Auto 2015-00050 de marzo 5 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 11001-03-24-000-2015-00050-00

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho - solicitud de amparo de pobreza

Actora: Isabel Ríos Blandón

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Bogotá, D.C., cinco de marzo dos mil dieciocho.

La señora Isabel Ríos Blandón, mediante escrito visible a folios 2 y 3 del expediente, le solicita a esta Corporación la concesión del beneficio de amparo de pobreza consagrado en el artículo 151 del Código General del Proceso(1), con el fin de poder instaurar una demanda contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 2013-303236 de 21 de octubre de 2013 y 2013-322420 de 29 de noviembre de la misma anualidad, expedidas por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas(2), por medio de las cuales se les resolvieron sendas solicitudes de reparación administrativa.

En el referido escrito, la actora manifiesta que la Clínica Sociojurídica de Interés Público de la Universidad de Caldas la ha venido asesorando y acompañando en la radicación de algunas solicitudes de reparación administrativa ante la UARIV; sin embargo, dicha institución le informó que no es competente para instaurar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos por medio de los cuales le resolvieron dichas peticiones, pues los asesores que le colaboran son estudiantes de derecho adscritos al consultorio jurídico de la universidad que aún no tienen la capacidad de ejercer la representación jurídica en este tipo de procesos, de conformidad con lo previsto en la Ley 583 de 12 de junio de 2000(3).

Igualmente, expresó que no cuenta con los recursos económicos suficientes para sufragar los gastos de un profesional del derecho que la represente en el proceso contencioso que debe instaurar contra los mencionados actos administrativos y como no se trata de un derecho litigioso a título oneroso, su solicitud de amparo de pobreza es procedente.

Recordó que, la presente solicitud se encuentra ajustada a derecho, toda vez que según lo establecido en el artículo 152 del CGP, el amparo de pobreza se puede conceder incluso antes de la presentación de la demanda y no es procedente exigir la instauración previa de la misma para que el referido beneficio se conceda.

Sostuvo que, el amparo lo solicita precisamente para que un abogado designado por esta corporación elabore y presente la demanda correspondiente y la represente judicialmente en el trámite el proceso.

Indicó que, el proceso que va tramitar le corresponde a esta Sección, por tratarse de una demanda contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra unos actos administrativos expedidos por una entidad del orden nacional y que carecen de cuantía.

La Defensoría del Pueblo Regional Caldas coadyuvó el amparo de pobreza solicitado por la actora argumentando que llena todos los requisitos para que este beneficio se le conceda, no solo por padecer una precaria situación económica sino también porque la solicitud se realizó de forma oportuna de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 del CGP.

Así mismo, dicha entidad reiteró que no se requiere la presentación previa de la demanda para atender la solicitud del amparo de pobreza y que la radicación de la misma interrumpe el término de caducidad del medio de control a instaurar.

Teniendo en cuenta lo precedente, se considera:

El amparo de pobreza se encuentra debidamente regulado en el capítulo IV del título V del CGP, particularmente en los artículos 151 a 158, los cuales son aplicables al procedimiento contencioso administrativo por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011(4).

Los referidos artículos disponen:

“[…] ART. 151.—Procedencia. Se concederá el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso.

“ART. 152.—Oportunidad, competencia y requisitos. El amparo podrá solicitarse por el presunto demandante antes de la presentación de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso.

El solicitante deberá afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones previstas en el artículo precedente, y si se trata de demandante que actúe por medio de apoderado, deberá formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado.

Cuando se trate de demandado o persona citada o emplazada para que concurra al proceso, que actúe por medio de apoderado, y el término para contestar la demanda o comparecer no haya vencido, el solicitante deberá presentar, simultáneamente la contestación de aquella, el escrito de intervención y la solicitud de amparo; si fuere el caso de designarle apoderado, el término para contestar la demanda o para comparecer se suspenderá hasta cuando este acepte el encargo.

“ART. 153.—Trámite. Cuando se presente junto con la demanda, la solicitud de amparo se resolverá en el auto admisorio de la demanda.

En la providencia en que se deniegue el amparo se impondrá al solicitante multa de un salario mínimo mensual (1 smlmv).

“ART. 154.—Efectos. El amparado por pobre no estará obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y no será condenado en costas.

En la providencia que conceda el amparo el juez designará el apoderado que represente en el proceso al amparado, en la forma prevista para los curadores ad lítem, salvo que aquel lo haya designado por su cuenta. 

El cargo de apoderado será de forzoso desempeño y el designado deberá manifestar su aceptación o presentar prueba del motivo que justifique su rechazo, dentro de los tres (3) días siguientes a la comunicación de la designación; si no lo hiciere, incurrirá en falta a la debida diligencia profesional, será excluido de toda lista en la que sea requisito ser abogado y sancionado con multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).

Si el apoderado no reside en el lugar donde deba tramitarse la segunda instancia o el recurso de casación, el funcionario correspondiente procederá en la forma prevista en este artículo a designar el que deba sustituirlo.

Están impedidos para apoderar al amparado los abogados que se encuentren, en relación con el amparado o con la parte contraria, en alguno de los casos de impedimento de los jueces.

El impedimento deberá manifestarse dentro de los tres (3) días siguientes a la comunicación de la designación.

Salvo que el juez rechace la solicitud de amparo, su presentación antes de la demanda interrumpe la prescripción que corría contra quien la formula e impide que ocurra la caducidad, siempre que la demanda se presente dentro de los treinta (30) días siguientes a la aceptación del apoderado que el juez designe y se cumpla lo dispuesto en el artículo 94.

El amparado gozará de los beneficios que este artículo consagra, desde la presentación de la solicitud.

“ART. 155.—Remuneración del apoderado. Al apoderado corresponden las agencias en derecho que el juez señale a cargo de la parte contraria.

Si el amparado obtiene provecho económico por razón del proceso, deberá pagar al apoderado el veinte por ciento (20%) de tal provecho si el proceso fuere declarativo y el diez por ciento (10%) en los demás casos. El juez regulará los honorarios de plano.

Si el amparado constituye apoderado, el que designó el juez podrá pedir la regulación de sus honorarios, como dispone el artículo 76.

“ART. 156.—Facultades y responsabilidad del apoderado. El apoderado que designe el juez tendrá las facultades de los curadores ad lítem y las que el amparado le confiera, y podrá sustituir por su cuenta y bajo su responsabilidad a representación del amparado.

El incumplimiento de sus deberes profesionales o la exigencia de mayores honorarios de los que le correspondan, constituyen faltas graves contra la ética profesional que el juez pondrá en conocimiento de la autoridad competente, a la que le enviará las copias pertinentes.

“ART. 157.—Remuneración de auxiliares de la justicia. El juez fijará los honorarios de los auxiliares de la justicia conforme a las reglas generales, los que serán pagados por la parte contraria si fuere condenada en costas, una vez ejecutoriada la providencia que las imponga.

“ART. 158.—Terminación del amparo. A solicitud de parte, en cualquier estado del proceso podrá declararse terminado el amparo de pobreza, si se prueba que han cesado los motivos para su concesión. A la misma se acompañarán las pruebas correspondientes, y será resuelta previo traslado de tres (3) días a la parte contraria, dentro de los cuales podrá esta presentar pruebas; el juez practicará las pruebas que considere necesarias. En caso de que la solicitud no prospere, al peticionario y a su apoderado se les impondrá sendas multas de un salario mínimo mensual […]” (resaltados fuera del texto original).

En atención a lo establecido en los artículos transcritos, esta Sala Unitaria considera que la actora cumple todos los presupuestos y requisitos para que se conceda el amparo de pobreza solicitado, toda vez que manifestó que no cuenta con los recursos económicos para atender los gastos del proceso, advirtió que no se trata de un derecho litigioso adquirido a título oneroso y radicó la solicitud con anterioridad a instaurar la demanda, tal y como se lo permite en inciso primero del artículo 152 del CGP.

Cabe resaltar que si bien la actora no utilizó literalmente la expresión “bajo juramento”, la jurisprudencia contenciosa ha señalado que este se entiende otorgado al presentar la solicitud ante un Juez de la Republica. Sobre el particular, la Sección Tercera de esta Corporación en auto de auto de 30 de enero de 2017, sostuvo:

“[…] En cuanto a la oportunidad y requisitos para la concesión del amparo de pobreza se destaca del artículo 152 del Código General del Proceso que i) puede ser propuesto en cualquier momento del proceso, inclusive antes de la presentación de la demanda, y ii) se releva al solicitante de probar su condición de pobre, pues bastará afirmar dicha calidad bajo la gravedad de juramento, que se considera efectuado con la presentación de la solicitud […]”(5) (negrillas y subrayas fuera del texto original).

Igualmente, es importante advertir que la procedencia del amparo de pobreza no está supeditada a que se alleguen pruebas que demuestren la incapacidad económica invocada, máxime si esta se solicita con anterioridad a la instauración de la demanda.

En relación con lo expuesto, esta Sección en auto de 27 de abril de 2006, señaló:

“[…] Ciertamente, del texto de las normas transcritas (CPC(6), arts. 160 a 162) no deduce la Sala que a la solicitud de amparo de pobreza deba acompañarse prueba documental o de otra índole, tendiente a demostrar la carencia de medios económicos para atender los gastos del proceso, sino que basta que tal circunstancia se afirme bajo juramento, el cual se entiende prestado con la presentación de la solicitud de amparo de pobreza. Obviamente que de demostrarse que el actor o su apoderado han faltado a la verdad, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Procedimiento Civil. (…) De otra parte, según el artículo 167 de la misma codificación, a solicitud de parte, en cualquier estado del proceso puede declararse terminado el amparo de pobreza si se prueba que han cesado los motivos para su concesión. En igual sentido y bajo iguales consideraciones, esta Sección accedió al amparo de pobreza, pues no era viable exigir requisitos adicionales a lo previsto en las citadas normas […]”(7).

Aunado a lo anterior, es pertinente recordar que la presente solicitud de amparo de pobreza fue coadyuvada por el Defensor del Pueblo - Regional Caldas, quien en escrito visible a folios 12 y 13 del expediente, manifestó que la señora Isabel Ríos Blandón llena los requisitos para acceder a dicho beneficio.

Por lo precedente, se accederá al amparo de pobreza solicitado por la señora Isabel Ríos Blandón y como consecuencia de ello, se le designará como apoderada a la dra. Amparo Rondón Niño, quien figura en la lista de auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el numeral 7º del artículo 48 del CGP y el inciso 2º del artículo 154 de la misma norma, aplicables por remisión del artículo 306 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria,

RESUELVE:

CONCÉDASE el amparo de pobreza solicitado por la señora Isabel Ríos Blandón y como consecuencia de ello, desígnesele como apoderada a la dra. Amparo Rondón Niño, quien figura en la lista de auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura. Por Secretaría de la Sección comuníquesele la designación y désele posesión de conformidad con lo establecido en el numeral 7º del artículo 48 del CGP y el inciso 2º del artículo 154 de la misma norma, aplicables por remisión del artículo 306 del CPACA.

Notifíquese y cúmplase,

Consejera: María Elizabeth García González.

(1) En adelante CGP.

(2) En adelante UARIV.

(3) Por la cual se modifican los artículos 9º y 30 del Decreto 196 de 1971.

(4) Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En adelante CPACA.

(5) Expediente 2016-00130-00, Actor: Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(6) El CGP mantuvo los mismos requisitos establecidos en el CPC para conceder el amparo de pobreza.

(7) Expediente 2004-90065, Actor: Publio Armando Orjuela Santamaría, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Cepeda.