Auto 2015-00082 de julio 19 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 08001 23 33 002 2015 00082 01 (22468)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Actor: Servicios Especiales Gama S.A.

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP

Referencia: Presupuesto procesal de agotamiento de los recursos administrativos obligatorios

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico.

De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde al Despacho determinar si la demanda fue presentada sin el cumplimiento del presupuesto procesal consistente en el agotamiento de los recursos administrativos obligatorios. Para ello se estudiará si el artículo 720 del Estatuto Tributario es aplicable en el procedimiento de determinación del tributo adelantado por la UGPP en el caso bajo examen.

2. Competencia.

Conforme con el artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(2), en concordancia con el artículo 243 ibídem(3), este Despacho es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del Tribunal de declarar no probadas las excepciones previas propuestas por la parte demandada. Recurso que resulta procedente, en virtud de lo señalado en el numeral sexto del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. Presupuesto procesal de agotar los recursos que son obligatorios de acuerdo con la ley.

3.1. El numeral segundo del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece la obligación de ejercer y decidir los recursos que sean obligatorios de acuerdo con la ley, siempre que se pretenda la nulidad de un acto administrativo de carácter particular. En otras palabras, el Legislador estableció que las demandas con pretensiones anulatorias deben cumplir el presupuesto procesal consistente en agotar los recursos obligatorios ante la administración, permitiéndole pronunciarse respecto de las pretensiones formuladas por el particular.

3.2. En caso bajo examen, la UGPP afirmó que la demanda no cumplió con el presupuesto procesal de agotar los recursos administrativos obligatorios porque, previamente, no fue presentado y resuelto el recurso de reconsideración contra la Liquidación Oficial RDO 074 del 27 de enero de 2015.

Al momento de la ocurrencia de los hechos, el recurso estaba previsto en el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012(4), la cual disponía:

“ART. 180.—PROCEDIMIENTO APLICABLE A LA DETERMINACIÓN OFICIAL DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y A LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR LA UGPP. Previo a la expedición de la Liquidación Oficial o la Resolución Sanción, la UGPP enviará un Requerimiento para Declarar o Corregir o un Pliego de Cargos, los cuales deberán ser respondidos por el aportante dentro del mes siguiente a su notificación. Si el aportante no admite la propuesta efectuada en el Requerimiento para Declarar o Corregir o en el Pliego de Cargos, la UGPP procederá a proferir la respectiva Liquidación Oficial o la Resolución Sanción, dentro de los seis (6) meses siguientes.

Contra la Liquidación Oficial o la Resolución Sanción procederá el Recurso de Reconsideración, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la Liquidación Oficial o la Resolución Sanción. La resolución que lo decida se proferirá dentro de los seis (6) meses siguientes a la interposición del recurso”.

La norma transcrita no prevé que el contribuyente pueda demandar per saltum la liquidación oficial en ninguna hipótesis. Sin embargo, no puede perderse de vista que el inciso sexto del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 establece que la gestión de las obligaciones pensionales y contribuciones parafiscales de la protección social “(…) se ajustarán a lo establecido en el Estatuto Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI. Igualmente, adelantará el cobro coactivo de acuerdo con lo previsto en la Ley 1066 de 2006”.

Aunque esta última norma tuvo, en principio, una vigencia temporal por pertenecer al Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, su vigencia fue prorrogada por el artículo 276 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014) y el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018), por lo que se encontraba vigente al momento de la ocurrencia de los hechos de la demanda.

En este orden de ideas, pese a que la norma especial no prevé la demanda per saltum cuando sea atendido el requerimiento especial en debida forma, la remisión expresa al Estatuto Tributario permite su aplicación por tratarse de asuntos que no se excluyen. En efecto, existen asuntos que no fueron regulados integralmente por el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 como, por ejemplo, los requisitos del recurso de reconsideración; inconveniente que es superado por la remisión hecha por el Legislador en lo pertinente.

Así pues, le asiste la razón al Tribunal al considerar aplicable el artículo 720 del Estatuto Tributario al caso bajo examen y, en consecuencia, el Despacho confirmará la decisión de negar la excepción previa de inepta demanda porque la sociedad Servicios Especiales Gama S.A. cumplió con los requisitos del artículo 720 del Estatuto Tributario, según deriva de la lectura de la copia del acto acusado(5).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el auto proferido en audiencia celebrada el 18 de febrero de 2016 por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

2. DEVUÉLVASE al Tribunal de origen para continuar con el trámite correspondiente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

2 “ART. 125.—Será competencia del juez o magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este Código serán de la Sala, excepto en los procesos de única instancia. (…)”.

3 “ART. 243.—Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

El que rechace la demanda.

El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.

El que ponga fin al proceso.

El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que sólo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.

(…)”.

4 Norma modificada por el artículo 50 de la Ley 1739 de 2014.

5 Folios 44 a 64, expediente.