Auto 2015-00027 de octubre 23 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Exp.: 11001-03-28-000-2015-00027-00

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Demandante: Jaro Alberto Ramírez Santacruz

Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro

Acción: Acción electoral-Auto

Bogotá, D.C., veintitrés de octubre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Planteamiento del problema jurídico.

Para poder pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda presentada por el señor Jaro Alberto Ramírez Santacruz debe determinarse si el acto acusado, en este caso la Resolución 375 de 3 de octubre de 2015 proferida por los delegados departamentales de Nariño de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por medio de la cual se revocó la decisión de no aceptar la inscripción por firmas del señor Pedro Vicente Obando Ordóñez, como candidato del grupo significativo de ciudadanos “Movimiento Ciudadano por Pasto” a la Alcaldía de Pasto (Nariño), es un acto de trámite, caso en el cual la demanda deberá ser rechazada, o uno definitivo, caso en el cual se podrá continuar con el estudio de su admisibilidad.

2.2. El acto de inscripción de candidaturas a cargos de elección popular.

Para poder determinar si el acto de aceptación de la inscripción un candidato a un cargo de elección popular es un acto de trámite o un acto administrativo, este debe ser estudiado a la luz de su significancia dentro del procedimiento administrativo electoral.

El procedimiento electoral corresponde al conjunto de actuaciones que adelantan las autoridades electorales para producir un acto de elección popular. En ese sentido, este consta de tres estadios o etapas, a saber: la preelectoral, la electoral y la poselectoral. Al respecto la jurisprudencia de esta Sección ha señalado:

“El proceso administrativo electoral da inicio con la inscripción de candidatos, la designación de jurados de votación y todas aquellas actuaciones necesarias para la jornada electoral propiamente dicha (etapa preelectoral); de ella se ocupan los títulos IV y V del Código Electoral. La segunda (etapa electoral) involucra la votación propiamente dicha y está regulada por el título VI ibídem. Por último, la tercera (etapa poselectoral) comprende el escrutinio de votos, la proposición y resolución de reclamaciones y solicitudes de recuento, la de revisión de irregularidades ocurridas en la votación y escrutinio de votos (trámite que se impuso a partir de la expedición del A.L. 1/2009), la declaratoria de elección y la consecuente expedición de credenciales; que se encuentra reglada en el título VIII del Código Electoral y en el Acto Legislativo 1 de 2009.”(3)

En desarrollo del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, el inciso 4º del artículo 108 de la Constitución Política(4) consagra el derecho de los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos a inscribir candidatos, el cual fue regulado por el legislador mediante el mecanismo de recolección de firmas.

Este mecanismo se encuentra desarrollado en los artículos 9º de la Ley 130 de 1994 y 28 de la Ley 1475 de 2011, los cuales ordenan:

ART. 9º—Designación y postulación de candidatos. Los partidos y movimientos políticos, con personería jurídica reconocida, podrán postular candidatos a cualquier cargo de elección popular sin requisito adicional alguno.

La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.

Las asociaciones de todo orden, que por decisión de su asamblea general resuelvan constituirse en movimientos u organismos sociales, y los grupos de ciudadanos equivalentes al menos al veinte por ciento del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar entre el número de puestos por proveer, también podrán postular candidatos. En ningún caso se exigirán más de cincuenta mil firmas para permitir la inscripción de un candidato.

Los candidatos no inscritos por partidos o por movimientos políticos deberán otorgar al momento de la inscripción una póliza de seriedad de la candidatura por la cuantía que fije el Consejo Nacional Electoral, la cual no podrá exceder el equivalente al uno por ciento del fondo que se constituya para financiar a los partidos y movimientos en el año correspondiente. Esta garantía se hará efectiva si el candidato o la lista de candidatos no obtiene al menos la votación requerida para tener derecho a la reposición de los gastos de la campaña de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Estos candidatos deberán presentar para su inscripción el número de firmas al que se refiere el inciso anterior.”

ART. 28.—Inscripción de candidatos. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos. Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta —exceptuando su resultado— deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos y listas para toda clase de cargos y corporaciones de elección popular, excepto para la elección de congresistas por las circunscripciones especiales de minorías étnicas.

Los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos serán inscritos por un comité integrado por tres (3) ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la correspondiente autoridad electoral cuando menos un (1) mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista. Los nombres de los integrantes del comité, así como la de los candidatos que postulen, deberán figurar en el formulario de recolección de las firmas de apoyo. 

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que decidan promover el voto en blanco y los comités independientes que se organicen para el efecto, deberán inscribirse ante la autoridad electoral competente para recibir la inscripción de candidatos, de listas o de la correspondiente iniciativa en los mecanismos de participación ciudadana. A dichos promotores se les reconocerán, en lo que fuere pertinente, los derechos y garantías que la ley establece para las demás campañas electorales, incluida la reposición de gastos de campaña, hasta el monto que previamente haya fijado el Consejo Nacional Electoral.” (La exequibilidad de los apartes subrayados fue condicionada mediante Sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional)

De manera específica, la aceptación o rechazo de inscripciones para candidaturas de cargos de elección popular se encuentra regulada en el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011, el cual reza:

ART. 32.—Aceptación o rechazo de inscripciones. La autoridad electoral ante la cual se realiza la inscripción verificará el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la misma y, en caso de encontrar que los reúnen, aceptarán la solicitud suscribiendo el formulario de inscripción en la casilla correspondiente.

La solicitud de inscripción se rechazará, mediante acto motivado, cuando se inscriban candidatos distintos a los seleccionados mediante consultas populares o internas, o cuando los candidatos hayan participado en la consulta de un partido, movimiento político o coalición, distinto al que los inscribe. Contra este acto procede el recurso de apelación de conformidad con las reglas señaladas en la presente ley.

En caso de inscripción de dos o más candidatos o listas se tendrá como válida la primera inscripción, a menos que la segunda inscripción se realice expresamente como una modificación de la primera.”

De la lectura de esta disposiciones, se observa como la naturaleza del acto de inscripción de candidatos, en lo que respecta a su carácter definitivo o de trámite, varía según se trate del acto que acepta la inscripción del candidato o del acto que la rechaza, independientemente de que la inscripción se haya realizado a través del aval otorgado por los partidos o movimientos políticos o del mecanismo de recolección de firmas.

En efecto, el acto que acepta la inscripción de una candidatura debe ser considerado un acto de trámite porque este permite la continuación del procedimiento electoral, el cual culminará con la expedición del acto electoral por el cual se declara la elección. Por tal razón, el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 no exige que este sea un acto motivado ni consagra la procedencia de recursos administrativos contra esta decisión. Consecuentemente, los vicios e irregularidades que puedan originarse en la aceptación de la inscripción de una candidatura, sin importar de que se trate de una inscripción realizada por el aval de un movimiento o partido político o por el mecanismo de recolección de firmas, deben ser cuestionados mediante el ejercicio de la acción de nulidad electoral dirigida contra el acto que declara la elección.

En cambio, el acto que rechaza o deniega la inscripción de una candidatura es un acto definitivo porque su expedición hace imposible para el candidato afectado participar en la contienda electoral y, por lo tanto, continuar con el normal curso del procedimiento administrativo electoral. Por esta razón, el legislador, en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, dispuso que dicho acto debe ser motivado y consagró la procedencia del recurso de apelación en su contra.

Sobre el carácter preparatorio o de trámite del acto de aceptación de la inscripción de una candidatura ha precisado la Sala en anterior ocasión:

“Al respecto es preciso anotar: el acto de inscripción es preparatorio dentro de una actuación que culmina con el acto que declara la elección, acto definitivo, que puede ser objeto de control de legalidad a través de la acción de nulidad electoral ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; por ello el acto de inscripción no es atacable en forma directa, ya que cualquier examen o revisión sobre su juridicidad solo es posible cuando se demanda conjuntamente con el acto final, en tanto su cuestionamiento sea parte de los cargos contra este”(5).

En similar sentido, la Sala Electoral de esta corporación ha señalado que, en el marco del procedimiento para la revocatoria del mandato, no es demandable el acto por medio del cual se certifican y apruebas las firmas para su convocatoria, por tratarse de un acto de trámite, sino que las irregularidades que puedan acontecer durante la etapa de recolección y certificación de firmas deben ser cuestionadas por medio del ejercicio de la acción de nulidad electoral dirigida contra el acto final de la elección para revocar o no el mandato.(6)

En síntesis, el acto que acepta la inscripción de una candidatura para la elección de un cargo de elección popular, sin importar que esta se realice a través del aval de un partido o movimiento político o del mecanismo de recolección de firmas, debe ser considerado como un acto preparatorio o de trámite dentro del procedimiento electoral, el cual, consecuentemente, no es enjuiciable ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

2.3. Caso concreto.

En el caso sub judice el actor demanda la nulidad de la Resolución 375 de 3 de octubre de 2015 proferida por los delegados departamentales de Nariño de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por medio de la cual se revocó la decisión de rechazar la inscripción mediante el mecanismo de recolección de firmas del señor Pedro Vicente Obando Ordóñez como candidato a la Alcaldía de Pasto (Nariño) por el grupo significativo de ciudadanos “Movimiento Ciudadano por Pasto”.

Sin entrar a discernir sobre otros aspectos relacionados con la admisibilidad de la demanda, debe concluirse que, según lo expuesto, la demanda fue presentada contra un acto de trámite y no contra un acto definitivo, en la medida que el acto acusado tiene por objeto aceptar la inscripción de una candidatura a un cargo de elección popular, razón por la cual el despacho procederá a rechazar la demanda instaurada.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE:

1. RECHAZAR DE PLANO LA DEMANDA presentada por el señor Jaro Alberto Ramírez Santacruz contra Resolución 375 de 3 de octubre de 2015 expedida por los delegados departamentales de Nariño de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

2. Ejecutoriado este auto DEVUÉLVANSE al interesado los documentos acompañados con la demanda, sin necesidad de desglose, y archívese la restante actuación.

Notifíquese y cúmplase».

(3) Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, expediente 76001-23-31-000-2011-01791-02, sentencia de 10 de abril de 2014, C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

(4) “ART. 108.—“Artículo modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:”(…) Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos. (…)”.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, expediente 2182, sentencia de 16 de septiembre de 1999, C.P. Dr. Reinaldo Chavarro Buritica.

(6) Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, expediente 110010328000201300027-00, Auto de 9 de julio de 2013, C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.