AUTO 2015-00047 DE AGOSTO 17 DE 2017

 

Auto 2015-00047 de agosto 17 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001032400020150004700

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Actora: Rafael Méndez Arango

Demandada: Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral

Referencia: Recurso ordinario de súplica en contra del auto que rechazó la demanda - naturaleza jurídica de los poderes disciplinarios del juez

Bogotá, D.C., agosto diecisiete de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

De conformidad con el artículo 246 del CPACA(1), el recurso ordinario de súplica procede en contra de los autos proferidos por el ponente en el curso de una segunda o única instancia, que por su misma naturaleza serían apelables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 ibídem, el cual es del siguiente tenor:

“(...) ART. 243.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda (...)”.

Por consiguiente, el auto que dispuso el rechazo de la demanda presentada apoyado en que la misma pretende la nulidad de las decisiones de 28 de agosto de 2012, 11 de septiembre de 2013 y 4 de junio de 2014, emanadas de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, las que por su naturaleza no resultan enjuiciables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es susceptible del presente recurso de súplica.

Ahora bien, en el sub lite, la entonces Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, consideró que las decisiones por medio de las cuales la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia impuso al accionante multa de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, tienen la naturaleza de actos jurisdiccionales y, por lo tanto, no resultan enjuiciables ante la justicia contencioso administrativa, argumento que fue controvertido por la parte actora en el escrito contentivo del recurso, pues, en su criterio, el hecho de que la determinación adoptada tenga la connotación de medida correccional, implica que la misma no responde al ejercicio de funciones de tal naturaleza.

Así las cosas, corresponde a la Sala definir la naturaleza de las decisiones emitidas por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en providencias de 28 de agosto de 2012, 11 de septiembre de 2013 y 4 de junio de 2014, para determinar si las mismas pueden o no ser enjuiciables por esta jurisdicción.

En este sentido y para resolver, la Sala estima necesario recordar cuales fueron las decisiones adoptadas por la mencionada corporación judicial y que son objeto de demanda, tal y como se observa continuación:

• Auto de 28 de agosto de 2012

“(...) Por falta de sustentación oportuna del recurso, se declara desierto.

Impóngase la multa de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, al doctor Rafael Méndez Arango, apoderado de la parte recurrente Instituto de Seguros Sociales, según lo establecido por el inciso 3º, artículo 49 de la Ley 1395 de 2010.

Como no queda actuación pendiente, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Así mismo, remítase copia de esta decisión al Consejo Superior de la Judicatura para lo pertinente (...)” (negrillas fuera de texto).

• Auto de 11 de septiembre de 2012

“(...) Por escrito de 12 de septiembre de 2012, el apoderado de la parte recurrente pide dejar sin efecto el auto de 28 de agosto del año anterior, que declaró desierto el recurso extraordinario de casación en el proceso de la referencia.

(...).

En cuanto a los argumentos de orden constitucional que esboza el memorialista, debe aclararse que la Sentencia C-203 de 2011, de la Corte Constitucional, declaró inexequible la expresión “no reúne los requisitos”, en referencia a la previsión del artículo 90 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social que imponía la sanción en tal caso, pero allí no se aludió al evento en que no se sustenta la demanda o se hace en forma extemporánea, casos en los que sí procede la multa.

No se vislumbra la vulneración al debido proceso, pues la multa establecida en el inciso 3º del artículo 49 de la Ley 1395 de 2010, se notificó por estado el día 29 de ese mes y año y quedó ejecutoriada el 3 de septiembre siguiente, por lo que es claro, que esta Sala, por intermedio de su secretaría, agotó correctamente la notificación del referido auto por medio legal correspondiente, garantizando de esta forma el derecho fundamental aludido, sin que dentro del término se hubiere impugnado.

La impugnación de la multa, cabe recordar reviste de contenido moralizante el uso de los mecanismos legales previstos en el ordenamiento jurídico, y la de prevalencia a otros principios que se han ponderado más importantes y necesarios, como son la eficacia y la eficiencia de la administración de justicia, de modo que la actuación procesal debe regirse también por estos, tales argumentos de legitimidad a dicha sanción, pues responden al mandato legal y constitucional ineludible; ahora es claro que dicho gravamen tiene causales eximentes que en verdad no se encuentran presentes en el sub lite, en tanto no se demuestren razones verdaderas para dejar de cumplir con la presentación de la demanda (...).

Resuelve

Primera: Negar la petición impetrada por el apoderado del Instituto de Seguros Sociales, por medio de la cual solicita dejar sin efectos el auto 28 de agosto de 2012 que declaró desierto el recurso extraordinario de casación e impuso multa al apoderado de la recurrente.

Segundo: Devolver el expediente al tribunal de origen (...)” (negrillas fuera de texto).

• Auto de 4 de junio de 2014

“(...) Resuelve la Sala el recurso de reposición interpuesto por el apoderado del instituto de Seguros Sociales, contra el auto de fecha 11 de septiembre de 2013.

(...).

Esta Sala de Casación sostendrá su criterio de mantener indemne la providencia atacada, pues la sanción pecuniaria se estableció al haber transcurrido el término legal correspondiente sin haberse presentado la demanda de casación, no advirtiéndose circunstancias especiales, ni acreditan razones válidas que justifiquen variar la determinación que inicialmente se adoptó.

Ahora bien, aunque el recurrente insiste en una serie de argumentos en procura de reconsiderar la decisión, los mismos fueron debidamente analizados y desestimados en el auto anterior al que la Sala se remite.

No sobra agregar que la providencia que en últimas se pretende controvertir es la multa impuesta al memorialista en el proveído de 28 de agosto de 2012, la cual procede por disposición legal, que le da pleno soporte, la que además fue notificada en legal forma, y alcanzó firmeza, al no ser objeto de recursos

(...).

Resuelve

Mantener el auto proferido el 11 de septiembre de 2013, mediante el cual se negó la petición de dejar sin efectos el auto de 28 de agosto de 2012 que declaró desierto el recurso de casación e impuso multa al apoderado recurrente (...)” (negrillas fuera de texto).

Del tenor literal de las decisiones transcritas, la Sala encuentra que en ellas se tomaron dos determinaciones, la primera consistente en declarar desierto el recurso de casación presentado por falta de sustentación y, la segunda, asociada a que, como consecuencia de ello, era dable imponer multa al recurrente, con fundamento en el contenido del artículo 49 de la Ley 1395 de 2010 “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”, norma que establece lo siguiente:

“(...) ART. 49.—Modifíquese el artículo 93 del Código del Procedimiento del Trabajo y del <sic> Seguridad Social, el cual quedará así:

ART. 93.—Admisión del recurso. Repartido el expediente en la Corte, la Sala, dentro de los veinte días hábiles siguientes, decidirá si es o no admisible el recurso. Si fuere admitido, dispondrá el traslado al recurrente o recurrentes para que dentro de este término presenten las demandas de casación. En caso contrario se procederá a la devolución del expediente al sentenciador de origen.

Presentada en tiempo la demanda de casación, la Sala resolverá si se ajusta a los requisitos antes señalados. Si así lo hallare ordenará el traslado de ella a quienes no sean recurrentes, por quince días hábiles a cada uno, para que formulen sus alegatos.

Si la demanda no reúne los requisitos, o no se presentare en tiempo, se declarará desierto el recurso, y se impondrá al apoderado judicial una multa de 5 a 10 salarios mínimos (...)” (negrillas fuera de texto).

De la lectura detallada del inciso final de la norma transcrita, la Sala advierte que el legislador estableció una medida correccional especial dentro del trámite de los recursos de casación que se tramitan ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, esto es, la relacionada con la imposición de una multa en aquellos eventos en los cuales la demanda de casación no reúne los requisitos de ley o la misma no se presenta en tiempo(2).

Cabe resaltar que las medidas correccionales “(...) son aquellas impuestas por el juez en virtud del poder disciplinario de que está investido como director y responsable del proceso, de manera que no tienen el carácter de “condena”, sino que son medidas que adopta excepcionalmente el funcionario, con el objeto de garantizar el cumplimiento de sus deberes esenciales (...)”(3) (negrillas fuera de texto).

En efecto, el juez como máxima autoridad responsable del proceso tiene el deber de velar que el mismo se adelante conforme lo ordena la ley, siendo de su exclusiva responsabilidad evitar que conductas irregulares de las partes e intervinientes perturben su normal desarrollo, garantizando, en este sentido, que las personas que concurran ante la justicia cumplan con los deberes y obligaciones dispuestos en el ordenamiento jurídico.

La Corte Constitucional(4) ha sostenido que “(...) los mencionados poderes se traducen en unas competencias específicas que se asignan a los jueces para imponer sanciones de naturaleza disciplinaria a sus empleados, o correccionales a los demás empleados públicos, o los particulares (...) (negrillas fuera de texto).

En cuanto a la naturaleza jurídica de la sanción, la Sala recuerda que la misma tiene carácter jurisdiccional, no solo en razón al órgano que la dicta, sino dada la función que ella cumple, tal y como acertadamente lo han sostenido tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional en las siguientes providencias:

• Corte Constitucional. Sentencia T-351 de 1993. M.P. Antonio Barrera Carbonell.

“(...) obviamente las sanciones que el juez impone a los empleados de su despacho tienen un contenido y una esencia administrativa y los respectivos actos son actos administrativos, contra los cuales proceden los recursos gubernativos y las acciones contencioso administrativas; en cambio, los actos que imponen sanciones a particulares, son jurisdiccionales, desde los puntos de vista orgánico, funcional y material (...); contra estos actos únicamente procede el recurso de reposición (...), mas no son susceptibles de ser controlados a través de las acciones contencioso administrativas (...)” (negrillas fuera de texto).

• Corte Constitucional. Sentencia C-218 de 1996. M.P. Fabio Morón Díaz.

“(...) El juez, como máxima autoridad responsable del proceso, está en la obligación de garantizar el normal desarrollo del mismo, la realización de todos y cada uno de los derechos de quienes en él actúan, y, obviamente, de la sociedad en general, pues su labor trasciende el interés particular de las partes en conflicto. Para ello el legislador lo dota de una serie de instrumentos que posibilitan su labor, sin los cuales le sería difícil mantener el orden y la disciplina que son esenciales en espacios en los cuales se controvierten derechos y se dirimen situaciones en las que predominan conflictos de intereses; tales instrumentos, a su vez, se erigen en poderes (...).

No obstante, el ejercicio de ese poder disciplinario, que desata decisiones de carácter jurisdiccional, ha de armonizarse con el respeto y cumplimiento estricto de los derechos fundamentales y los principios superiores consagrados en la Carta Política; por eso, teniendo en cuenta que en el ordenamiento superior vigente la libertad de las personas se constituye en un valor esencial, en un derecho inalienable protegido a través de diferentes mecanismos, las sanciones de tipo correccional que imponga el juez a los particulares en ejercicio de sus funciones o en razón de ellas, han de inscribirse en un marco de estricto sometimiento al debido proceso, de acuerdo con lo señalado en el artículo 29 de la C.N., procedimiento que en el caso que nos ocupa se encuentra consagrado en la misma norma impugnada (...)” (negrillas fuera de texto).

• Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 8 de junio de 2017. M.P. César Palomino Cortés.

“(...) La Sala advierte que el poder disciplinario del juez respecto de particulares se erige en actos jurisdiccionales encaminados a realizar sanciones correctivas cuando en el transcurso de un proceso se presenten las actuaciones que describe el artículo 39 del Código Procedimiento Civil, hoy artículo 44 del Código General del Proceso, poderes correccionales del juez (...)” (negrillas fuera de texto).

En efecto, desde el punto de vista orgánico se tiene que la sanción correccional es jurisdiccional, ello en razón a que la misma es dictada por una autoridad judicial, la cual la expide en forma de providencia judicial al tenor de lo dispuesto en el artículo 278 del Código General del Proceso, esto es, a través de un auto o de una sentencia(5).

En cuanto al elemento funcional, la sanción es dictada en ejercicio de la función jurisdiccional y no administrativa, toda vez que se expide como consecuencia del incumplimiento de un deber u obligación que debe ser atenida dentro de un proceso judicial.

En este mismo sentido, se tiene que desde la perspectiva material la sanción es jurisdiccional, teniendo en cuenta el alcance de la situación jurídica que contiene la decisión, por cuanto se dirige en contra de una de las partes o un interviniente debidamente reconocidos en el proceso.

Cabe resaltar que la medida correccional debe diferenciarse de la potestad disciplinaria del juez, toda vez que esta última se encuentra consagrada con la finalidad de establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares que, en ejercicio de la función pública, incumplan sus deberes, se extralimiten en el ejercicio de sus derechos o incurran en prohibiciones que afecten el interés general y atendiendo los principios de la función administrativa, teniendo como fundamento los artículos 6º, 122, 123, 124 y 209 de la Constitución Política. En este sentido se ha pronunciado la Sección Segunda del Consejo de Estado(6) al sostener:

“(...) En efecto, la potestad disciplinaria del Estado está concebida como el principio de responsabilidad de los servidores públicos y los particulares que en desarrollo de la función pública incumplan sus deberes, se extralimiten en el ejercicio de sus derechos o incurran en prohibiciones que afecten el interés general y los principios de la función administrativa, teniendo como fundamento los artículos 6º, 122, 123, 124 y 209 de la Carta Política. Sentado lo anterior, señala la Sala que si bien el legislador otorgó poderes disciplinarios al juez, estos no se pueden confundir con la potestad disciplinaria del Estado en el marco de una relación laboral, pues aquella tratándose de particulares se ejerce en un proceso judicial y con los fines a que alude el artículo 39 del Código de Procedimiento Civil (hoy CGP, art. 44); mientras que la acción disciplinaria prevista en la Ley 734 de 2002, está encaminada a garantizar el adecuado ejercicio de la función pública y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, sin excluirse entre sí, ya que las fuentes normativas y finalidades son diferentes (...)” (negrillas fuera de texto).

En este orden de ideas, para la Sala resulta claro que la multa establecida el artículo 49 de la Ley 1395, corresponde a una expresión de los poderes de ordenación y corrección que competen al juez, razón por la cual la providencia impugnada determinó correctamente que las providencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que impusieron multa al accionante son actos jurisdiccionales y no están sujetos a control por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(7).

Cabe resaltar, en este mismo sentido, que la jurisprudencia ha sido unánime en señalar que los actos jurisdiccionales no son pasibles de control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ni siguiera en aquellos casos en que sean emitidos por autoridades administrativas en ejercicio de funciones judiciales, así lo ha precisado en las siguientes decisiones:

• Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.

“(...) En consecuencia, los actos acusados son actos jurisdiccionales, de allí que la decisión de imponerle a la actora la multa en mención participa de ese mismo carácter jurisdiccional, toda vez que hace parte integral de ellos, en especial de la Resolución 4954 de 19 de marzo de 2000, y su confirmatoria, amén de que se adoptó dentro del mismo procedimiento, por los mismos hechos o causas y fundamentos jurídicos que dieron lugar a las demás decisiones consignadas en esas resoluciones.

En estas circunstancias, el recurso impetrado no tiene asidero, luego se deberá confirmar el auto apelado, dado que los actos jurisdiccionales escapan al control de la jurisdicción de lo contencioso administrativa (...)” (negrillas fuera de texto).

• Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de diciembre de 2004. M.P. Olga Inés Navarrete Barrero.

“(...) Las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en desarrollo de este artículo, constituyen ejercicio de la función jurisdiccional cuya competencia escapa al conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa. Así lo ha determinado esta corporación en varios de sus fallos, en algunos de los cuales precisó: “... de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley 446 de 1998, modificado por el artículo 52 de la Ley 510 de 1999, contra los actos dictados por las superintendencias en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales no procede recurso alguno ante las autoridades judiciales, naturaleza que, precisamente, ostenta la mencionada decisión”. (Cfr. Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 8 de mayo de 2003. C.P. Manuel Santiago Urueta). Como se desprende de esta disposición, en materia de efectividad de las garantías la Superintendencia de Industria y Comercio es competente, a prevención y su desarrollo corresponde al ejercicio de funciones jurisdiccionales que escapan al control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo como bien lo ha señalado tanto la ley como la jurisprudencia” (Cfr. Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 22 de octubre de 2004. C.P. Olga Inés Navarrete). De conformidad con lo anterior advierte la Sala que el tribunal ha debido declarase inhibido y no pronunciarse sobre las prensiones de la demanda relacionadas con este aspecto (...)” (negrillas fuera de texto).

Finalmente, y sobre el argumento del impugnante en torno a que la Corte Constitucional en la Sentencia C- 492 de 2016 definió como administrativa la sanción de multa contenida en el artículo 49 de la Ley 1395, la Sala pone de relieve que la decisión de inconstitucionalidad de la citada norma indica como ratio decidendi, que tal precepto “(...) adolece de indeterminaciones insuperable en sus elementos estructurales, lo cual impidió a los actores de la comunidad jurídica conocer los actos y conductas procesales admisibles e inadmisibles en sede de casación, y los efectos jurídicos por su realización (...)”. La sentencia agrega que “(...) la medida legislativa establece una consecuencia claramente desventajosa por la realización de actuaciones procesales que hace parte del desenvolvimiento y de la dinámica regular de los procesos judiciales, como es el desistimiento (...)”.

Como puede apreciarse, la decisión de inconstitucionalidad en ningún momento determina que la actividad sancionatoria del juez comporta la realización de una actuación de naturaleza administrativa, lo que conduce señalar que el argumento planteado por el recurrente no modifica las consideraciones antes señaladas.

En este orden de ideas, la Sala confirmará el auto de 2 de diciembre de 2015, mediante el cual se rechazó la demanda presentada por el doctor Rafael Méndez Arango en ejercicio del medio de control de nulidad, en contra de las providencias de 28 de agosto de 2012, 11 de septiembre de 2013 y 4 de junio de 2014, dictadas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto recurrido, esto es, la providencia de 2 de diciembre de 2015, por medio del cual la Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, rechazó la demanda presentada por el doctor Rafael Méndez Arango en ejercicio del medio de control de nulidad, en contra de las decisiones de 28 de agosto de 2012, 11 de septiembre de 2013 y 4 de junio de 2014, dictadas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. En firme este proveído, remítase el expediente al Despacho de origen este proceso, para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Ley 1437 de 2011. ART. 246.—Súplica. “(...) El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado Ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el auto que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso extraordinario (...)”.

(2) De acuerdo con los antecedentes legislativos de la Ley 1395 de 2010, la potestad disciplinaria consagrada en el artículo 49 ibídem, se fundamentó en la necesidad de racionalizar la utilización del recurso extraordinario de casación, en una instancia jurisdiccional que tiene unos altos índices de congestión originada por la alta cantidad de demandas de casación que deben ser resueltas anualmente por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

(3) Corte Constitucional. Sentencia C-620 de 2001. M.P. Jaime Araújo Rentería.

(4) Corte Constitucional. Sentencia T-351 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(5) ART. 278.—“(...) Clases de providencias. Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias. Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias (...)”.

(6) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 8 de junio de 2017. Rad. 2011-00094, M.P. César Palomino Cortés.

(7) ART. 169.—“(...) Rechazo de la demanda. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos: (...) 3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial (...)”.