cautelar de suspensión provisional del acuerdo acusado, solicitada por el actor en escrito separado de la demanda.

El auto suplicado

En la citada providencia de agosto veinticinco (25) del presente año, la magistrada sustanciadora del proceso decretó parcialmente la suspensión provisional de los artículos tercero y quinto del acto demandado, con las respectivas modificaciones hechas por el Acuerdo 7 de 2015.

La decisión fue adoptada en los siguientes términos:

“(...).

1. DECRETAR la suspensión provisional de los siguientes apartes de los artículos 3º y 5º del Acuerdo 6 de 2015, con sus respectivas modificaciones en el Acuerdo 7 de 2015, expedidos por la comisión interinstitucional de la Rama Judicial el 17 y 30 de julio de 2015 respectivamente:

“ART. 3º—(...) y no hayan sido sancionados disciplinariamente en los últimos 5 años”.

“ART. 5º—(...) b) Los candidatos en el momento de la inscripción deben adjuntar a su aspiración una planilla con un número de firmas de sus pares, que respalden sus candidaturas equivalentes al 20% del número de funcionarios o empleados aptos para votar en la respectiva seccional, siempre y cuando la ley no regule un porcentaje diferente. Dichas planillas deben contener el nombre del servidor público, número de cédula de ciudadanía y despacho dependencia a la cual pertenece, información que será verificada por la dirección ejecutiva de la seccional a la que se encuentre vinculado el candidato.

PAR.—La regla aplica para la inscripción de los candidatos por cada seccional. Las elecciones se realizarán con base en los dos listados generales consolidados por la comisión interinstitucional nacional, esto es un listado de los candidatos para representar a los magistrados de tribunales y jueces de la República y otro listado nacional para los empleados judiciales”.

En consecuencia, se DISPONE:

2. ENTIÉNDASE que los plazos previstos en los artículos 6º, 7º, 8º y 9º del Acuerdo 6 de 17 de julio de 2015 y los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo 7 de 30 de julio de 2015, respecto de los candidatos que se inscriban con ocasión de lo resuelto en esta providencia serán los siguientes:

Miércoles 26 y jueves 27 de agosto de 2015Inscripciones
Viernes 28 agosto de 2015Elaboración listas de inscritos por cada comisión seccional interinstitucional
Sábado 29 de agosto de 2015Sorteo: Se sortearán los números de identificación de los candidatos, únicamente de los nuevos inscritos (se mantendrán los números de identificación ya sorteados y se partirá del número siguiente no asignado para realizar el sorteo de los nuevos inscritos).
La comisión interinstitucional elaborará la lista definitiva de inscritos a nivel nacional la cual dará a conocer y publicará el mismo sábado en la página web de la Rama Judicial.
Martes 1º de septiembre de 2015Elecciones*, envío de datos verificados y consolidados, y consolidación de resultados en que se establezcan los candidatos con mayor número de votos.
Miércoles 2 de septiembre de 2015Declaratoria de elección.

*El Acto Legislativo 2 de 2015 señala el término de dos meses para realizar las elecciones.

3. ENTIÉNDASE que el alcance del artículo 6º del Acuerdo 6 de 2015, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 7 de 2015 debe ser armónico a la medida de suspensión provisional del literal b) del artículo 5º del Acuerdo 6 de 2015, en el sentido de que no se puede exigir el requisito del 20% del censo de la respectiva seccional (...)” (resaltado del texto).

Del recurso de súplica

Al estar parcialmente en desacuerdo con la decisión, el demandante suplicó la providencia con base en los siguientes argumentos:

Consideró que según el inciso cuarto del artículo 126 del Acto Legislativo 2 de 2015, ningún proceso de elección puede llevarse a cabo en el país sin que exista una ley, por lo cual la convocatoria prevista en el acto acusado solo puede hacerse cuando haya una norma especial que regule el procedimiento para dicha escogencia.

Indicó que “(...) la comisión interinstitucional al expedir el Acuerdo 6 de 20015 (sic) con sus respectivas modificaciones en el Acuerdo 7 del mismo año, debió basarse incluso en algunas normas derogadas expresamente, como el artículo 97 de la ley 270 de 1976 (sic) y expedir los acuerdos sin competencia alguna (...)”.

Estimó que el numeral segundo de la parte resolutiva de la decisión contiene una orden que constituye ostensible extralimitación de funciones judiciales, pues la Constitución y la ley no reconocieron al juez la facultad de organizar calendarios electorales.

Agregó que el auto carece de justificación suficiente para sustituir a la comisión interinstitucional en la organización del proceso y la expedición del calendario, es incongruente con sus consideraciones porque el Consejo de Estado se abroga el poder de definir el cronograma electoral, contradictorio en su motivación al ejercer un poder del cual carece el juez y vulnera el texto y espíritu de la reforma constitucional porque la elección fue hecha por fuera del plazo de dos (2) meses fijado para tales efectos.

Consideraciones

Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso según lo dispuesto en los artículos 243 y 246 del CPACA, pues cuestionó una providencia dictada dentro de un proceso de única instancia y que suspendió provisionalmente parte del acto acusado, lo cual sería apelable en caso de que el asunto fuera resuelto en dos (2) instancias.

Asunto objeto de estudio

Advierte la Sala que el análisis que corresponde a la Sala estará limitado al objeto del recurso interpuesto por el actor, en punto de la suspensión parcial del acuerdo acusado, sin que sea procedente abordar el estudio de otros aspectos relacionados con el trámite del proceso en el cual fue adoptada la medida cautelar.

Como primer argumento, el demandante sostuvo que según lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución, modificado por el artículo segundo del Acto Legislativo 2 de 2015, ningún proceso de elección puede llevarse a cabo sin que exista una ley.

Agregó que por esta razón, la convocatoria a que hace referencia el acuerdo acusado solo puede efectuarse cuando haya una norma especial que regule el procedimiento para la escogencia de los miembros del consejo de gobierno judicial.

Sobre el particular, observa la Sala que la primera elección de los miembros del recientemente creado consejo de gobierno judicial fue regulada específicamente por el artículo dieciocho (18) transitorio del Acto Legislativo 2 de 2015, conocido como la reforma constitucional de equilibrio de poderes.

La citada norma señaló lo siguiente:

“ART. 18.—Transitorio. El Gobierno Nacional deberá presentar antes de 1º de octubre de 2015 un proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial.

Las siguientes disposiciones regirán hasta que entre en vigencia dicha ley estatutaria:

Los órganos de gobierno y administración judicial serán conformados así: a) Los miembros del consejo de gobierno judicial deberán ser designados o electos dentro de dos meses contados a partir de la entrada en vigencia de este acto legislativo. Las elecciones del representante de los magistrados de tribunal y los jueces y del representante de los empleados judiciales serán realizadas por voto directo de sus pares de la Rama Judicial. Las elecciones serán organizadas por la comisión interinstitucional de la Rama Judicial (resaltados fuera del texto).

(...)”.

En principio, la disposición fue clara al establecer que la escogencia de los integrantes del organismo deberá realizarse dentro de los dos (2) meses siguientes a la vigencia de dicho acto legislativo, sin condicionamiento alguno.

En este sentido, comparte la Sala la posición asumida por la magistrada conductora del proceso en el auto suplicado, según la cual la exigencia de ley previa haría inoperante el mandato establecido en el acto legislativo, ya que el trámite de aprobación del respectivo proyecto impediría cumplir el plazo fijado en el artículo 18 transitorio para la elección.

Incluso, la citada norma también fue expresa al señalar que la presentación del proyecto de ley estatutaria que regulará el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial deberá ser presentada antes del primero (1º) de octubre de 2015, es decir un mes después de expirado el término establecido para la elección.

En consecuencia, por este primer aspecto no le asiste razón al recurrente.

El demandante también indicó que el numeral segundo de la parte resolutiva de la decisión recurrida contiene una orden que constituye ostensible extralimitación de funciones judiciales, ya que la Constitución y la ley no le reconocieron al juez la facultad de organizar calendarios electorales.

Como quedó expuesto, el auto de agosto veinticinco (25) del presente año señaló en el numeral segundo la forma como debían entenderse los plazos para la inscripción, elaboración de listas, sorteo, elección y declaratoria de elección de los nuevos candidatos que se inscribieran para el proceso luego de la suspensión provisional de los artículos tercero y quinto del Acuerdo 6 de 2015, con las modificaciones hechas por el Acuerdo 7 del año en curso.

A pesar de tratarse de la modificación del cronograma fijado por la comisión interinstitucional, la Sala estima que no puede calificarse como extralimitación de funciones judiciales por cuanto la extensión de los términos es la consecuencia lógica y directa producida por la medida cautelar decretada por la consejera conductora del proceso.

Si en virtud de la suspensión ya no era posible exigir el número de firmas que respaldaba la candidatura, lo procedente era permitir la participación de los diferentes integrantes de la Rama Judicial en el proceso, sin el cumplimiento de dicho requisito, para lo cual era necesario restablecer los plazos previstos para el proceso convocado por la comisión interinstitucional.

Entonces, por este segundo aspecto tampoco prospera la censura del actor.

Finalmente, el actor estimó que la providencia no tiene justificación suficiente para sustituir a la comisión interinstitucional en la organización del proceso, que es incongruente con sus consideraciones porque el Consejo de Estado se abroga el poder de definir el cronograma electoral, contradictoria en su motivación al ejercer un poder del cual carece y vulnera el texto y espíritu de la reforma constitucional porque la elección fue hecha por fuera del plazo de dos (2) meses fijado por el Acto Legislativo 2 de 2015.

A partir de los argumentos del actor y del análisis del auto recurrido, la Sala no considera que la consejera conductora del proceso haya sustituido a la comisión interinstitucional en sus funciones, pues el proceso de elección fue organizado autónomamente por dicho organismo como puede verse en el Acuerdo 6 de 2015.

La Sala advierte que el auto impugnado no desconoció el espíritu de la reforma constitucional adoptada mediante el Acto Legislativo 2 de 2015 sino que, por el contrario, buscó armonizar la nueva realidad del trámite de la elección, originada por la suspensión provisional, con los términos estipulados para el cumplimiento del proceso.

En el artículo dieciocho (18) transitorio, el Acto Legislativo 2 de 2015 señaló que “Los miembros del consejo de gobierno judicial deberán ser designados o electos dentro de dos meses contados a partir de la entrada en vigencia de este acto legislativo”.

La vigencia de la citada reforma constitucional sobre equilibrio de poderes comenzó el primero (1º) de julio de 2015, después de la promulgación hecha en el Diario Oficial 49560 de la misma fecha, lo cual significa que el término para la escogencia de los integrantes del organismo vencía el primero (1º) de septiembre del presente año.

Al establecer las reglas para el entendimiento de los plazos correspondientes al proceso, el auto suplicado señaló que la elección debía llevarse a cabo el martes primero (1º) de septiembre de 2015, cuando efectivamente tuvo lugar a nivel nacional.

En estas condiciones, concluye la Sala que la elección de los miembros del consejo de gobierno judicial fue realizada dentro del término dispuesto en el Acto Legislativo 2 de 2015, lo cual descarta que el auto impugnado haya desconocido el mandato contenido en la reforma constitucional, como indicó el actor.

Por consiguiente, los anteriores argumentos no pueden acogerse y por esta razón la providencia recurrida será confirmada.

Al margen de lo anterior, subraya la Sala que en los términos de los artículos 229 y 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la resolución del recurso de súplica contra el auto que decidió la medida cautelar no implica prejuzgamiento sobre lo que habrá de resolverse en la sentencia.

Según los alcances de las citadas normas, el legislador estableció la posibilidad que el juez pueda pronunciarse antes de la sentencia, previo cumplimiento de algunos presupuestos, en el entendido de que si los elementos de juicio lo determinan, luego del estudio de fondo, pueda confirmar o incluso modificar su posición inicialmente adoptada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta

RESUELVE:

1. Confirmar la providencia suplicada, esto es el auto de agosto veinticinco (25) del presente año dictado por la consejera conductora del proceso, mediante el cual resolvió la solicitud de suspensión provisional del Acuerdo 6 de 2015 expedido por la comisión interinstitucional de la Rama Judicial con las respectivas modificaciones hechas mediante Acuerdo 7 de 2015.

2. En firme esta providencia, vuelva el expediente al despacho de la magistrada conductora del proceso.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Carlos Enrique Moreno Rubio—Alberto Yepes Barreiro.