CONSEJO DE ESTADO

 

Sentencia 2015-00076/22149 de noviembre 23 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dr. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Radicación número: 110010327000201500076 00

Demandante: Santiago Carvajalino Diofanor

Demandado: Dirección de Impuestos Y Aduanas Nacionales - DIAN

Número Interno: 22149

Bogotá D.C., veintitrés de noviembre de dos mil quince

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

La solicitud de la suspensión provisional de las resoluciones demandadas, fue presentada en escrito separado, allegado con la demanda tal como lo ordena el artículo 231 del CPACA. El actor consideró que los actos administrativos demandados transgredieron los artículos 29 de la Constitución Política y 638, 660, 681 y 739 del Estatuto Tributario. Lo anterior lo sustentó bajo siguientes argumentos:

“En los procesos sancionatorios contra los contadores públicos, el artículo 661 del Estatuto Tributario establece la obligatoriedad de enviar un requerimiento previo al presunto infractor, con un término de un mes para ser contestado. Dicho requerimiento fue notificado el 15 de mayo de 2014 y el término para dar respuesta vencía el 15 de junio del mismo año. De acuerdo con el artículo 638 ibídem, la Administración contaba con un término preclusivo de 6 meses desde el 15 de junio de 2014, para proferir y notificar la resolución sanción, esto es, hasta el 15 de diciembre de 2014, no obstante, dicha resolución fue expedida el 30 de marzo de 2015 y notificada el 6 de abril del mismo.

La DIAN defiende la teoría que tiene plazo para sancionar hasta el 2016, pues da una interpretación amañada del artículo 638 ibidem, a pesar de que la sanción en el caso de los contadores públicos está vinculada a un período gravable en concreto, cuenta los términos diferentes desconociendo la norma y la jurisprudencia del Consejo de Estado al respecto.

El término para ejercer la facultad sancionatoria se inicia a partir de la fecha de presentación de la declaración de renta correspondiente al período gravable en el que se enmarcó la sanción.

Lo anterior es suficiente para enmarcar la violación al debido proceso”.

En adición a lo anterior, el accionante manifestó que es contador público, que deriva los ingresos con los que sostiene a su familia de dicha actividad y que los actos acusados le han causado un agravio injustificado.

Se han expuesto los requisitos que debe cumplir la suspensión provisional de un acto administrativo como medida cautelar, así: i) que sea presentada en la demanda o en escrito separado en cualquier tiempo; ii) que solo puede solicitarse en procesos que se adelanten contra actos administrativos definitivos; iii) que la causal debe ser la de violación de las normas invocadas y que la procedencia de la medida surja de la confrontación del acto acusado con dichas normas y iv) que se demuestre, al menos sumariamente la existencia del daño, cuando se trate de pretensiones de restablecimiento del derecho.

De los requisitos mencionados se observa que el actor ha cumplido con los requisitos formales, ahora bien, respecto de lo que le corresponde al juzgador, se observa que las razones expuestas por el demandante, justifican la decisión de adoptar la medida de suspender provisionalmente los efectos de los actos demandados, más aún, cuando la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo lo que busca es proteger y garantizar provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, que en el caso particular no sería efectiva de no concederse la suspensión provisional de los actos acusados, toda vez que el trámite y posterior fallo de este caso puede tomar un tiempo superior a seis meses, que fue el término por el cual se le suspendió al actor, la facultad de firmar declaraciones tributarias y certificar pruebas con destino a la administración tributaria, mediante resolución del 9ª de septiembre de 2015.

Con la solicitud de la medida, lo que pretende el actor es impedir que se siga causando un perjuicio irremediable, consistente en el agotamiento día a día de los seis meses mencionados, impuestos como sanción.

En adición a todo lo anterior, estamos frente a una sanción que no solo podría afectar al contador en sus derechos patrimoniales y su derecho al trabajo, sino también en los morales, que son difícilmente reparados.

Respecto del buen nombre, ha sido entendido “como la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas”(13). El buen nombre es uno de los derechos más valiosos del patrimonio moral de una persona, por lo cual su protección ha sido elevada a rango constitucional, así como dentro del derecho internacional.

Es tan importante la protección al buen nombre dentro del patrimonio moral de un individuo, que está consagrado en el artículo 12 de la Declaración universal de los derechos humanos:

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

Por su parte la Corte Constitucional, ha concluido lo siguiente:

“La intimidad, el buen nombre y la honra, son derechos constitucionalmente garantizados, de carácter fundamental, lo cual comporta, no sólo que para su protección se puede actuar directamente con base en la Constitución cuando a ello haya lugar, a través de la acción de tutela, sino que, además, de las propias normas constitucionales, se desprende la obligación para las autoridades de proveer a su protección frente a los atentados arbitrarios de que sean objeto. Esto es, resulta imperativo conforme a la Constitución, que el Estado adopte los mecanismos de protección que resulten adecuados para garantizar la efectividad de los mencionados derechos, y ello implica la necesidad de establecer diversos medios de protección, alternativos, concurrentes o subsidiarios, de acuerdo con la valoración que sobre la materia se haga por el legislador”(14).

La urgencia de decretar la suspensión provisional de los actos demandados, no solo radica en que el trámite y posterior fallo de este caso, tomaría más de seis meses, lo que podría ocasionar un perjuicio irremediable para el demandante, si el fallo fuera a su favor, o de lo contrario, si el fallo fuera desfavorable al demandante se harían nugatorios los efectos de la sentencia, sino que de aplicarse el trámite previsto en el artículo 233, se vería afectado por la vacancia judicial, y como consecuencia, serían más probable la ineficacia de la sentencia o el daño irreparable.

Analizadas las razones expuestas en la solicitud de la medida cautelar de urgencia, este despacho decretará la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados, de acuerdo con el artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE

SUSPÉNDANSE provisionalmente los efectos jurídicos de las Resoluciones Nº 543 del 30 de marzo y Nº 8726 del 9 de septiembre, ambas de 2015, expedidas por la directora Seccional de Impuestos de Cúcuta, y el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, respectivamente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

13 Sentencia de la Corte Constitucional C-489 del 26 de julio 2002. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.

14 Ibídem.