Auto 2015-00066/4964-2015 de abril 12 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 08001-23-33-000-2015-00066-01(4964-15)

Consejero Ponente:

Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas

Actor: Yamel Fauez Karut Donado

Demandado: Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor contra el auto de 14 de agosto de 2015(1), proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión de Oral, Sección B, mediante el cual rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Yamel Fauez Karut Donado, al considerar que había operado el fenómeno de caducidad del medio de control.

Bogotá, D.C., doce de abril de dos mil dieciocho.

1. Antecedentes.

1.1. Demanda.

1.1.1. Pretensiones.

El señor Yamel Fauez Karut Donado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la anulación de las siguientes actos: i) Resolución 891 de 2 de septiembre de 1998(2), proferida por la contraloría distrital de Barranquilla, que lo desvinculó del cargo que ocupaba como revisor en la auditoria de Dadima, en virtud de la supresión ordenada en el Acuerdo 12 de 31 de agosto de 1998; ii) Resolución 1371 de 3 de noviembre de 1998(3), que reconoció y ordenó el pago de un saldo de cesantías definitivas; iii) Resolución 1452 de 5 de noviembre de 1998(4) que reconoció indemnización por retiro del servicio al demandante; iv), Oficio Nº 130 005 001 0073 2014 del 6 de mayo de 2014, en la que la Contraloría Distrital Barranquilla negó la solicitud de reintegro al cargo y el reconocimiento de los emolumentos dejados de percibir desde el momento del retiro del servicio y v) Oficio Nº 1298 de mayo 2 de 2014, proferido por Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, que determinó que la respuesta a la solicitud sobre la inaplicabilidad de la resolución que declaró la supresión del cargo, no agotaba la vía administrativa ni revivía términos de caducidad para acudir ante la jurisdicción.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó, condenar a la entidad demandada a: i) disponer el reintegro al servicio; ii) reconocer la vigencia de los derechos de carrera que tenía al momento de la supresión cargo; iii) pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de desvinculación hasta cuando se verifique el reintegro; iv), declarar que no ha existido solución de continuidad en la prestación de servicio y, en consecuencia, contabilizar todo el tiempo para efectos pensionales.

1.2. Actuación procesal.

1.2.1. Auto apelado.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, por medio de auto del 14 de agosto de 2015, rechazó la demanda interpuesta por el actor, exponiendo como argumento principal que había operado el fenómeno de caducidad del medio de control.

Adujo que el demandante fue retirado del servicio el 2 de septiembre de 1998, cuando se emitió la Resolución 891 y comunicada en la misma fecha (fl. 30), por lo que la caducidad de los 4 meses para cuestionarla, se contabilizan desde el momento en que se conoció su contenido; como consecuencia, el término para demandar venció el 2 de enero de 1999.

Indicó que todos los actos emitidos en el tiempo de vigencia del Acuerdo 12 de 31 de agosto de 1998 se presumen legales, entre ellos, la decisión administrativa que lo retiró de la entidad(5), lo que quiere decir, que su situación jurídica se encuentra consolidada, comoquiera que no solicitó la inaplicabilidad del acto administrativo de desvinculación en el tiempo que establece la norma; por lo tanto, el medio de control se encuentra caducado.

1.3. Recurso de apelación.

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra el auto del 14 de agosto de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Argumentó, que el tribunal en su decisión, no tuvo en cuenta los criterios de acceso a la justicia, debido proceso y el respecto a sus derechos fundamentales en la aplicación del artículo 138 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Manifestó que entre los actos administrativos demandados se encuentra el Acuerdo 12 del 31 de agosto de 1998, que suprimió el cargo que ocupaba en la entidad y la Resolución 891 de 2 de septiembre de 1998, que fue el acto administrativo que lo retiró del servicio.

Afirmó que con la declaratoria de nulidad de los artículos 8º y 10 del Acuerdo 12 de 2008, que restructuró la planta de personal de la Contraloría Distrital quedó desvirtuada la presunción de legalidad de las resoluciones que demandó, situación que permite concluir que no existe caducidad del medio de control.

Finalmente dijo que la caducidad es una sanción que ocurre por la falta de actividad de los medios de control y, para el asunto en discusión, presentó la nulidad y restablecimiento del derecho de acuerdo a las actuaciones administrativas desarrolladas en el término establecido en el CPACA; en consecuencia, mal puede el Tribunal Administrativo del Atlántico declarar la ocurrencia de la caducidad.

2. Consideraciones.

2.1. Problema jurídico.

Teniendo en cuenta la decisión adoptada en primera instancia, en consonancia con las competencias legalmente atribuidas a esta Sala, el problema jurídico consiste establecer si en el presente caso operó la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuesto por el señor Yamel Fauez Karut Donado.

Para efectos metodológicos, el estudio del asunto se desarrollará en el siguiente orden: i) de la caducidad del medio de control; ii) del conteo de la caducidad en procesos de supresión; iii) de la acción a incoar en los procesos de supresión en vigencia del Decreto 1 de 1984 (CCA) y la Ley 1437 de 2011 (CPACA); iv) de los efectos de las sentencias de nulidad, situaciones jurídicas consolidadas; y, v) solución al caso concreto.

2.2. De la caducidad del medio de control.

Uno de los presupuestos procesales del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el referente a que la demanda se interponga dentro del término fijado por el legislador, pues de lo contrario se configura su caducidad.

En efecto, el ordenamiento constitucional ha establecido la garantía de acceso efectivo a la administración de justicia, la cual conlleva el deber de un ejercicio oportuno del derecho de acción, so pena de que las situaciones adquieran firmeza y no puedan ser discutidas en vía judicial(6). Al respecto la Corte Constitucional ha sostenido(7):

El legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.

(…).

La justificación de la aplicación de la figura de la caducidad en las acciones contencioso administrativas, tiene como fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular afectado por una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios para el ejercicio de estas acciones, transcurridos los cuales el derecho del particular no podrá reclamarse en consideración del interés general.

En este orden de ideas, el fenómeno de la caducidad es la sanción que limita el ejercicio del derecho sustancial como consecuencia de la presentación de las acciones judiciales excediendo el plazo que la ley establece para ello. Además, es un presupuesto, ligado al principio de seguridad jurídica, encaminado a eliminar la incertidumbre que representa para la administración la eventual revocatoria de sus actos en cualquier tiempo. A su vez, esta situación define la carga procesal que tienen las partes para impulsar el litigio, pues de no hacerlo se pierde la oportunidad para acudir ante la administración de justicia(8).

Ahora bien, el artículo 164 del CPACA estableció los términos para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, del cual es pertinente resaltar el literal d), por estar directamente relacionado con el asunto objeto de la controversia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 164.—Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(…).

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(…).

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales;

(…).

De acuerdo con el anterior enunciado normativo, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho debe interponerse dentro de los cuatro meses siguientes a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo objeto de enjuiciamiento, so pena de que opere el fenómeno de la caducidad, que por ninguna circunstancia se puede revivir.

Por su parte, la expresión “según el caso” implica que el conteo del término de caducidad depende de la clase de acto administrativo que se cuestiona. A modo de ejemplo, puede afirmarse que si se demanda un acto que concluye una actuación administrativa debe demandarse a partir de su notificación; cuando se trata de actos demandables que solo requieren su ejecución, a partir de este último momento; de actos que requieran ser publicados, desde ese hecho; y, a partir de la comunicación cuando no exista otro medio más idóneo que garantice el conocimiento de la decisión. A su turno, estos plazos comienzan a correr desde el día siguiente(9).

De otro lado, es pertinente tener en cuenta que de conformidad con el numeral 1) del artículo 164 del CPACA, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, entre otras situaciones, cuando: a) las pretensiones versen sobre prestaciones periódicas; y, b) se enjuicien actos producto del silencio administrativo(10).

A su turno, al tenor de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, la solicitud de conciliación suspende por una sola vez el término de caducidad del medio de control “hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero”(11).

2.3. Del conteo de la caducidad en procesos de supresión de cargos.

En diversos pronunciamientos esta corporación ha precisado que cada proceso de reestructuración que conlleve la supresión de cargos presenta particularidades, razón por la que no es posible establecer una regla en relación con los actos administrativos que definen la situación jurídica de los servidores inmersos en dichos procesos.

Es así como en muchas ocasiones, mediante un acto administrativo general, las autoridades competentes deciden suprimir empleos de las plantas de personal, sin especificar quiénes serán retirados del servicio. Por tal motivo, una vez expedido el acto general, el nominador profiere el acto administrativo de carácter particular, mediante el cual define quiénes serán incorporados nuevamente al servicio o serán desvinculados del mismo; sin embargo, se insiste, no siempre los procesos de supresión siguen esta regla, motivo por el cual en cada caso será necesario definir cuál fue la decisión de la administración que produjo efectos jurídicos particulares frente a los demandantes.

Ahora bien, esta Corporación ha sostenido que “se configuran verdaderos actos integradores conformados por el acto definitivo (general) que ordena la supresión, y el acto de ejecución (particular) mediante el cual se le comunica al servidor público la decisión y de esta forma la misma produce efectos”(12). Al respecto, se ha explicado que el acto de ejecución debe ser tenido en cuenta para efectos del cómputo del término de caducidad del medio de control.

2.4. De la acción a incoar en los procesos de supresión en vigencia del Decreto 1 de 1984 (CCA) y la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

En vigencia del Decreto 1 de 1984 (CCA) no era posible acumular pretensiones de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho en una misma demanda, por lo cual, las personas que se consideraran afectadas por un proceso de supresión de empleos debían interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando: a) la nulidad parcial o la inaplicación del acto administrativo general de supresión; y, b) la nulidad y consecuente restablecimiento del derecho frente al acto particular y concreto que definió su situación frente al empleo público(13).

Por su parte, los artículos 138 y 165 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), previeron la acumulación de pretensiones de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho, en los siguientes términos:

“ART. 138.—Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.

[…].

“ART. 165.—Acumulación de pretensiones. En la demanda se podrán acumular pretensiones de nulidad, de nulidad y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que sean conexas y concurran los siguientes requisitos: […].

2.5. De los efectos de las sentencias de nulidad - situaciones jurídicas consolidadas.

En sentencia de 8 de junio de 2017, esta corporación analizó la evolución jurisprudencial de los efectos de las sentencias de nulidad en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, concluyendo lo siguiente(14):

i) Los efectos “ex tunc” (desde el origen o desde siempre) o “ex nunc” (en adelante o desde ahora) de las sentencias de nulidad han obedecido a una construcción jurisprudencial, pues no existe disposición legal que regule la materia.

ii) Los efectos “ex tunc” (retroactivos) se encaminan a garantizar los principios de conservación del ordenamiento jurídico, certeza del derecho y primacía de las normas de carácter superior.

iii) En consideración a que la decisión de nulidad se funda en la existencia de vicios que afectan la validez del acto administrativo, los efectos de tal declaración deben ser “ex tunc” (retroactivos).

iv) La jurisprudencia no ha sido unánime en reconocer consecuencias retroactivas a las sentencias de nulidad. Así, en algunas oportunidades se ha afirmado que los efectos deben verificarse a futuro en aras de garantizar los principios de separación de poderes, cosa juzgada, seguridad jurídica, buena fe, respeto por las situaciones jurídicas consolidadas y confianza legítima.

v) Igualmente, los efectos hacia el futuro “ex nunc” de las sentencias de nulidad, se han fundado en las siguientes consideraciones: a) las consecuencias que la decisión judicial pueda tener en los diferentes ámbitos de la vida nacional o local, como por ejemplo, la estabilidad institucional(15) y económica(16); b) la naturaleza y contenido del acto administrativo anulado; c) la razón, vicio o causal por el cual fue anulado; y, d) la existencia de situaciones jurídicas consolidadas.

Ahora bien, merece una especial consideración el criterio relacionado con la afectación de situaciones jurídicas consolidadas, toda vez que reiteradamente esta corporación ha afirmado que los efectos de las sentencias de nulidad serán retroactivos frente a situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, “aquellas que se debaten o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o judiciales, al momento de proferirse el fallo(17)”. Siguiendo esta misma línea argumentativa, los efectos deberán ser a futuro, cuando las situaciones jurídicas se encuentran consolidadas. En tal sentido, se ha explicado(18):

[…] Una vez ocurrida la caducidad, la actuación administrativa queda en firme y para el afectado ya no tiene incidencia alguna la declaratoria de nulidad de la normatividad en que se fundó, como sí la tiene para quienes demandaron oportunamente, pues para éstos no se consolidó la situación jurídica sino que sigue el proceso hasta que se profiere el fallo definitivo. La declaratoria de nulidad de un acto administrativo general si bien tiene efectos retroactivos, no implica que se afecten los actos particulares que se hayan expedido con base en la norma anulada, si de otro lado se han utilizado los medios jurídicos para controvertir la decisión y se ha resuelto sobre ella o simplemente porque se han vencido los plazos para su impugnación con anterioridad a la fecha del fallo, pues éste no tiene como consecuencia revivir términos que otras disposiciones consagran para su discusión administrativa o jurisdiccional o para que el acto quede en firme. […].

2.6. Solución del caso.

Al sustentar el recurso de apelación el demandante precisó que la declaratoria de nulidad de los artículos 8º y 10 del Acuerdo 12 de 2008, que restructuró la planta de personal de la Contraloría Distrital de Barranquilla, permite evidenciar que no ha caducado la oportunidad para interponer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Ahora bien, es oportuno precisar que la Resolución 891 de 2 de septiembre de 1998 fue el acto administrativo que definió el retiro del servicio del actor. En efecto, el Acuerdo 12 de 1998, específicamente, en los artículos octavo y décimo definió las nuevas plantas de personal de la Contraloría y la Personería Distrital de Barranquilla, pero no individualizó los empleados que serían desvinculados.

Bajo este contexto, el Acuerdo 12 de 1998 es el acto general de reestructuración y la Resolución 891 de 1998 el acto particular y concreto que extinguió la relación laboral de la demandante con la Contraloría Distrital de Barranquilla.

Teniendo en cuenta el anterior contexto, en consonancia con el marco normativo y jurisprudencial descrito en los acápites anteriores, en el presente caso se concluye lo siguiente:

i) Mediante la Resolución 891 de 2 de septiembre de 1998, se desvinculó al actor de la Contraloría Distrital de Barranquilla del cargo que ocupaba como revisor en la auditoria de Dadima; y el actor omitió demandar dentro del plazo de caducidad lo que de dio lugar a que se consolidara su situación jurídica de retiro. (Fl. 30).

ii) Por medio oficio del 2 de septiembre de 1998, proferida por la Contraloría Distrital de Barranquilla, se le comunicó al demandante la supresión del cargo que ocupaba y se le informó que lo ejercería hasta la fecha. Es importante aclarar que este acto no creó ninguna situación jurídica(19), pero sí determinó el inicio del tiempo para contabilizar la caducidad del medio de control(20) (fl. 30).

iii) Para la época en que se expidieron el Acuerdo 12 de 1998 y la Resolución 891 del mismo año, se encontraba vigente el Decreto 1 de 1984. En consecuencia, el demandante, dentro de los cuatro meses siguientes a su desvinculación (CCA(21), art. 136), debió incoar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando la nulidad parcial o inaplicación del Acuerdo 12, así como la nulidad de la Resolución 891 y elevar las consecuentes pretensiones de restablecimiento.

iv) El accionante esperó que se produjera la sentencia de nulidad del Acuerdo 12, razón por la que hasta el 4 de abril de 2014(22) solicitó a la administración su reintegro al servicio; igualmente, el 8 de julio de 2014 presentó la solicitud de conciliación prejudicial(23) y el 11 de marzo de 2015(24) interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; es decir, que la demanda se presentó fuera del término legalmente establecido, esto es, dentro de los 4 meses siguientes al retiro del servicio (2 de septiembre de 1998), razón por la que no es posible emitir un pronunciamiento de fondo en el presente asunto.

v) En el sub lite se evidenció la consolidación de la situación jurídica del demandante en relación con su desvinculación, motivo por el cual no se pueden reconocer efectos retroactivos a la sentencia que declaró la nulidad del Acuerdo 12 de 1998, de conformidad con lo antes expuesto.

vi) La petición elevada el 4 de abril de 2014, no tiene la virtualidad de revivir o habilitar un nuevo término de caducidad para cuestionar la legalidad de la Resolución 891 de 2 de septiembre de 1998.

Así las cosas, la Resolución 891 de 2 de septiembre de 1998, debió ser demandada en el tiempo que determina la ley, pero el demandante incumplió con esta carga, permitiendo que se consolidara su situación jurídica frente a la decisión del retiro del servicio y, por lo tanto, la declaratoria de nulidad del Acuerdo 12 de 1998 no tiene ningún efecto frente al acto administrativo de desvinculación, es decir, que ante la omisión en el ejercicio oportuno del derecho de acción operó la caducidad del medio de control, motivo por el que el proveído impugnado amerita ser confirmado.

Por lo anterior, se

RESUELVE:

Confirmar el auto de 14 de agosto de 2015 proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Subsección B, mediante el cual rechazó la demanda interpuesta por el señor Yamel Fauez Karut Donado, contra el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La presente providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Ejecutoriado este auto, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Consejeros: William Hernández Gómez—Gabriel Valbuena Hernádez—Rafael Francisco Suárez Vargas.

1 Fls. 168 a 178.

2 Fl. 30, cdno. ppal.

3 Fl. 31, cdno. ppal.

4 Fl. 33, cdno. ppal.

5 Resolución 891 de 2 de septiembre de 1998.

6 Sentencia C-832 de 8 de agosto de 2001, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.

7 Sala Plena Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 8 de agosto de 2001, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.

8 Cfr. Sentencia de la Corte Constitucional C-652 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, “El derecho de acceso a la administración de justicia resultaría seriamente afectado en su núcleo esencial si, como lo anotó la Corte, “este pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie”. Tal interpretación, evidentemente llevaría a la parálisis total del aparato encargado de administrar justicia, e implicaría per se la inobservancia de ciertos derechos de los gobernados, en particular aquel que tienen las personas de obtener pronta y cumplida justicia”.

9 Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-341 del 4 de junio de 2014, precisó: “1.3. Sumado a lo anterior, por cuanto la fijación de las diversas modalidades de comunicación, hacen parte de la libertad de configuración del legislador y los mecanismos para concretar la comunicación previstos en la norma, como lo son el correo o el correo electrónico, —cuando no haya otro medio más eficaz— la divulgación en medio masivo de comunicación nacional o local o la utilización de cualquier otro medio eficaz, satisfacen la obligación de poner en conocimiento de los terceros interesados, la existencia de la actuación administrativa, permitiéndoles ejercer el derecho a la defensa”.

10 Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: 1. En cualquier tiempo, cuando: […] c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe; d) Se dirija contra actos producto del silencio administrativo; […].

11 Al respecto puede consultarse la siguiente providencia: Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Consejero Ponente: Enrique Gil Botero Bogotá D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil nueve (2009) Radicación: 05000-12-31-000-2009-00858-01(37555) actor: Alfonso Manuel Gutiérrez Ricardo y otros demandado: Nación-Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía general de la Nación referencia: Acción de reparación directa.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Sentencia de 7 de junio de 2012, expediente 150012331000200201595 02 (1717-2009).

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de 18 de febrero de 2010, expediente 1712-2008 M.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Actor: Hugo Nelson León Rozo; Demandado: municipio de La Calera.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sentencia de 8 de junio de 2017, Radicado 11001-03-25-000-2013-01248-00(3216-13), Actor: Robertson González Vargas.

15 Sentencia de 21 de agosto de 2008, expediente 11001032500020070005800(1185-07), M.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

16 Sentencia de 6 de octubre de 2011, expediente 11001-03-28-000-2010-00120-00 (2010-00120), M.P. Dr. Alberto Yepes.

17 Entre otras, las sentencias 16404 del 23 de julio de 2009, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; 17617 del 11 de marzo de 2010, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y, 17922 del 16 de junio de 2011, C.P. William Giraldo Giraldo.

18 Consejo de Estado Sala de lo contencioso administrativo Sección segunda Subsección a Consejero Ponente: Alfonso Vargas Rincón Bogotá, D.C., mayo Catorce (14) del año dos mil nueve (2009) Radicación: 68001-23-15-000-2008-00382-01(2751-08) Actor: Beatriz Ayala de Reatiga Demandado: departamento de Santander.

19 Diez Manuel María, El Acto Administrativo, editorial Tea Argentina, reimpresión 2014, pág. 105.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero, expediente 05001-23-31-000-2004-04905-01(1181-11), Actor: Aliria Yanet Correa Medina.

21 “ART. 136.—Caducidad de las acciones.

[…].

2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

[…].

22 Fls. 20 a 21, cdno. ppal.

23 Fls. 122 a 127, cdno. ppal.

24 Fl. 1 al 11, cdno. ppal.