Auto 2015-00030/54436 de noviembre 3 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Rad.: 41001-23-31-000-2015-00030-01 (54436)

Demandante: Diego Ducuara Lizcano y otros

Demandado: Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.

Naturaleza: Reparación directa (Decreto 1º de 1984)

Bogotá, D.C., tres de noviembre de dos mil diecisiete.

Procede el despacho a pronunciarse sobre la admisión del recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte demandante, contra la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Huila el 28 de abril de 2015, mediante la cual rechazó la demanda por caducidad de la acción (fls. 139-146, cdno. ppal.).

I. Antecedentes.

1. Mediante escrito presentado el 6 de diciembre de 2011 ante la Oficina de Apoyo Judicial de Neiva (Huila), los señores Nery Lizcano Bahamón, Claudia Milena Lizcano, Diego Ducuara Lizcano, Edinsson Lizcano Bahamón y Sandra Patricia Lizcano Bahamón, actuando a través de apoderado judicial, formularon demanda “ordinaria de Mayor Cuantía de responsabilidad civil extracontractual” en contra de la Electrificadora del Huila S.A. - E.S.P., con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas (fl. 19-24, cdno.1):

1. Que se declare a la Sociedad Electrificadora del Huila S.A. E.S.P- Electrohuila S.A. - E.S.P. representada por su actual Gerente Julio Alberto Gómez Martínez o, por quien haga sus veces en dada momento procesal, con domicilio en la ciudad de Neiva —H., civilmente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios causados a los demandantes Nery Lizcano Bahamón, Claudia Milena Lizcano, Diego Ducuara Lizcano, Edinsson Lizcano Bahamón y Sandra Patricia Lizcano Bahamón, con la muerte del señor Jhon Mauricio Lizcano (q.e.p.d.), en hechos ocurridos el día 5 de Julo (sic) del 2.008, en el municipio de Palermo —H—, al recibir una fuerte descarga eléctrica.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la Sociedad Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.- “Electrohuila S.A. - E.S.P. a pagar:

2.1. A la señora Nery Lizcano Bahamon, los daños y perjuicios materiales o patrimoniales, ocasionados con motivo de la muerte de su hijo Jhon Mauricio Lizcano (q.e.p.d.)

2.1.1. Daño Emergente: El que se pruebe de acuerdo con los gastos que se acrediten en el proceso, con ocasión de la muerte del señor Jhon Mauricio Lizcano (q.e.p.d.)

2.1.2. Lucro Cesante:

El que se pruebe dentro del proceso.

2.2. A Nery Lizcano Bahamón, Claudia Milena Lizcano, Diego Ducuara Lizcano, Edinsson Lizcano Bahamón y Sandra Patricia Lizcano Bahamón, los daños o perjuicios morales, ocasionados con la muerte de su Hijo y Hermano Jhon Mauricio Lizcano, respectivamente, el máximo establecido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

3. Comedidamente solicito al señor Juez, que el monto de los perjuicios materiales, sea debidamente actualizado a la fecha de la sentencia y en la misma se ordene que dichas sumas sean actualizadas en la fecha que efectivamente se efectúe el pago.

4. Costas del proceso.

2. La cuantía del proceso fue determinada por la parte demandante, así:

Tanto por la cuantía del negocio, que estimo superior a sesenta millones de pesos ($60.000.000) moneda corriente, como la clase de proceso, y lugar de los hechos, es usted el funcionario competente.

3. Como fundamento de sus pretensiones, la parte demandante argumentó que el 5 de julio de 2008 el señor Jhon Jairo Lizcano murió producto de una descarga eléctrica generada por unas líneas de cable de mediana tensión que pertenecían a la red eléctrica de la sociedad Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. —Electrohuila—, las cuales pasaban por encima del tanque de agua de su vivienda. (fl. 20, cdno.1).

4. Por reparto, el conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva, el cual dispuso su admisión mediante Auto del 17 de enero de 2012, al considerar que se debía tramitar a través del proceso ordinario de mayor cuantía (fl. 25-27, cdno.1).

5. Luego de surtido el trámite procesal correspondiente, el 3 de febrero de 2014, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva negó las pretensiones de la demanda y declaró probada la excepción denominada culpa exclusiva de la víctima (fl. 93 a 102, cdno.1).

6. Inconforme con la decisión adoptada, la apoderada de la parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el cual fue concedido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva y admitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva Sala Civil, Familia y Laboral (fl. 114, cdno.1).

7. No obstante, el 22 de agosto de 2014, el mencionado tribunal declaró su falta de competencia para decidir el asunto y ordenó remitir el proceso para su conocimiento al Tribunal Administrativo del Huila, esto al considerar que la Electrificadora del Huila S.A. es una empresa de servicios públicos domiciliarios cuyo capital accionario pertenece en un 83.05% a la Nación-Ministerio de Minas y Energía, por lo cual el asunto debía ser tramitado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo (fl. 122-126, cdno.1).

8. Posteriormente, el 28 de abril de 2015, el Tribunal Administrativo del Huila - Sala Segunda de Decisión Escritural avocó conocimiento del sub judice, decretó la nulidad de todo lo actuado desde el auto que admitió la demanda y rechazó de plano la demanda por caducidad de la acción (fl. 139-142, cdno. ppal.).

9. Inconforme con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Huila, el apoderado de la parte demandante presentó recurso de apelación contra la providencia que rechazó la demanda y, por reparto, le correspondió a este despacho conocer de la admisión del recurso (fl. 144 y 150 cdno. ppal.).

II. Problema Jurídico.

El despacho debe determinar si corresponde admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la providencia de primera instancia proferida el 28 de abril de 2015 por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión Escritural, mediante la cual se declaró la caducidad de la acción de reparación directa o, si por el contrario, debe disponer su inadmisión y remitirlo al a quo.

III. Consideraciones.

Estima el despacho que no se debe admitir el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la providencia proferida el 28 de abril de 2015 por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión Escritural, por los motivos que se expondrán a continuación:

1. El artículo 40 de la Ley 153 de 1887(1), modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, establece que la competencia estará determinada por las reglas generales vigentes al momento de presentación de la demanda, previsión que guarda relación con el respeto al debido proceso por ser derecho de las partes conocer desde un primer momento el juez natural del asunto y la ritualidad a seguir.

2. En este sentido, se ha entendido que, por regla general, las normas procesales rigen desde su vigencia y prevalecen sobre las anteriores, salvo en aquellos casos en los que los términos hubieran comenzado a correr o ya se hubiere iniciado la actuación o diligencia, eventos en los cuales corresponde aplicar la norma vigente para esos momentos específicos. Sobre el particular se dijo lo siguiente:

La Ley 153 de 1887 determina que las leyes procesales (de sustanciación y ritualidad de los juicios) rigen desde su vigencia y por tanto prevalecen sobre las anteriores, es decir que son de aplicación inmediata excepto cuando se trate de términos que hubieren empezado a correr, actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, pues se rigen por la ley vigente al tiempo de su iniciación (art. 40)(2). (Resaltado del texto).

3. Así las cosas, con el objetivo de determinar cuáles son las reglas de competencia aplicables, deben observarse las normas procesales vigentes en la fecha en la cual se presentó la demanda.

4. Ahora, en el presente caso la demanda fue interpuesta el 6 de diciembre de 2011, esto es, en vigencia de la Ley 1450 de 2011(3), por lo que es esta la norma procesal que debe aplicarse al asunto sub examine a efectos de determinar la competencia.

5. Sobre el particular debe recordarse que el artículo 198 de la Ley 1450 de 2011 estableció algunas excepciones referentes a la aplicación de disposiciones de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo— a asuntos sometidos al Decreto 1º de 1984, al disponer que en los procesos en los que a la fecha de su entrada en vigencia —16 de junio de 2011— no tuvieran auto admisorio o teniéndolo, no se hubiera notificado, correspondería aplicar las reglas de determinación de competencia previstas en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, así correspondieran al régimen jurídico anterior.

6. Así las cosas, el artículo 198 de la Ley 1450 de 2011 extendió la aplicación de las disposiciones del artículo 157 del nuevo código —Ley 1437 de 2011— a algunos procesos sometidos al Decreto 1º de 1984, a saber, a los procesos que para el 16 de junio de 2011 no tuvieran auto admisorio de la demanda o que teniéndolo, no lo hubieran notificado.

7. Por otro lado, cabe advertir que el mencionado artículo 198 de la Ley 1450 de 2011 resulta aplicable en este caso por cuando esa norma hace parte del régimen jurídico anterior de que trata el inciso segundo del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

8. En efecto, el despacho estima que cuando el legislador dispuso en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 que los procesos iniciados o que estuvieran en curso antes del 2 de julio de 2012 continuarían sometiéndose al régimen jurídico anterior, lo que hizo fue limitar los efectos de las derogatorias establecidas en la misma ley con el objeto de que el régimen jurídico anterior continuara surtiendo efectos respecto de aquellos procesos iniciados antes de la entrada en vigencia de la nueva codificación procesal, es decir, estableció un régimen de transición para que continuaran aplicándose las normas derogadas en aquellos procesos iniciados antes del 2 de julio de 2012.

9. Asimismo, lo anterior también conlleva a que se afirme que no fue intención del legislador darle efectos inmediatos y absolutos a la derogatoria de normas como el Decreto 1º de 1984 o las demás enunciadas en el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011, pues al haber formado parte aquellas del régimen jurídico anterior al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo previsto en la Ley 1437 de 2011, estas, por disposición de la ley, mantendrían su vigencia y efectos únicamente respecto de los procesos contenciosos iniciados antes del 2 de julio de 2012, lo que significa que sobre ellas únicamente, operó una derogatoria relativa y no absoluta.

10. No obstante, debe advertirse que esta interpretación en nada afecta o desconoce los efectos de las derogatorias normativas establecidas por el legislador en el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011, ya que su aplicación práctica fue definida por el legislador para que tuviera efectos en aquellos procesos o actuaciones que se iniciaran con posterioridad al 2 de julio de 2012, en las cuales no pueden ser invocadas o utilizadas las normas que conformaban el régimen jurídico anterior por derogatoria expresa del legislador.

11. Por otra parte, estima el despacho que tampoco es posible considerar que cuando el legislador hizo mención al régimen jurídico anterior solamente se refería a las disposiciones contenidas en el Decreto 1º de 1984, por el contrario, si se tiene en cuenta que uno de los propósitos de la consagración de un régimen de transición es precisamente que se respeten las disposiciones anteriores a la entrada en vigencia de la nueva normatividad o codificación procesal, lo indicado es que se entienda que el régimen jurídico comprende todas aquellas disposiciones normativas autónomas o complementarias que se encontraban vigentes antes de que surtiera efectos la nueva legislación procesal, de ahí que deba entenderse que el régimen jurídico a que hace mención la Ley 1437 de 2011 no solo se limita al código contencioso anterior, sino que agrupa todas aquellas normas que se encontraban vigentes antes del 2 de julio de 2012, entre ellas el artículo 198 de la Ley 1450 de 2011.

12. Así las cosas, comoquiera que el artículo 198 de la Ley 1450 de 2011 es aplicable al presente asunto y este remite al artículo 157 del Código de Procedimiento de lo Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para efectos de determinar la competencia es necesario establecer el valor de los perjuicios causados en la demanda, conforme la estimación razonada hecha por el actor, sin que pueda incluirse la estimación de los perjuicios morales, pues estos no fueron los únicos que se reclamaron.

13. De otro lado, se aclara que corresponde aplicar las disposiciones del Decreto 1º de 1984 en materia de competencia funcional, las cuales señalan(4) que los jueces administrativos conocen en primera instancia de las demandas que no excedan los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).

14. Así mismo, el numeral 6º del artículo 132 ibídem determinó que los tribunales administrativos son competentes para tramitar en primera instancia los asuntos de reparación directa, cuya cuantía no exceda de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).

15. Siendo claro lo anterior, el despacho observa que aparentemente el monto de las pretensiones formuladas en la demanda no supera el de los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) exigidos por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para que esta Corporación pueda conocer del asunto en segunda instancia, pues en la demanda las pretensiones no individualizaron el aspecto económico y en la estimación razonada de la cuantía únicamente se refirió que esta era superior a sesenta millones de pesos ($60.000.000), valor que en todo caso corresponde a aproximadamente 112 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) para la época de los hechos.

16. Además, se debe aclarar que en las pretensiones de la demanda se solicitó por concepto de perjuicios morales la máxima suma que haya sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia para este tipo de daño, sin embargo, en el presente caso el monto de dichos perjuicios no debe ser tenido en cuenta para determinar, la competencia por factor cuantía, pues ellos solo se tienen en cuenta cuando son los únicos que se reclaman(5), lo cual no ocurre en el presente caso.

17. De igual forma, el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011 estipula que la cuantía se determina por el valor de la mayor de las pretensiones, de tal manera que el demandante deba discriminar el monto de los perjuicios que persigue por cada pretensión, sin que su estimación pueda ser un valor arbitrario o caprichoso, sino que obedezca a un cálculo que permita conocer al juez cómo se obtuvieron los valores de lo pretendido en él medio de control formulado(6).

18. Así las cosas, la competencia por factor cuantía debe fijarse atendiendo al valor de la mayor de las pretensiones, sin embargo, en el presente caso solo se indica que esta es mayor a sesenta millones de pesos ($60.000.000), sin que se manifieste como se obtuvo este valor ni el monto individualizado para cada pretensión. No obstante, en virtud de dicha indeterminación se tomará este valor —$60.000.000— como referente de competencia encontrando que no excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) exigidos por el numeral 6º del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para que el medio de control de reparación directa sea de conocimiento del Tribunal Administrativo del Huila en primera instancia.

19. En estas circunstancias, como la cuantía del presente proceso aparentemente resulta inferior a la exigida por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para que esta fuera de conocimiento del Tribunal Administrativo del Huila en primera instancia —ya que el a quo no hizo verificación de la cuantía—, para el despacho no es procedente admitir en segunda instancia el proceso de la referencia hasta tanto este aspecto no sea definido por el juez a quo.

20. Así las cosas, al no ser posible verificar la competencia funcional de esta Corporación con la información suministrada en el proceso —el Tribunal debió verificar la cuantía del proceso—, se inadmitirá el recurso de apelación para que el a quo exija cumplir con el requisito de estimación razonada y así poder definir la competencia, motivo por el cual se dispondrá remitir el sub judice al Tribunal Administrativo del Huila para que realice el estudio correspondiente(7) de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el despacho,

RESUELVE

1. NO ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la providencia del 28 de abril de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REMÍTASE el expediente al Tribunal Administrativo del Huila para que realice el estudio correspondiente, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Ramiro Pazos Guerrero.

1. En el entendido de lo prescrito por la norma citada, la cual expresa que: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de octubre de 2003, Exp. 17.213. M.P. María Elena Giraldo Gómez.

3. La Ley 1450 de 2011 entró en vigencia el 16 de junio del 2011.

4. Numeral 6º del artículo 134B del Decreto 1º de 1984.

5. Artículo 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

6. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Auto del 4 de febrero de 2016, Exp. 2571-13, C.P. William Hernández Gómez.

7. Código General del Proceso: “ART. 133.—Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: // 1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. // 2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. // 3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida. // 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder. // 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. // 6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado. // 7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación. // 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. // Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código. // Parágrafo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.