Auto 2015-00050/21904 de octubre 27 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Rad.: 110010327000201500050 00

Núm. Int. 21904

Demandante: Clara Leticia Rojas Gonzalez

Demandado: Bogotá Distrito Capital

Auto

Bogotá, D.C., veintisiete de octubre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La actora manifestó que, el aumento del avalúo catastral establecido en las normas demandadas, sobrepasa los porcentajes de reajuste fijados por los acuerdos 105 de 2003, 185 de 2005 y 201 de 2005 expedidos por el Concejo de Bogotá D.C., lo que vulnera los principios constitucionales de equidad, proporcionalidad, no confiscatoriedad y justicia, porque el tributo supera la capacidad contributiva de los ciudadanos. Por lo anterior, alegó que los actos administrativos acusados violan los artículos 34, 42, 58, 95-9, 150-12, 209, 338 y 363 de la Constitución Política.

Con la demanda allegó como pruebas: la Ley 601 de 2000, la Ley 1452 de 2011, el Decreto 2718 de 2014, el Decreto 351 de 2002, el Acuerdo 426 de 2009, el Acuerdo 352 de 2008, el Acuerdo 201 de 2005, el Acuerdo 185 de 2005, el Acuerdo 105 de 2003 y la Resolución 1055 de 2011, entre otras normas de carácter reglamentario.

Para el despacho se hace menester aclarar, que la litis planteada en la demanda exige, además del análisis de las disposiciones constitucionales invocadas, la confrontación y estudio de las diferentes disposiciones de carácter legal y reglamentario en que se debían fundar los actos administrativos demandados, por lo que el trámite pertinente no corresponde al medio de control de nulidad por inconstitucionalidad establecido en el artículo 135 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(1), sino al previsto en el artículo 137 ibídem, que reza:

“ART. 137.—Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien las profirió (…)”.(se resalta).

En ese orden de ideas, el Consejo de Estado no es competente para conocer la presente controversia porque el artículo 155-1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, asignó el conocimiento de las demandas de nulidad de los actos proferidos por autoridades distritales y municipales a los jueces administrativos, al señalar:

“ART. 155.—Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

1. De los de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden distrital y municipal, o por las personas privadas sujetas a este régimen del mismo orden cuando cumplan funciones administrativas”. (se resalta).

Es preciso señalar que la Sala Plena de esta corporación, en providencia del 9 de diciembre de 2014(2), que decidió el recurso de súplica contra el auto del 27 de marzo de 2014, por el cual la Consejera Ponente decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto Distrital 364 de 2013, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., se pronunció sobre la competencia del Consejo de Estado para conocer en única instancia de la acción de nulidad contra actos administrativos generales de las autoridades distritales y municipales, así:

“ (…) fuerza es concluir que la salvedad que en el artículo 197 LEAJ se previó respecto de las competencias de los Jueces Administrativos, se visualizó como una medida temporal, destinada a regir durante el periodo inicial de puesta en marcha de los juzgados administrativos y mientras se expedía el nuevo Código de Procedimiento Administrativo que debía ocuparse de regular en forma sistemática el tema de la distribución de competencias entre las autoridades que integran la jurisdicción contencioso administrativa, sobre todo para acompasarlas a las exigencias y mandatos de la Constitución de 1991 y, además, para dar un adecuado tratamiento a la congestión judicial. No de otra manera se explica que se hubiese incorporado en el capítulo sobre “disposiciones transitorias”.

Se insiste en que, según quedó examinado en acápite precedente, los antecedentes de la LEAJ dan cuenta que en las discusiones del proyecto 58/94 Senado - 264/95 Cámara, que culminó con la expedición de la Ley 270 de 1996, se tuvo en mente que una ley ordinaria regularía la competencia de los jueces administrativos, como efectivamente lo hizo la Ley 1437 de 2011.

Desde esta perspectiva, el recto entendimiento del artículo 197 LEAJ, norma transitoria cuya vigencia terminó con la expedición de la Ley 1437 de 2011, es que mientras tales juzgados entraran en funcionamiento y se consolidaran operativamente, como medida de transición, se dispuso que no conocerían de las acciones de nulidad contra los actos administrativos de carácter general.

De lo expuesto, se concluye:

De conformidad con las reglas de competencia previstas en el numeral 1º del artículo 155, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la competencia para conocer la demanda de nulidad presentada contra el Decreto 364 de 2013, por ser un acto proveniente de una autoridad distrital, corresponde a los jueces administrativos. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 numeral 1ª del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al Consejo de Estado corresponde la competencia para conocer de los actos proferidos por las autoridades del orden nacional(3)”. (se resalta).

En consecuencia, según los términos establecidos por el inciso 3º del artículo 139 del Código General del Proceso, se ordenará la remisión del expediente a la Sección Cuarta de los Juzgados Administrativos de Bogotá D.C. (reparto), para que continúen con el trámite del proceso.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Por Secretaría de la Sección, REMÍTASE por competencia el asunto de la referencia a la Sección Cuarta de los Juzgados Administrativos de Bogotá D.C., para que continúen con el trámite del proceso.

Notifíquese y cúmplase».

(1) “ART. 135.—Nulidad por inconstitucionalidad. Los ciudadanos podrán, en cualquier tiempo, solicitar por si, o por intermedio de presentante, que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, por infracción directa a la constitución.
También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades y organismos distintos del Gobierno Nacional. (…).

(2) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejo de Estado. (IJ) Auto proferido en el expediente 110010324000201300624 00. Actor: Juan José Montaño Zuleta.

(3) La consejera ponente salvó el voto en la providencia transcrita. No obstante, la acata por ser un pronunciamiento dictado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.